La universidad surgió en México en 1551, consecuencia directa de lo que puede ser considerado como el primer fenómeno globalizador que se dio en nuestro planeta, cuando el viejo mundo descubría al nuevo mundo que en muchos aspectos era más antiguo y rico que el viejo.
Con las cédulas que Felipe II, en nombre de su padre Carlos I, emitió en ese año, México, Santo Domingo y Lima incorporaron a su acervo una de las instituciones culturales más importantes desarrolladas por la Europa Medieval: la universidad. Para ello se recurrió a los expedientes de Salamanca, Alcalá de Henares y Sevilla.
Desde entonces, en la universidad quedaron plasmados los valores de nuestras culturas prehispánicas, los principios de la filosofía aristotélica y del derecho romano, y las esclarecedoras ideas del Renacimiento.
Por la universidad llegaron a nosotros los principios renovadores de la Enciclopedia, de la Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución francesa.
En medio de la lucha entre liberales y conservadores en el siglo XIX, la universidad quedó atrapada y se convirtió en una institución que no supo entender la dinámica de un país convulso. Sólo así se explica que en esa época la cerraran o la reabrieran personajes tan disímbolos como Antonio López de Santa Anna o Benito Juárez; actos que, por cierto, se hacían con bombo y platillo en ceremonias que ya desde entonces ocupaban los titulares de los diarios de la época.
No obstante, aquel injerto de una cultura ajena que en su origen fue la Universidad Real y Pontificia, se nos fue haciendo cada vez más propio, hasta volverse puntal en el espíritu de la patria.
En la universidad certificaron sus estudios iniciales los mayores capitanes de nuestra Independencia; y a pesar de que transcurrió casi un siglo entre guerras intestinas y asaltos extranjeros, la universidad, con carácter nacional, volvió a surgir con fuerza al tiempo que estalló la Revolución mexicana.
Se puede afirmar que hace cien años, en 1910, en medio de necesidades no resueltas y esperanzas seculares inspiradas en ideales democráticos, de justicia e igualdad, se entrelazaron dos grandes movimientos: uno con las armas de la guerra, otro con las armas aurorales de la educación. Así se gestó la Revolución mexicana y la Universidad Nacional de México, orientada por los nuevos objetivos de las ciencias y de las humanidades. Ahí se inició el México que ahora vivimos, y comenzó la más reciente historia de la universidad que, con sus permanentes luchas, se ha consumado como la gran institución que ahora es.
Desde que en 1929 adquirió su autonomía, la UNAM no ha dejado de aportar buenas cuentas: ha dejado su huella en el desarrollo del país, no sólo como la institución formadora de los cuadros humanos constructores de lo mejor del México actual y venero de óptimas manifestaciones docentes, de investigación y de difusión de la cultura. También, y sobre todo, ha sido defensora infatigable de los principios de libertad, solidaridad, verdad, democracia y justicia. De ahí que la universidad sea, ante todo, un proyecto social que ha dado respuestas a muchas de las grandes demandas educativas de la nación con una generosidad única.
A lo largo de su historia, para cumplir su misión, la universidad ha tenido que alternar con la indiferencia o la desmesura por parte del Estado. Hoy, cuando la institución es más plural y compleja, su misión es de nuevo objeto tanto de discusión como de admiración.
No elige entre transmitir conocimiento o producir investigación; entre extender la cultura o preparar profesionales; entre formar élites intelectuales o garantizar la igualdad de oportunidades. Asume que hay que hacer bien una cosa y otra.
¿Qué significa la autonomía universitaria?
Al igual que casi todo en el mundo actual, las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado han cambiado, y se encuentran en un proceso continuo de redefinición que plantea enormes retos desde el punto de vista intelectual y conceptual, pero también desde la perspectiva económica y política. Han cambiado las estructuras y las formas del poder, las expresiones de la cultura, los principios de la soberanía, los conceptos de ciudadanía, identidad y derechos humanos.
Prácticamente se han trastocado, en mayor o menor grado, todas las ideologías que prevalecieron en el siglo xx: liberalismo, socialismo, anarquismo, marxismo, comunismo, conservadurismo, democracia cristiana y socialdemocracia, por mencionar algunas.
Desde la Edad Media, las primeras universidades europeas fueron autónomas de los poderes civiles y eclesiásticos. No los desafiaban, no los combatían, sólo los eludían. Las universidades eran favorecidas por la protección papal, pero esta protección no necesariamente significaba que las instituciones educativas tuvieran que rendir cuentas a los jerarcas de la Iglesia, o que se establecieran necesariamente en ellas, a cambio, prohibiciones para tratar ciertos temas.
Los universitarios del siglo XIV defendían celosamente su independencia, tal vez porque pensaban que el saber y la inteligencia necesitan, para desarrollarse, un margen de libertad que no siempre cabe en el ámbito de la política; o también porque desde entonces ejercían uno de los atributos más importantes de la actividad intelectual, que es el ejercicio crítico. De ahí que necesitaran la independencia como condición indispensable para ejercer su pensamiento autónomo.
Hoy la universidad ha dejado de ser el claustro cerrado que fue durante siglos. Ese espacio, antes casi exclusivamente destinado a la reflexión, sin perder su esencia, se ha convertido en un sitio abierto al debate de todas las ideologías; un punto de convergencia en el que la pluralidad y la tolerancia se han convertido en los ejes fundamentales que norman la vida de las comunidades universitarias.
Por ello, la relación entre universidad, Estado y sociedad, que se caracteriza por influencias recíprocas, se ha vuelto mucho más compleja. La universidad ejerce influencia importante sobre la sociedad, y la sociedad, que auspicia a las universidades, también influye sobre éstas y les plantea de manera permanente nuevas exigencias y demandas. El Estado democrático reconoce en sus leyes la autonomía universitaria, más allá de su obligación de contribuir a su financiamiento.
La universidad, por supuesto, tiene obligaciones claras con ambos pero, al mismo tiempo, debe mantener sus principios fundamentales, que le han dado no sólo la capacidad de sobrevivir durante muchos años, sino de adaptarse a los cambios continuos a lo largo de la historia.
Es posible definir la misión actual de la universidad con las mismas palabras que dijera Alfonso Reyes: “En la universidad cabe todo, menos lo absurdo”. A pesar de ser una definición amplia y abstracta, refleja muy bien lo que hoy en día deben ser las universidades: espacios en los que, en efecto, quepa todo, menos aquello que por absurdo no pueda tener un lugar en una casa donde la razón, la crítica, el análisis y la libertad son elementos fundamentales.
El reto está en que la universidad se adapte a los cambios vertiginosos de cada época y que, al mismo tiempo, no desvirtúe su naturaleza ni su misión esencial. Y es que la misión de la universidad, independientemente del contexto en que esté inmersa, sigue siendo la misma: la enseñanza, la investigación, la extensión del conocimiento y la cultura entre amplios sectores de la sociedad.
La academia sigue siendo su razón de ser y es necesario subrayarlo debido a que, como consecuencia de diversas influencias y presiones sociales, económicas y políticas, la universidad está en riesgo constante de perder la brújula, de tomar una orientación diferente, y, en consecuencia, desnaturalizarse.
La universidad, al estar inmersa en los problemas de la sociedad que la auspicia, no puede ser una institución militante; no puede plegarse a los dogmas, ni a las doctrinas, ni a los intereses políticos; menos aún a las modas económicas que ejercen una enorme influencia y presión en prácticamente todos los países. Para preservar su cometido, la universidad tiene que mantener los elementos primordiales sin los cuales la academia no sería posible: la libertad, la autonomía y la independencia. Resulta forzoso que la universidad sea, ante la complejidad en la que está inmersa, radicalmente independiente. Si pierde esa capacidad, dejará de ser esa conciencia crítica que las sociedades requieren para poder examinarse y encontrar mejores caminos en su desarrollo.
La academia es la que le da sentido a la universidad y es lo que le permite ser y mantenerse como una institución viva y vigente, con independencia de los cambios sociales y políticos. Sin la autonomía, no puede haber libertad académica.
La UNAM ha cumplido sus primeros 100 años como universidad de la nación y sus primeros 81 años de vida autónoma. No fue la nuestra la primera universidad en México que obtuvo la autonomía; lo hicieron antes la Universidad de San Luis Potosí, y la Universidad Nicolaíta de Michoacán. Pero la autonomía de la UNAM tuvo, por el carácter nacional de la institución, un impacto social más amplio y una mayor trascendencia en el contexto de la educación superior en nuestro país.
La autonomía de la universidad, obtenida en 1929, marcó de manera decisiva e irreversible el curso de la educación superior en México, así como el de muchos de los fenómenos que más impactaron el desarrollo de nuestro país a lo largo de todo el siglo pasado, y esas repercusiones siguen teniendo vigencia en estos primeros años del nuevo milenio.
Los universitarios que enarbolaron la bandera de la autonomía estaban en contra de la intromisión del gobierno en la vida universitaria y en la orientación de sus planes y programas de estudio. Se negaron a ser víctimas de esta injerencia, que inhibía el pensamiento libre y la impartición de las diversas cátedras dentro de la lógica de pluralidad de corrientes de pensamiento que debía caracterizar al saber universitario.
Cuatro décadas después, en 1968, la comunidad universitaria, junto con miles de estudiantes de otras instituciones y miembros de la naciente sociedad civil, fue protagonista y, al final, también lamentable víctima de un movimiento social sin el cual difícilmente podría entenderse nuestra aún joven democracia. No obstante, la UNAM supo preservar para todos -universitarios y no universitarios- el derecho de pensar, de expresarse, de reunirse libremente y de disentir.
Fueron los universitarios de entonces quienes lograron resistir los embates contra la autonomía, salvaguardándola e impulsando la lucha por las libertades democráticas que tenemos en la actualidad.
La libertad académica se fortaleció y con ella se consolidaron la pluralidad y la diversidad como rasgos distintivos de la comunidad universitaria.
Hay otros ejemplos más recientes del impacto que tuvo la autonomía universitaria en nuestro país, y que se reflejan en la autonomía obtenida por otros organismos e instituciones que demandaron su carácter autónomo para cumplir cabalmente con las obligaciones que la sociedad les encomendó desde su origen: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el propio Banco de México, son algunas de las instituciones del Estado que ahora son autónomas, al igual que la UNAM.
No obstante, y siendo tan esencial para las tareas sustantivas de una institución, el concepto de autonomía en la relación universidad-Estado pende de un hilo delgado y sensible sobre todo en lo que respecta al tema del financiamiento. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la actitud del Estado ante las instituciones autónomas? Frente a los grandes problemas nacionales, las soluciones propuestas por la academia no siempre coinciden con los intereses de los políticos en el poder. Lo que da solidez y credibilidad social a los planteamientos universitarios no es sólo el rigor con el que se sustentan, sino también la independencia con la que se formulan. Sin autonomía, no habría ni lo uno ni lo otro.
En un Estado totalitario, esta autonomía prácticamente desaparece por la vía de los hechos. Pero una diferencia entre el Estado totalitario y el Estado democrático es que éste último propicia el desarrollo de instituciones autónomas. A lo largo de nuestra historia, cuando revisamos algunos de los conflictos más graves entre la universidad y el Estado mexicano, encontramos que el telón de fondo ha sido la autonomía universitaria confrontada con el autoritarismo.
La autonomía no significa extraterritorialidad; no puede significar la creación de un Estado dentro de otro Estado, pero sí significa el respeto absoluto por parte del Estado a las formas de organización y de gobierno de las universidades y, desde luego, a sus valores supremos: la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la capacidad para autogobernarse y autoadministrar su patrimonio. Cuando el Estado no respeta y no defiende los principios propios de la vida universitaria, se viola y violenta la autonomía universitaria.
Sin duda, en México también en este sentido se ha avanzado.
La relación que guarda la universidad con los poderes del Estado es cualitativamente mejor. Dicha relación se ha reconstruido a partir del conflicto de 1999, de modo que las interacciones entre la universidad y cada uno de estos poderes han ido encontrando cada vez más un marco institucional mejor definido. El presidente de la República o el secretario de Educación del gobierno en turno ya no son los únicos referentes en el marco de la relación institucional; ahora cuentan también el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos estatales, por mencionar algunos de los interlocutores cotidianos de la universidad, al margen del partido político al que pertenezcan.
La clave de ello ha estado en el establecimiento de un respeto mutuo, donde los poderes públicos no sucumben a la tentación de entrometerse en los asuntos internos de la universidad, y ésta no pierde de vista su naturaleza de institución descentralizada del Estado mexicano que, en consecuencia, debe también asumir mandatos legales de carácter general que rigen la vida de la sociedad mexicana. En ese contexto se resolvió la última huelga universitaria del siglo XX, y a partir de entonces, se construyó un nuevo y mejor equilibrio entre la Universidad y el Estado.
Es menos probable que ocurra un conflicto cuando las relaciones se establecen en estos términos, respetuosos y tolerantes, y cuando existe la voluntad política de respetar el marco legal de la autonomía universitaria, la cual es fundamental para preservar la esencia de la institución, que es la vida académica.
Desde luego, en la práctica, la relación de la universidad con el Estado es muy compleja. El Estado debe cumplir con su obligación de proveer los recursos necesarios para que la universidad pueda a su vez cumplir con las tareas que le ha encomendado la sociedad. La universidad, en ejercicio pleno de su autonomía, debe decidir internamente cómo administrar su patrimonio, y a qué dedicarle una mayor prioridad en un momento determinado, sobre todo ante la estrechez de recursos. Esto no significa que la universidad no tenga serias responsabilidades con la sociedad y con el propio Estado. Por supuesto que las tiene, y debe de tratar de cumplirlas de manera cada vez mejor.
Como reclamo generalizado y legítimo de la sociedad, la primera responsabilidad de la universidad es elevar la calidad de los servicios que ésta ofrece. La sociedad mexicana está dispuesta a seguir aportando recursos para subsidiar a la UNAM y a otras universidades públicas, pero a cambio exige, y con razón, que los servicios que recibe sean de la mejor calidad posible: servicios educativos, de investigación y de difusión de la cultura, que permitan que sectores cada vez más amplios puedan beneficiarse de ellos.
Hay también otras responsabilidades. Una de ellas, ineludible, es la transparencia y la rendición pública de cuentas. La UNAM lo ha hecho sin titubeos. El mito de que la autonomía impedía que la universidad ofreciera cuentas públicas auditadas ante los poderes que le otorgan el subsidio ha quedado desterrado, precisamente en ejercicio de la autonomía universitaria. La UNAM presenta de manera rigurosa, para su revisión frente al Poder Legislativo, sus estados financieros anualmente. Éste es un paso que, lejos de vulnerarla, ha fortalecido la autonomía universitaria. El buen juez por su casa empieza.
Juan Ramón de la Fuente
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/6464.html?awesm=fbshare.me_ATUZQ
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Este centenario si vale la pena. Aun con el PANismo encima, la UNAM sigue siendo una de las mejores universidades.
Con las cédulas que Felipe II, en nombre de su padre Carlos I, emitió en ese año, México, Santo Domingo y Lima incorporaron a su acervo una de las instituciones culturales más importantes desarrolladas por la Europa Medieval: la universidad. Para ello se recurrió a los expedientes de Salamanca, Alcalá de Henares y Sevilla.
Desde entonces, en la universidad quedaron plasmados los valores de nuestras culturas prehispánicas, los principios de la filosofía aristotélica y del derecho romano, y las esclarecedoras ideas del Renacimiento.
Por la universidad llegaron a nosotros los principios renovadores de la Enciclopedia, de la Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución francesa.
En medio de la lucha entre liberales y conservadores en el siglo XIX, la universidad quedó atrapada y se convirtió en una institución que no supo entender la dinámica de un país convulso. Sólo así se explica que en esa época la cerraran o la reabrieran personajes tan disímbolos como Antonio López de Santa Anna o Benito Juárez; actos que, por cierto, se hacían con bombo y platillo en ceremonias que ya desde entonces ocupaban los titulares de los diarios de la época.
No obstante, aquel injerto de una cultura ajena que en su origen fue la Universidad Real y Pontificia, se nos fue haciendo cada vez más propio, hasta volverse puntal en el espíritu de la patria.
En la universidad certificaron sus estudios iniciales los mayores capitanes de nuestra Independencia; y a pesar de que transcurrió casi un siglo entre guerras intestinas y asaltos extranjeros, la universidad, con carácter nacional, volvió a surgir con fuerza al tiempo que estalló la Revolución mexicana.
Se puede afirmar que hace cien años, en 1910, en medio de necesidades no resueltas y esperanzas seculares inspiradas en ideales democráticos, de justicia e igualdad, se entrelazaron dos grandes movimientos: uno con las armas de la guerra, otro con las armas aurorales de la educación. Así se gestó la Revolución mexicana y la Universidad Nacional de México, orientada por los nuevos objetivos de las ciencias y de las humanidades. Ahí se inició el México que ahora vivimos, y comenzó la más reciente historia de la universidad que, con sus permanentes luchas, se ha consumado como la gran institución que ahora es.
Desde que en 1929 adquirió su autonomía, la UNAM no ha dejado de aportar buenas cuentas: ha dejado su huella en el desarrollo del país, no sólo como la institución formadora de los cuadros humanos constructores de lo mejor del México actual y venero de óptimas manifestaciones docentes, de investigación y de difusión de la cultura. También, y sobre todo, ha sido defensora infatigable de los principios de libertad, solidaridad, verdad, democracia y justicia. De ahí que la universidad sea, ante todo, un proyecto social que ha dado respuestas a muchas de las grandes demandas educativas de la nación con una generosidad única.
A lo largo de su historia, para cumplir su misión, la universidad ha tenido que alternar con la indiferencia o la desmesura por parte del Estado. Hoy, cuando la institución es más plural y compleja, su misión es de nuevo objeto tanto de discusión como de admiración.
No elige entre transmitir conocimiento o producir investigación; entre extender la cultura o preparar profesionales; entre formar élites intelectuales o garantizar la igualdad de oportunidades. Asume que hay que hacer bien una cosa y otra.
¿Qué significa la autonomía universitaria?
Al igual que casi todo en el mundo actual, las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado han cambiado, y se encuentran en un proceso continuo de redefinición que plantea enormes retos desde el punto de vista intelectual y conceptual, pero también desde la perspectiva económica y política. Han cambiado las estructuras y las formas del poder, las expresiones de la cultura, los principios de la soberanía, los conceptos de ciudadanía, identidad y derechos humanos.
Prácticamente se han trastocado, en mayor o menor grado, todas las ideologías que prevalecieron en el siglo xx: liberalismo, socialismo, anarquismo, marxismo, comunismo, conservadurismo, democracia cristiana y socialdemocracia, por mencionar algunas.
Desde la Edad Media, las primeras universidades europeas fueron autónomas de los poderes civiles y eclesiásticos. No los desafiaban, no los combatían, sólo los eludían. Las universidades eran favorecidas por la protección papal, pero esta protección no necesariamente significaba que las instituciones educativas tuvieran que rendir cuentas a los jerarcas de la Iglesia, o que se establecieran necesariamente en ellas, a cambio, prohibiciones para tratar ciertos temas.
Los universitarios del siglo XIV defendían celosamente su independencia, tal vez porque pensaban que el saber y la inteligencia necesitan, para desarrollarse, un margen de libertad que no siempre cabe en el ámbito de la política; o también porque desde entonces ejercían uno de los atributos más importantes de la actividad intelectual, que es el ejercicio crítico. De ahí que necesitaran la independencia como condición indispensable para ejercer su pensamiento autónomo.
Hoy la universidad ha dejado de ser el claustro cerrado que fue durante siglos. Ese espacio, antes casi exclusivamente destinado a la reflexión, sin perder su esencia, se ha convertido en un sitio abierto al debate de todas las ideologías; un punto de convergencia en el que la pluralidad y la tolerancia se han convertido en los ejes fundamentales que norman la vida de las comunidades universitarias.
Por ello, la relación entre universidad, Estado y sociedad, que se caracteriza por influencias recíprocas, se ha vuelto mucho más compleja. La universidad ejerce influencia importante sobre la sociedad, y la sociedad, que auspicia a las universidades, también influye sobre éstas y les plantea de manera permanente nuevas exigencias y demandas. El Estado democrático reconoce en sus leyes la autonomía universitaria, más allá de su obligación de contribuir a su financiamiento.
La universidad, por supuesto, tiene obligaciones claras con ambos pero, al mismo tiempo, debe mantener sus principios fundamentales, que le han dado no sólo la capacidad de sobrevivir durante muchos años, sino de adaptarse a los cambios continuos a lo largo de la historia.
Es posible definir la misión actual de la universidad con las mismas palabras que dijera Alfonso Reyes: “En la universidad cabe todo, menos lo absurdo”. A pesar de ser una definición amplia y abstracta, refleja muy bien lo que hoy en día deben ser las universidades: espacios en los que, en efecto, quepa todo, menos aquello que por absurdo no pueda tener un lugar en una casa donde la razón, la crítica, el análisis y la libertad son elementos fundamentales.
El reto está en que la universidad se adapte a los cambios vertiginosos de cada época y que, al mismo tiempo, no desvirtúe su naturaleza ni su misión esencial. Y es que la misión de la universidad, independientemente del contexto en que esté inmersa, sigue siendo la misma: la enseñanza, la investigación, la extensión del conocimiento y la cultura entre amplios sectores de la sociedad.
La academia sigue siendo su razón de ser y es necesario subrayarlo debido a que, como consecuencia de diversas influencias y presiones sociales, económicas y políticas, la universidad está en riesgo constante de perder la brújula, de tomar una orientación diferente, y, en consecuencia, desnaturalizarse.
La universidad, al estar inmersa en los problemas de la sociedad que la auspicia, no puede ser una institución militante; no puede plegarse a los dogmas, ni a las doctrinas, ni a los intereses políticos; menos aún a las modas económicas que ejercen una enorme influencia y presión en prácticamente todos los países. Para preservar su cometido, la universidad tiene que mantener los elementos primordiales sin los cuales la academia no sería posible: la libertad, la autonomía y la independencia. Resulta forzoso que la universidad sea, ante la complejidad en la que está inmersa, radicalmente independiente. Si pierde esa capacidad, dejará de ser esa conciencia crítica que las sociedades requieren para poder examinarse y encontrar mejores caminos en su desarrollo.
La academia es la que le da sentido a la universidad y es lo que le permite ser y mantenerse como una institución viva y vigente, con independencia de los cambios sociales y políticos. Sin la autonomía, no puede haber libertad académica.
La UNAM ha cumplido sus primeros 100 años como universidad de la nación y sus primeros 81 años de vida autónoma. No fue la nuestra la primera universidad en México que obtuvo la autonomía; lo hicieron antes la Universidad de San Luis Potosí, y la Universidad Nicolaíta de Michoacán. Pero la autonomía de la UNAM tuvo, por el carácter nacional de la institución, un impacto social más amplio y una mayor trascendencia en el contexto de la educación superior en nuestro país.
La autonomía de la universidad, obtenida en 1929, marcó de manera decisiva e irreversible el curso de la educación superior en México, así como el de muchos de los fenómenos que más impactaron el desarrollo de nuestro país a lo largo de todo el siglo pasado, y esas repercusiones siguen teniendo vigencia en estos primeros años del nuevo milenio.
Los universitarios que enarbolaron la bandera de la autonomía estaban en contra de la intromisión del gobierno en la vida universitaria y en la orientación de sus planes y programas de estudio. Se negaron a ser víctimas de esta injerencia, que inhibía el pensamiento libre y la impartición de las diversas cátedras dentro de la lógica de pluralidad de corrientes de pensamiento que debía caracterizar al saber universitario.
Cuatro décadas después, en 1968, la comunidad universitaria, junto con miles de estudiantes de otras instituciones y miembros de la naciente sociedad civil, fue protagonista y, al final, también lamentable víctima de un movimiento social sin el cual difícilmente podría entenderse nuestra aún joven democracia. No obstante, la UNAM supo preservar para todos -universitarios y no universitarios- el derecho de pensar, de expresarse, de reunirse libremente y de disentir.
Fueron los universitarios de entonces quienes lograron resistir los embates contra la autonomía, salvaguardándola e impulsando la lucha por las libertades democráticas que tenemos en la actualidad.
La libertad académica se fortaleció y con ella se consolidaron la pluralidad y la diversidad como rasgos distintivos de la comunidad universitaria.
Hay otros ejemplos más recientes del impacto que tuvo la autonomía universitaria en nuestro país, y que se reflejan en la autonomía obtenida por otros organismos e instituciones que demandaron su carácter autónomo para cumplir cabalmente con las obligaciones que la sociedad les encomendó desde su origen: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el propio Banco de México, son algunas de las instituciones del Estado que ahora son autónomas, al igual que la UNAM.
No obstante, y siendo tan esencial para las tareas sustantivas de una institución, el concepto de autonomía en la relación universidad-Estado pende de un hilo delgado y sensible sobre todo en lo que respecta al tema del financiamiento. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la actitud del Estado ante las instituciones autónomas? Frente a los grandes problemas nacionales, las soluciones propuestas por la academia no siempre coinciden con los intereses de los políticos en el poder. Lo que da solidez y credibilidad social a los planteamientos universitarios no es sólo el rigor con el que se sustentan, sino también la independencia con la que se formulan. Sin autonomía, no habría ni lo uno ni lo otro.
En un Estado totalitario, esta autonomía prácticamente desaparece por la vía de los hechos. Pero una diferencia entre el Estado totalitario y el Estado democrático es que éste último propicia el desarrollo de instituciones autónomas. A lo largo de nuestra historia, cuando revisamos algunos de los conflictos más graves entre la universidad y el Estado mexicano, encontramos que el telón de fondo ha sido la autonomía universitaria confrontada con el autoritarismo.
La autonomía no significa extraterritorialidad; no puede significar la creación de un Estado dentro de otro Estado, pero sí significa el respeto absoluto por parte del Estado a las formas de organización y de gobierno de las universidades y, desde luego, a sus valores supremos: la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la capacidad para autogobernarse y autoadministrar su patrimonio. Cuando el Estado no respeta y no defiende los principios propios de la vida universitaria, se viola y violenta la autonomía universitaria.
Sin duda, en México también en este sentido se ha avanzado.
La relación que guarda la universidad con los poderes del Estado es cualitativamente mejor. Dicha relación se ha reconstruido a partir del conflicto de 1999, de modo que las interacciones entre la universidad y cada uno de estos poderes han ido encontrando cada vez más un marco institucional mejor definido. El presidente de la República o el secretario de Educación del gobierno en turno ya no son los únicos referentes en el marco de la relación institucional; ahora cuentan también el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos estatales, por mencionar algunos de los interlocutores cotidianos de la universidad, al margen del partido político al que pertenezcan.
La clave de ello ha estado en el establecimiento de un respeto mutuo, donde los poderes públicos no sucumben a la tentación de entrometerse en los asuntos internos de la universidad, y ésta no pierde de vista su naturaleza de institución descentralizada del Estado mexicano que, en consecuencia, debe también asumir mandatos legales de carácter general que rigen la vida de la sociedad mexicana. En ese contexto se resolvió la última huelga universitaria del siglo XX, y a partir de entonces, se construyó un nuevo y mejor equilibrio entre la Universidad y el Estado.
Es menos probable que ocurra un conflicto cuando las relaciones se establecen en estos términos, respetuosos y tolerantes, y cuando existe la voluntad política de respetar el marco legal de la autonomía universitaria, la cual es fundamental para preservar la esencia de la institución, que es la vida académica.
Desde luego, en la práctica, la relación de la universidad con el Estado es muy compleja. El Estado debe cumplir con su obligación de proveer los recursos necesarios para que la universidad pueda a su vez cumplir con las tareas que le ha encomendado la sociedad. La universidad, en ejercicio pleno de su autonomía, debe decidir internamente cómo administrar su patrimonio, y a qué dedicarle una mayor prioridad en un momento determinado, sobre todo ante la estrechez de recursos. Esto no significa que la universidad no tenga serias responsabilidades con la sociedad y con el propio Estado. Por supuesto que las tiene, y debe de tratar de cumplirlas de manera cada vez mejor.
Como reclamo generalizado y legítimo de la sociedad, la primera responsabilidad de la universidad es elevar la calidad de los servicios que ésta ofrece. La sociedad mexicana está dispuesta a seguir aportando recursos para subsidiar a la UNAM y a otras universidades públicas, pero a cambio exige, y con razón, que los servicios que recibe sean de la mejor calidad posible: servicios educativos, de investigación y de difusión de la cultura, que permitan que sectores cada vez más amplios puedan beneficiarse de ellos.
Hay también otras responsabilidades. Una de ellas, ineludible, es la transparencia y la rendición pública de cuentas. La UNAM lo ha hecho sin titubeos. El mito de que la autonomía impedía que la universidad ofreciera cuentas públicas auditadas ante los poderes que le otorgan el subsidio ha quedado desterrado, precisamente en ejercicio de la autonomía universitaria. La UNAM presenta de manera rigurosa, para su revisión frente al Poder Legislativo, sus estados financieros anualmente. Éste es un paso que, lejos de vulnerarla, ha fortalecido la autonomía universitaria. El buen juez por su casa empieza.
Juan Ramón de la Fuente
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/6464.html?awesm=fbshare.me_ATUZQ
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Este centenario si vale la pena. Aun con el PANismo encima, la UNAM sigue siendo una de las mejores universidades.
