En 10 años, de 2000 a 2010, el número automóviles particulares en México aumentó más de 100%, al pasar de 9 millones 786,000 a poco más de 21 millones –lo que significó una tasa media anual de crecimiento de 7.9% por ciento–, y de seguir así la cifra en el largo plazo sería “pavorosa”, por ello, la Iniciativa Privada (IP) propone la aplicación de un impuesto verde a la gasolina para combatir los efectos negativos ocasionados por el uso excesivo de vehículos particulares.
En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), a través de su "Análisis económico ejecutivo", plantea la creación de un impuesto "verde" de cinco pesos al litro de gasolinas, con lo que se buscaría propiciar un uso más racional y reducir las emisiones, la congestión vehicular y obtener recursos adicionales para fortalecer el sistema de transporte público.
No hacerlo, apunta, referirá un reto para el país, ya que no habrá forma de financiar la infraestructura que se requerirá para dar cabida a 70 millones de vehículos –según su previsión para 2035– y, al mismo tiempo, enfrentar las necesidades de la población (agua potable, saneamiento, salud, educación, entre otras) y de las empresas (en puertos, aeropuertos, carreteras, tecnología, etcétera).
¿Por qué los mexicanos son tan dependientes al uso de vehículos particulares? De inicio, el CEESP destaca que los mexicanos hacen de todo por adquirir un automóvil con la finalidad de evitar el transporte público, porque en la gran mayoría de los casos, la alternativa “es de extraordinaria mala calidad, frecuentemente caro, lento y peligroso”.
Por ello, la IP considera que esta medida de "el que contamina paga" se encuentra en “el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles alineada con los objetivos de crecimiento y competitividad, y acorde con las necesidades del país”, señalando que la política de fijación de precios llevada a cabo por el Gobierno no ha dado buenos resultados.
Tal es de esa manera, considera el organismo de investigación del sector privado, que los los subsidios a los combustibles fueron “verdaderas fortunas” que pudieron ser utilizadas en una política moderna de transporte de calidad, pero por el contrario incentivó aún más la compra de automóviles particulares, que se traduce en el incremento de la contaminación atmosférica y los accidentes viales, con lo que el costo social ha sido "simplemente colosal".
Establecer un sobreprecio de alrededor de cinco pesos por litro de combustible en el país permitirá recaudar recursos para modernizar y subsidiar el transporte público, así como a mitigar los daños en salud y ambientales.
Consciente de los resquemores que puede generar una propuesta como ésta, el CEESP reconoce que los consumidores directos de combustibles verán esta propuesta como una afrenta porque resentirán de inmediato el efecto en sus carteras, pero los millones de personas que tienen necesariamente que usar el transporte público lo verán como un extraordinario beneficio.
"Tal vez lo más relevante es que podría ser el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles acorde con las necesidades que tiene el país", sentencia el análisis del organismo de estudio de la IP.
¿Pero es esto realmente una solución? Para una parte importante de los expertos no lo es, incluso algunos consideran esta propuesta como una idea “suicida”, ya que terminará por lesionar las carteras de la mayor parte de la población, aun cuando ésta no consuma gasolina, ya que el contexto macroeconómico (inflación) hace inviable dicho impuesto.
Así la lectura del círculo rojo: la aplicación de un impuesto de cinco pesos a cada litro de gasolina afectaría severamente en los niveles inflacionarios del país, cabe recordar que los aumentos al transporte público en el Distrito Federal impactaron en la inflación al grado de que ésta alcanzó su mayor nivel en siete meses. Por ello la renuencia a una medida permanente como la propuesta del CEESP.
En otras palabras, si los llamados gasolinazos –incremento mensuales de cuatro, cinco u ocho centavos en el precio de los combustibles– hay impactado en el presupuesto de la mayoría de las familias mexicanas, un impuesto adicional de cinco pesos a cada litro de gasolina ocasionaría el aumento en los precios de alimentos, medicinas, servicios, etcétera; encarecería los procesos productivos, bajaría el consumo y provocaría más desempleo.
Todo lo anterior afectaría a la clase media y, sobre todo, a la clase pobre, ya que el impacto de este gravamen verde no sería absorbido, como señala el CEESP, por el 10% de la población mexicana que concentra el 80% de la riqueza nacional, sino por los millones de pobres y personas en pobreza alimentaria.
En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), a través de su "Análisis económico ejecutivo", plantea la creación de un impuesto "verde" de cinco pesos al litro de gasolinas, con lo que se buscaría propiciar un uso más racional y reducir las emisiones, la congestión vehicular y obtener recursos adicionales para fortalecer el sistema de transporte público.
No hacerlo, apunta, referirá un reto para el país, ya que no habrá forma de financiar la infraestructura que se requerirá para dar cabida a 70 millones de vehículos –según su previsión para 2035– y, al mismo tiempo, enfrentar las necesidades de la población (agua potable, saneamiento, salud, educación, entre otras) y de las empresas (en puertos, aeropuertos, carreteras, tecnología, etcétera).
¿Por qué los mexicanos son tan dependientes al uso de vehículos particulares? De inicio, el CEESP destaca que los mexicanos hacen de todo por adquirir un automóvil con la finalidad de evitar el transporte público, porque en la gran mayoría de los casos, la alternativa “es de extraordinaria mala calidad, frecuentemente caro, lento y peligroso”.
Por ello, la IP considera que esta medida de "el que contamina paga" se encuentra en “el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles alineada con los objetivos de crecimiento y competitividad, y acorde con las necesidades del país”, señalando que la política de fijación de precios llevada a cabo por el Gobierno no ha dado buenos resultados.
Tal es de esa manera, considera el organismo de investigación del sector privado, que los los subsidios a los combustibles fueron “verdaderas fortunas” que pudieron ser utilizadas en una política moderna de transporte de calidad, pero por el contrario incentivó aún más la compra de automóviles particulares, que se traduce en el incremento de la contaminación atmosférica y los accidentes viales, con lo que el costo social ha sido "simplemente colosal".
Establecer un sobreprecio de alrededor de cinco pesos por litro de combustible en el país permitirá recaudar recursos para modernizar y subsidiar el transporte público, así como a mitigar los daños en salud y ambientales.
Consciente de los resquemores que puede generar una propuesta como ésta, el CEESP reconoce que los consumidores directos de combustibles verán esta propuesta como una afrenta porque resentirán de inmediato el efecto en sus carteras, pero los millones de personas que tienen necesariamente que usar el transporte público lo verán como un extraordinario beneficio.
"Tal vez lo más relevante es que podría ser el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles acorde con las necesidades que tiene el país", sentencia el análisis del organismo de estudio de la IP.
¿Pero es esto realmente una solución? Para una parte importante de los expertos no lo es, incluso algunos consideran esta propuesta como una idea “suicida”, ya que terminará por lesionar las carteras de la mayor parte de la población, aun cuando ésta no consuma gasolina, ya que el contexto macroeconómico (inflación) hace inviable dicho impuesto.
Así la lectura del círculo rojo: la aplicación de un impuesto de cinco pesos a cada litro de gasolina afectaría severamente en los niveles inflacionarios del país, cabe recordar que los aumentos al transporte público en el Distrito Federal impactaron en la inflación al grado de que ésta alcanzó su mayor nivel en siete meses. Por ello la renuencia a una medida permanente como la propuesta del CEESP.
En otras palabras, si los llamados gasolinazos –incremento mensuales de cuatro, cinco u ocho centavos en el precio de los combustibles– hay impactado en el presupuesto de la mayoría de las familias mexicanas, un impuesto adicional de cinco pesos a cada litro de gasolina ocasionaría el aumento en los precios de alimentos, medicinas, servicios, etcétera; encarecería los procesos productivos, bajaría el consumo y provocaría más desempleo.
Todo lo anterior afectaría a la clase media y, sobre todo, a la clase pobre, ya que el impacto de este gravamen verde no sería absorbido, como señala el CEESP, por el 10% de la población mexicana que concentra el 80% de la riqueza nacional, sino por los millones de pobres y personas en pobreza alimentaria.
Altonivel.com.mx
