Quiza este pequeño texto ayude a centrar el tema, ya que el caso triqui esta muy lejos de ser racismo como tal.
EN EL TEMA de la obtención de los minerales, los dueños del capital hacen lo suyo. Van por la tajada del león a costa de engañar a los nativos dueños de los yacimientos, pero los curas actúan aviesamente porque también van por lo suyo.
EL ACTIVISMO del cura WILFRIDO MAYREN “Uvi”, de su adepto MARTÍN OCTAVIO GARCÍA párroco de Ocotlán, en San José del Progreso, de la mano con los grupos radicales, no es tanto por la defensa de los indígenas o del medio ambiente. Sus fines son otros y, nada claros.
ACTÚAN en San José del Progreso donde han dividido al pueblo y causado crímenes como los del presidente municipal Venancio Martínez y el síndico Misael Hernández, pero nada dicen del proyecto de Zaniza, en la Sierra Sur. UVI y sus huestes guardan estratégico silencio.
Aún así se vanaglorian exhibiendo con trofeo de guerra la libertad incondicional de uno de los sospechosos de los dos asesinatos que, obviamente, pertenecen a su grupo. Los indígenas son convencidos por las empresas, los curas los engañan, ambos buscan su propio beneficio. Lo que menos le interesa es la suerte de los nativos.
EL SIGUIENTE artículo del investigador de la UNAM, el doctor Andrés Barreda, nos da luz en torno al escabroso tema de la explotación mineral:
LA AGRESIÓN de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que re ilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa (el Cristo del Pueblo) de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.
Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.
Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.
No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.
Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.
Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.
En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.
El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca , los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.
Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de líderes comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.
La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur ; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.
Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala. Hasta aquí el documento.
NO PUEDE ser casual, entonces, el activismo del padre UVI, también en esa zona.
Saludos
