Reveladoras declaraciones de Leopoldo González, portavoz de la Comisión Episcopal mexicana
El grave problema del abuso sexual infantil cometido por sacerdotes católicos en México continua siendo silenciado por la jerarquía eclesiástica, desatendido por el gobierno mexicano e ignorado por el poder legislativo. La impunidad es la constante. Las reveladoras declaraciones de Leopoldo González portavoz de la Comisión del Episcopado Mexicano (CEM) muestran la verdadera postura de los jerarcas católicos mexicanos: negar, minimizar y silenciar.
Para el Episcopado Mexicano la detención del sacerdote Rafael Muñiz López aprehendido en Xalapa, Veracruz por estar ligado a una banda de ciberpederastas es un síntoma de humanidad: “entre más humanos nos vean, más nos van a apreciar”, consideró González.
Las declaraciones son profundamente desafortunadas, pero ciertamente sinceras. Ese es el sentir de la jerarquía católica que hasta ahora no ha movido un dedo para desvelar los archivos secretos que determinan los movimientos y el paradero de cientos de sacerdotes abusadores.
Y digo cientos, porque según las estadísticas el 30 por ciento de los 14 mil sacerdotes católicos que existen en México comete algún tipo de abuso sexual con su feligresía. Un estudio del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) reveló lo anterior y expuso un dato importante: en el 55 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres.
La jerarquía católica quita hierro al asunto
Más aún: según la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) el 95 por ciento de los ilícitos perpetrados en México es desconocido por el Ministerio Público por falta de denuncia, situación que se agrava cuando el criminal es ministro de culto. La pregunta aquí es ¿por qué el Ministerio Público no actúa de hecho cuando es pública y notoria la actividad criminal de un sacerdote? Los atavismos religiosos no permiten muchas veces a los padres de una víctima acudir ante las autoridades y por el escaso resultado judicial y policial, también afectan a la hora de detener y procesar a un cura.
Tal vez, policías, jueces, diputados, magistrados, senadores o funcionarios públicos piensen que por aprehender o procurar justicia contra un cura serán condenados a las llamas del infierno y prefieren sumarse a la red de complicidades que permite que México sea considerado como la nueva Tailandia, como el nuevo paraíso para pornógrafos y pederastas.
La actitud de la jerarquía católica de quitarle hierro al asunto ya no surte efecto. Por el contrario, muchos ciudadanos mexicanos se muestran indignados por la tolerancia que obispos y cardenales les brindan a sus subalternos acusados de pederastas. Curas abusadores que sencillamente son cambiados de parroquia ante las denuncias, en particular a iglesias en zonas extremadamente pobres donde la gente no se puede defender.
Nicolás Aguilar violador de 90 niños y niñas oficia misa tranquilamente en Puebla
Por eso se explica que existan curas pederastas con 30 años de carrera delictiva, como el caso de Nicolás Aguilar, ese sacerdote famoso por violar a más de 90 niños entre México y Estados Unidos gracias a la supuesta protección del cardenal Norberto Rivera. Pese a la gravedad del caso, el padre Nicolás sigue libre, viviendo tranquilamente en Puebla, oficiando misa y administrando los santos sacramentos.
Ese sacerdote pederasta, o Carlos López Valdés también en activo, a pesar de haber sido descubierto con material pornográfico en su computadora y denunciado por sus monaguillos por abuso sexual; o Rafael Muñiz López recién detenido por sus gustos cibernéticos, manchan al sacerdocio católico y son elementos indignos de pertenecer a él. ¿Por qué entonces sus superiores no les retiran del ministerio sacerdotal? ¿Por qué el Ministerio Público o los jueces no los juzgan y condenan para que dejen de hacer daño a los niños?
Desde hace tres años que publiqué mi libro “Manto púrpura: pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera” recibo periódicamente mensajes de víctimas denunciando a curas pederastas: desde Mexicali hasta Chiapas; desde Monterrey hasta Oaxaca…en Veracruz, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Sonora… hay curas pederastas a lo largo y ancho de la República.
Los casos son tantos que se podría hacer una enciclopedia. El problema es que en México la denuncia se queda en eso: en denuncia. No hay voluntad política de hacer justicia. No existe interés judicial de atender verdaderamente el asunto. No hay contundencia en la modificación de leyes para perseguir debidamente el delito de pederastia cometido por hombres que usan sotana.
Los Cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval dirigen los refugios de los pederastas
Tampoco la jerarquía está a la altura. El cardenal Norberto Rivera Carrera y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez dirigen sendas “clínicas” que constituyen auténticas guaridas de criminales donde se refugian durante algunos meses, las ovejas descarriadas que violan niños, para después ser colocados nuevamente al frente de los monaguillos o de los pequeños que hacen su preparación para la primera comunión. La impunidad genera más impunidad y descaro para que sacerdotes como Leopoldo González sigan insultando a las víctimas y a los católicos decentes que hemos decidido aplicar la tolerancia cero contra estos depredadores con sotana. ¿Quién será capaz de poner un alto a los sacerdotes pederastas?
* Sanjuana Martínez, es periodista mexicana freelance, autora de “Prueba de Fe: la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical”. Su página Web: www.sanjuanamartinez.com
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