La clave sobre el futuro de la educación está en el devenir de la política. Si México se hace en 2012 de un gobierno decidido a armar un proyecto nacional y a darle a la educación el lugar que le corresponde, es posible alimentar nuestro optimismo. Si, por el contrario, la Presidencia recae en manos tibias o conservadoras, el desastre educativo seguirá ahondándose.
En política educativa hemos sufrido 10 años de confusión, de indecisión, de mediocridad, de ignorancia y dispersión de esfuerzos. Ningún factor estructural se ha modificado. Lo que se ha hecho es calcar, con timidez, ciertos lugares comunes de países extranjeros: mediciones precisas, estándares, competencias, comparaciones, etcétera. Una serie de categorías extrapoladas de la economía y cuyo valor en educación es polémico.
Se han perdido de vista los propósitos de la educación que, en parte, están contenidos en el artículo tercero constitucional. Se trabaja sin tener presente lo que se quiere lograr. Se actúa cobre los medios sin tener claridad de los fines.
Y vale la pena recordar que la escuela básica debe: a) formar buenos ciudadanos; b) capacitar para el trabajo y la producción y c) formar personalidades íntegras. ¿Qué significan estas finalidades dentro del contexto —nacional y global— presente? Veamos.
Se ha desvirtuado además la gestión del sistema escolar que, siendo responsabilidad exclusiva del Estado, se optó por compartirla con una entidad privada, —el SNTE— con mayor precisión, con la élite que encabeza ese organismo. Los profesores y trabajadores tienen derecho a la sindicalización, pero el SNTE, por su organización, por sus prácticas y el ethos que conlleva, es un obstáculo para el progreso de educación nacional. Su intervención en la dirección de la educación ha tenido resultados desastrosos e irreparables.
La democracia puede ser la vía para la justicia social, pero tal cosa supone un proyecto nacional diseñado con esa orientación. Es posible soñar con tener una ciudadanía ilustrada y virtuosa y una sociedad cuyo fundamento sean comunidades y municipios fuertes, pero tal cosa supone una reforma del Estado y, secundariamente, del sistema educativo.
Se necesita una política de Estado de largo plazo, un plan con metas precisas que no sean concepción exclusiva de los “expertos” sino que sean nutridas de la experiencia concreta de los maestro de aula, de los directores e inspectores.
El sistema debe auto-reformarse y no “ser reformado desde fuera” –como ha ocurrido tradicionalmente. Hay que invertir la pirámide del poder educativo.
Hay metas tan claras que todo mundo las ve, aunque nadie habla de ellas. Algunas de esas metas las subrayó Roger Díaz de Cosío en el pasado coloquio “Dos siglos de educación en México” que se realizó en la División de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM (4-7 de octubre). Por ejemplo, el simplificar y descargar de contenidos los niveles básicos de la educación; por ejemplo, el integrar como un bloque único a la primaria y a la secundaria; por ejemplo, el disminuir el número de libros de textos; etcétera.
Pero hay que vincular medios y fines al mismo tiempo que se les refiere al contexto. ¿Cómo concebir medios y fines dentro de una filosofía democrática?
Obviamente la sociedad ha de participar —hasta cierto grado— en la dirección y el control del sistema educativo y, necesariamente el sistema escolar debe —hasta cierto punto— autogobernarse. Este doble propósito se puede traducir en dos divisas aparentemente –y sólo aparentemente— contrapuestas: 1) hacer de la escuela el corazón funcional del sistema educativo y 2) dar a la comunidad un grado de participación en la gestión de la escuela. Estos principios suponen una revolución educativa.
Pero dicha revolución debe ser un proceso gradual. En educación —dice Silvia Schmelkes— no hay, no puede haber metas a “corto plazo”. Es verdad, se necesita un proyecto (un plan), pero éste debe de realizarse en 25 o 30 años. No menos.
