Y como siempre el panismo no tiene ni la menor idea de lo que son los derechos civiles y las garantías individuales. Guillermo Padrés, Gobernador de Sonora, aparte de ser un monigote cómplice de los asesinos de niños, ahora también aprovecha la entrega gratuita de uniformes para tomar las huellas digitales de toda la población infantil del estado de Sonora y lo hace con una desfachatez que asusta.
Gobierno estatal "ficha" a estudiantes en Sonora
Con todas sus limitaciones el programa de entrega de uniformes gratuitos de la administración estatal debe reconocerse pues genera empleos y beneficia a familias de escasos recursos. Pero la propuesta podría representar un enorme riesgo para las garantías individuales de los menores de edad, al contar la autoridad con un enorme banco de datos de huellas digitales cuyo destino y manejo resulta incierto hasta el momento.
En una nota del diario El Imparcial, el gobernador Guillermo Padrés Elías comentó que Sonora contará con una base de datos de más de medio millón de niños, con información sobre su peso y estatura:
"Significa una base amplia de huellas para cualquier investigación o delito, nos van a proporcionar su peso y estatura, así vamos a poder monitorear a lo largo de su vida el problema sobre obesidad infantil para tener claro su crecimiento".
Es sumamente delicado que el gobernador acepte con total tranquilidad que un proyecto educativo también tiene objetivos de seguridad pública. Aunque podría darse la situación de que un banco de huellas sea útil para buscar niños extraviados, la información, carente de un marco regulatorio que le asegure a la ciudadanía el apropiado resguardo, confidencialidad y restricción de estos datos personales, podría otorgar a las autoridades facultades extralegales de control y monitoreo social.
Lo que pretende hacer el gobierno del estado es fichar preventivamente a ciudadanos que, de inicio, no deberían estar registrados como criminales en potenciales. Con esta acción pone en riesgo el derecho la privacidad y la protección de los menores edad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa emitió la recomendación 33/2009 contra el Ayuntamiento de Culiacán por la violación de los derechos humanos a la igualdad, trato digno y la libertad personal de dos menores que fueron detenidos arbitrariamente y procesados por policías municipales. La CEDH Sinaloa precisó en su recomendación que "a los menores no se les debió tomar dicho registro ya que no existe un ordenamiento que faculte a la autoridad a tomar fotografías y huellas digitales a menores de edad, quienes... son titulares de derechos y no sólo objeto de protección".
En otro expediente de queja (275/07-SE) de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se decretó la violación de garantías cuando dos menores, sin su consentimiento, fueron detenidos y fotografiados por la policía de Celaya. El organismo defensor expresó que se vulneraron diversas disposiciones legales como la Declaración de los Derechos del Niño (principio segundo, atender el interés superior del niño); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo primero y tercero, atención al interés superior del menor); la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (artículo 19, sobre la protección a los niños), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (primer principio) y la Ley de Justicia para Adolescentes de Guanajuato (artículo cuarto, principios rectores de la ley). La institución concluyó que "la toma de imágenes de personas (menores de edad) en situación de detención es violatorio de los derechos a la honra, reputación, vida privada y familiar, por lo que esta Procuraduría considera que los derechos humanos de las personas detenidas deben de ser respetados".
En este sentido las autoridades gubernamentales de Sonora encargadas del programa de uniformes gratuitos violan claramente la ley. En el "Nuevo Sonora" se respiran aires de Estado policiaco.
Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos brilla por su ausencia.
Gobierno estatal "ficha" a estudiantes en Sonora
Con todas sus limitaciones el programa de entrega de uniformes gratuitos de la administración estatal debe reconocerse pues genera empleos y beneficia a familias de escasos recursos. Pero la propuesta podría representar un enorme riesgo para las garantías individuales de los menores de edad, al contar la autoridad con un enorme banco de datos de huellas digitales cuyo destino y manejo resulta incierto hasta el momento.
En una nota del diario El Imparcial, el gobernador Guillermo Padrés Elías comentó que Sonora contará con una base de datos de más de medio millón de niños, con información sobre su peso y estatura:
"Significa una base amplia de huellas para cualquier investigación o delito, nos van a proporcionar su peso y estatura, así vamos a poder monitorear a lo largo de su vida el problema sobre obesidad infantil para tener claro su crecimiento".
Es sumamente delicado que el gobernador acepte con total tranquilidad que un proyecto educativo también tiene objetivos de seguridad pública. Aunque podría darse la situación de que un banco de huellas sea útil para buscar niños extraviados, la información, carente de un marco regulatorio que le asegure a la ciudadanía el apropiado resguardo, confidencialidad y restricción de estos datos personales, podría otorgar a las autoridades facultades extralegales de control y monitoreo social.
Lo que pretende hacer el gobierno del estado es fichar preventivamente a ciudadanos que, de inicio, no deberían estar registrados como criminales en potenciales. Con esta acción pone en riesgo el derecho la privacidad y la protección de los menores edad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa emitió la recomendación 33/2009 contra el Ayuntamiento de Culiacán por la violación de los derechos humanos a la igualdad, trato digno y la libertad personal de dos menores que fueron detenidos arbitrariamente y procesados por policías municipales. La CEDH Sinaloa precisó en su recomendación que "a los menores no se les debió tomar dicho registro ya que no existe un ordenamiento que faculte a la autoridad a tomar fotografías y huellas digitales a menores de edad, quienes... son titulares de derechos y no sólo objeto de protección".
En otro expediente de queja (275/07-SE) de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se decretó la violación de garantías cuando dos menores, sin su consentimiento, fueron detenidos y fotografiados por la policía de Celaya. El organismo defensor expresó que se vulneraron diversas disposiciones legales como la Declaración de los Derechos del Niño (principio segundo, atender el interés superior del niño); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo primero y tercero, atención al interés superior del menor); la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (artículo 19, sobre la protección a los niños), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (primer principio) y la Ley de Justicia para Adolescentes de Guanajuato (artículo cuarto, principios rectores de la ley). La institución concluyó que "la toma de imágenes de personas (menores de edad) en situación de detención es violatorio de los derechos a la honra, reputación, vida privada y familiar, por lo que esta Procuraduría considera que los derechos humanos de las personas detenidas deben de ser respetados".
En este sentido las autoridades gubernamentales de Sonora encargadas del programa de uniformes gratuitos violan claramente la ley. En el "Nuevo Sonora" se respiran aires de Estado policiaco.
Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos brilla por su ausencia.
