Cuatro notas que no tienen desperdicio al respecto.
Lamentable y absurdo que Calderón financie educación privada: especialistas.
Educación a Debate, Miércoles 11 de enero de 2012.
ED/ Héctor Rojas.
Como “lamentable”, “absurda” y “desdeñosa de la juventud” calificaron especialistas la reciente presentación del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior impulsado por el gobierno del presidente Felipe Calderón, en el cual participan seis bancos y 20 universidades privadas.
Este programa, que prevé financiar la educación de casi 23 mil jóvenes en instituciones con fines lucrativos y que tendrá una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, deja de manifiesto “una clara voluntad en favor de la educación privada y un desapego de la educación superior pública”, señaló Hugo Casanova Cardiel, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Si deseas escuchar la opinión de los especialistas, puedes hacerlo al dar click aquí.
Dicha opinión fue compartida por Ezequiel Maldonado, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien calificó la medida como un “absurdo”, toda vez que es la educación pública, “no la privada”, la que requiere financiamiento.
De igual modo, Danú Hernández, secretaria técnica de la organización Incidencia Civil en la Educación, consideró como un “error” dicha medida, pues “mercantiliza la educación, en lugar de contemplarla como un derecho”.
Al respecto, la Presidencia de la República emitió un comunicado donde señala que “la experiencia internacional demuestra que estos financiamientos democratizan el acceso a la educación superior”, aseveración con la cual estuvieron en desacuerdo los tres especialistas consultados por Educación a Debate.
Hugo Casanova añadió que “el mensaje que la actual administración está emitiendo es la de un desinterés por la sociedad y en especial por los jóvenes”, además, “ilustra de manera fehaciente cómo este gobierno fue un gobierno de ocurrencias”.
Con este tipo de medidas “todos pierden, incluso las instituciones privadas muy difícilmente verán incrementada de manera sustantiva su matrícula, la juventud mexicana obviamente no se va a favorecer con esto; y políticamente, como dicen, esto es un balazo en el pie, probablemente lo que está haciendo Calderón es darle el tiro de gracia a sus modestos candidatos”, advirtió Casanova Cardiel.
Aunado a ello, tanto Danú Hernández como Ezequiel Maldonado coincidieron en que este financiamiento a las instituciones privadas, es un ejemplo de la renuncia del Estado para garantizar la educación de la sociedad mexicana, toda vez que la educación debe ser “para todos y no sólo para unos cuantos”.
Destaca que el dinero contemplado por este programa, es un monto mayor al presupuesto con el que cuentan anualmente, por lo menos, 35 universidades públicas en nuestro país.
Finalmente, cabe resaltar que este programa de financiamiento contempla una cobertura crediticia de hasta 280 mil pesos para estudios de posgrado y de hasta 215 mil pesos para estudios de nivel licenciatura, los cuales se podrán pagar en un plazo de hasta 15 años y medio con una tasa de interés fija del 10 por ciento.
Presentación del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior
fuente
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Negocios y engaños.
Educación a Debate, Jueves 12 de enero de 2011.
Por Manuel Pérez Rocha.
El editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal llamado "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior" anunciado por Felipe Calderón un día antes. El citado "programa", cabe subrayar, es un indignante conjunto de engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no "financia" a la "educación superior" –pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese nivel educativo–, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo imparten.
En realidad, señala con acierto el editorial de La Jornada, se trata de un negocio bancario que beneficiará a esas instituciones educativas privadas, lucrativas, y a un conjunto de bancos, la mayor parte extranjeros (los gigantes HSBC, BBVA y Santander) y una Sofol apoyada por el Banco Mundial. Para los bancos y la Sofol no hay el menor riesgo: el "programa" está garantizado por Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los eventuales tropiezos serán pagados con recursos públicos; cobrarán sus intereses (10 por ciento según lo anunciado, pero en el folleto de Nafin ponen como "ejemplo indicativo" 12.5 por ciento) y el capital también está asegurado pues, para otorgar el crédito, se exige al estudiante contar con un "deudor solidario o aval con relación patrimonial "(engañosamente Calderón anunció que se eliminaba el requisito de una garantía hipotecaria); otros requisitos son que ni el estudiante ni el deudor solidario tengan "experiencia negativa en Buró de Crédito" y la contratación de un seguro de vida para el estudiante.
El director de Nafin promete a los bancos, para asegurarles clientes, que "las propias universidades harán un esfuerzo promocional con los estudiantes que quieran ingresar a su plantel mediante pláticas y material publicitario, y los bancos instalarán módulos de atención en los campus más importantes para orientar y recibir las aplicaciones (sic) correspondientes". Es necesario demandar que se hagan públicos los contratos de Nafin con los bancos, pues no queda clara la razón por la cual el gobierno destina ahora 2 mil 500 millones de pesos a este "programa", y llama la atención el entusiasmo de los bancos.
Una exigencia adicional a los estudiantes, para otorgar el crédito, es mantener como mínimo un promedio de calificaciones de ocho, lo cual implica que sea alumno regular y dedique tiempo completo a los estudios. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrán cumplir esas exigencias económicas y escolares? Un engaño de fondo es, pues, la afirmación de que con este programa se democratizará el acceso a la educación superior, se logrará una "sociedad mas cohesionada, más igualitaria y más solidaria" y se brindará "igualdad de oportunidades a todos los jóvenes". Este programa, se anuncia, "liberará, además, recursos para que las familias puedan destinar una mayor parte en vivienda o en ahorro para el futuro, suavizando el patrón de gasto que implica la educación". ¿Cuáles familias? Las familias privilegiadas que envían a sus hijos al Tecnológico de Monterrey –donde se anunció este programa– y otras instituciones semejantes, las cuales destinan parte de sus recursos a pagar altas colegiaturas. Aun con el crédito, los pagos están fuera del alcance de la gran mayoría de las familias mexicanas. En el folleto de Nafin se presenta un ejemplo: en el último semestre de su carrera el estudiante "beneficiado" con el crédito estaría pagando mil 875 pesos mensuales de intereses y 5 mil 555 pesos semestrales de complemento de colegiatura; los siguientes seis meses "de gracia" estaría pagando mil 875 pesos mensuales, y a partir de que consiga un empleo (en no más de seis meses) deberá efectuar 108 pagos de 2 mil 784 pesos mensuales. Resultado: por una carrera cuyo costo es 230 mil pesos acabaría pagando 371 mil 500 pesos en un plazo máximo de 10 años (sólo en colegiaturas).
El programa se estableció para ayudar a resolver los problemas de algunas de las familias de la "clase media alta" con dificultades para pagar las elevadas colegiaturas de esas instituciones lucrativas, procurar que no disminuya la clientela de éstas, garantizarles el pago de las colegiaturas con la obligación bancaria adquirida por las familias y dar una nueva oportunidad de negocios a los bancos. Nada tiene que ver con las necesidades de la juventud mexicana y la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. El programa es expresamente elitista, están excluidos los estudiantes de las instituciones públicas y los de las privadas no incorporadas a él. Es indignante que se presenten dichos negocios como "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior".
Con desmesura incomparable, tanto Calderón como los demás oradores en la ceremonia en la que se presentó este negocio proclamaron que con él "se elevará la productividad de nuestro país", y esto "se traduce en mayor inversión y creación de empleos", se fortalecerá "el desarrollo social de México y esto trae consigo menores tasas de delincuencia, reforzando así y complementando la estrategia de seguridad del país".
De manera reiterada, Calderón identificó a la educación privada como "la educación de calidad". Como indicador casual de dicha "calidad" está el siguiente párrafo de la intervención del rector general del Sistema Tecnológico de Monterrey en la ceremonia de presentación del "programa":
"Cuando yo vi toda la oportunidad de muchachos que no tienen oportunidad, que tienen un gran liderazgo y no tienen la oportunidad de acceder a la educación, cuando empecé a darme cuenta que (sic) el Tecnológico, más de la mitad de los alumnos tienen oportunidad de tener algún tipo de beca, pero que aun así hay todavía tres cuartas partes de mexicanos que están en edad de poder estar en estudios universitarios y no tienen acceso, la gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer?" (literal, sin comentarios).
fuente
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‘Estudiantes quedarán endeudados con financiamiento de Calderón’
Educación a Debate, Jueves 12 de enero del 2012.
ED/ Héctor Rojas.
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior privada es un sistema de crédito muy costoso, el cual, lejos de ayudar a “democratizar” el acceso a la universidad como dijo el presidente Felipe Calderón, dejará endeudados a los jóvenes mexicanos, coincidieron especialistas en el tema.
El modelo de educación privada impulsado durante la dictadura en Chile, actualmente contempla que los estudiantes del país austral paguen un interés del 3 por ciento anual por los préstamos solicitados para costear su educación superior.
En México, el economista Ciro Murayama señaló que el 10 por ciento de interés anual que pretende cobrar el sistema de financiamiento impulsado por el gobierno federal dejará a los jóvenes estudiantes una deuda mayor que la de una hipoteca.
Asimismo, Rolando Cordera, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que este programa terminará beneficiando a los bancos y a las IES privadas y no a los estudiantes, los cuales acabarán como morosos.
Además, en una época donde en México “el empleo es lo más difuso que existe, lo que podemos tener en un tiempo es una especie de FOBAPROA” estudiantil, lamentó Cordera.
Por su parte, Germán Álvarez Mendiola, académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), señaló que antes de pensar en el financiamiento bancario a la educación superior privada es necesaria una regulación para asegurar la calidad de la enseñanza que los jóvenes reciben en las instituciones privadas.
Los tres especialistas lamentaron también el momento en el cual el presidente Calderón anunció esta medida, pues consideraron que su fundamento es meramente electoral.
Aunado a ello, Ciro Murayama reconoció que esta medida mercantiliza la educación y consideró como “una mala broma” que el Presidente presente este programa como un mecanismo para favorecer la democratización y la equidad en la educación superior, pues en la práctica esta medida refleja “justo lo contrario”.
Cordera consideró como “muy irrespetuoso” que el anuncio se haga en un año electoral, cuando además “está registrado que las universidades públicas, principalmente las de los estados, están enfrentando problemas muy serios de financiamiento”.
Finalmente, Germán Álvarez consideró que el gobierno federal está emitiendo mensajes contradictorios, uno a través del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, quien se pronuncia por fortalecer la educación pública y otro por el presidente Calderón, quien pretende fortalecer la educación privada a través de este tipo de financiamientos.
fuente
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Educación privada y populismo de derecha.
Educación a Debate, Jueves 12 de enero de 2012.
Por Ciro Murayama.
No es un asunto menor el que el jefe del Estado mexicano decida canalizar recursos de la nación para financiar a la educación superior privada. Con esa decisión, claro está, se distraen montos de las arcas públicas que bien pudieran destinarse a becas para alumnos de bajos ingresos —si se tratase de ayudar a la economía de las familias— o a las instituciones de educación superior públicas que no dejan de enfrentar importantes restricciones presupuestales para, por ejemplo, invertir en infraestructura y renovar sus plantas académicas.
Pero la afectación no sólo es por la distracción de recursos, sino por el hecho de que desde la máxima responsabilidad pública del país se legitime y se impulse la educación superior privada en detrimento de la pública. En las últimas décadas fue tomando carta de naturalidad que ciertas élites económicas identificaran educación privada con calidad (lo cual no es siempre ni rigurosamente cierto), que enviaran a sus hijos al circuito de la preparación particular y que dieran prioridad a la contratación de profesionistas egresados de escuelas privadas. Más tarde el propio sector público demandó cada vez más a técnicos provenientes de institutos privados, sobre todo en los cargos de alta remuneración, y ahora en el extremo desde el Ejecutivo federal se inyectan recursos a las universidades particulares.
La apuesta política y cultural del gobierno federal, que ahora tiene concreción en apoyo económico, por la educación superior privada tiene implicaciones de índole social, fomentando la mercantilización y exclusión educativa, pero también sobre el desarrollo científico y tecnológico del país. Aquí, las universidades particulares viven básicamente del cobro de colegiaturas, no de las donaciones de empresas y fundaciones, como ocurre en Estados Unidos. De lo anterior que en el sector privado de la educación superior en México no se realice investigación básica y que sus actividades se vean circunscritas a la lógica de la rentabilidad: no se ofrecen carreras con baja demanda estudiantil (física o biología) o alto costo (aquellas donde hay que hacer inversiones cuantiosas en laboratorios y materiales), ni se promueve la investigación que no tenga como fin arrojar altas tasas de retorno en el corto plazo.
En el estrecho segmento de alta calidad que existe en la educación superior privada en México el objetivo es la formación y reproducción de élites, no la movilidad social o el desarrollo científico. En el archipiélago mayoritario de “universidades” privadas de baja calidad no hay otro fin que hacer negocio con las necesidades de educación de los jóvenes que no encuentran espacio en el sector público y cuyos padres no pueden costear las colegiaturas de los centros reservados para la élite. En el mejor de los casos la universidad privada es una apuesta individual o de grupo por el éxito, no un compromiso con el progreso colectivo.
Con las características que tiene la educación superior privada en México, su expansión en detrimento de las universidades públicas significará menos posibilidades de acercarnos a los indicadores de los países desarrollados referidos al número de científicos por habitante (en México hay un astrónomo por cada medio millón de personas, cuando en España hay uno por cada 80 mil y en Estados Unidos uno por cada 50 mil), y más lejos estaremos de ser una nación con capacidad de participar con productos de alto valor agregado (por el componente de ciencia y tecnología) en los mercados internacionales, por lo que nos reafirmaríamos como un país importador neto de tecnología y exportador de productos primarios y maquila.
No puede pasarse por alto que el anuncio se hace en pleno proceso electoral. Con unas clases medias y altas — base tradicional del PAN— castigadas e irritadas por el pobre desempeño económico y la inseguridad sin freno, el gobierno quiere congraciarse con los valores elitistas de su electorado potencial. Bien visto, puro populismo de derecha.
fuente
Y ustedes... ¿ya decidieron a cual UNIVERSIDAD PRIVADA quieren ingresar para endeudarse DE POR VIDA?
Lamentable y absurdo que Calderón financie educación privada: especialistas.
Educación a Debate, Miércoles 11 de enero de 2012.
ED/ Héctor Rojas.
Como “lamentable”, “absurda” y “desdeñosa de la juventud” calificaron especialistas la reciente presentación del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior impulsado por el gobierno del presidente Felipe Calderón, en el cual participan seis bancos y 20 universidades privadas.
Este programa, que prevé financiar la educación de casi 23 mil jóvenes en instituciones con fines lucrativos y que tendrá una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, deja de manifiesto “una clara voluntad en favor de la educación privada y un desapego de la educación superior pública”, señaló Hugo Casanova Cardiel, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Si deseas escuchar la opinión de los especialistas, puedes hacerlo al dar click aquí.
Dicha opinión fue compartida por Ezequiel Maldonado, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien calificó la medida como un “absurdo”, toda vez que es la educación pública, “no la privada”, la que requiere financiamiento.
De igual modo, Danú Hernández, secretaria técnica de la organización Incidencia Civil en la Educación, consideró como un “error” dicha medida, pues “mercantiliza la educación, en lugar de contemplarla como un derecho”.
Al respecto, la Presidencia de la República emitió un comunicado donde señala que “la experiencia internacional demuestra que estos financiamientos democratizan el acceso a la educación superior”, aseveración con la cual estuvieron en desacuerdo los tres especialistas consultados por Educación a Debate.
Hugo Casanova añadió que “el mensaje que la actual administración está emitiendo es la de un desinterés por la sociedad y en especial por los jóvenes”, además, “ilustra de manera fehaciente cómo este gobierno fue un gobierno de ocurrencias”.
Con este tipo de medidas “todos pierden, incluso las instituciones privadas muy difícilmente verán incrementada de manera sustantiva su matrícula, la juventud mexicana obviamente no se va a favorecer con esto; y políticamente, como dicen, esto es un balazo en el pie, probablemente lo que está haciendo Calderón es darle el tiro de gracia a sus modestos candidatos”, advirtió Casanova Cardiel.
Aunado a ello, tanto Danú Hernández como Ezequiel Maldonado coincidieron en que este financiamiento a las instituciones privadas, es un ejemplo de la renuncia del Estado para garantizar la educación de la sociedad mexicana, toda vez que la educación debe ser “para todos y no sólo para unos cuantos”.
Destaca que el dinero contemplado por este programa, es un monto mayor al presupuesto con el que cuentan anualmente, por lo menos, 35 universidades públicas en nuestro país.
Finalmente, cabe resaltar que este programa de financiamiento contempla una cobertura crediticia de hasta 280 mil pesos para estudios de posgrado y de hasta 215 mil pesos para estudios de nivel licenciatura, los cuales se podrán pagar en un plazo de hasta 15 años y medio con una tasa de interés fija del 10 por ciento.
Presentación del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior
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Negocios y engaños.
Educación a Debate, Jueves 12 de enero de 2011.
Por Manuel Pérez Rocha.
El editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal llamado "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior" anunciado por Felipe Calderón un día antes. El citado "programa", cabe subrayar, es un indignante conjunto de engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no "financia" a la "educación superior" –pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese nivel educativo–, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo imparten.
En realidad, señala con acierto el editorial de La Jornada, se trata de un negocio bancario que beneficiará a esas instituciones educativas privadas, lucrativas, y a un conjunto de bancos, la mayor parte extranjeros (los gigantes HSBC, BBVA y Santander) y una Sofol apoyada por el Banco Mundial. Para los bancos y la Sofol no hay el menor riesgo: el "programa" está garantizado por Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los eventuales tropiezos serán pagados con recursos públicos; cobrarán sus intereses (10 por ciento según lo anunciado, pero en el folleto de Nafin ponen como "ejemplo indicativo" 12.5 por ciento) y el capital también está asegurado pues, para otorgar el crédito, se exige al estudiante contar con un "deudor solidario o aval con relación patrimonial "(engañosamente Calderón anunció que se eliminaba el requisito de una garantía hipotecaria); otros requisitos son que ni el estudiante ni el deudor solidario tengan "experiencia negativa en Buró de Crédito" y la contratación de un seguro de vida para el estudiante.
El director de Nafin promete a los bancos, para asegurarles clientes, que "las propias universidades harán un esfuerzo promocional con los estudiantes que quieran ingresar a su plantel mediante pláticas y material publicitario, y los bancos instalarán módulos de atención en los campus más importantes para orientar y recibir las aplicaciones (sic) correspondientes". Es necesario demandar que se hagan públicos los contratos de Nafin con los bancos, pues no queda clara la razón por la cual el gobierno destina ahora 2 mil 500 millones de pesos a este "programa", y llama la atención el entusiasmo de los bancos.
Una exigencia adicional a los estudiantes, para otorgar el crédito, es mantener como mínimo un promedio de calificaciones de ocho, lo cual implica que sea alumno regular y dedique tiempo completo a los estudios. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrán cumplir esas exigencias económicas y escolares? Un engaño de fondo es, pues, la afirmación de que con este programa se democratizará el acceso a la educación superior, se logrará una "sociedad mas cohesionada, más igualitaria y más solidaria" y se brindará "igualdad de oportunidades a todos los jóvenes". Este programa, se anuncia, "liberará, además, recursos para que las familias puedan destinar una mayor parte en vivienda o en ahorro para el futuro, suavizando el patrón de gasto que implica la educación". ¿Cuáles familias? Las familias privilegiadas que envían a sus hijos al Tecnológico de Monterrey –donde se anunció este programa– y otras instituciones semejantes, las cuales destinan parte de sus recursos a pagar altas colegiaturas. Aun con el crédito, los pagos están fuera del alcance de la gran mayoría de las familias mexicanas. En el folleto de Nafin se presenta un ejemplo: en el último semestre de su carrera el estudiante "beneficiado" con el crédito estaría pagando mil 875 pesos mensuales de intereses y 5 mil 555 pesos semestrales de complemento de colegiatura; los siguientes seis meses "de gracia" estaría pagando mil 875 pesos mensuales, y a partir de que consiga un empleo (en no más de seis meses) deberá efectuar 108 pagos de 2 mil 784 pesos mensuales. Resultado: por una carrera cuyo costo es 230 mil pesos acabaría pagando 371 mil 500 pesos en un plazo máximo de 10 años (sólo en colegiaturas).
El programa se estableció para ayudar a resolver los problemas de algunas de las familias de la "clase media alta" con dificultades para pagar las elevadas colegiaturas de esas instituciones lucrativas, procurar que no disminuya la clientela de éstas, garantizarles el pago de las colegiaturas con la obligación bancaria adquirida por las familias y dar una nueva oportunidad de negocios a los bancos. Nada tiene que ver con las necesidades de la juventud mexicana y la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. El programa es expresamente elitista, están excluidos los estudiantes de las instituciones públicas y los de las privadas no incorporadas a él. Es indignante que se presenten dichos negocios como "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior".
Con desmesura incomparable, tanto Calderón como los demás oradores en la ceremonia en la que se presentó este negocio proclamaron que con él "se elevará la productividad de nuestro país", y esto "se traduce en mayor inversión y creación de empleos", se fortalecerá "el desarrollo social de México y esto trae consigo menores tasas de delincuencia, reforzando así y complementando la estrategia de seguridad del país".
De manera reiterada, Calderón identificó a la educación privada como "la educación de calidad". Como indicador casual de dicha "calidad" está el siguiente párrafo de la intervención del rector general del Sistema Tecnológico de Monterrey en la ceremonia de presentación del "programa":
"Cuando yo vi toda la oportunidad de muchachos que no tienen oportunidad, que tienen un gran liderazgo y no tienen la oportunidad de acceder a la educación, cuando empecé a darme cuenta que (sic) el Tecnológico, más de la mitad de los alumnos tienen oportunidad de tener algún tipo de beca, pero que aun así hay todavía tres cuartas partes de mexicanos que están en edad de poder estar en estudios universitarios y no tienen acceso, la gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer?" (literal, sin comentarios).
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‘Estudiantes quedarán endeudados con financiamiento de Calderón’
Educación a Debate, Jueves 12 de enero del 2012.
ED/ Héctor Rojas.
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior privada es un sistema de crédito muy costoso, el cual, lejos de ayudar a “democratizar” el acceso a la universidad como dijo el presidente Felipe Calderón, dejará endeudados a los jóvenes mexicanos, coincidieron especialistas en el tema.
El modelo de educación privada impulsado durante la dictadura en Chile, actualmente contempla que los estudiantes del país austral paguen un interés del 3 por ciento anual por los préstamos solicitados para costear su educación superior.
En México, el economista Ciro Murayama señaló que el 10 por ciento de interés anual que pretende cobrar el sistema de financiamiento impulsado por el gobierno federal dejará a los jóvenes estudiantes una deuda mayor que la de una hipoteca.
Asimismo, Rolando Cordera, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que este programa terminará beneficiando a los bancos y a las IES privadas y no a los estudiantes, los cuales acabarán como morosos.
Además, en una época donde en México “el empleo es lo más difuso que existe, lo que podemos tener en un tiempo es una especie de FOBAPROA” estudiantil, lamentó Cordera.
Por su parte, Germán Álvarez Mendiola, académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), señaló que antes de pensar en el financiamiento bancario a la educación superior privada es necesaria una regulación para asegurar la calidad de la enseñanza que los jóvenes reciben en las instituciones privadas.
Los tres especialistas lamentaron también el momento en el cual el presidente Calderón anunció esta medida, pues consideraron que su fundamento es meramente electoral.
Aunado a ello, Ciro Murayama reconoció que esta medida mercantiliza la educación y consideró como “una mala broma” que el Presidente presente este programa como un mecanismo para favorecer la democratización y la equidad en la educación superior, pues en la práctica esta medida refleja “justo lo contrario”.
Cordera consideró como “muy irrespetuoso” que el anuncio se haga en un año electoral, cuando además “está registrado que las universidades públicas, principalmente las de los estados, están enfrentando problemas muy serios de financiamiento”.
Finalmente, Germán Álvarez consideró que el gobierno federal está emitiendo mensajes contradictorios, uno a través del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, quien se pronuncia por fortalecer la educación pública y otro por el presidente Calderón, quien pretende fortalecer la educación privada a través de este tipo de financiamientos.
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Educación privada y populismo de derecha.
Educación a Debate, Jueves 12 de enero de 2012.
Por Ciro Murayama.
No es un asunto menor el que el jefe del Estado mexicano decida canalizar recursos de la nación para financiar a la educación superior privada. Con esa decisión, claro está, se distraen montos de las arcas públicas que bien pudieran destinarse a becas para alumnos de bajos ingresos —si se tratase de ayudar a la economía de las familias— o a las instituciones de educación superior públicas que no dejan de enfrentar importantes restricciones presupuestales para, por ejemplo, invertir en infraestructura y renovar sus plantas académicas.
Pero la afectación no sólo es por la distracción de recursos, sino por el hecho de que desde la máxima responsabilidad pública del país se legitime y se impulse la educación superior privada en detrimento de la pública. En las últimas décadas fue tomando carta de naturalidad que ciertas élites económicas identificaran educación privada con calidad (lo cual no es siempre ni rigurosamente cierto), que enviaran a sus hijos al circuito de la preparación particular y que dieran prioridad a la contratación de profesionistas egresados de escuelas privadas. Más tarde el propio sector público demandó cada vez más a técnicos provenientes de institutos privados, sobre todo en los cargos de alta remuneración, y ahora en el extremo desde el Ejecutivo federal se inyectan recursos a las universidades particulares.
La apuesta política y cultural del gobierno federal, que ahora tiene concreción en apoyo económico, por la educación superior privada tiene implicaciones de índole social, fomentando la mercantilización y exclusión educativa, pero también sobre el desarrollo científico y tecnológico del país. Aquí, las universidades particulares viven básicamente del cobro de colegiaturas, no de las donaciones de empresas y fundaciones, como ocurre en Estados Unidos. De lo anterior que en el sector privado de la educación superior en México no se realice investigación básica y que sus actividades se vean circunscritas a la lógica de la rentabilidad: no se ofrecen carreras con baja demanda estudiantil (física o biología) o alto costo (aquellas donde hay que hacer inversiones cuantiosas en laboratorios y materiales), ni se promueve la investigación que no tenga como fin arrojar altas tasas de retorno en el corto plazo.
En el estrecho segmento de alta calidad que existe en la educación superior privada en México el objetivo es la formación y reproducción de élites, no la movilidad social o el desarrollo científico. En el archipiélago mayoritario de “universidades” privadas de baja calidad no hay otro fin que hacer negocio con las necesidades de educación de los jóvenes que no encuentran espacio en el sector público y cuyos padres no pueden costear las colegiaturas de los centros reservados para la élite. En el mejor de los casos la universidad privada es una apuesta individual o de grupo por el éxito, no un compromiso con el progreso colectivo.
Con las características que tiene la educación superior privada en México, su expansión en detrimento de las universidades públicas significará menos posibilidades de acercarnos a los indicadores de los países desarrollados referidos al número de científicos por habitante (en México hay un astrónomo por cada medio millón de personas, cuando en España hay uno por cada 80 mil y en Estados Unidos uno por cada 50 mil), y más lejos estaremos de ser una nación con capacidad de participar con productos de alto valor agregado (por el componente de ciencia y tecnología) en los mercados internacionales, por lo que nos reafirmaríamos como un país importador neto de tecnología y exportador de productos primarios y maquila.
No puede pasarse por alto que el anuncio se hace en pleno proceso electoral. Con unas clases medias y altas — base tradicional del PAN— castigadas e irritadas por el pobre desempeño económico y la inseguridad sin freno, el gobierno quiere congraciarse con los valores elitistas de su electorado potencial. Bien visto, puro populismo de derecha.
fuente
Y ustedes... ¿ya decidieron a cual UNIVERSIDAD PRIVADA quieren ingresar para endeudarse DE POR VIDA?
