Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) identificó a otros cinco involucrados en la muerte de por lo menos 126 personas en San Fernando, Tamaulipas, y ofreció recompensas que van de los 5 a los 15 millones de pesos por informes que lleven a su captura. En esta investigación también fueron detenidos 16 policías de ese ayuntamiento, por haber encubierto los asesinatos realizados por integrantes del cártel de Los Zetas, informó en conferencia de prensa la procuradora Marisela Morales.
En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que mandos de las fuerzas armadas propusieron al presidente Felipe Calderón suspender garantías en 12 municipios de Tamaulipas, "para realizar acciones contundentes, amparadas en el respeto a los derechos humanos, contra los integrantes del crimen organizado que operan en la zona".
Para que se pueda realizar una suspensión de garantías, se requiere la aprobación de los secretarios de Estado, la PGR y el Congreso de la Unión.
Letra constitucional
Al respecto, el artículo 29 constitucional señala: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.
"Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde".
Funcionarios consultados señalaron que no es la primera ocasión que se hace esa propuesta; anteriormente ya había ocurrido con Ciudad Juárez, y lo que ha hecho el gobierno federal ha sido modificar su estrategia sin afectar las garantías individuales.
La información recabada refiere que la propuesta menciona que las acciones se deben realizar en los municipios que han afectado la seguridad de la población e intereses sociales y políticos hacia otras comunidades, como son Nuevo Laredo, Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Méndez, San Fernando, así como algunos puntos fronterizos de Estados Unidos.
Por lo que hace a la procuradora Marisela Morales, informó que otros involucrados en la muerte de más de 120 personas son: Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, líder de las células de Los Zetas; Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, jefe de célula; Román Ricardo Palomo Rincones, El Coyote, líder de plaza en San Fernando, y Saraí Fabiola Díaz Arroyo.
Por los primeros dos, la PGR ofreció pagar una recompensa de hasta 15 millones de pesos; hasta 10 millones por Palomo Rincones, y hasta 5 millones de pesos por Díaz Arroyo.
Los elementos de la policía municipal de San Fernando que ya fueron detenidos por “dar protección a Los Zetas en la región, y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio, son: Guadalupe Hernández Ibarra, Remigio Camarillo Mireles, Óscar Jaramillo Sosa, Martín García Badillo, José Luis Aguilar Vélez, Jesús Ramos Pérez, Eleodoro Robles Sánchez, Elpidio Reyes Sáenz, Gilberto Rivera Hernández, Lázaro Flores Peña, María Guadalupe Galván Hernández, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, José Manuel Ávila Lugo y Rogelio de la Portilla Heredia.
Respecto del operativo para la zona tamaulipeca, fuentes castrenses y navales indicaron que el Ejército y la Armada de México incrementarán el número de elementos en la llamada "frontera chica" de Tamaulipas y en el corredor Ciudad Victoria-Reynosa.
Agregaron que el alto mando militar aún no determina la cantidad de efectivos que se sumarán a los 6 mil que permanecen de manera permanente en esa entidad, como parte de las operaciones de alto impacto en contra del crimen organizado desde hace más de un año.
En tanto que 500 marinos apoyarán las labores de inteligencia y recorridos de vigilancia que ya desarrollan unos 2 mil 500 efectivos en el lugar.
Fuente
En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que mandos de las fuerzas armadas propusieron al presidente Felipe Calderón suspender garantías en 12 municipios de Tamaulipas, "para realizar acciones contundentes, amparadas en el respeto a los derechos humanos, contra los integrantes del crimen organizado que operan en la zona".
Para que se pueda realizar una suspensión de garantías, se requiere la aprobación de los secretarios de Estado, la PGR y el Congreso de la Unión.
Letra constitucional
Al respecto, el artículo 29 constitucional señala: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.
"Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde".
Funcionarios consultados señalaron que no es la primera ocasión que se hace esa propuesta; anteriormente ya había ocurrido con Ciudad Juárez, y lo que ha hecho el gobierno federal ha sido modificar su estrategia sin afectar las garantías individuales.
La información recabada refiere que la propuesta menciona que las acciones se deben realizar en los municipios que han afectado la seguridad de la población e intereses sociales y políticos hacia otras comunidades, como son Nuevo Laredo, Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Méndez, San Fernando, así como algunos puntos fronterizos de Estados Unidos.
Por lo que hace a la procuradora Marisela Morales, informó que otros involucrados en la muerte de más de 120 personas son: Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, líder de las células de Los Zetas; Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, jefe de célula; Román Ricardo Palomo Rincones, El Coyote, líder de plaza en San Fernando, y Saraí Fabiola Díaz Arroyo.
Por los primeros dos, la PGR ofreció pagar una recompensa de hasta 15 millones de pesos; hasta 10 millones por Palomo Rincones, y hasta 5 millones de pesos por Díaz Arroyo.
Los elementos de la policía municipal de San Fernando que ya fueron detenidos por “dar protección a Los Zetas en la región, y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio, son: Guadalupe Hernández Ibarra, Remigio Camarillo Mireles, Óscar Jaramillo Sosa, Martín García Badillo, José Luis Aguilar Vélez, Jesús Ramos Pérez, Eleodoro Robles Sánchez, Elpidio Reyes Sáenz, Gilberto Rivera Hernández, Lázaro Flores Peña, María Guadalupe Galván Hernández, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, José Manuel Ávila Lugo y Rogelio de la Portilla Heredia.
Respecto del operativo para la zona tamaulipeca, fuentes castrenses y navales indicaron que el Ejército y la Armada de México incrementarán el número de elementos en la llamada "frontera chica" de Tamaulipas y en el corredor Ciudad Victoria-Reynosa.
Agregaron que el alto mando militar aún no determina la cantidad de efectivos que se sumarán a los 6 mil que permanecen de manera permanente en esa entidad, como parte de las operaciones de alto impacto en contra del crimen organizado desde hace más de un año.
En tanto que 500 marinos apoyarán las labores de inteligencia y recorridos de vigilancia que ya desarrollan unos 2 mil 500 efectivos en el lugar.
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