MADRID (AP) — El gobierno español advirtió el viernes a Argentina que la expropiación de YPF, propiedad de la petrolera española Repsol, le convertiría en un "apestado internacional", cuya consecuencia más inmediata se dejaría sentir no sólo en sus relaciones con el país ibérico sino con toda la Unión Europea.
Madrid, con el apoyo de sus socios europeos en Bruselas, elevó el tono de la protesta diplomática por los últimos acontecimientos en torno a la compañía. El gobierno señaló que está recabando el apoyo de sus aliados y dejó entrever que la nacionalización de YPF implicaría una ruptura de relaciones, no sólo económicas.
Tras entrevistarse durante una hora con el embajador argentino en España, el canciller José Manuel García-Margallo confió en encontrar una solución dialogada al contencioso pero dijo que cualquier "agresión" a Repsol será considerada "una agresión al gobierno español".
En ese sentido, el secretario de Estado para la Unión Europea de la cancillería, Iñigo Méndez de Vigo, precisó que la nacionalización de YPF afectaría las negociaciones comerciales en curso entre los 27 socios de la Unión Europea y los países del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
"Romper las reglas del juego tiene un coste y Argentina se va a convertir en un apestado internacional", dijo Méndez de Vigo a la emisora Onda Cero.
Poco después, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló que no tiene constancia de que Argentina haya iniciado un proceso de expropiación de YPF pero aseguró que, de producirse, el gobierno responderá.
"Las medidas no se anuncian, se adoptan", afirmó Sáenz de Santamaría preguntada en rueda de prensa sobre si España se plantearía suspender las importaciones y otras inversiones en el país sudamericano. "La obligación de este gobierno es defender con todos los instrumentos que tiene a su alcance los intereses generales de España", agregó.
En Bruselas la Unión Europea pidió a Argentina que respete los compromisos adquiridos y dijo que había hecho llegar una "nota diplomática" a un miembro del gobierno de Cristina Fernández.
"Estamos al lado de España en esta situación", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly. "Esperamos que el gobierno argentino respete los compromisos internacionales y la protección de las inversiones extranjeras en su territorio".
España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos. La inversión directa de España en el país sudamericano alcanzó los 23.242 millones de dólares en 2010, un 26,3% del total con respecto al 16,8% de Estados Unidos, según datos del Banco Central de la República Argentina.
Mientras tanto, Repsol remitió el viernes un comunicado el regulador bursátil en España en el que asegura no haber recibido "notificación alguna por parte de las autoridades argentinas en relación con su participación accionarial en su filial YPF, S.A.".
Las acciones de la petrolera se desplomaban 2,6% a media sesión en una jornada de pérdidas generalizadas en la Bolsa de Madrid.
El comunicado de la compañía y la dura reacción del gobierno español llegó horas después de intensos rumores a uno y otro lado del Atlántico sobre la posibilidad de que Argentina tome la decisión de expropiar YPF a Repsol, adquiriendo más de la mitad de su paquete accionario.
Pero la presidenta Fernández evitó hablar de la petrolera en un mensaje a la nación en la tarde del jueves.
YPF está participada en un 57,43% por la española Repsol y en un 25,46% por el grupo argentino Petersen, que es el responsable de su gestión. El Estado argentino tiene una participación minoritaria.
La filial argentina representa el 42% de las reservas totales de Repsol, cifradas en 2.100 millones de barriles de crudo, y un 25% de sus beneficios de explotación.
Seis provincias argentinas han retirado recientemente concesiones de distintas áreas hidrocarburíferas a YPF, alegando el incumplimiento en los planes de inversión. Ello supone el 19% de la producción nacional de crudo de la empresa, según estimaciones del sector energético. En respuesta, YPF, que niega las acusaciones de falta de inversión, ha interpuesto demandas ante la justicia.
Pero muchos analistas consideran que detrás de la presión oficial para que la compañía aumente sus inversiones en la exploración y explotación de petróleo y gas hay una voluntad de nacionalizar la petrolera, que fue privatizada en la década de 1990.
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La periodista de The Associated Press en Bruselas Gabriele Steinhauser contribuyó con esta nota.
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