José Joaquín Brunner
El Mercurio (Chile).
4 de marzo de 2012
El entusiasmo que genera el sistema de educación superior de ese país no ve el orden distinto que existe en esa nación.
En diversas ocasiones, rectores universitarios, dirigentes estudiantiles e investigadores académicos han manifestado entusiasmo por el modelo finlandés de educación terciaria. ¿La razón? Se trataría de un sistema de provisión puramente público, con generoso financiamiento del Estado, sin barreras de acceso, gratuito, de calidad y equitativo.
Esta visión es ingenua, sin embargo, y las comparaciones con la situación chilena que a partir de ella se formulan resultan pueriles. Por lo pronto, el desarrollo del país nórdico es uno de los más avanzados del mundo, con un ingreso por persona de 37 mil dólares frente a una cifra de apenas 15 mil en Chile. El gobierno finlandés capta por concepto de impuestos alrededor de 19 mil dólares por persona anualmente, mientras el chileno obtiene menos de 2 mil 500. En moneda de igual poder adquisitivo, el gasto por estudiante terciario es el doble en Finlandia que en Chile.
Tan dispares realidades dan lugar a muy diferentes formas de organizar y financiar la educación superior. En efecto, Chile combina bajos impuestos y un reducido gasto público con altos aranceles y un amplio esquema de becas y créditos (en reestructuración). Por el contrario, Finlandia asocia una pesada carga tributaria y un elevado gasto público con gratuidad de la educación terciaria y becas de mantención. Al final del día, allá y aquí son los hogares (individuos) y las empresas las que pagan; nada se produce sin costo.
Adicionalmente, los sistemas son incomparables en tamaño y composición. En Finlandia hay sólo 20 instituciones universitarias con un total superior a 150 mil alumnos y 23 politécnicos (universidades de ciencias aplicadas) que atienden un número similar, pero algo inferior de estudiantes. Las universidades, antiguamente propiedad del Estado, han sido transformadas en entidades jurídicas independientes, pudiendo organizarse como corporaciones públicas o fundaciones privadas.
Los politécnicos son en su mayoría privados (13) y los demás son administrados por municipios. En ambos niveles se busca que las instituciones adopten una gestión emprendedora, realicen negocios y obtengan ingresos complementarios a aquellos provistos por el Estado.
Dentro de este esquema, el Estado continúa actuando como principal financista de la educación terciaria y las actividades de investigación. Para ello, el gobierno asigna recursos a cada universidad sobre la base de estrictos criterios de desempeño; esto es, en función de resultados e impacto y no del volumen, carácter institucional, antecedentes históricos o costo de los insumos, como hacemos aún en Chile.
Próximamente, el gobierno finlandés comenzará a financiar a las universidades según convenios de desempeño firmados por cuatro años, sujetos al cumplimiento de metas verificado mediante una batería de indicadores, como número de graduados (de pregrado y posgrado) por profesor, porcentaje de graduados empleados, artículos científicos publicados, movilidad internacional de académicos y estudiantes, porcentaje de recursos no estatales generados, etc.
Para garantizar el éxito del nuevo trato, la ley ha modificado el gobierno universitario, otorgándole mayor poder a los rectores y trasladando la conducción estratégica desde los senados académicos a las juntas directivas, compuestas por 40% de miembros externos, entre los cuales se designa a su presidente y vicepresidente. A su turno, estas juntas eligen a los rectores.
En suma, el modelo finlandés de educación superior supone una sociedad con elevados ingresos, que paga altos impuestos, posee un sólido y exigente Estado socialdemócrata de bienestar y donde las instituciones proveedoras del servicio se hallan sujetas a fuertes controles de desempeño, calidad y eficiencia. Nada más alejado, en consecuencia, de la visión entusiastamente ingenua de quienes creen posible una educación terciaria de calidad y equitativa lograda con cero costos de ajuste organizacional, esfuerzo colectivo, exigencias de desempeño y constante supervisión.
Fuente
El Mercurio (Chile).
4 de marzo de 2012
El entusiasmo que genera el sistema de educación superior de ese país no ve el orden distinto que existe en esa nación.
En diversas ocasiones, rectores universitarios, dirigentes estudiantiles e investigadores académicos han manifestado entusiasmo por el modelo finlandés de educación terciaria. ¿La razón? Se trataría de un sistema de provisión puramente público, con generoso financiamiento del Estado, sin barreras de acceso, gratuito, de calidad y equitativo.
Esta visión es ingenua, sin embargo, y las comparaciones con la situación chilena que a partir de ella se formulan resultan pueriles. Por lo pronto, el desarrollo del país nórdico es uno de los más avanzados del mundo, con un ingreso por persona de 37 mil dólares frente a una cifra de apenas 15 mil en Chile. El gobierno finlandés capta por concepto de impuestos alrededor de 19 mil dólares por persona anualmente, mientras el chileno obtiene menos de 2 mil 500. En moneda de igual poder adquisitivo, el gasto por estudiante terciario es el doble en Finlandia que en Chile.
Tan dispares realidades dan lugar a muy diferentes formas de organizar y financiar la educación superior. En efecto, Chile combina bajos impuestos y un reducido gasto público con altos aranceles y un amplio esquema de becas y créditos (en reestructuración). Por el contrario, Finlandia asocia una pesada carga tributaria y un elevado gasto público con gratuidad de la educación terciaria y becas de mantención. Al final del día, allá y aquí son los hogares (individuos) y las empresas las que pagan; nada se produce sin costo.
Adicionalmente, los sistemas son incomparables en tamaño y composición. En Finlandia hay sólo 20 instituciones universitarias con un total superior a 150 mil alumnos y 23 politécnicos (universidades de ciencias aplicadas) que atienden un número similar, pero algo inferior de estudiantes. Las universidades, antiguamente propiedad del Estado, han sido transformadas en entidades jurídicas independientes, pudiendo organizarse como corporaciones públicas o fundaciones privadas.
Los politécnicos son en su mayoría privados (13) y los demás son administrados por municipios. En ambos niveles se busca que las instituciones adopten una gestión emprendedora, realicen negocios y obtengan ingresos complementarios a aquellos provistos por el Estado.
Dentro de este esquema, el Estado continúa actuando como principal financista de la educación terciaria y las actividades de investigación. Para ello, el gobierno asigna recursos a cada universidad sobre la base de estrictos criterios de desempeño; esto es, en función de resultados e impacto y no del volumen, carácter institucional, antecedentes históricos o costo de los insumos, como hacemos aún en Chile.
Próximamente, el gobierno finlandés comenzará a financiar a las universidades según convenios de desempeño firmados por cuatro años, sujetos al cumplimiento de metas verificado mediante una batería de indicadores, como número de graduados (de pregrado y posgrado) por profesor, porcentaje de graduados empleados, artículos científicos publicados, movilidad internacional de académicos y estudiantes, porcentaje de recursos no estatales generados, etc.
Para garantizar el éxito del nuevo trato, la ley ha modificado el gobierno universitario, otorgándole mayor poder a los rectores y trasladando la conducción estratégica desde los senados académicos a las juntas directivas, compuestas por 40% de miembros externos, entre los cuales se designa a su presidente y vicepresidente. A su turno, estas juntas eligen a los rectores.
En suma, el modelo finlandés de educación superior supone una sociedad con elevados ingresos, que paga altos impuestos, posee un sólido y exigente Estado socialdemócrata de bienestar y donde las instituciones proveedoras del servicio se hallan sujetas a fuertes controles de desempeño, calidad y eficiencia. Nada más alejado, en consecuencia, de la visión entusiastamente ingenua de quienes creen posible una educación terciaria de calidad y equitativa lograda con cero costos de ajuste organizacional, esfuerzo colectivo, exigencias de desempeño y constante supervisión.
Fuente
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