Esteban Krotz
Blog COMECSO
16 julio, 2013
Es indudable la necesidad de un monitoreo constante de la actividad académica y científica en el país –tanto como parte de la misma tarea generadora de conocimientos y de docencia superior, como para asegurar el mejor uso posible de los exiguos recursos para ella dispuestos. Sin embargo, parece existir un amplio consenso en la comunidad científica y de algunos funcionarios relacionados con las políticas públicas del sector, acerca de que el sistema de evaluación actualmente vigente está llegando a sus límites y que incluso se está volviendo contraproducente. Ha crecido de modo caótico, está lleno de incoherencias e incongruencias, duplicaciones y requisitos absurdos, es operado en parte por burócratas y hasta académicos no capacitados para tal tarea, ha sido vinculado de tal modo con el financiamiento de la investigación científica y tecnológica y de la educación superior, que a menudo sirve más como instrumento de premios y castigos en función de la “gobernanza” académica que como impulso a la generación de conocimientos necesarios, ocupa porciones cada vez mayores del valioso tiempo de investigadores y docentes, quienes tienen que participar en él como evaluables, evaluados y evaluadores (¿alguien conoce el porcentaje de su tiempo en ello gastado? ¿se ha inventariado los recursos dedicados a la “evaluación”? ¿se sabe algo sobre la correlación entre crecimiento de la evaluación e incremento del conocimiento científico y de la innovación de la docencia superior?) y ha generado una considerable simulación que con el tiempo incluso impedirá conocer el estado real de la cuestión.
Al mismo tiempo ha surgido la sensación de estar ante un poderoso instrumento de transformación de la educación superior (¿en educación de tipo técnica superior tranquilamente gobernable?), de la investigación científica (¿centrada en la rentabilidad a corto plazo y en la rutina en vez de la pesquisa original?) y de la misma institución universitaria (¿la “nueva universidad” de tipo fabril de la que habla desde hace años don Pablo González Casanova?) – sin que la comunidad científica haya siquiera opinado sobre tal transformación.
Para muchos especialistas en ciencias sociales y humanidades resulta particularmente molesto sentirse a menudo ser evaluados con criterios provenientes de otras disciplinas. La imposición del modelo del laboratorio con su “trabajo colectivo” segmentado y jerarquizado, la preferencia del artículo de revista (de preferencia: colectivo y en lengua extranjera) y de la publicación frecuente de textos cortos, la exigencia de generar “financiamientos externos” a como dé lugar, son solamente ejemplos de ello; encuentran su complemento en el desprecio constatable en casi todo el país de los responsables del sector y de las instituciones con respecto a bibliotecas, hemerotecas y videotecas suficientes, ágiles y funcionales, con respecto a bases de datos en línea realmente útiles y accesibles y, en el caso de la antropología, al trabajo de campo que es entorpecido cada vez más e incluso bloqueado todos los años durante meses por la estrechez de mira de los llamados “responsables” de ciertos “aparatos administrativos”.
Otro aspecto intolerable es que para ciertas áreas de la administración pública y de las universidades el sujeto por evaluar parece ser culpable –ineficiente, improductivo, mentiroso, estafador– hasta que demuestre lo contrario. Desde luego existen tales sujetos también en la academia. Pero la “solución” actual no es ninguna: en demasiados casos lo más importante no es la actividad realizada y su resultado, sino la capacidad (se habla ya del surgimiento de una nueva “disciplina transdisciplinaria”) de conseguir y exhibir cantidades cada año crecientes de documentos exactamente con las formulaciones, tamaños de letra, sellos, firmas, indicadores, cuadros, etc. tal y como se le ocurrió a algún funcionario en turno – en vez de que el/a académica/o sea invitada/o a comprobar de algún modo confiable (lo que implica, en dado caso, poder aportar documentos sustitutivos o equivalentes, ofrecer aclaraciones, etc.) ante otra/os académica/os una actividad o un resultado de la investigación científica o de la docencia superior. La frenética generación de “constancias” –a veces exigidas no solamente en forma impresa, sino también copiadas, escaneadas y grabadas en disco– no solamente ocupa demasiados recursos de todo tipo y durante demasiadas semanas al año, sino que lleva frecuentemente, en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, donde actividades de investigación se realizan frecuentemente en colaboración con instancias de la sociedad civil y la administración pública, a situaciones, y a veces hasta transacciones, por decir lo menos, penosas para todos los involucrados.
Consecuencia –y ¿tal vez también objetivo? – de todo esto es la mutación de la evaluación llamada académica en un simple conteo, a tal grado que en muchas “evaluaciones” se podría ahorrar por completo la comisión compuesta por especialistas pares – una secretaria con una pequeña sumadora haría exactamente lo mismo: “checar” si las constancias dicen exactamente lo que deben decir y dónde y cómo, con qué tipo y tamaño de letra y color, contarlos y, en dado caso, sacar algún porcentaje, asignar algún factor y anotar la suma resultante.
A esto se agrega que muchas evaluaciones de personas y de instituciones siguen una lógica del crecimiento (cuantitativo). Por una parte, debe haber cada vez más y, por otra, debe haber siempre de todo. No parecen existir “plataformas” de actividades y resultados aceptables como buenas o excelentes. Aparte de asomarse aquí con claridad criterios tomados del mundo financiero, se deja de lado que la actividad de investigación (que depende, además, de la disciplina) no es lineal: durante años, los resultados (“productos”) pueden ser mayormente individuales, en otros mayormente colectivos, en unos, mayormente de un tipo, en otros, mayormente de otro, en unos, estar ligados orgánicamente a actividades de docencia, en otros, sin relación con ellas, en unos, ser generados en el aislamiento del escribidor solitario, en otros, necesitados del intenso trabajo en red…
También llama la atención que algunos responsables de mecanismos e instituciones (no pocas veces empresas privadas) de evaluación surgidos en los últimos lustros gustan dar la impresión de que antes no existía evaluación académica alguna. Pero esto no solamente no es cierto, sino que los mecanismos existentes antes del SNI, del PROMEP, del COPAES, de los estímulos institucionales y la multitud de certificaciones de todo tipo, siguen existiendo, por más que necesitaban y siguen necesitando adecuarse a nuevas dimensiones: dictaminación de textos para su posible publicación, de actividades y resultados para concursos de oposición y sabáticos, de ponencias y conferencias, dictaminación de solicitudes y resultados de proyectos…
Alarmado por esta situación ampliamente comentada casi a diario en cualquier universidad, centro de investigación y reunión académica, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) acaba de iniciar un proyecto de investigación sobre las evaluaciones académico-científicos vigentes en el país. Aunque por ahora se podrá abordar solo algunos de sus mecanismos más importantes, se trata no únicamente de analizarlos con una perspectiva propositiva que se base, ante todo, en las experiencias y consideraciones de los mismos académicos. Igualmente relevante es construir una visión de conjunto, ya que parece imperativo reducir la frecuencia de muchas evaluaciones, eliminar la exigencia de siempre los mismos datos en formatos siempre distintos, sustituir la imposición de indicadores homogeneizantes seleccionados a partir de una idea francamente liliputiense de ciencia mediante la apertura hacia equivalencias de todo tipo, reemplazar el conteo de comprobantes uniformes de actividades estandarizadas por la evaluación cualitativa de creatividad docente, perspectivas disciplinarias y transdisciplinarias novedosas, y, no el último término, fomentar la articulación de todo el sector no sólo con el debate científico latinoamericano e internacional, sino también con la multiplicidad de lenguas, culturas y saberes constitutiva de la nación.
Un efecto colateral de esta meta-evaluación apenas iniciada y de sus propuestas resultantes podría ser la recuperación del auto-respeto de los mismos académicos y del respeto de los sistemas administrativos hacia los académicos, actualmente concebidos no pocas veces como “mil usos” intercambiables a la orden de “modelos”, “certificaciones”, “rankings” y “control administrativo”, los cuales parecen cada vez más importantes que el proceso pedagógico, el pensamiento crítico, la investigación arriesgada, la innovación metodológica.
En estos meses, en los que se desarrollan en todo el país loables esfuerzos por acercar más a los mejores estudiantes al trabajo académico mediante estancias de diversos tipos, parece más relevante aún discutir esta meta-evaluación, ya que el aplacamiento institucional actual de iniciativas de participación estudiantil, del pensamiento cuestionador, de propuestas científicas osadas no podrá seguir siendo suplido por mercadotecnia y retórica; solamente podrá ser enfrentado por el trabajo académico-científico –honesto, colegiado, informado y transparente– de todos los días.
Fuente
Blog COMECSO
16 julio, 2013
Es indudable la necesidad de un monitoreo constante de la actividad académica y científica en el país –tanto como parte de la misma tarea generadora de conocimientos y de docencia superior, como para asegurar el mejor uso posible de los exiguos recursos para ella dispuestos. Sin embargo, parece existir un amplio consenso en la comunidad científica y de algunos funcionarios relacionados con las políticas públicas del sector, acerca de que el sistema de evaluación actualmente vigente está llegando a sus límites y que incluso se está volviendo contraproducente. Ha crecido de modo caótico, está lleno de incoherencias e incongruencias, duplicaciones y requisitos absurdos, es operado en parte por burócratas y hasta académicos no capacitados para tal tarea, ha sido vinculado de tal modo con el financiamiento de la investigación científica y tecnológica y de la educación superior, que a menudo sirve más como instrumento de premios y castigos en función de la “gobernanza” académica que como impulso a la generación de conocimientos necesarios, ocupa porciones cada vez mayores del valioso tiempo de investigadores y docentes, quienes tienen que participar en él como evaluables, evaluados y evaluadores (¿alguien conoce el porcentaje de su tiempo en ello gastado? ¿se ha inventariado los recursos dedicados a la “evaluación”? ¿se sabe algo sobre la correlación entre crecimiento de la evaluación e incremento del conocimiento científico y de la innovación de la docencia superior?) y ha generado una considerable simulación que con el tiempo incluso impedirá conocer el estado real de la cuestión.
Al mismo tiempo ha surgido la sensación de estar ante un poderoso instrumento de transformación de la educación superior (¿en educación de tipo técnica superior tranquilamente gobernable?), de la investigación científica (¿centrada en la rentabilidad a corto plazo y en la rutina en vez de la pesquisa original?) y de la misma institución universitaria (¿la “nueva universidad” de tipo fabril de la que habla desde hace años don Pablo González Casanova?) – sin que la comunidad científica haya siquiera opinado sobre tal transformación.
Para muchos especialistas en ciencias sociales y humanidades resulta particularmente molesto sentirse a menudo ser evaluados con criterios provenientes de otras disciplinas. La imposición del modelo del laboratorio con su “trabajo colectivo” segmentado y jerarquizado, la preferencia del artículo de revista (de preferencia: colectivo y en lengua extranjera) y de la publicación frecuente de textos cortos, la exigencia de generar “financiamientos externos” a como dé lugar, son solamente ejemplos de ello; encuentran su complemento en el desprecio constatable en casi todo el país de los responsables del sector y de las instituciones con respecto a bibliotecas, hemerotecas y videotecas suficientes, ágiles y funcionales, con respecto a bases de datos en línea realmente útiles y accesibles y, en el caso de la antropología, al trabajo de campo que es entorpecido cada vez más e incluso bloqueado todos los años durante meses por la estrechez de mira de los llamados “responsables” de ciertos “aparatos administrativos”.
Otro aspecto intolerable es que para ciertas áreas de la administración pública y de las universidades el sujeto por evaluar parece ser culpable –ineficiente, improductivo, mentiroso, estafador– hasta que demuestre lo contrario. Desde luego existen tales sujetos también en la academia. Pero la “solución” actual no es ninguna: en demasiados casos lo más importante no es la actividad realizada y su resultado, sino la capacidad (se habla ya del surgimiento de una nueva “disciplina transdisciplinaria”) de conseguir y exhibir cantidades cada año crecientes de documentos exactamente con las formulaciones, tamaños de letra, sellos, firmas, indicadores, cuadros, etc. tal y como se le ocurrió a algún funcionario en turno – en vez de que el/a académica/o sea invitada/o a comprobar de algún modo confiable (lo que implica, en dado caso, poder aportar documentos sustitutivos o equivalentes, ofrecer aclaraciones, etc.) ante otra/os académica/os una actividad o un resultado de la investigación científica o de la docencia superior. La frenética generación de “constancias” –a veces exigidas no solamente en forma impresa, sino también copiadas, escaneadas y grabadas en disco– no solamente ocupa demasiados recursos de todo tipo y durante demasiadas semanas al año, sino que lleva frecuentemente, en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, donde actividades de investigación se realizan frecuentemente en colaboración con instancias de la sociedad civil y la administración pública, a situaciones, y a veces hasta transacciones, por decir lo menos, penosas para todos los involucrados.
Consecuencia –y ¿tal vez también objetivo? – de todo esto es la mutación de la evaluación llamada académica en un simple conteo, a tal grado que en muchas “evaluaciones” se podría ahorrar por completo la comisión compuesta por especialistas pares – una secretaria con una pequeña sumadora haría exactamente lo mismo: “checar” si las constancias dicen exactamente lo que deben decir y dónde y cómo, con qué tipo y tamaño de letra y color, contarlos y, en dado caso, sacar algún porcentaje, asignar algún factor y anotar la suma resultante.
A esto se agrega que muchas evaluaciones de personas y de instituciones siguen una lógica del crecimiento (cuantitativo). Por una parte, debe haber cada vez más y, por otra, debe haber siempre de todo. No parecen existir “plataformas” de actividades y resultados aceptables como buenas o excelentes. Aparte de asomarse aquí con claridad criterios tomados del mundo financiero, se deja de lado que la actividad de investigación (que depende, además, de la disciplina) no es lineal: durante años, los resultados (“productos”) pueden ser mayormente individuales, en otros mayormente colectivos, en unos, mayormente de un tipo, en otros, mayormente de otro, en unos, estar ligados orgánicamente a actividades de docencia, en otros, sin relación con ellas, en unos, ser generados en el aislamiento del escribidor solitario, en otros, necesitados del intenso trabajo en red…
También llama la atención que algunos responsables de mecanismos e instituciones (no pocas veces empresas privadas) de evaluación surgidos en los últimos lustros gustan dar la impresión de que antes no existía evaluación académica alguna. Pero esto no solamente no es cierto, sino que los mecanismos existentes antes del SNI, del PROMEP, del COPAES, de los estímulos institucionales y la multitud de certificaciones de todo tipo, siguen existiendo, por más que necesitaban y siguen necesitando adecuarse a nuevas dimensiones: dictaminación de textos para su posible publicación, de actividades y resultados para concursos de oposición y sabáticos, de ponencias y conferencias, dictaminación de solicitudes y resultados de proyectos…
Alarmado por esta situación ampliamente comentada casi a diario en cualquier universidad, centro de investigación y reunión académica, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) acaba de iniciar un proyecto de investigación sobre las evaluaciones académico-científicos vigentes en el país. Aunque por ahora se podrá abordar solo algunos de sus mecanismos más importantes, se trata no únicamente de analizarlos con una perspectiva propositiva que se base, ante todo, en las experiencias y consideraciones de los mismos académicos. Igualmente relevante es construir una visión de conjunto, ya que parece imperativo reducir la frecuencia de muchas evaluaciones, eliminar la exigencia de siempre los mismos datos en formatos siempre distintos, sustituir la imposición de indicadores homogeneizantes seleccionados a partir de una idea francamente liliputiense de ciencia mediante la apertura hacia equivalencias de todo tipo, reemplazar el conteo de comprobantes uniformes de actividades estandarizadas por la evaluación cualitativa de creatividad docente, perspectivas disciplinarias y transdisciplinarias novedosas, y, no el último término, fomentar la articulación de todo el sector no sólo con el debate científico latinoamericano e internacional, sino también con la multiplicidad de lenguas, culturas y saberes constitutiva de la nación.
Un efecto colateral de esta meta-evaluación apenas iniciada y de sus propuestas resultantes podría ser la recuperación del auto-respeto de los mismos académicos y del respeto de los sistemas administrativos hacia los académicos, actualmente concebidos no pocas veces como “mil usos” intercambiables a la orden de “modelos”, “certificaciones”, “rankings” y “control administrativo”, los cuales parecen cada vez más importantes que el proceso pedagógico, el pensamiento crítico, la investigación arriesgada, la innovación metodológica.
En estos meses, en los que se desarrollan en todo el país loables esfuerzos por acercar más a los mejores estudiantes al trabajo académico mediante estancias de diversos tipos, parece más relevante aún discutir esta meta-evaluación, ya que el aplacamiento institucional actual de iniciativas de participación estudiantil, del pensamiento cuestionador, de propuestas científicas osadas no podrá seguir siendo suplido por mercadotecnia y retórica; solamente podrá ser enfrentado por el trabajo académico-científico –honesto, colegiado, informado y transparente– de todos los días.
Fuente
