Imaginen la indignación de haber perdido a un hijo en circunstancias tan terribles como esta. Por otro lado, imaginen que el Presidente que debe velar por su seguridad les tiene tanto miedo que decide no invitarlos a la reunión que han estado buscando por casi un año. ¿Cómo se sentirían? Eso pasa cuando se tiene a un presidente cobarde que si no es por mediación del ejército ni siquiera se atreve a asomar la nariz...
A un año
Estamos a escasos días de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que costó la vida de 49 niños, dejó a otros 24 menores con lesiones de por vida y a decenas de niños más expuestos a potenciales daños colaterales; desafortunadamente, todavía no hay conclusiones de los peritajes, por lo tanto no hay responsables ni detenidos. El dolor y la indignación de los padres y la sociedad crecen ante esta muestra de impunidad por parte de las autoridades locales y federales.
El 5 de junio será un día de luto por el recuerdo de la devastadora tragedia, pero también porque hasta la fecha no se sabe quién o quiénes fueron los responsables de la misma. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el caso se tuvo un respiro y la confianza de que la situación podría caminar por los senderos de la justicia; sin embargo, a un año, no hay responsables.
En marzo pasado se dio a conocer el informe que realizaron dos magistrados de la SCJN sobre la Guardería ABC y hubo confianza en que el caso avanzara, porque las conclusiones iniciales de los ministros mostraban las deficiencias e irregularidades de una parte del mundo institucional de la seguridad social.
En dicho informe preliminar se presentó un panorama grave, compuesto de diversos ingredientes, entre los que destacan los problemas legales para la subrogación del servicio de guarderías, que se han convertido en negocios y cotos de impunidad. De acuerdo con el informe, se trata de operaciones irregulares; sólo unas cuantas cumplen con la legalidad, 0.3 por ciento, y hay omisiones en la vigilancia sobre las condiciones de seguridad, que fue lo que ocasionó la muerte y lesiones de los menores.
Una vez que los ministros pusieron por escrito las omisiones, las condiciones peligrosas y los incumplimientos, el paso lógico siguiente era que la sala superior de la Corte diera sus conclusiones para que se fincaran responsabilidades al más alto nivel, es decir, que hubiera un responsable por las muertes de los pequeños inocentes y para que no sólo se cuantificaran y se resarcieran los daños, sino también para que se normara en consecuencia, con el fin de evitar que se repita un caso como el de la Guardería ABC. Desafortunadamente, no pasó nada más. Las conclusiones del caso se fueron a la congeladora.
Para infortunio de esos padres, que ya no tienen a sus pequeños y que ante esa desgracia lo único que piden es justicia, el asunto de la SCJN va más allá de la congeladora. El asunto es que el papel de la Corte está limitado, pues ella no determinará a los responsables ni los mandará a encarcelar; más bien su tarea consiste en investigar y confirmar si durante la tragedia las autoridades implicadas pudieron haber incurrido en violaciones a la Constitución. Si la conclusión de su investigación es en afirmativo en este respecto, la Corte procederá a informar de ello a la autoridad competente, la cual podrá ejercer acción penal. Entonces, en la Corte no recae la atribución de mandar a la cárcel a nadie. Pero ello no quiere decir que no haya instancias para lograr la justicia.
Ante todo ello el Gobierno federal no sólo reacciona tarde, sino también mal. La relación con los padres afectados nunca fue de acercamiento y de compromiso por resolver este caso, sino todo lo contrario. Hasta hace poco el Ejecutivo federal tuvo un escueto acercamiento con los padres de los menores y no con todos. El pasado 30 de abril, casi 11 meses después, el Presidente recibió a un grupo de 11 madres y padres, pero de acuerdo a testimonios de otros padres, en esa invitación hubo discriminación, pues sólo fueron invitados aquellos que “han permanecido callados”.
“Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez Mont (titular de Gobernación) y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente, antes del primer año es cuando decide invitarnos”, dijo Julio César Márquez Ortiz, vocero del grupo 5 de junio y padre de una de las víctimas, con relación a la urgente necesidad del Gobierno federal de reunirse el próximo miércoles 2 de junio, a escasos tres días del primer aniversario de la tragedia, con los padres de los menores muertos.
La justicia en México puede resultar tardía, para desgracia de muchos mexicanos, pero lo que resulta injusto, inaceptable, es que se siga jugando con el dolor de unos padres que lo único que quieren es justicia. A lo largo de todo este proceso, el Gobierno federal no ha mostrado interés por solucionar el caso; sin embargo, ahora busca un acercamiento, después de un año. ¿Cómo para qué? ¿O acaso de primera voz le dirá a los padres que ya tiene al responsable?
Fuente: El Sol de México
A un año
Estamos a escasos días de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que costó la vida de 49 niños, dejó a otros 24 menores con lesiones de por vida y a decenas de niños más expuestos a potenciales daños colaterales; desafortunadamente, todavía no hay conclusiones de los peritajes, por lo tanto no hay responsables ni detenidos. El dolor y la indignación de los padres y la sociedad crecen ante esta muestra de impunidad por parte de las autoridades locales y federales.
El 5 de junio será un día de luto por el recuerdo de la devastadora tragedia, pero también porque hasta la fecha no se sabe quién o quiénes fueron los responsables de la misma. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el caso se tuvo un respiro y la confianza de que la situación podría caminar por los senderos de la justicia; sin embargo, a un año, no hay responsables.
En marzo pasado se dio a conocer el informe que realizaron dos magistrados de la SCJN sobre la Guardería ABC y hubo confianza en que el caso avanzara, porque las conclusiones iniciales de los ministros mostraban las deficiencias e irregularidades de una parte del mundo institucional de la seguridad social.
En dicho informe preliminar se presentó un panorama grave, compuesto de diversos ingredientes, entre los que destacan los problemas legales para la subrogación del servicio de guarderías, que se han convertido en negocios y cotos de impunidad. De acuerdo con el informe, se trata de operaciones irregulares; sólo unas cuantas cumplen con la legalidad, 0.3 por ciento, y hay omisiones en la vigilancia sobre las condiciones de seguridad, que fue lo que ocasionó la muerte y lesiones de los menores.
Una vez que los ministros pusieron por escrito las omisiones, las condiciones peligrosas y los incumplimientos, el paso lógico siguiente era que la sala superior de la Corte diera sus conclusiones para que se fincaran responsabilidades al más alto nivel, es decir, que hubiera un responsable por las muertes de los pequeños inocentes y para que no sólo se cuantificaran y se resarcieran los daños, sino también para que se normara en consecuencia, con el fin de evitar que se repita un caso como el de la Guardería ABC. Desafortunadamente, no pasó nada más. Las conclusiones del caso se fueron a la congeladora.
Para infortunio de esos padres, que ya no tienen a sus pequeños y que ante esa desgracia lo único que piden es justicia, el asunto de la SCJN va más allá de la congeladora. El asunto es que el papel de la Corte está limitado, pues ella no determinará a los responsables ni los mandará a encarcelar; más bien su tarea consiste en investigar y confirmar si durante la tragedia las autoridades implicadas pudieron haber incurrido en violaciones a la Constitución. Si la conclusión de su investigación es en afirmativo en este respecto, la Corte procederá a informar de ello a la autoridad competente, la cual podrá ejercer acción penal. Entonces, en la Corte no recae la atribución de mandar a la cárcel a nadie. Pero ello no quiere decir que no haya instancias para lograr la justicia.
Ante todo ello el Gobierno federal no sólo reacciona tarde, sino también mal. La relación con los padres afectados nunca fue de acercamiento y de compromiso por resolver este caso, sino todo lo contrario. Hasta hace poco el Ejecutivo federal tuvo un escueto acercamiento con los padres de los menores y no con todos. El pasado 30 de abril, casi 11 meses después, el Presidente recibió a un grupo de 11 madres y padres, pero de acuerdo a testimonios de otros padres, en esa invitación hubo discriminación, pues sólo fueron invitados aquellos que “han permanecido callados”.
“Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez Mont (titular de Gobernación) y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente, antes del primer año es cuando decide invitarnos”, dijo Julio César Márquez Ortiz, vocero del grupo 5 de junio y padre de una de las víctimas, con relación a la urgente necesidad del Gobierno federal de reunirse el próximo miércoles 2 de junio, a escasos tres días del primer aniversario de la tragedia, con los padres de los menores muertos.
La justicia en México puede resultar tardía, para desgracia de muchos mexicanos, pero lo que resulta injusto, inaceptable, es que se siga jugando con el dolor de unos padres que lo único que quieren es justicia. A lo largo de todo este proceso, el Gobierno federal no ha mostrado interés por solucionar el caso; sin embargo, ahora busca un acercamiento, después de un año. ¿Cómo para qué? ¿O acaso de primera voz le dirá a los padres que ya tiene al responsable?
Fuente: El Sol de México
