Los impunes
FUENTE
Saludos
El idiota asesinato de Juan Francisco Sicilia y sus amigos ocurrió en Cuernavaca, Morelos, y de lo poco que sabemos, sabemos que un policía municipal parece estar involucrado.
Sabemos también que el homicido es un delito del fuero común, es decir, que lo investigan y persiguen las procuradurías locales. Sabemos que el gobernador de Morelos es Marco Adame y el presidente municipal es Manuel Martínez.
Dijo el poeta Javier Sicilia el domingo:
“¿Dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el Ejército, la Armada, las iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, y lo introdujeran al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo, y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes?”
El reparto de responsabilidades fue parejo.
Sin embargo, el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México los “¡Mueras!” de la multitud fueron para el presidente Calderón.
Un ejercicio similar podríamos hacer con miles de los muertos en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Todos suman en el agravio contra el gobierno federal.
Fenómeno de opinión pública ideal para el estudio de los expertos: el gobierno de Calderón ha logrado apropiarse de todos los delitos del país cual si fueran su responsabilidad.
Está confirmada la historia de que en alguna medida toda esta pesadilla comenzó cuando un gobernador, el de Michoacán de entonces, llamó a Los Pinos pidiendo ayuda urgente ante su incapacidad confesa de detener al crimen. Hoy la paga el Presidente.
Gobernadores y presidentes municipales deben estar carcajeándose.
O viajando, como el gobernador de Durango, en China, mientras en su estado se descubrían narcofosas con los cuerpos de un par de cientos de mexicanos.
O en otro caso como el de Chihuahua, cuando frente a su palacio municipal asesinaron a la madre de una víctima que se aquejaba de la ineficiencia policiaca y judicial.
O el de Tamaulipas que… quién sabe en qué anda o andaba cuando en su estado secuestraban y mataban migrantes.
O el de Coahuila cuando mataban de veinte en veinte en bares de Torreón.
O el de Nuevo León cuando Monterrey se pudrió.
Hace casi dos años vinieron todos al DF a firmar un acuerdo con compromisos concretos que en su mayoría han sido incumplidos.
Basta ver el último reporte del Sistema de Seguridad Pública y cómo la mayoría de los estados y municipios del país lleva menos de 25 por ciento de sus funcionarios y policías pasados por controles de confianza.
O el del retraso generalizado para implementar los cambios en el sistema de justicia penal a los que la Constitución los obliga.
Eso sí, cuando se insinuó que ante su evidente incapacidad abandonaran a sus policías y las dejaran en un mando federal, brincaron ofendidos. Ofendidos estamos los ciudadanos ante su evidente incapacidad para brindar seguridad y justicia.
La ausencia de responsabilidad política de los gobernadores y presidentes municipales en los asuntos de la vida pública mexicana recorre todos los ámbitos.
Apuntan algunos politólogos que uno de los saldos más negativos de la alternancia fue que se perdió el control político que un presidente priista tenía sobre los gobernadores. O se alineaban y cumplían, o su destino no era el mejor. Amenazas más allá de lo institucional pendían sobre sus cabezas. Ese arreglo “por fuera”, supongo, es a lo que queremos regresar cada vez que un gobernador priista encabeza las encuestas para 2012. Original oferta de campaña.
No sé si el daño está hecho.
Son muchos años de abandono de instituciones locales fundamentales en manos de pequeños virreyes sin ningún mecanismo de rendición de cuentas ni balance entre poderes, ni siquiera organizaciones ciudadanas fuertes, como existen a nivel federal, capaces de articular algún tipo de movimiento que implique cambios reales en lo que sucede en ciertas localidades del país.
Por alguna razón, para mí un misterio, los gobernadores parecen seguir salvándose frente a la multitud. No estaría mal que eso cambiara entre hoy y Ciudad Juárez, donde el 10 de junio se firmará el Pacto por la Paz.
Sabemos también que el homicido es un delito del fuero común, es decir, que lo investigan y persiguen las procuradurías locales. Sabemos que el gobernador de Morelos es Marco Adame y el presidente municipal es Manuel Martínez.
Dijo el poeta Javier Sicilia el domingo:
“¿Dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el Ejército, la Armada, las iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, y lo introdujeran al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo, y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes?”
El reparto de responsabilidades fue parejo.
Sin embargo, el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México los “¡Mueras!” de la multitud fueron para el presidente Calderón.
Un ejercicio similar podríamos hacer con miles de los muertos en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Todos suman en el agravio contra el gobierno federal.
Fenómeno de opinión pública ideal para el estudio de los expertos: el gobierno de Calderón ha logrado apropiarse de todos los delitos del país cual si fueran su responsabilidad.
Está confirmada la historia de que en alguna medida toda esta pesadilla comenzó cuando un gobernador, el de Michoacán de entonces, llamó a Los Pinos pidiendo ayuda urgente ante su incapacidad confesa de detener al crimen. Hoy la paga el Presidente.
Gobernadores y presidentes municipales deben estar carcajeándose.
O viajando, como el gobernador de Durango, en China, mientras en su estado se descubrían narcofosas con los cuerpos de un par de cientos de mexicanos.
O en otro caso como el de Chihuahua, cuando frente a su palacio municipal asesinaron a la madre de una víctima que se aquejaba de la ineficiencia policiaca y judicial.
O el de Tamaulipas que… quién sabe en qué anda o andaba cuando en su estado secuestraban y mataban migrantes.
O el de Coahuila cuando mataban de veinte en veinte en bares de Torreón.
O el de Nuevo León cuando Monterrey se pudrió.
Hace casi dos años vinieron todos al DF a firmar un acuerdo con compromisos concretos que en su mayoría han sido incumplidos.
Basta ver el último reporte del Sistema de Seguridad Pública y cómo la mayoría de los estados y municipios del país lleva menos de 25 por ciento de sus funcionarios y policías pasados por controles de confianza.
O el del retraso generalizado para implementar los cambios en el sistema de justicia penal a los que la Constitución los obliga.
Eso sí, cuando se insinuó que ante su evidente incapacidad abandonaran a sus policías y las dejaran en un mando federal, brincaron ofendidos. Ofendidos estamos los ciudadanos ante su evidente incapacidad para brindar seguridad y justicia.
La ausencia de responsabilidad política de los gobernadores y presidentes municipales en los asuntos de la vida pública mexicana recorre todos los ámbitos.
Apuntan algunos politólogos que uno de los saldos más negativos de la alternancia fue que se perdió el control político que un presidente priista tenía sobre los gobernadores. O se alineaban y cumplían, o su destino no era el mejor. Amenazas más allá de lo institucional pendían sobre sus cabezas. Ese arreglo “por fuera”, supongo, es a lo que queremos regresar cada vez que un gobernador priista encabeza las encuestas para 2012. Original oferta de campaña.
No sé si el daño está hecho.
Son muchos años de abandono de instituciones locales fundamentales en manos de pequeños virreyes sin ningún mecanismo de rendición de cuentas ni balance entre poderes, ni siquiera organizaciones ciudadanas fuertes, como existen a nivel federal, capaces de articular algún tipo de movimiento que implique cambios reales en lo que sucede en ciertas localidades del país.
Por alguna razón, para mí un misterio, los gobernadores parecen seguir salvándose frente a la multitud. No estaría mal que eso cambiara entre hoy y Ciudad Juárez, donde el 10 de junio se firmará el Pacto por la Paz.
Saludos
