Adrián de Garay
Educación a Debate. - México.
18 de enero de 2012
No sería una sorpresa que en los próximos meses el presidente Felipe Calderón tenga la formidable ocurrencia de modificar el nombre de la Secretaría de Educación Pública a Secretaría de Educación. Para ser coherente y consistente con varias de sus políticas y decretos dirigidos para favorecer con recursos públicos a la educación privada, el siguiente paso es que suprima la palabra pública. Vieja añoranza de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares (FIMPES), que fue expresada abiertamente a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, y que cuestionó con su formidable pluma el maestro Pablo Latapí en un artículo publicado en la revista Proceso que intituló “La escaramuza por la P”.
El recientemente anunciado Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que reside en ofrecer préstamos, más no becas, a estudiantes de algunas universidades privadas, es una prueba fehaciente de que el presidente confía más en dichas instituciones que en la universidad pública, y particularmente en varias instituciones de corte confesional, con lo que adicionalmente se violenta la laicidad de la educación a la que está obligado el Estado a impulsar.
Las universidades privadas que participarán en esta primera fase son: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y las Universidades de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga, Contemporánea y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. (CETYS Universidad).
Entre muchas preguntas que pueden formularse en relación al programa, como lo están haciendo varios académicos y editorialistas, conviene preguntarse también ¿Con qué criterios académicos se seleccionaron las instituciones enlistadas?, ¿Porqué no aparecen instituciones de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Veracruz?, ¿De las instituciones participantes, todas ellas gozan de un nivel de calidad que garantice el nivel formativo de sus estudiantes?
Valga un ejemplo. La Universidad Justo Sierra cuenta con cuatro planteles en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Hasta el 2009 tenía una matrícula de 2 mil 335 estudiantes. El único requisito de ingreso a los aspirantes es que posean el certificado de bachillerato. No solicita promedio mínimo y no realiza examen de admisión. No forma parte de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a la que pertenecen las instituciones más prestigiadas del país, y no ha logrado obtener por parte de la SEP el “Reconocimiento a la Excelencia Académica”, que se trata, como su nombre lo indica, de un reconocimiento establecido desde el año 2004 y cuyo uno de los criterios para otorgarlo es que la institución tenga, al menos, el 75% de sus programas de licenciatura reconocidos como de buena calidad en el llamado Nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y/o por alguno de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Con estos datos mínimos ¿puede decirse que la Universidad Justo Sierra es de calidad, y por tanto formar parte del programa?
Por otra parte, si una de las preocupaciones del gobierno federal consiste en aumentar la cobertura educativa y propiciar una mayor equidad, basta con hacer una pequeña operación matemática para mostrar que se trata de una gran mentira. Conforme al monto de recursos económicos destinado al programa, y considerando el límite de crédito que se puede otorgar a un estudiante, serían sujetos del programa 23 mil sujetos, lo que representaría un aumento de la matrícula nacional de estudiantes de licenciatura de 0.8% (¡!). ¿Un cambio sustancial, verdad?, ¿Cuántos jóvenes más podrían recibir muchas de nuestras universidades públicas si los dos mil quinientos millones de pesos del programa para este año se hubieran destinado a ellas, y sin necesidad de endeudar a las futuras generaciones de profesionistas?, ¿Cuántos estudiantes más se beneficiarían si esos recursos se destinaran para ampliar la cobertura del Programa Nacional de Becas (PRONABES), destinado para apoyar a jóvenes de escasos recursos económicos con buen desempeño académico, y así reducir el rezago y la deserción escolar de miles por tener la necesidad de trabajar?
En el folleto que diseñó NAFINSA anunciando el programa, se inserta un ejemplo de cómo operaría el crédito para un estudiante cuya colegiatura total por la licenciatura ascienda a 230 mil pesos. Con recursos del crédito el estudiante pagaría a la universidad 20 mil pesos al semestre y tendría que desembolsar 5 mil 555 pesos adicionales cada semestre a la universidad, más el pago mensual de intereses al banco que inicia con 200 pesos y en el último semestre asciende a mil 800. Al término de cuatro años, el egresado deberá pagar, con intereses incluidos, 2 mil 784 pesos mensuales durante nueve años. Por cierto, la tasa de interés variará entre el 10 y el 12.5%, de las más altas que se cobran a estudiantes universitarios en comparación con otros países como en Estados Unidos que es del 5%, en Brasil del 6.5% o en Chile que es del 2%.
Ignoramos la universidad que NAFINSA tomó como ejemplo, pero nos dimos a la tarea de revisar dos casos. El primero es la licenciatura en administración de la Universidad Latinoamericana, y cuyo costo total de colegiatura más inscripción anual de toda la carrera cuesta un millón 59 mil pesos. Haga usted los cálculos y encontrará que un estudiante que pretenda cursar dicha licenciatura tendrá que pagar de sus recursos actuales alrededor de 20 mil pesos semestrales, más el pago de intereses mensuales al banco y el consecuente endeudamiento por diez años al terminar su carrera. El segundo caso para la misma licenciatura, pero en la Universidad Anáhuac, el costo de los estudios sube a un millón 302 mil pesos ¿Atractivo programa para las familias que desean que sus hijos accedan a la educación superior, no lo cree? Es evidente que el programa está dirigido hacia sectores sociales que pueden sufragar los gastos mensuales que no cubre el crédito, más los intereses correspondientes, además de que se requiere un aval que cuente con propiedades. ¡a hipotecar el futuro!
Una consecuencia previsible para los jóvenes que decidan junto con sus familias adherirse al programa, será que alargarán el tiempo que permanecen viviendo con sus padres. Si hoy en día, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2010, el 67.1% de los jóvenes entre 20 y 29 años viven con sus padres, con su madre o con su padre, o con un familiar, ese porcentaje aumentará, pues con los bajos salarios que se están pagando durante, al menos, los primeros cinco años de ejercicio profesional- si se encuentra trabajo, claro-, los egresados que tengan que pagar su crédito tardarán varios años en conseguir un ingreso suficiente que les permita independizarse de sus familias.
El programa al que hemos hecho referencia, se enmarca dentro de una política gubernamental de apoyo a la educación privada, que claramente arrancó a principios del año pasado, cuando Felipe Calderón decretó una modificación a Ley del Impuesto sobre la Renta para que las personas físicas deduzcan el pago de la educación privada desde preescolar hasta bachillerato. Un decreto que seguramente ha beneficiado indirectamente a las escuelas privadas por un monto superior a los 2 mil quinientos millones de pesos asignados al nuevo programa gubernamental.
Cuando en noviembre del año pasado el Congreso de la Unión sólo aprobó el 43% de los recursos financieros adicionales solicitados por las instituciones de educación superior públicas a través de la ANUIES, se desataron inconformidades, reclamos y enojos entre los rectores y directores. Si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de universidades privadas se hubieran destinado a las universidades públicas, el porcentaje de los recursos adicionales recibidos en relación a lo solicitado sería del 69.3%. Importante diferencia que seguramente habría garantizado que las instituciones públicas pudieran admitir a mucho más de 23 mil estudiantes.
Lo cierto es que el presidente Calderón concentró un “guardadito” para beneficio de algunas universidades privadas ubicadas en algunas ciudades, de los bancos y de un pequeño sector social de la población. ¿Política electorera? Ni siquiera. Si el gobierno calderonista quisiera de hacerse de votos para que los ciudadanos voten por el PAN, hubiera anunciado un programa para atender a miles y miles de jóvenes mexicanos distribuidos en todo el territorio que realmente requieren apoyos económicos para sostener sus estudios.
El problema de fondo es que el gobierno federal está convencido de que el Estado Mexicano debe financiar a la educación superior privada, para lo cual, la reforma al artículo tercero constitucional que se aprobó en el sexenio de Salinas de Gortari, le abrió la puerta para hacerlo sin cortapisas. Por ello, no es descabellado pensar que Calderón tenga la ocurrencia de fin de sexenio de que se abrevie el nombre de la Secretaría de Educación Pública, creada como tal en 1921 por José Vasconcelos, para pasar a ser Secretaría de Educación(*).
Fuente
(*) Y el pobre de José Vasconcelos ha de estar retorciéndose en su tumba!
Educación a Debate. - México.
18 de enero de 2012
No sería una sorpresa que en los próximos meses el presidente Felipe Calderón tenga la formidable ocurrencia de modificar el nombre de la Secretaría de Educación Pública a Secretaría de Educación. Para ser coherente y consistente con varias de sus políticas y decretos dirigidos para favorecer con recursos públicos a la educación privada, el siguiente paso es que suprima la palabra pública. Vieja añoranza de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares (FIMPES), que fue expresada abiertamente a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, y que cuestionó con su formidable pluma el maestro Pablo Latapí en un artículo publicado en la revista Proceso que intituló “La escaramuza por la P”.
El recientemente anunciado Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que reside en ofrecer préstamos, más no becas, a estudiantes de algunas universidades privadas, es una prueba fehaciente de que el presidente confía más en dichas instituciones que en la universidad pública, y particularmente en varias instituciones de corte confesional, con lo que adicionalmente se violenta la laicidad de la educación a la que está obligado el Estado a impulsar.
Las universidades privadas que participarán en esta primera fase son: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y las Universidades de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga, Contemporánea y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. (CETYS Universidad).
Entre muchas preguntas que pueden formularse en relación al programa, como lo están haciendo varios académicos y editorialistas, conviene preguntarse también ¿Con qué criterios académicos se seleccionaron las instituciones enlistadas?, ¿Porqué no aparecen instituciones de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Veracruz?, ¿De las instituciones participantes, todas ellas gozan de un nivel de calidad que garantice el nivel formativo de sus estudiantes?
Valga un ejemplo. La Universidad Justo Sierra cuenta con cuatro planteles en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Hasta el 2009 tenía una matrícula de 2 mil 335 estudiantes. El único requisito de ingreso a los aspirantes es que posean el certificado de bachillerato. No solicita promedio mínimo y no realiza examen de admisión. No forma parte de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a la que pertenecen las instituciones más prestigiadas del país, y no ha logrado obtener por parte de la SEP el “Reconocimiento a la Excelencia Académica”, que se trata, como su nombre lo indica, de un reconocimiento establecido desde el año 2004 y cuyo uno de los criterios para otorgarlo es que la institución tenga, al menos, el 75% de sus programas de licenciatura reconocidos como de buena calidad en el llamado Nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y/o por alguno de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Con estos datos mínimos ¿puede decirse que la Universidad Justo Sierra es de calidad, y por tanto formar parte del programa?
Por otra parte, si una de las preocupaciones del gobierno federal consiste en aumentar la cobertura educativa y propiciar una mayor equidad, basta con hacer una pequeña operación matemática para mostrar que se trata de una gran mentira. Conforme al monto de recursos económicos destinado al programa, y considerando el límite de crédito que se puede otorgar a un estudiante, serían sujetos del programa 23 mil sujetos, lo que representaría un aumento de la matrícula nacional de estudiantes de licenciatura de 0.8% (¡!). ¿Un cambio sustancial, verdad?, ¿Cuántos jóvenes más podrían recibir muchas de nuestras universidades públicas si los dos mil quinientos millones de pesos del programa para este año se hubieran destinado a ellas, y sin necesidad de endeudar a las futuras generaciones de profesionistas?, ¿Cuántos estudiantes más se beneficiarían si esos recursos se destinaran para ampliar la cobertura del Programa Nacional de Becas (PRONABES), destinado para apoyar a jóvenes de escasos recursos económicos con buen desempeño académico, y así reducir el rezago y la deserción escolar de miles por tener la necesidad de trabajar?
En el folleto que diseñó NAFINSA anunciando el programa, se inserta un ejemplo de cómo operaría el crédito para un estudiante cuya colegiatura total por la licenciatura ascienda a 230 mil pesos. Con recursos del crédito el estudiante pagaría a la universidad 20 mil pesos al semestre y tendría que desembolsar 5 mil 555 pesos adicionales cada semestre a la universidad, más el pago mensual de intereses al banco que inicia con 200 pesos y en el último semestre asciende a mil 800. Al término de cuatro años, el egresado deberá pagar, con intereses incluidos, 2 mil 784 pesos mensuales durante nueve años. Por cierto, la tasa de interés variará entre el 10 y el 12.5%, de las más altas que se cobran a estudiantes universitarios en comparación con otros países como en Estados Unidos que es del 5%, en Brasil del 6.5% o en Chile que es del 2%.
Ignoramos la universidad que NAFINSA tomó como ejemplo, pero nos dimos a la tarea de revisar dos casos. El primero es la licenciatura en administración de la Universidad Latinoamericana, y cuyo costo total de colegiatura más inscripción anual de toda la carrera cuesta un millón 59 mil pesos. Haga usted los cálculos y encontrará que un estudiante que pretenda cursar dicha licenciatura tendrá que pagar de sus recursos actuales alrededor de 20 mil pesos semestrales, más el pago de intereses mensuales al banco y el consecuente endeudamiento por diez años al terminar su carrera. El segundo caso para la misma licenciatura, pero en la Universidad Anáhuac, el costo de los estudios sube a un millón 302 mil pesos ¿Atractivo programa para las familias que desean que sus hijos accedan a la educación superior, no lo cree? Es evidente que el programa está dirigido hacia sectores sociales que pueden sufragar los gastos mensuales que no cubre el crédito, más los intereses correspondientes, además de que se requiere un aval que cuente con propiedades. ¡a hipotecar el futuro!
Una consecuencia previsible para los jóvenes que decidan junto con sus familias adherirse al programa, será que alargarán el tiempo que permanecen viviendo con sus padres. Si hoy en día, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2010, el 67.1% de los jóvenes entre 20 y 29 años viven con sus padres, con su madre o con su padre, o con un familiar, ese porcentaje aumentará, pues con los bajos salarios que se están pagando durante, al menos, los primeros cinco años de ejercicio profesional- si se encuentra trabajo, claro-, los egresados que tengan que pagar su crédito tardarán varios años en conseguir un ingreso suficiente que les permita independizarse de sus familias.
El programa al que hemos hecho referencia, se enmarca dentro de una política gubernamental de apoyo a la educación privada, que claramente arrancó a principios del año pasado, cuando Felipe Calderón decretó una modificación a Ley del Impuesto sobre la Renta para que las personas físicas deduzcan el pago de la educación privada desde preescolar hasta bachillerato. Un decreto que seguramente ha beneficiado indirectamente a las escuelas privadas por un monto superior a los 2 mil quinientos millones de pesos asignados al nuevo programa gubernamental.
Cuando en noviembre del año pasado el Congreso de la Unión sólo aprobó el 43% de los recursos financieros adicionales solicitados por las instituciones de educación superior públicas a través de la ANUIES, se desataron inconformidades, reclamos y enojos entre los rectores y directores. Si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de universidades privadas se hubieran destinado a las universidades públicas, el porcentaje de los recursos adicionales recibidos en relación a lo solicitado sería del 69.3%. Importante diferencia que seguramente habría garantizado que las instituciones públicas pudieran admitir a mucho más de 23 mil estudiantes.
Lo cierto es que el presidente Calderón concentró un “guardadito” para beneficio de algunas universidades privadas ubicadas en algunas ciudades, de los bancos y de un pequeño sector social de la población. ¿Política electorera? Ni siquiera. Si el gobierno calderonista quisiera de hacerse de votos para que los ciudadanos voten por el PAN, hubiera anunciado un programa para atender a miles y miles de jóvenes mexicanos distribuidos en todo el territorio que realmente requieren apoyos económicos para sostener sus estudios.
El problema de fondo es que el gobierno federal está convencido de que el Estado Mexicano debe financiar a la educación superior privada, para lo cual, la reforma al artículo tercero constitucional que se aprobó en el sexenio de Salinas de Gortari, le abrió la puerta para hacerlo sin cortapisas. Por ello, no es descabellado pensar que Calderón tenga la ocurrencia de fin de sexenio de que se abrevie el nombre de la Secretaría de Educación Pública, creada como tal en 1921 por José Vasconcelos, para pasar a ser Secretaría de Educación(*).
Fuente
(*) Y el pobre de José Vasconcelos ha de estar retorciéndose en su tumba!
