excelente informacion, no hay nada como justamente, se comience a depurar.
ESO debe hacerse con todos, no por que sea haya colgado el PRD de Lopez obrador significa que todos sean los mas santos de los mas santos, TODOS tienen cola que le pisen, y cuando ya son grandes las colas, es mejor retirar la parte podrida de la manzana.
gracias por compartir
por cierto, tu titulo esta tendencioso, ya que NO menciona la noticia a LOPEZ OBRADOR, como parte de eso, sino solo como referencia asi que o la cambias o la reporto
(no se que afan de miedo tienen, a su "falso mesias que los viene a castigar")
nota y titulo original
De las izquierdas
Podría Corte retirar candidatura
Juan Pablo Leyva protestó ante el tribunal electoral porque no respetaron su registro como aspirante al Senado de la República
Por Javier Cruz / A los cuatro vientos / El Vigía
11.06.2012 - 12:00
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La candidatura de Marco Antonio Blásquez fue impugnada por Juan Pablo Leyva Rodríguez, quien había obtenido antes su registro.
Ensenada, B.C. - El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ejecuta un juicio para la protección de los derechos político-electorales de Juan Pablo Leyva Rodríguez, militante de las izquierdas que solicitó el retiro de la candidatura del periodista, Marco Antonio Blásquez Salinas, al Senado de la República por Baja California.
La investigación, a la que se le asignó la clave de expediente SG-JDC-3395/2012, la realiza el magistrado Jacinto Silva Rodríguez, quien de encontrar elementos que confirmen la acusación de Leyva Rodríguez, puede recomendar la cancelación de la candidatura del comunicador tijuanense.
La impugnación de Juan Pablo Leyva, con al menos 20 años de militancia en los Partidos Convergencia, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, es porque no se respetó su registro como aspirante oficial de las izquierdas al Senado, acción en la cual Blásquez presuntamente contó con la complicidad del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El tribunal federal inició la investigación del caso el pasado 25 de mayo y se espera que la sala regional del juzgado correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal del TEPJF, con sede en Guadalajara, Jalisco, en cualquier momento emita un resolutivo.
Al respecto, durante su visita a la ciudad de Tijuana y Mexicali el pasado 6 de junio, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, eludió dar una respuesta directa sobre la situación del expediente judicial electoral, aunque hay versiones extraoficiales de que, en corto y a sus allegados en Baja California, aseguró que el caso estaba resuelto a favor de Blásquez.
El sábado 9 de junio, a las 8.30 horas, este medio de comunicación consultó el estado que guardaba la impugnación de Leyva en la página cibernética del tribunal electoral de la federación. Seguía en proceso de investigación y análisis.
El dirigente perredista apuntó que el caso Leyva-Blásquez se quiere aparecer públicamente como un “pleito interno” de los perredistas bajacalifornianos, pero que en realidad todos están trabajando por ganar la elección de manera integral en el estado.
“Hay un cierre de filas esencial de la militancia, lo estoy viendo por todos lados. Me reuní con todos los dirigentes y candidatos de Mexicali y vamos a demostrar en los hechos que hoy nuestras diferencias internas son muchísimo menores e insignificantes frente a lo que significa la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República”, comentó.
La otra parte
Una opinión muy diferente es la que expresa Leyva Rodríguez, quien acusó la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, Coalición Movimiento Progresista, y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, de violar el artículo 98 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Ese ordenamiento jurídico, a decir del denunciante, estipula claramente que la selección de candidatos deberá realizarse conforme a los estatutos y reglamentos de cada partido político.
“Blásquez Salinas -expuso- nunca fue registrado como precandidato por ninguno de los partidos integrantes de la coalición y ni el IFE debió haber aceptado su registro por ilegal”.
De hecho, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales que sigue el TEPJF quedó asentado el acuerdo número CG192/2012, del Consejo General del IFE, en el que hasta el 13 de abril de 2012, el nombre de Juan Pablo Leyva Rodríguez estaba formalmente registrado como candidato de las izquierdas a la primera fórmula al Senado por el principio de mayoría relativa en Baja California.
Blásquez, al ser designado candidato “oficial” de esa misma fórmula por el Movimiento Progresista el 6 de marzo del 2012, aparentemente sustituyó de manera ilegal la candidatura de Leyva.
“Esa flagrante violación fue reafirmada por el Consejo General del IFE, quien aceptó la sustitución contra derecho, sin cumplir los principios de legalidad ni certeza jurídica”, apuntó el denunciante en su recurso de inconformidad.
Previo a su demanda de justicia en el tribunal electoral federal, Juan Pablo Leyva presentó un recurso de inconformidad en la Comisión Nacional de Garantías del PRD, quien asignó a la queja el número de expediente INC/NAL/494/2012.
El pasado 8 de mayo, la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, resolvió improcedente el medio de defensa interpuesto por Leyva contra la designación de Marco Antonio Blásquez Salinas como candidato a la primera fórmula al Senado por el Principio de Mayoría Relativa del referido partido político y Estado
En entrevista previa con los medios de comunicación del Sur de California, Leyva Rodríguez resaltó que el resultado jurídico de su denuncia “resulta fundamental” para la defensa y el respeto por el derecho que tienen los “militantes reales” de la izquierda, tanto en los procesos internos de los partidos como en las elecciones a cargos públicos.
“Por ello (la denuncia) no afecta la imagen de AMLO (Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República), porque la congruencia tiene que acompañar a todos los actos de la vida política”, expuso.
Y agregó: “Es fundamental que AMLO llegue a la Presidencia de la República, porque así estaríamos cortando con un proceso de empobrecimiento en el país. El verdadero cambio es a la izquierda real, y es en donde debemos trabajar más, pero una vez llegando tenemos que seguir en la lucha por democratizar todo el país y los partido políticos”.
Una historia lamentable
Al hacer un recuento de cómo se gestó este conflicto, quedan en claro, de manera irrefutable, las diferencias de los grupos de la izquierda bajacaliforniana.
El 20 de diciembre de 2011, Arturo Serratos Tejeda, secretario general del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Ensenada, informó que al quedar cerrado el proceso de registro de precandidatos a espacios de elección popular para el 2012, la Comisión Nacional Electoral perredista otorgó el registro a Juan Pablo Leyva Rodríguez como propietario de la primera fórmula al Senado de la República por Baja California (la segunda la ocupó entonces el profesor Daniel Solorio Ramírez), por lo que podía hacer campaña hasta el 15 de febrero del 2012.
Blásquez Salinas, aparentemente sin contar con un registro oficial como precandidato, pero afirmando públicamente que contaba con la amistad y apoyo de Andrés Manuel López Obrador, también inició trabajos proselitistas a favor de su postulación a la primera senaduría perredista en el estado.
El 24 de enero de este año, Mario Alberto Gómez Ocampo, líder municipal del PRD en Mexicali, ratificó que los precandidatos al senado por Baja California eran sólo Juan Pablo Leyva Rodríguez y Daniel Solorio Ramírez, quienes llevaban como suplentes a Pablo Armenta Castro y Ricardo Briseño Noriega, respectivamente.
También que aún no estaban definidos quiénes serían los candidatos tanto a diputados federales como a senadores en el estado por el Movimiento Progresista, que optó por la vía de la encuesta externa a los partidos de izquierda aliados para designar a sus aspirantes.
Ese día Leyva Rodríguez rechazó que Marco Antonio Blásquez era ya el candidato oficial de las izquierdas, pues no existía en ese momento algún estudio demoscópico que lo colocara por encima de otros precandidatos.
“Nosotros no conocemos encuestas todavía. Esperamos que nos den a conocer las que haya, y que en base a eso determinen (a los candidatos),” expresó entonces.
Un día después Humberto Zúñiga, secretario de organización del PRD en Baja California, reiteró que los aspirantes al Senado por el Movimiento Progresista eran exclusivamente Daniel Solorio Ramírez, y Juan Pablo Leyva Rodríguez, pero reconoció que se vivían momentos de tensión en el instituto político por los conflictos internos que surgieron a raíz de las elecciones internas a cargos directivos en la entidad.
El 17 de febrero se creó en Baja California un “Consejo Electivo” con representantes del PRD, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), el Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), asociación civil que impulsa la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
El objetivo de ese consejo era que las distintas corrientes de la izquierda bajacaliforniana y otros grupos simpatizantes con López Obrador seleccionaran las candidaturas con los perfiles que pudieran ofrecer más posibilidades de triunfo.
Trascendió que desde un inicio, la primera posición de la fórmula al Senado se le entregaría a Marco Antonio Blásquez y la segunda al profesor Daniel Solorio, acuerdo que se consolidó entre los días 3 y el 4 de marzo.
Se privilegió a Blásquez, vicepresidente y director ejecutivo de la empresa Media Sports de México, S.A. de C.V., operadora de PSN TV y propiedad del ingeniero Jaime Bonilla Valdez, socio político del ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, porque para los consejeros, Leyva Rodríguez tenía un bajo perfil social y una historia de continuos fracasos en procesos internos del PRD en el estado.
Así, el 6 de marzo, la Comisión Coordinadora Nacional del PRD anunció que el Movimiento Progresista postuló, conforme al Convenio de la Coalición, la legislación electoral, las normas partidistas y las decisiones de los órganos partidistas del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, a Marco Antonio Blásquez y a Daniel Solorio como sus candidatos al Senado de la República por Baja California.
Esta designación, a decir de Leyva Rodríguez violentó la cédula número ACU-CNE/12/341/2011 -con rúbricas y sellos de fecha el 16 de diciembre de 2011-, que a su favor emitió la Comisión Nacional Electoral del PRD, la cual fue reconocida y aprobada por el órgano directivo nacional perredista en el Acto del Primer Pleno ordinario del VIII Consejo Nacional realizado el 18 de febrero del 2012.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que posteriormente aceptó la sustitución ilegal, no puede otorgar facultades a la Comisión Política para sustituir candidatos. En el único caso que podría hacerlo sería bajo la única excepción de que exista el riesgo de que el partido se quede sin registrar alguno, según los estatutos del PRD, cosa que en este caso no sucedería pues yo estoy registrado legalmente”, apuntó el afectado.
Con todos estos elementos, más los que ahora aporten los involucrados en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de Juan Pablo Leyva Rodríguez, el TEPJF, que aceptó la denuncia del afectado el 23 de mayo y dos días después solicitó un reporte inicial tanto al Consejo General del IFE como al PRD para que den cuentas de la presunta ilegalidad, determinará qué procede.
Las dudas
Leyva Rodríguez también ha criticado el origen político de Blásquez, vinculado con los grupos priistas del ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera -a través del ingeniero Bonilla-, el senador Fernando Castro Trenti y los ex alcaldes de Tijuana Jorge Hank Rhon y el panista Jorge Ramos.
Con éste último personaje y tan sólo en el año 2008, el periodista negoció y obtuvo un contrato -expediente ADQ-2008-AD-022, asignado a la empresa Espectro y Voces de América en Tijuana, B. C., que dirige Blásquez Salinas-por 422 mil 400 pesos.
Esto para realizar actividades de consultoría en medios de comunicación que bien pudo realizar la Dirección de Comunicación Social del XIX Ayuntamiento de Tijuana, que presidió Jorge Ramos.
En ese mismo año el alcalde panista pagó a la empresa de Jaime Bonilla -Media Sports de México, S. A. de C. V.-, un millón 201 mil 200 pesos por concepto de contratación de servicios para la emisión de spots publicitarios.
La operación mercantil, que a decir de Leyva la encabezó Marco Antonio Blásquez, quedó con el número de registro ADQ-2008-AD-33 del Ayuntamiento de Tijuana.
“Fue una acción ilegal porque el contrato, por su elevado monto, debió someterse a un concurso de licitación abierta”, resaltó el quejoso.
Finalmente, Juan Pablo Leyva destacó que en el año 2010, Blásquez Salinas llegó a presentar y promover como candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la esposa de Jorge Hank Rhon, María Elvia Anaya, en obvia concertación política-electoral con uno de los representantes del llamado Grupo Atlacomulco.
Paradójicamente, al cerrar sus actividades proselitistas en el mes de febrero ante los integrantes de la Asociación de Periodistas de Tijuana que preside Miguel Ángel Torres Ponce -director de Comunicación Social en el gobierno estatal de Xicoténcatl Leyva Mortera- el comunicador dijo que aceptó la candidatura al Senado por las izquierdas “a invitación del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien me une una sincera amistad.
