Un trabajo de análisis que no tiene desperdicio.
sinembargo.mx
Ernesto Hernández Norzagaray
noviembre 21 de 2014 - 0:02
José Luis Borges alguna vez sentenció “todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”. Viene a cuento esta referencia a propósito del artículo de la politóloga María Amparo Casar, publicado el pasado 11 de Noviembre en Excélsior bajo el título: ‘¿Crimen de Estado?’, que tiene como objetivo explícito cuestionar la idea de que los sucesos trágicos de Iguala puedan ser caracterizados bajo ese calificativo lapidario. Un calificativo efectivamente muy discutible en términos teóricos, pero el tema es un desafío, para todo aquel interesado en comprender la naturaleza y alcance de nuestra violencia político-criminal.
María Amparo discute con rigor lo que podría desprenderse de aquella consigna “Fue el Estado” inscrita en un muro y qué no pocos suscriben en las manifestaciones públicas, artículos, hashtag o tuits, incluidos pronunciamientos guerrilleros, hasta transformarse en una de las ideas fuerza más replicadas generando una suerte de conciencia virtual sobre los acontecimientos de septiembre.
Calumnia
Sin embargo, esta confrontación de ideas indispensable en tiempos de polarización y confusión, termina lamentablemente mal cuando la investigadora del CIDE acusa y exculpa molesta: Señalar a Peña Nieto, dice, como el responsable del supuesto crimen de Estado es una calumnia, es la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califica como delito a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no fue quien lo cometió.
Su conjugación de figuras jurídicas sorprende, pues si se trata de combatir la idea del crimen de Estado habría que hablar conceptualmente del Jefe de Estado con responsabilidades, no de quién hubiera jalado el gatillo, que evidentemente no fue el ciudadano Peña Nieto.
De acuerdo a nuestra Constitución el Estado además de los otros poderes es inteligible en que el Ejecutivo es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Ante esa doble responsabilidad, este tiene que responder a toda crisis sea producto de la buena o de una mala aplicación de la ley.
Entonces siguiendo esta lógica, con todo lo discutible que pueda resultar, cobra sentido el señalamiento de que se trata de un crimen de Estado tanto por acción u omisión de los miembros del sistema de seguridad. Veamos más de cerca, si estamos ante una “crisis de seguridad” producto entre otras cosas de la complicidad de políticos, autoridades y criminales, y esto ocasiona masacres frecuentes, los límites que separan un delito de fuero común y un crimen de Estado, serían prácticamente inexistentes.
Diferencias
Dicho de otra manera, ¿cuál sería la diferencia entre un crimen qué se comete bajo el paraguas de una doctrina y el que es ordenado desde el poder con la omisión del resto del sistema de seguridad? Ninguna. En todo caso, pareciera reducirse a un asunto de número incluso de sofisticación en la eliminación de personas.
Experiencias de este tipo de enrarecimiento abundan en la historia contemporánea y no hay que ir muy lejos, en México durante los pasados años setenta, la inconstitucional Brigada Blanca que dirigía Nassar Haro tenía manos libres para detener y desaparecer jóvenes rebeldes. Cientos murieron y nunca más se supo de ellos, como hoy no se sabe de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo que hace pensar que la historia se repite.
Entonces, ¿tampoco aquellas desapariciones forzadas fueron un crimen de Estado? No era, acaso, ¿una política de Estado destinada a combatir a la oposición y los insurrectos del régimen? Nunca el gobierno se hizo cargo de los crímenes de Nassar Haro y este hombre terminó sus días en el abandono absoluto. Nadie lo defendió cuando vinieron las investigaciones de derechos humanos y se fue solo por el caño de la historia nacional. Aun cuando, había prestado un servicio oscuro al sistema político.
Hoy ciertamente las cosas son distintas, vivimos en un sistema técnicamente democrático, pero eso no impide que políticos en funciones públicas dirijan bandas de sicarios y capos dirijan gobiernos municipales o al menos influyan en los destinos de gobiernos. Pero, como nos lo recuerda Casar, la cosa es más complicada y los crímenes de Estado ojalá y nunca nos ocurra como sociedad. Evidentemente las cosas pueden ser peores que lo sucedido en Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Tlatlaya o Iguala pero quien puede negar la brutalidad de estos hechos. Y quien desea qué empeore.
Pero, igual, las cosas sin ser masivas pueden escalar mediáticamente. Hoy es un asunto de medios de comunicación y redes sociales. De construcción de percepciones. Y el gobierno mexicano tuvo la suerte desafortunada de que la desaparición forzada de los normalistas escalara lo que no escaló en cientos, quizá miles de casos, que se encuentran detrás de los cientos de fosas descubiertas.
Y ante esto, el ciudadano afectado directa o indirectamente, no tiene por qué discernir teóricamente el problema y no tiene que hacerlo como un politólogo, sociólogo o constitucionalista, sino su percepción es inmediata y práctica, y se reduce sustantivamente a quien controla su barrio, pueblo o ciudad o quién es el responsable de la desaparición forzada o las muertes masivas que estamos viendo.
No hay crimen de Estado
Para Casar en Iguala no hubo crimen Estado, aun cuando intervino la el alcalde y la policía de Iguala en abierta complicidad con los miembros del cártel Guerreros Unidos y tampoco por la omisión de los servicios de seguridad e información del Estado mexicano. Ciertamente no hay en el ambiente una doctrina de exterminio como la hubo en la Alemania nazi o en Chile de Pinochet, pero muchos de los funcionarios omisos tenían y tienen información valiosa sobre los cárteles que operan desde hace años en Guerrero, como de los servicios que les prestaba el alcalde a los miembros del cártel Guerreros Unidos.
Y entonces queda sin respuesta las preguntas de mucha gente: ¿Por qué si sabían, nunca intervinieron para evitar las muertes y luego la desaparición de los 43 jóvenes normalistas? Más todavía, ¿Por qué a casi a dos meses de los sucesos trágicos las detenciones se han reducido a los policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos? ¿Por qué el ex gobernador Aguirre está en libertad y no se han abierto procesos de investigación contra altos funcionarios de su gobierno?
Pero María Amparo no se plantea preguntas simplemente reitera el discurso oficial: “Las desapariciones forzadas o asesinatos de los 43 normalistas fueron cometidos por la acción conjunta de la autoridad local y las organizaciones criminales que operan en Guerrero”.
Y agrega lo que corresponde al gobierno federal: “Algunas de carácter estructural y otras coyunturales. Es responsable de la lenta reacción y de la absurda explicación que ofreció para no intervenir. Es responsable de que los órganos de inteligencia no hayan alertado a los encargados de la seguridad sobre el historial delictivo y vínculos con el crimen organizado del alcalde de Iguala, es responsable de no haber abierto una investigación a partir de la información que recibió la Procuraduría”.
Para sentenciar: “Calificar los terribles sucesos de Ayotzinapa como crimen de Estado es un error, es producto de la ignorancia, de la deshonestidad intelectual o de algún propósito distinto al de esclarecer los hechos, adjudicar responsabilidades e imponer los castigos correspondientes”.
Una contradicción en la argumentación de Casar, es que por un lado absuelve como juez y por otro lado cuestiona que en su momento no se haya abierto una investigación para deslindar responsabilidades. Como si hubiera un antes y un después, y no una secuencia de hechos y personas.
Si cree seriamente en lo segundo, privilegiando la “honestidad intelectual”, tendría que exigir responsabilidades y no caer en discurso de algunos periodistas e intelectuales que su rigor se acaba en cuanto escalan responsabilidades. Para ellos todo se reduce a policías y políticos regionales corruptos. Y eso, es dar la vuelta al tema de fondo que tiene que ver ciertamente, como lo señala Casar, a una cuestión de debilidad institucional, pero con responsabilidades humanas por omisiones y complicidades y a eso, debe atenerse un gobierno responsable.
Y es que las omisiones pueden ser resultado de la incapacidad, el miedo, la complicidad o la pertenencia a una organización criminal. La presencia en política para muchos es ponerse “donde hay”. La representación y el encargo político frecuentemente se metamorfosea en una acción concertada que adquiere rutinas de gobierno donde la violencia ilegitima se vuelve institucional.
Baltazar Garzón, especialista en estos temas asombrado alertó: “México se encuentra cerca del genocidio”. Y los genocidios son crímenes de Estado con todas las letras y procesos que se sabe dónde terminan pero no dónde empiezan.
Los miles de homicidios dolosos que se apilan en la estadística fría del gobierno y que buscan minimizar los gobernantes con un manejo absurdo de la información, choca con las cifras no gubernamentales y escala con los niveles de impunidad, dan cuenta de estos crímenes masivos que han sucedido lo mismo en Michoacán, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Veracruz o Guerrero.
Entonces, ¿Cómo clasificar teóricamente estos crímenes que por acción u omisión de las autoridades se han dado en muchas partes del país? ¿Hasta dónde escala cada uno de ellos y compromete a responsables institucionales? ¿Por qué es mejor para el análisis ver cada uno de estos crímenes en forma aislada con responsabilidades locales y no como lo animan las circunstancias, como un entramado de fuerzas institucionales y criminales que se han apropiado literalmente de regiones enteras del país? O acaso lo ocurrido en Iguala ¿no es lo que pasó antes en otros lugares del país?
En definitiva, las reflexiones María Amparo tienen un desenlace contrario a lo que piensan hombres y mujeres irritados por las cuentas oficiales de Iguala y el reduccionismo de la verdad oficial, busca convencer que la teoría siempre será más compleja que la realidad y el sentido común.
Y, parafraseando a Borges no hay mejor teoría, que la que sirve para un bien comunitario.
Fuente
Mi única observación, al margen del contenido, iría dirigida a la que figura en el comentario que a la misma nota aparece: no es José Luis Borges, sino Jorge Luis Borges.
sinembargo.mx
Ernesto Hernández Norzagaray
noviembre 21 de 2014 - 0:02
José Luis Borges alguna vez sentenció “todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”. Viene a cuento esta referencia a propósito del artículo de la politóloga María Amparo Casar, publicado el pasado 11 de Noviembre en Excélsior bajo el título: ‘¿Crimen de Estado?’, que tiene como objetivo explícito cuestionar la idea de que los sucesos trágicos de Iguala puedan ser caracterizados bajo ese calificativo lapidario. Un calificativo efectivamente muy discutible en términos teóricos, pero el tema es un desafío, para todo aquel interesado en comprender la naturaleza y alcance de nuestra violencia político-criminal.
María Amparo discute con rigor lo que podría desprenderse de aquella consigna “Fue el Estado” inscrita en un muro y qué no pocos suscriben en las manifestaciones públicas, artículos, hashtag o tuits, incluidos pronunciamientos guerrilleros, hasta transformarse en una de las ideas fuerza más replicadas generando una suerte de conciencia virtual sobre los acontecimientos de septiembre.
Calumnia
Sin embargo, esta confrontación de ideas indispensable en tiempos de polarización y confusión, termina lamentablemente mal cuando la investigadora del CIDE acusa y exculpa molesta: Señalar a Peña Nieto, dice, como el responsable del supuesto crimen de Estado es una calumnia, es la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califica como delito a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no fue quien lo cometió.
Su conjugación de figuras jurídicas sorprende, pues si se trata de combatir la idea del crimen de Estado habría que hablar conceptualmente del Jefe de Estado con responsabilidades, no de quién hubiera jalado el gatillo, que evidentemente no fue el ciudadano Peña Nieto.
De acuerdo a nuestra Constitución el Estado además de los otros poderes es inteligible en que el Ejecutivo es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Ante esa doble responsabilidad, este tiene que responder a toda crisis sea producto de la buena o de una mala aplicación de la ley.
Entonces siguiendo esta lógica, con todo lo discutible que pueda resultar, cobra sentido el señalamiento de que se trata de un crimen de Estado tanto por acción u omisión de los miembros del sistema de seguridad. Veamos más de cerca, si estamos ante una “crisis de seguridad” producto entre otras cosas de la complicidad de políticos, autoridades y criminales, y esto ocasiona masacres frecuentes, los límites que separan un delito de fuero común y un crimen de Estado, serían prácticamente inexistentes.
Diferencias
Dicho de otra manera, ¿cuál sería la diferencia entre un crimen qué se comete bajo el paraguas de una doctrina y el que es ordenado desde el poder con la omisión del resto del sistema de seguridad? Ninguna. En todo caso, pareciera reducirse a un asunto de número incluso de sofisticación en la eliminación de personas.
Experiencias de este tipo de enrarecimiento abundan en la historia contemporánea y no hay que ir muy lejos, en México durante los pasados años setenta, la inconstitucional Brigada Blanca que dirigía Nassar Haro tenía manos libres para detener y desaparecer jóvenes rebeldes. Cientos murieron y nunca más se supo de ellos, como hoy no se sabe de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo que hace pensar que la historia se repite.
Entonces, ¿tampoco aquellas desapariciones forzadas fueron un crimen de Estado? No era, acaso, ¿una política de Estado destinada a combatir a la oposición y los insurrectos del régimen? Nunca el gobierno se hizo cargo de los crímenes de Nassar Haro y este hombre terminó sus días en el abandono absoluto. Nadie lo defendió cuando vinieron las investigaciones de derechos humanos y se fue solo por el caño de la historia nacional. Aun cuando, había prestado un servicio oscuro al sistema político.
Hoy ciertamente las cosas son distintas, vivimos en un sistema técnicamente democrático, pero eso no impide que políticos en funciones públicas dirijan bandas de sicarios y capos dirijan gobiernos municipales o al menos influyan en los destinos de gobiernos. Pero, como nos lo recuerda Casar, la cosa es más complicada y los crímenes de Estado ojalá y nunca nos ocurra como sociedad. Evidentemente las cosas pueden ser peores que lo sucedido en Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Tlatlaya o Iguala pero quien puede negar la brutalidad de estos hechos. Y quien desea qué empeore.
Pero, igual, las cosas sin ser masivas pueden escalar mediáticamente. Hoy es un asunto de medios de comunicación y redes sociales. De construcción de percepciones. Y el gobierno mexicano tuvo la suerte desafortunada de que la desaparición forzada de los normalistas escalara lo que no escaló en cientos, quizá miles de casos, que se encuentran detrás de los cientos de fosas descubiertas.
Y ante esto, el ciudadano afectado directa o indirectamente, no tiene por qué discernir teóricamente el problema y no tiene que hacerlo como un politólogo, sociólogo o constitucionalista, sino su percepción es inmediata y práctica, y se reduce sustantivamente a quien controla su barrio, pueblo o ciudad o quién es el responsable de la desaparición forzada o las muertes masivas que estamos viendo.
No hay crimen de Estado
Para Casar en Iguala no hubo crimen Estado, aun cuando intervino la el alcalde y la policía de Iguala en abierta complicidad con los miembros del cártel Guerreros Unidos y tampoco por la omisión de los servicios de seguridad e información del Estado mexicano. Ciertamente no hay en el ambiente una doctrina de exterminio como la hubo en la Alemania nazi o en Chile de Pinochet, pero muchos de los funcionarios omisos tenían y tienen información valiosa sobre los cárteles que operan desde hace años en Guerrero, como de los servicios que les prestaba el alcalde a los miembros del cártel Guerreros Unidos.
Y entonces queda sin respuesta las preguntas de mucha gente: ¿Por qué si sabían, nunca intervinieron para evitar las muertes y luego la desaparición de los 43 jóvenes normalistas? Más todavía, ¿Por qué a casi a dos meses de los sucesos trágicos las detenciones se han reducido a los policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos? ¿Por qué el ex gobernador Aguirre está en libertad y no se han abierto procesos de investigación contra altos funcionarios de su gobierno?
Pero María Amparo no se plantea preguntas simplemente reitera el discurso oficial: “Las desapariciones forzadas o asesinatos de los 43 normalistas fueron cometidos por la acción conjunta de la autoridad local y las organizaciones criminales que operan en Guerrero”.
Y agrega lo que corresponde al gobierno federal: “Algunas de carácter estructural y otras coyunturales. Es responsable de la lenta reacción y de la absurda explicación que ofreció para no intervenir. Es responsable de que los órganos de inteligencia no hayan alertado a los encargados de la seguridad sobre el historial delictivo y vínculos con el crimen organizado del alcalde de Iguala, es responsable de no haber abierto una investigación a partir de la información que recibió la Procuraduría”.
Para sentenciar: “Calificar los terribles sucesos de Ayotzinapa como crimen de Estado es un error, es producto de la ignorancia, de la deshonestidad intelectual o de algún propósito distinto al de esclarecer los hechos, adjudicar responsabilidades e imponer los castigos correspondientes”.
Una contradicción en la argumentación de Casar, es que por un lado absuelve como juez y por otro lado cuestiona que en su momento no se haya abierto una investigación para deslindar responsabilidades. Como si hubiera un antes y un después, y no una secuencia de hechos y personas.
Si cree seriamente en lo segundo, privilegiando la “honestidad intelectual”, tendría que exigir responsabilidades y no caer en discurso de algunos periodistas e intelectuales que su rigor se acaba en cuanto escalan responsabilidades. Para ellos todo se reduce a policías y políticos regionales corruptos. Y eso, es dar la vuelta al tema de fondo que tiene que ver ciertamente, como lo señala Casar, a una cuestión de debilidad institucional, pero con responsabilidades humanas por omisiones y complicidades y a eso, debe atenerse un gobierno responsable.
Y es que las omisiones pueden ser resultado de la incapacidad, el miedo, la complicidad o la pertenencia a una organización criminal. La presencia en política para muchos es ponerse “donde hay”. La representación y el encargo político frecuentemente se metamorfosea en una acción concertada que adquiere rutinas de gobierno donde la violencia ilegitima se vuelve institucional.
Baltazar Garzón, especialista en estos temas asombrado alertó: “México se encuentra cerca del genocidio”. Y los genocidios son crímenes de Estado con todas las letras y procesos que se sabe dónde terminan pero no dónde empiezan.
Los miles de homicidios dolosos que se apilan en la estadística fría del gobierno y que buscan minimizar los gobernantes con un manejo absurdo de la información, choca con las cifras no gubernamentales y escala con los niveles de impunidad, dan cuenta de estos crímenes masivos que han sucedido lo mismo en Michoacán, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Veracruz o Guerrero.
Entonces, ¿Cómo clasificar teóricamente estos crímenes que por acción u omisión de las autoridades se han dado en muchas partes del país? ¿Hasta dónde escala cada uno de ellos y compromete a responsables institucionales? ¿Por qué es mejor para el análisis ver cada uno de estos crímenes en forma aislada con responsabilidades locales y no como lo animan las circunstancias, como un entramado de fuerzas institucionales y criminales que se han apropiado literalmente de regiones enteras del país? O acaso lo ocurrido en Iguala ¿no es lo que pasó antes en otros lugares del país?
En definitiva, las reflexiones María Amparo tienen un desenlace contrario a lo que piensan hombres y mujeres irritados por las cuentas oficiales de Iguala y el reduccionismo de la verdad oficial, busca convencer que la teoría siempre será más compleja que la realidad y el sentido común.
Y, parafraseando a Borges no hay mejor teoría, que la que sirve para un bien comunitario.
Fuente
Mi única observación, al margen del contenido, iría dirigida a la que figura en el comentario que a la misma nota aparece: no es José Luis Borges, sino Jorge Luis Borges.
