Aqui les traigo hermanos ba-kunos esto del "Nuevo Sonora"
Gobierno, con licencia para delinquir
Y si además le sumamos el proteccionismo que practica la Contraloría General del Estado a médicos y funcionarios del Isssteson por la muerte de la joven Claire Denisse y el cobro indebido de cuotas a empleados de la Secretaría de Salud presuntamente para favorecer la campaña de Alejandro López Caballero, estamos hablando ya de delincuencia...
Por Pegazo / Dossier Politico
Dia de publicación: 2012-03-27
Primero, el desacato del gobernador Guillermo Padrés; luego, el despojo de terrenos del procurador Carlos Navarro; después, el “Romerogate” del secretario de Gobierno y ahora la balacera suscitada por dos funcionarios del Nuevo Sonora que fueron dejados en libertad por órdenes del encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Si a lo anterior le agregamos el uso indiscriminado de recursos públicos, de oficinas gubernamentales y personal para fortalecer las campañas de panistas en Sonora, estamos hablando que los sonorenses mantenemos a un nido de malvivientes juveniles que se aprovechan de su cargo para cometer sus tropelías.
Y si además le sumamos el proteccionismo que practica la Contraloría General del Estado a médicos y funcionarios del Isssteson por la muerte de la joven Claire Denisse y el cobro indebido de cuotas a empleados de la Secretaría de Salud presuntamente para favorecer la campaña de Alejandro López Caballero, estamos hablando ya de un grupo de delincuencia.
El desacato
Como usted recordará el diputado Faustino Félix Chávez aseguró que el gobernador Guillermo Padrés Elías violenta el Estado de Derecho e interpreta a modo la resolución judicial para justificar el desacato en el que incurrió con relación al Acueducto; mientras, Alberto Vizcarra dice que el Gobierno engaña a los sonorenses utilizando a El Imparcial.
En un comunicado de prensa, Félix Chávez detalló que son dos procesos judiciales los que enfrenta el Gobierno del Estado en torno al Acueducto Independencia y en uno quedó establecido en el desacato en que incurrió la autoridad.
“Son dos expedientes, el 865/10 del Módulo de Riego 4P4 y el 1021/10 del módulo 16 del Distrito de Riego 041, pero el jurídico del Gobierno trata de aparentar que ya resolvió todo”, aseguró.
El legislador afirmó que desde el Ejecutivo estatal se empeñan en confundir al enviar señales equivocadas a la sociedad y difundir noticias engañosas; dijo que la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Quinto Circuito, donde exime al Ejecutivo de incurrir en desacato, no afecta el fondo del proceso 1021/10, donde existe una suspensión que igualmente se tiene que cumplir y detener la obra.
“En el 865/10, ya es cosa juzgada el hecho de que el Gobierno del Estado incurrió en desacato. Tanto en el Juzgado Octavo de Distrito, como en el tribunal colegiado en Hermosillo, así lo resolvieron. Esto no puede cambiarse con nada. Además ya hay una suspensión definitiva que debe respetarse”, aclaró.
Faustino Félix advirtió que la situación legal del acueducto no cambia, el proceso sigue su curso, pero el Director Jurídico del Gobierno, Carlos Espinoza, intenta aparentar que ya se resolvieron los tribunales a su favor, lo cual es falso.
“Si revisamos como le ha ido al Jurídico estatal en ambos procesos, veremos que su porcentaje de bateo es muy pobre, pues han sido más las resoluciones en contra que a favor… eso refleja que el Estado de Derecho se ha violentado en Sonora”, concluyó.
Mientras, en una entrevista con Fernando Gutiérrez de Dossier Político, el integrante de la organización opositora al Acueducto Independencia, Movimiento por el Agua de el Sur del Estado, Alberto Vizcarra, acusó al gobernador Guillermo Padrés de encabezar un despliegue mediático para encubrir el acto de desacato de una autoridad judicial que le ordenó suspender las obras de construcción de la obra, como actualmente se encuentran.
El dirigente social de Ciudad Obregón consideró que el Gobierno del Estado y sus funcionarios están engañando a los sonorenses al pretender hacer ver como legal la construcción del acueducto.
“Cuando existe un ordenamiento por parte del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ratificando el fallo de la Juez VIII de Distrito con sede en Ciudad Obregón, quien ordenó el uso de la fuerza pública para paralizar las obras del acueducto”, manifestó.
Vizcarra explicó que los argumentos del Gobierno del Estado para fingir la validez de la construcción de la obra hidráulica se fundamenta en un juicio de amparo de los dos que existen sobre la ilegalidad de la obra y donde el principal, derivó en un ordenamiento judicial para paralizar los trabajos, del cual, el Gobierno del Estado no informa a los sonorenses.
Acusó al Gobernador de estar confabulado con el diario El Imparcial para mal informar a los sonorenses y exhibir sólo una parte de los juicios de amparo, uno de ellos, adverso a las intenciones del Gobierno de proseguir con la obra hidráulica.
Por la mañana, la operación mediática del Gobierno del Estado inició con las declaraciones del secretario de Gobierno, Roberto Romero y el gobernador Padrés, quienes elevaron las campanas asegurando a los medios de comunicación que estaban felices de la resolución del Tribunal Colegiado de Quinto Circuito.
Pero sólo es una parte de uno de los dos procesos contra el Estado.
“Nunca dijimos que este Gobierno sería fácil, al llegar aquí no implicaba que habíamos triunfado, sino que el interés tiene pies, se mueve y a veces ese mismo interés al cual vencimos en las elecciones del 2009, ese mismo interés se sique moviendo desde sus tribunas, desde sus posiciones y desde ahí ataca el interés de la gente”, dijo Romero.
En tanto, Padrés Elías declaraba que “el tiempo nos va dando la razón de que estamos haciendo una obra en beneficio de los sonorenses apegada a derecho y obviamente cuando uno rompe esquemas, cuando uno quiere hacer las cosas en grande, siempre vamos a encontrar resistencia y habrá diferencia de opiniones, pero lo vamos a ir demostrando conforme vaya pasando el tiempo...
Vamos a ir enfrentando cualquier diferencia en los tribunales y lo vamos a ir demostrando”.
Una vez más, utilizando a El Imparcial, el gobernador Padrés vuelve a engañar a los sonorenses con tal de fortalecer su pirámide de mentiras y caprichos en su proyecto sexenal por excelencia: El Acueducto Independencia.
El despojo
La revista Proceso publicó que Carlos Alberto Navarro Sugich, quien desde el pasado 25 de enero encabeza la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, enfrenta una serie de acusaciones y demandas penales por abuso de autoridad, portación de arma prohibida, asociación delictuosa, usurpación de funciones, despojo, invasión a propiedad privada, amenazas e intimidaciones.
Este alud de denuncias contra el funcionario datan del tiempo en que se desempeñaba como subprocurador de Control de Procesos de esa dependencia (desde enero de 2010 hasta su actual promoción); fueron interpuestas por José Francisco Figueroa Mercado y Guadalupe Butrón Quiroz y dieron lugar a las averiguaciones previas 113/2011 y 108/2011, respectivamente.
Ambas personas sostienen que Navarro Sugich se valía de su cargo para que sus amigos se apropiaran de terrenos particulares.
“El 26 de julio de 2011 –relata Figueroa Mercado– me enteré por uno de mis hijos que en una fracción de mi predio estaban varias personas. Al llegar vi que el cerco que delimita mi propiedad estaba trozado y que dentro se encontraban unas 10 personas. Entre ellas estaba Carlos Ortiz, El Perico, así como agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y Carlos Alberto Navarro Sugich, quien en ese momento se identificó como agente del Ministerio Público.
“Me dijo que venía a ayudar a Ortiz para que tomara posesión de su predio. Le manifesté que yo era el propietario y le mostré los papeles a mi nombre. Me dijo que no servían. Le pedí que me mostrara los suyos. Respondió que no tenía que enseñarme nada, que se iba a meter y que debía retirarme de ahí porque ellos eran la autoridad, que traían órdenes del procurador general de justicia y que no dudaría en usar su arma y disparar si nos oponíamos, ya que este tipo de acciones eran políticas de Estado. Nos retiramos por temor a que nos privara de la vida.”
Puntualiza: “Ahora sé que Navarro Sugich no es agente del Ministerio Público, sino subprocurador de Control de Procesos en la procuraduría estatal. Quiero precisar que él daba las órdenes a las personas que iban armadas y vestidas de civil, así como al que mandó que de inmediato se procediera al cercado de una fracción de mi predio, del cual fui despojado desde ese momento. Además, esas personas ya habían introducido vehículos, algunos cargados con materiales”.
Figueroa, de 62 años, comenta que siempre estuvo acompañado de su hijo Manuel, de su abogado Jesús Acuña Alcántar y de Israel García Gaxiola, encargado de resguardar el predio.
“En poco tiempo terminaron de instalar un cerco nuevo sobre la fracción invadida de mi predio. Dicho cerco fue construido con malla ciclónica y postes de fierro clavados en concreto. También colocaron una puerta a la cual le pusieron candado y cadena. Ahí montaron un letrero que dice: ‘Propiedad Privada RPP 510060045 Corporativo Ortiz’. Al mismo tiempo metieron carros con pantallas de publicidad, cajas de tráileres y una caja grande de lámina, como para almacenar herramientas.”
De acuerdo con documentación integrada en el expediente, Figueroa es propietario del predio denominado Unidad Ganadera la Esperanza, ubicado en el kilómetro nueve del Bulevar García Morales. El uso de la finca, de 66.51.74 hectáreas, está dividido en cuatro fracciones: dos destinadas a cultivos; una con la casa particular, talleres, pozo, hortalizas y locales comerciales, y una más en la que hay canchas de futbol; 2 mil 554 metros cuadrados de esta última corresponden a la parte supuestamente invadida por Navarro Sugich.
En su declaración ante el Ministerio Público del pasado 4 de noviembre, Alejandro Samaniego López, el agente de la PEI que apoyó al entonces subprocurador durante la invasión de la propiedad, reconoce:
“Ese día, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, recibí por radio la orden de comunicarme a la base. De mi celular hablé con Gilberto Leyva Leyva, encargado de la base operativa, quien me indicó que me trasladara inmediatamente al predio ya que Carlos Navarro, subprocurador de Procesos, solicitaba apoyo y que me llevara a mis elementos del sector norte y que me enviaría a otros del operativo norte.”
El agente refiere que cuando llegó al predio se le acercó Navarro Sugich: “Me dijo que él había pedido el apoyo, que resguardáramos la integridad de las personas que se encontraban en el predio. Asentí y él se volvió a meter al terreno de donde había salido. Más tarde notifiqué al operador de la base que todo estaba en orden y que no creía necesario que llegaran más unidades de la PEI en apoyo”.
Más atropellos
La otra denunciante, Guadalupe Butrón Quiroz, sostiene que el 14 de septiembre último un grupo de personas, presuntamente bajo las órdenes del subprocurador Navarro Sugich, intentó despojarla de un predio de 28.7 hectáreas conocido como El Rosario.
En entrevista con la reportera asegura que ese día, a las 8:30 de la mañana, realizaba un recorrido en su predio acompañada de su esposo, Benjamín Lagarda Burgos, cuando llegaron tres retroexcavadoras y varios vehículos.
“El señor Ramón Alejandro Noriega Villaescusa, El Chanate, dijo que iba a sacarme de mi propiedad a como diera lugar. Estaba escoltado por 20 guardias de seguridad privada de la empresa Argus. A los operadores de las retroexcavadoras les ordenó que rompieran el cerco de púas y trozaran los postes en la parte que colinda con la calle Israel. Una vez dentro mandó que una de las máquinas derribara una barda de bloques de unos 100 metros de largo y 1.5 metros de altura”, dice.
Agrega que subió a una de las retroexcavadoras y logró bajar al operador para evitar que continuara con la demolición:
“Al percatarse de ello, Noriega le dijo al operador que me atropellara y que bajo ninguna circunstancia permitiera que yo bloqueara el paso; mientras tanto, el operador de otra máquina en menos de 30 minutos tiró la barda.”
Butrón Quiroz afirma que tiene pruebas de estos hechos en una videograbación. Comenta que incluso solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de sus familiares y llamó a un notario público para que diera fe de lo ocurrido.
“El mayor de mis hijos, Leonardo, es abogado y le hablé por teléfono para decirle lo que estaba sucediendo. Me pidió que lo comunicara con Noriega, quien le dijo que no le importaba que lo denunciáramos por daños y despojo, ya que contaba con el apoyo del subprocurador de Control de Procesos, Carlos Alberto Navarro Sugich, de quien recibió instrucciones de introducirse a mi predio.”
Leonardo Lagarda Butrón refiere: “Colgué con Alejandro Noriega y a los 12 minutos recibí una llamada a mi teléfono-radio Nextel. Provenía del número 62*231299*3, también de Nextel. Era el subprocurador Navarro Sugich, quien me dijo textualmente: ‘Mantente al margen. No te metas a defender a tu mamá ni a tu papá. Si te presentas en el predio para evitar la invasión te voy a chingar. Más vale que te mantengas al margen; de lo contrario, atente a las consecuencias. Ramón Alejandro Noriega y María Emilia Noriega Romandía son mis amigos y socios’.
“Le contesté que no era posible que me pidiera eso, que se trataba de mi madre y de su predio. Me respondió: ‘Vas a aprender a respetarme. Te advierto que no te aparezcas por el terreno; si lo haces, elementos de la PEI que envié te van a chingar’. Al terminar la llamada, me comuniqué telefónicamente con varios amigos y les pedí que acudieran en ayuda de mi madre.”
Lagarda Butrón dice que solicitó ayuda a Leopoldo Moreno Valenzuela, director general de la Defensoría de Oficio del estado de Sonora.
“Le dije: ‘¡No me vas a creer lo que está pasando!’ Me contestó que estaba enterado de lo que sucedía en el predio de mi madre, ya que minutos antes recibió una llamada de Navarro Sugich, quien de manera tajante y amenazadora le prohibió intervenir a favor de mi madre. Indignado, le espeté: ‘Cómo es posible que un subprocurador, abusando de su posición en nuestro estado, se valga de la misma para cometer delitos o prestar ayuda para que se perpetren’.”
Guadalupe Butrón comenta que al predio llegaron policías municipales, quienes reconvinieron a Ramón Alejandro Noriega y le dijeron que los actos que estaba realizando constituían un delito de despojo y daños en propiedad ajena.
“Sin embargo, en apoyo de Noriega, llegaron dos agentes de la PEI –a bordo de dos patrullas; una, la 1075–, quienes trataron de auxiliarlo para despojarme. El agente Alejandro Samaniego López entró al predio y trató de intimidar a mi esposo: Le mostró fotos de mis hijos y le comentó que ya los tenía fichados”, relata.
En su declaración testimonial, Noriega Villaescusa niega las imputaciones de Butrón y asegura que él no se presentó en el predio con 20 elementos de seguridad privada.
Contrario a las afirmaciones de Noriega, en una parte de su declaración Benjamín Morales Sánchez, agente de la PEI que llegó al predio a bordo de la patrulla 1079, señala: “Al ver una foto de Ramón Alejandro Noriega confirmé que es la persona que acompañada por un grupo de personas intentaba meterse al terreno”.
La demanda de amparo 1495/2011, interpuesta el 19 de diciembre de 2011 por Leonardo Lagarda Butrón ante el Juzgado Décimo de Distrito de Sonora, contiene una solicitud de juicio político en contra del ahora procurador Carlos Alberto Navarro Sugich, puesto que los actos reclamados –usurpación de funciones e intimidación– repercuten en los intereses públicos fundamentales. Así lo establecen, afirma el abogado, los artículos 7 y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En dicha solicitud que Lagarda Butrón hace al Congreso local dice que Navarro Sugich incurrió en el delito de intimidación previsto en el título séptimo, artículo 189, del capítulo IX, el cual establece: “Se impondrán de seis meses a nueve años de prisión, de 10 a 250 días de salario mínimo de multa y destitución, en su caso… al servidor público que por sí, o por medio de terceros, inhiba o intimide, por medio de la violencia física o moral, a cualquier persona para evitar que ésta, o alguien con ella relacionada, formule una denuncia”.
A las demandas que acumula Navarro Sugich se suma un juicio que en noviembre de 2010 entabló Lagarda Butrón en su contra. En su alegato el abogado afirma que en su calidad de subprocurador de Control de Procesos, Navarro Sugich designó a Oswaldo Ordorica Hodgers director general de Control de Procesos, quien, afirma, no acreditó los exámenes de control de confianza ni fue registrado y certificado en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Detalla que el nombramiento para este puesto sólo puede otorgarlo el gobernador Guillermo Padrés Elías, mediante propuesta del procurador de Justicia, cargo que en ese entonces ocupaba Abel Murrieta Gutiérrez. Al hacerlo de manera autónoma, dice, Navarro Sugich violó el artículo 8 fracción V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado; el artículo 6, fracción XVII del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE, y el artículo 201 fracción V del Código Penal estatal que tipifica como conducta ilícita la designación de funcionarios sin cumplir con los requisitos normativos.
Con base en el artículo 139, fracción III, nombrar director a una persona que no se haya certificado ni registrado conlleva sanciones de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de salario mínimo de multa.
Cuando, el 3 de febrero, varios reporteros locales le preguntaron al gobernador Guillermo Padrés qué opinaba de las denuncias que pesan sobre el procurador, únicamente respondió: “Son situaciones que él tiene que contestar, que lo aclare ya sea en forma personal, como ciudadano o como procurador, si así lo amerita y si él lo ve pertinente”.
Antes, el pasado 25 de enero, al anunciar que Navarro Sugich sería el nuevo procurador de Justicia estatal, Padrés lo llenó de elogios: “Cuenta con el perfil, conocimiento y experiencia para desempeñar el cargo, por lo que será la propuesta que enviaré al Congreso del estado para ser ratificado como procurador general de Justicia del estado”.
En varias ocasiones –el 17 y el 22 de febrero, así como el 1 de marzo– Proceso trató de comunicarse telefónicamente con el procurador Carlos Alberto Navarro Sugich para conocer su postura respecto de las denuncias en su contra, pero no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió cuando la reportera intentó hablar con él por medio de su secretaria, Iris Barrios, y por medio de José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien respondió que la agenda de Navarro estaba “saturada”.
El Romerogate
Otra publicación expone que el presidente Felipe Calderón y el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, estuvieron detrás de una operación electoral para favorecer a Ernesto Cordero en la contienda interna para elegir candidato a la Presidencia de la República. La maniobra fue orquestada en Sonora, donde el gobernador Guillermo Padrés Elías ordenó el despliegue de operadores a 22 estados.
El resultado fue, en palabras del propio Padrés, que Cordero creció de 6% de las preferencias en julio pasado a 38% de la votación en los comicios del domingo 5.
“Yo sé lo que costó… los resultados contundentes que retumbaron a la Ciudad de México, desde Baja California hasta Yucatán. Yo sé lo que costó. No soy ajeno, y lo platicábamos en aquella reunión (el 3 de enero); no soy ajeno a lo que tuvimos que hacer para obtener ese resultado”, dijo el mandatario sonorense el martes 7, reunido con su gente.
Alrededor de 250 operadores electorales, entre ellos alcaldes, diputados, funcionarios federales y estatales, e incluso la dirigencia del PAN en el estado, fueron convocados a esa reunión con el gobernador para explicar por qué le apostó a Ernesto Cordero e informarles que, ya demostrada su capacidad de convocatoria electoral, la aspirante presidencial Josefina Vázquez Mota le pidió su apoyo.
La cita fue a las 6:30 de la tarde en la Casa de Gobierno de Sonora, ubicada en la colonia Pitic, la más exclusiva de Hermosillo. Tras una espera de dos horas, el mandatario estatal y su equipo cercano salieron a comentar el “esfuerzo realizado” y a encomiar el liderazgo de Padrés, quien agradeció que hubieran resistido “la ola” de apoyo a Vázquez Mota:
“Yo lo sé. Sé que tuvo que haber mucho convencimiento, pedirles de favor apoyar y fortalecer (a los operadores sonorenses) un compromiso con nuestro presidente de la República y de partido. Fue difícil, pero en política y en la vida, la lealtad, el compromiso y la palabra es (sic) sumamente importante, y yo aquí les pedí de favor: ayúdenme a que Sonora cumpla su compromiso.
“Quiero decirles que el esfuerzo que ustedes hicieron nos llevaron (sic) mucho más allá… No se imaginan lo que se siente, y se los quiero transmitir, que nos haya hablado la máxima autoridad y por mi conducto mandarles decir: gracias, amigos, por su esfuerzo, lealtad y compromiso, por una misión cumplida. Se siente bien bonito podérselos decir.”
La reunión se celebró a puerta cerrada, pero panistas asistentes proporcionaron a Proceso la grabación de lo que ahí se dijo, como los pormenores de la operación electoral y la insistencia de Padrés en ensalzar su liderazgo:
“Quiero decirles también que ese liderazgo (el del gobernador) y lo que hicimos vale mucho. Así como (la “máxima autoridad”) nos agradecieron lo que hicimos, inmediatamente nos comunicamos para felicitar a Josefina (…) Josefina me pidió que les diera el mensaje de agradecimiento y me dijo: los necesito cerca, ayúdenme, formen parte de mi equipo.
“(Lo hizo) consciente del trabajo que se hizo aquí, pero también en los 22 estados de la República… que no hicimos más que trabajar con orden, con estrategia, con lealtad, sudar la camiseta y pedir a los panistas que sacaran la casta y defendieran los resultados, y que demostramos que de ocho puntos, ella me lo hacía ver y me lo reconocía, repuntamos a casi 40; que de las últimas encuestas que marcaban cuando mucho 16 puntos, la operación política y el trabajo que sabemos hacer nosotros, lo catapultamos de 16 a 32%.”
Enseguida el gobernador sonorense anunció que ya se había puesto de acuerdo con Vázquez Mota, quien el miércoles 15 visitaría Sonora, donde le organizarían el acto de apoyo más grande que los panistas hayan realizado en la entidad.
Operación F-XXI
En la reunión del martes 7, los colaboradores del gobernador sonorense dieron cuenta de la operación F-XXI (Fuerza XXI), que han desplegado en varios estados para los comicios constitucionales.
La maniobra toma su nombre de la estrategia creada por Padrés para las elecciones de julio de 2009, cuando obtuvo la gubernatura, y que consiste en la creación de una estructura en los 21 distritos de Sonora, donde operan directamente varios servidores públicos.
Ya han sido denunciadas varias F-XXI, aunque cambian de nombre según el número de distritos locales. Por ejemplo, en Sinaloa se llamó F-XXIV y sirvió de apoyo al hoy gobernador Mario López Valdez en 2010; en Baja California Sur, en 2011, se llamó F-XVI y fue fundamental en la elección de Marcos Covarrubias como gobernador.
F-XVI fue la misma clave que se utilizó en Coahuila, donde los sonorenses operaron en la elección de julio pasado, aunque no lograron la victoria. Sobre esos comicios Proceso dio a conocer en su número 1808 una conversación entre el coordinador de campaña del PAN, Luis Fernando Salazar, y el subsecretario de Hacienda sonorense, Gerardo Encinas Urquídez, en la que acordaron el envío de propaganda electoral de Sonora a Coahuila.
En la reunión del martes 7 en la Casa de Gobierno de Sonora, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, mencionó que esos operadores habían participado en elecciones de otros estados, sin precisar cuáles. No obstante, en Sinaloa, Baja California Sur y Coahuila se ha identificado en varios medios de comunicación a Adrián Espinoza Espinoza como el líder de operadores.
Entre los principales colaboradores de Espinoza están Lisseth López y Dalia Valencia, además del panista Héctor León Mendoza y el coordinador de Imagen del gobierno estatal, Javier Alcaraz (Columna Sobre Papel, 12 de febrero de 2011, en Hermosillo, y Zócalo Saltillo, 1 de julio de 2011).
Adrián Espinoza, secretario general del PAN sonorense, fue quien más datos aportó sobre los F-XXI en la reunión del martes 7. Explicó que el gobernador lo había enviado a apoyar a Cordero.
“Ustedes saben que un servidor se fue a la Ciudad de México en julio, a petición, por supuesto, del gobernador del estado, para ser responsable en primer lugar de todo el tema central de Ernesto Cordero y de todo un grupo de compañeros sonorenses para el Distrito Federal.
“A nosotros nos pidió el gobernador que viniéramos a atender nuestro rancho, nuestro territorio acá en Sonora, pero se quedó al frente de esa coordinación a nivel nacional mi buen amigo Paco Bueno, y los chavos que estuvieron en 22 estados de la República”, dijo. Después aclaró que sólo había 18 operadores presentes, pues más de 100 estaban por regresar.
De acuerdo con el directorio oficial en línea, Francisco Bueno es director general de Bebidas Alcohólicas del gobierno estatal. Participó en la precampaña de Cordero desde agosto.
Espinoza continuó repartiendo agradecimientos y destacó que la elección interna del PAN había demostrado la fuerza de su unidad:
“En Sonora todos ganamos en esta elección, porque demostramos que cuando sabemos estar unidos y sabemos ser un gran bloque… ya lo decíamos aquí hace como un mes, el 3 de enero: somos una gran muralla y que no pasa nada por Sonora”, dijo en alusión al equipo de Vázquez Mota.
Finalmente arengó a los presentes con lo que llamó “un canto de guerra”, retomando la famosa expresión de La Pasionaria en la Guerra Civil española, ante el asedio de Madrid:
“¡No pasarán!”, se desgañitaba Espinoza sin que nadie lo siguiera, hasta que después de varios intentos logró que algunos presentes corearan. Y prosiguió: “No pasarán, somos un gran bloque, una gran muralla, y lo demostramos este domingo. Las próximas elecciones, les digo, haremos presidenta a Josefina Vázquez Mota”.
El estilo Sonora
Las intervenciones en la Casa de Gobierno iniciaron con el jefe de la Oficina del Ejecutivo, John Swanson; siguió Juan Valencia, dirigente estatal del PAN; luego, el secretario de gobierno, Roberto Romero López, y finalmente Espinoza, quien hizo el preámbulo de Padrés.
Swanson hizo un recuento de notas en diarios nacionales que informaron del resultado obtenido por Cordero en Sonora, apoyado por el gobernador. De los siete estados que ganó Cordero, Sonora fue el tercero que más votos le aportó: 14 mil 790. Es decir que le ganó por 7 mil 379 a Vázquez Mota, que obtuvo 7 mil 411.
En su turno, Juan Valencia también destacó la fuerza del equipo que opera fuera del estado y mantiene una relación permanente con el gobierno de Padrés:
“El partido está unido aquí en Sonora, no solamente con los panistas, está unido con su gobierno también, con su gobierno estatal y municipales, y así vamos a seguir porque es la única manera de seguir cosechando frutos. Así unidos ganamos en lo que viene.”
Tocó el turno a Roberto Romero López, el secretario de Gobierno cuya voz fue expuesta en el portal de videos YouTube el 23 de enero cuando amenazó a empleados gubernamentales con despedirlos si no apoyaban a Cordero. Aunque en declaraciones posteriores trató de deslindarse, en esta ocasión bromeó al respecto:
“Ya pueden prender las grabadoras –inició Romero López, arrancando las carcajadas de los panistas–. Yo no sé por qué Adrián (Espinoza, quien por lo visto fue el que organizó la reunión) me pidió que hablara de la relación, que contara la cercanía del gobierno en el partido… No sé por qué se te ocurrió, pero bueno: ¿quién soy yo para negarme?”. Más carcajadas.
Y se justificó: “A mí me deja muy claro, esto que pasó, que es necesario tomar algunos riesgos para sacar las cosas adelante y que no debemos caer en la agenda que nos quiera imponer el de enfrente, y que, para empezar, ya no son los de enfrente, son los de atrás”.
Romero subrayó que el PAN de su estado tiene “grandes valores”, como el agradecimiento y la lealtad, y que es muy diferente al PAN nacional. De hecho, anticipó un asunto que Swanson y el propio Padrés abordaron: a todos los presentes les va a ir bien con empleos y candidaturas. E insistió:
“Muchos de los aquí presentes son gobernantes y a veces esa situación nos paraliza, se nos olvida que dentro del marco legal vigente existe la plena posibilidad de que salgamos a defender nuestro liderazgo por lo que creemos, que salgamos afuera, a la calle, a dar la cara por lo que la dábamos antes, que no estábamos donde estamos hoy.
“Y con más razón lo vamos a hacer ahora: por supuesto que la plataforma de todo esto es el buen ejercicio de gobierno y quieren que lo ocultemos. ¡No, chingao! Vamos a ir a presumirlo, salgan a la calle, ejerzan su liderazgo en comunidades y ámbitos de acción, no se detengan, la ley lo permite, no se dejen engañar, es una obligación. Y aquellos que son candidatos, y que mañana van a ser gobierno, que tampoco se les olvide ese compromiso que tenemos todos como mexicanos, sonorenses y panistas.”
El siguiente discurso fue de Espinoza, quien agradeció, entre otros, al diputado federal Enrique Torres, coordinador de la campaña de Cordero en Sonora; a Javier Dagnino, el responsable del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y primo de la esposa de Padrés, Iveth Dagnino.
“Muchas gracias también a una fuerza que estuvo trabajando mucho y le dimos una de las tareas más difíciles: golpear a la gente que estaba de aquel lado (el de Vázquez Mota): a Javier Dagnino, El Pipo. Gracias Javier, pónganse de pie, levanten la mano los que lo acompañaron de cerca”, pidió.
También pidió aplausos para los alcaldes, así como los diputados federales y locales presentes en la reunión. Su lista seguía y seguía:
“Hubo otra fuerza que nos acompañó. Luis Felipe Romero y la gente de Oportunidades –decía pidiendo aplausos–, también a la gente que nos apoyó de CreSer (inaudible) y a Celia López”… De acuerdo con su sitio electrónico, “CreSer es el programa rector para el combate a la pobreza extrema” del gobierno estatal.
Tocó el turno a Padrés. “Ustedes saben que escoger al más fuerte, irse con la ola, es lo más sencillo del mundo, pero marcar el territorio y mandar este mensaje a todo el mapa… y en ese mensaje hay muchas cosas implícitas que hay que contar”, comenzó.
Para él, el resultado del domingo 5 dejó claro que su equipo puede aportar muchos votos en procesos electorales como el presidencial: “Demostramos que en Sonora lo que se tiene que hacer para contar con nuestro apoyo es platicarlo, buscarnos, invitarnos, convencernos de que es por el objetivo y el bien superior, no el personal, colectivo, que nos va ir bien a todos y no nomás a unos cuantos”.
Su noción personal del “bien superior” se aclara cuando solicita el apoyo en bloque para Vázquez Mota: “Les quiero pedir de nuevo su lealtad, su compromiso, que cerremos filas, que mantengamos esa unidad que tenemos y nos ha dado tanto, para sacar adelante lo mejor posible nuestros procesos y que sigamos en la vía de los acuerdos, que en esa vía a todos nos va a ir bien.
“Muchos de los aquí presentes tendrán duda: ¿qué sigue conmigo? Les aseguro que les va a ir bien y lo vamos a ir viendo uno por uno, porque de eso se trata: de cuidarnos los unos a los otros, de que a todos, no nomás a uno o dos o unos cuantos, les vaya bien, sino a todos.”
Y por si hubiera dudas Padrés enfatiza: “Les pido que cuidemos esa fortaleza y liderazgo, y que saquemos la casta, el valor y llevemos este mensaje. Así como les pedí apoyar a Cordero, quiero pedirles que me apoyen, que me sigan para lograr el sueño dorado del PAN y llevar a Josefina a la Presidencia de la República”.
La balacera
Durante el pasado fin de semana circularon por las redes sociales de Facebook y Twitter versiones sobre la presunta detención del Director de Atención Política de la oficina de del Gobernador Guillermo Padres Elías, , y un funcionario de la Secretaría de Educación y Cultura, de nombre Felipe López, a quienes la policía municipal habría arrestado por detonar al menos un arma de fuego, escandalizar en la vía pública y oponerse a la detención.
De acuerdo al sitio informativo elportaldelagente.com, los funcionarios habrían sido puestos bajo arresto durante la mañana del pasado viernes 23 de marzo, en un operativo a cargo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en atención a un reporte ciudadano que advertía de personas escandalizando y realizando detonaciones con arma de fuego en vía pública.
Los hechos se suscitaron por fuera de unos departamentos ubicados sobre la calle Jorge Valdez, entre Escobedo y General Yáñez, de la colonia Jesús García, de Hermosillo, según informa el sitio web referido, acompañando el despacho de una fotografía del momento en que fueron sometidos los presuntos delincuentes.
Sin embargo, durante el fin de semana la Dirección de Seguridad Pública Municipal no había emitido ningún comunicado sobre el particular ni daba cuenta de algún parte policiaco sobre el particular.
De acuerdo al portaldelagente.com, los sospechosos de activar un arma de fuego y escandalizar en vía pública habrían sido remitidos a los separos de la policía municipal de la zona centro, pero dejados en libertad de inmediato.
Por su parte, el gobierno del Estado, hasta la noche del pasado domingo, no había desmentido los hechos que desde el sábado circularon por las redes sociales, acompañados con imágenes del momento del arresto, donde incluso, se anunciaba que ponto circularía un video sobre el operativo policiaco.
De acuerdo a la información extraoficial, uno de los detenidos, el de nombre Oswaldo Contreras Córdova, es abogado de profesión y actualmente presta sus servicios en la Dirección de Atención Política de la oficina del ejecutivo estatal, que encabeza actualmente John Swanson, pero que anteriormente ocupo Erasmo Terán.
El Licenciado Oswaldo Córdova Santacruz trabajó para la firma Bringas Cañez y Asociados en el año 2005, su práctica se enfoca principalmente al litigio laboral y propiedad intelectual.
También trabajo de 1999 al año 2002 en una prestigiosa firma local especializada en esa área, del año 2003 a Octubre del año 2005 fungió como Actuario del Tribunal contencioso Administrativo; en Diciembre del año 2005 se unió a Bringas Cañez y Asociados, involucrándose adicionalmente en litigios Civiles y Comerciales.
Posteriormente, fue llamado a trabajar en la oficina del ejecutivo estatal, cuando Terán Balaguer fungía como titular, y cuyo hijo es socio del despacho de abogados donde laboró Córdova Santacruz.
Claire Dennise
Como un paso más en el proceso para lograr la justicia para su hija Claire Denisse Hernández Murrieta, calificaron sus familiares la suspensión de un médico y una enfermera que participaron en la mala atención en el padecimiento de dengue hemorrágico de la joven de 26 años y le causó la muerte la mañana del 17 de noviembre de 2010.
A casi 17 meses de haber interpuesto una denuncia por negligencia médica ante el Ministerio Público del Fuero Común, por daño moral, exigiendo la separación de su cargo del personal responsable de la atención de la joven cuando ingresó y el día que falleció e incluso, que paguen con cárcel de encontrarlos responsables de su muerte, la Contraloría Estatal determinó la suspensión indefinida de un médico y enfermera señalados como responsables de la muerte de la joven hermosillense.
“La Contraloría tomó ya una determinación de realizar una suspensión al médico y a la enfermera que estuvieron atendiendo a la pariente que es Denisse Hernández, ellos tomaron esa determinación en base a analizar cómo se debe de proceder en caso de un padecimiento así", dio a conocer la directora de ISSSTESON, Teresa Lizárraga Figueroa.
A su vez, hizo énfasis en que la Contraloría llevó a cabo esta determinación, en base a que se analizó como se debe de proceder en un caso como el que la joven presentaba, y que se mantendrán atentos y respetuosos de las decisiones de Contraloría sobre este caso.
Al respecto, el señor Sergio Hernández Cázares, padre de Claire Denisse, señaló que la Licenciada Teresa Lizárraga se estaba "colgando" la medalla respecto a que dicha suspensión que se aplicó al médico general Orlando Alatorre Sánchez y la enfermera general, Adriana Lizeth Salcido Nava, el pasado 20 de marzo, fue gracias a la investigación que llevó a cabo en el hospital.
"La licenciada está colgándose la medalla de que por la investigación que está haciendo se consignó a un médico y enfermera, pero esto fue porque nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. En lugar de andar analizando debería ponerse a sancionar, ya sabe la licenciada Teresa Lizárraga que los suspendidos están implicados, ahora lo que debería hacer es resolver el caso ", sostuvo.
Agregó que la suspensión de un médico y una enfermera por su responsabilidad en la muerte de Claire Denisse, es otro paso más en el proceso de lograr la justicia para su hija, aunque aclaró, "esto no exime a los demás de sus responsabilidades".
La directora del Isssteson, Teresa Lizárraga, informó que la Contraloría General del Estado solicitó al Instituto suspender de sus actividades a un médico y una enfermera señalados como responsables de la muerte de la joven hermosillense Claire Denisse Hernández Murrieta.
El pasado fin de semana la titular de la dependencia dio a conocer que “la Contraloría tomó ya una determinación de realizar una suspensión al médico y a la enfermera que estuvieron atendiendo a la pariente que es Denisse Hernández, ellos tomaron esa determinación en base a analizar cómo se debe de proceder en caso de un padecimiento así”.
El pasado 16 de noviembre a las 09:32 de la mañana, Claire Denisse, acudió a consulta con el doctor Manuel Cobos Flores, de Medicina General, Cédula Profesional 473831 RSSA: 48314, acompañada de su hermano Sergio, ya que presentaba vómito, diarrea y pequeñas manchas rojizas en la piel.
El especialista que la atendió, descartó que se tratara de dengue los síntomas que manifestó y le diagnosticó “Amigdalitis Aguda”, le recetó Amoxicilina 500mg, Nimesulide 100mg y Difenidol 25mg para sus malestares y la regresó a su casa, dándole incapacidad por un día solamente.
Alrededor de las 20 horas, del mismo día, Claire Denise es llevada nuevamente al hospital ya que no mostraba mejoría, siendo ingresada en urgencias, donde presentó dificultad respiratoria y se determinó que padecía dengue
A la 01:00 de la mañana la suben a piso en el área de Medicina para Mujeres, cama 182, donde por horas se quejó de un fuerte dolor en el pecho y en ambas piernas, sin embargo, no había médico de guardia en piso, solo enfermeras (os), quienes le suministraron varios medicamento.
Alrededor de las ocho de la mañana del día 17 de noviembre, la joven fallece debido a que su salud empeoró por los medicamentos suministrados horas antes.
Esa misma tarde, Dora Patricia Campa, prima de la joven, acude a la CEDH a interponer la queja por negligencia médica contra ISSSTESON, dando facultad al Primer Visitador Aldo René Saracco Morales, intervenga en el problema.
Según el certificado de defunción entregado por el ISSSTESON, la causa de muerte de Claire Denise, fue por edema agudo pulmonar, insuficiencia cardiaca aguda e isquemia cardiaca, el día17 de noviembre a las 08:00 horas, sin embargo, la autopsia que se le realizó, arrojó que la joven tenía líquido en cerebro, corazón y pulmones.
La Familia Hernández Murrieta, interpuso una denuncia por negligencia médica ante el Ministerio Público del Fuero Común, por daño moral, exigiendo la separación de su cargo del personal responsable de la atención de la joven cuando ingresó y el día que falleció e incluso, que paguen con cárcel de encontrarlos responsables de su muerte.
La CEDH, determina faltar únicamente el dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico para emitir una recomendación al hospital "Doctor Ignacio Chávez" del ISSSTESON por negligencia médica y evitar que se repita el lamentable suceso en un futuro.
Como se informa en una nota de Dossier Político, el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON, Lic. Raúl Enrique Romero Denogean respondió por oficio el requerimiento de información que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los días 22 y 26 de noviembre, sobre el fallecimiento de Claire Denisse Hernández, quien murió en el ISSSTESON por causas aún no plenamente aclaradas.
En su solicitud la CEDH le informó al ISSSTESON que actuaba de oficio “como consecuencia de ciertas notas periodísticas, en las que se refieren a presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal médico y autoridades administrativas del hospital del ISSSTESON, Ignacio Chávez”.
En su respuesta a la CEDH, el director jurídico del ISSTESON solicita “a éste organismo dejar sin credibilidad las manifestaciones periodísticas, en virtud de que dichas notas reflejan un tono especulativo y subjetivo sobre el caso que nos ocupa y a efecto de proporcionar seguridad y certidumbre jurídica del trato que se le brindó oportunamente a Claire Denisse”.
En torno al lamentable fallecimiento de Claire Denisse, ha sido Dossier Político el medio de información que dio mayor seguimiento informativo al respecto, publicando varias declaraciones de sus padres, quienes se quejaron del trato que recibió Claire en las ocasiones en que acudió al ISSSTESON.
Asimismo, fueron sus padres, con todo el derecho natural y legítimo que les asiste, quienes exigieron a las autoridades una clarificación de las causas de la repentina muerte de su hija y fueron ellos, también, quienes solicitaron a las autoridades competentes la realización de una autopsia.
Los resultados de la autopsia son conocidos por la opinión pública debido a que los padres la dieron a conocer.
Como medio informativo con compromiso social, queremos subrayar y dejar perfectamente claro a la opinión pública y a las autoridades del ISSSTESON que la razón de ser de Dossier Político es informar lo más verazmente que podamos en cada momento.
Por ello, publicamos las declaraciones desesperadas de los padres de Claire Denisse pidiendo un esclarecimiento de las causas de la muerte de su hija.
Todos estaremos de acuerdo en que les asiste la razón y el más sagrado derecho a hacerlo.
Al informar de este lamentable caso, que conmocionó a muchos sonorenses, Dossier Político no emitió un juicio de valor en contra de nadie, sino que se dedicó a informar de aquello que estaba a nuestra disposición en ese momento.
Las autoridades del ISSSTESON respondieron cuando la exigencia de los padres llegó a sus oídos a través de un medio informativo como Dossier Político.
Por ello, defendemos el indeclinable derecho a informar lo más verazmente posible en un momento dado y, al mismo tiempo, a dar voz pública a quienes no la tienen.
También garantizamos el derecho de réplica para toda aquella, persona o institución, que considere que lo publicado en Dossier Político no es verdad, no es precisa o no es objetiva.
Eso también es informar. Sin información, sin medios informativos veraces, serios, objetivos y sin un real compromiso con la comunidad, la sociedad caminaría a ciegas.
Por ello estamos convencidos de que en el caso de Claire Denisse cumplimos con nuestra razón de ser y que es informar, gracias a ello, se ha podido avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.
Los médicos
Para rendir su declaración sobre la averiguación previa 1625/2010 en torno a la muerte por negligencia de Claire Denisse Hernández Murrieta en el hospital Ignacio Chávez, el pasado 17 de noviembre, acudieron a comparecer “en calidad de indiciados” los doctores: Víctor Manuel Cobos Flores, Florencio Villanueva Rosales y Víctor Granados Enríquez.
Los tres doctores acudieron a la Agencia del Ministerio Público del Sector V, a comparecer en diversas horas el 14 de diciembre acompañados de sus abogados, entre ellos, el licenciado Ricardo Izcoatl Oceguera Navarro, mismo que por su conducto, el ISSSTESON buscó a los familiares de Claire Denisse para llegar a una especie de acuerdo.
Sin embargo, los padres de la joven se retiraron decepcionados del hospital, pues “lo único” que ISSSTESON ofreció, fue darles una explicación de lo sucedido, además de ofrecerles terapia de familia para superar su pérdida.
El pasado 08 de diciembre, autoridades del ISSSTESON enviaron el expediente clínico de Claire Denisse al Ministerio Público, siendo el mismo que con anterioridad fue enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde únicamente se anexó un examen del Laboratorio Estatal de Salud, en donde se concluye que Claire Denisse salió positivo al dengue, confirmando así, que su deceso se debió a esa enfermedad.
Cabe aclarar que dichos estudios de laboratorio, son de fecha 22 de noviembre, cuando la joven murió el día 17 del mismo mes, un día después de haber ingresado por síntomas de la enfermedad.
Los tres especialistas del nosocomio citados para dar su versión de lo ocurrido el día en que Claire Denisse ingresó y el día que falleció, se negaron a rendir declaración, apegándose al Artículo 20 Constitucional, que establece “Me Reservo” el derecho de declarar.
El Ministerio Público, Lic. Ignacio García Zataráin, formuló las siguientes preguntas a los médicos; la primera: ¿Se pone a la vista del declarante un legajo de 44 fojas útiles consistente en el expediente clínico de Claire Denisse Hernández Murrieta con número de expediente 9425001 a fin de que el declarante manifieste si identifica si aparece su rúbrica puesta en el mismo?
Al respecto, el doctor Florencio Villanueva Rosales, respondió: “Sí, en la foja marcada con el número 10 y 11 allí esta mi rubrica porque esas son mis notas médicas”.
Segunda pregunta: ¿Que diga el declarante que especialidad tiene como médico? Florencio Villanueva, responde: especialista en urgencias médico quirúrgico.
Tercera pregunta: ¿En base al expediente clínico de Claire Denisse Hernández Murrieta, que diga si es de su conocimiento y sabía que día y a qué hora ingreso al Hospital Chávez? A lo cual Florencio Villanueva, responde: “El día exacto, no lo sé”.
En tanto los médicos Enrique Victorio Granados y Víctor Manuel Cobos Flores, se reservaron el derecho a declarar.
Se hace mención que continuarán los citatorios para que el personal médico que estuvo presente o que tuvo algún tipo de contacto con la joven de 26 años, el día que falleció, acudan a rendir su declaración de los hechos en los próximos días.
La denuncia
Un listado del personal médico que labora en ISSSTESON, servicios que realizan, normas, técnicas y procedimientos bajo los cuales se rige el Instituto, entre otros documentos que permitan normar su criterio en torno a acreditar el delito de Homicidio en Comisión por Omisión y el delito de responsabilidad médica o lo que resulte, solicitaron los padres de Claire Denise a las autoridades en un término no mayor a cinco días.
Familiares de la joven que el día 17 de noviembre de 2010, falleció a causa de dengue de tipo hemorrágico en el Hospital Ignacio Chávez, acudieron el pasado 28 de enero a la Agencia del Ministerio Público a ampliar su denuncia en torno a la investigación que se abrió contra el Instituto por la muerte de la joven de 26 años, al parecer por negligencia médica.
Sergio Hernández Cázares, solicitó a las autoridades anexar al expediente ciertas pruebas documentales para acreditar adecuadamente el delito de Homicidio en Comisión por Omisión y el delito de responsabilidad médica, técnica o lo que resulte, los cuales deberán ser presentados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en un término no mayor a cinco días.
Pruebas documentales solicitadas 1.- Una lista detallada de la plantilla de médicos y enfermeras que prestan sus servicios a ISSSTESON, indicando su fecha de ingreso, horario de trabajo, especialidad en caso de tenerla, título legalmente expedido y autorizado y número de cédula profesional, así como el número de su registro ante la Secretaria de Salud y por lo cual deberá estar respaldada con los documentos comprobatorios respectivos.
2.-Una descripción pormenorizada de las actividades o funciones de cada una de las personas que conforman dicha plantilla de médicos y enfermeras que prestan sus servicios en ese Instituto, la cual deberá estar respaldada con los documentos comprobatorios respectivos
3.- Copias certificadas de cada uno de los contratos de prestación de servicios profesionales que el Instituto ha celebrado o tiene celebrado con la plantilla de médicos y enfermeras.
4.- Nombre y cargo de cada uno de los integrantes del Consejo Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos de dicho Instituto, la cual deberá ser respaldada con los documentos comprobatorios respectivos
5-Copia debidamente certificada del Reglamento de Servicios Médicos de ese Instituto.
6.- Nombre del Coordinador médico para caso de estudios especiales de ISSSTESON.
7.- Copia debidamente certificada de la normatividad que regula la conformación y manejo del banco de datos o archivo clínico que tiene conformado ese Instituto, la rendición de informes pormenorizados mensual del diagnostico y estado de salud que guardan los pacientes.
8.- Copia debidamente certificada de las normas, técnicas y procedimientos aplicables en el campo de la profesión médica bajo las cuales se rige ISSSTESON.
9.- Copia debidamente certificada de todos y cada uno de los protocolos de atención medica para atención en caso dengue o de cualquier problema epidemiológico y aquél protocolo de atención médica que se debe observar para la atención medica en los servicios de urgencias.
Así como el protocolo que de igual manera debe observarse para la atención medica en medicina interna y que aplica este instituto, debiendo por consiguiente manifestar, bajo protesta de decir verdad, que son esos los que se encuentran autorizados para aplicar en dichos casos.
La CAM
Luego de 10 meses y 13 días de lucha, llegó la justicia para Claire Denisse Hernández Murrieta, tras determinar la Comisión de Arbitraje Médico (CAM), que la joven murió a causa de la "mala práctica" en la atención que le proporcionó el personal del hospital "Ignacio Chávez", del ISSSTESON el 17 de noviembre de 2010, cuando ingresó por síntomas de dengue hemorrágico.
Dossier Político fue el primer medio que dio a conocer la negligencia cometida por personal del ISSSTESON en prejuicio de Claire Denisse y el único que estuvo al pendiente de los acontecimientos del caso, en busca de justicia y que lo sucedido a esta joven no vuelva a suceder.
En entrevista con Sergio Hernández Cázares, padre de la joven de 26 años, informó que luego de varios meses de lucha por fin llegó la justicia al determinar el CAM que su hija falleció debido a la mala atención que brindó personal del nosocomio la noche del 16 de noviembre pasado, cuando ingresó al área de urgencias por dengue hemorrágico, cuando horas antes, médicos le diagnosticaron "faringitis".
El titular de la Comisión de Arbitraje Médico, Rubén Vásquez Xibillé, determinó que los médicos Arturo Obregón y José Orlando de la Torre Sánchez, NO se ajustaron a lo que marca la "lex artis" en cuanto al manejo de un paciente con Dengue Grave o Shock por Dengue Hemorrágico, es decir, no efectuaron adecuadamente el protocolo.
Aunque no dictamina si es negligencia, impericia o error, se pronuncia en relación a una "mala práctica" del personal, y será la autoridades quienes definan el procedimiento a seguir.
El padre de la joven, señaló que el lunes pasado fueron citados por autoridades de ISSSTESON para conciliar, pero no contaron con la presencia de la principal responsable del Instituto- y quien debería haber dado la cara por su personal-, la directora general Teresa Lizárraga Figueroa, únicamente estuvieron presentes algunos médicos y enfermeras, no llegándose a ningún acuerdo.
Por ello, los padres de la víctima, por medio del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector V, encargado del caso, solicitaron que el próximo siete de octubre, se lleve a cabo una reunión entre médicos, enfermeras (os) y ofendidos para llegar a buen acuerdo y que este presente la directora Teresa Lizárraga, en caso contrario, seguirán adelante hasta llegar a las últimas consecuencias.
El señor Hernández asegura que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitirá, en breve, una recomendación a Teresa Lizárraga para iniciar con otra etapa de denuncias contra los médicos responsables de la muerte de Claire Dennise.
El SESSS
Desde diciembre del 2010, el Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud en Sonora (SESSS) denunció que el secretario de Salud, Bernardo Campillo, interfiere en las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría del Estado en el caso de los 100 “aviadores” de la Secretaría de Salud del Estado, acción que favorece a intereses de algunos funcionarios que cobran sin trabajar.
A través de un comunicado, el doctor Carlos Manuel González Méndez, Secretario General del SESSS, asegura que presentaron la queja sobre las irregularidades el pasado 14 de diciembre, pero hasta el momento la Contraloría del Estado no ha entregado avance alguno de las investigaciones.
El día 08 de febrero del presente año la contraloría se comprometió a entregar un informe de los avances por escrito, pero acudiendo a dicha cita se convino hacer una ampliación a la demanda.
González Méndez dijo que se trata de más de 100 personas que gozan de permisos para ausentarse, solicitados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 43, agrupación que no cuenta con registro ni toma de nota, que otorga legalidad a las directivas de organizaciones sindicales.
El dirigente del SESSS destacó que hasta el momento la Contraloría no ha emitido dictamen alguno donde informe sobre los avances de las investigaciones respecto a la existencia de 108 personas que siguen cobrando un sueldo sin trabajar.
“Principalmente, estas personas solicitaron permisos para no presentarse a trabajar con goce de sueldo, bajo la excusa de que están
Y apenas llevan 2 años.... que más faltará?
Fuente: Dossier Político http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=110177&relacion=&tipo=Principal1&categoria=550
Gobierno, con licencia para delinquir
Y si además le sumamos el proteccionismo que practica la Contraloría General del Estado a médicos y funcionarios del Isssteson por la muerte de la joven Claire Denisse y el cobro indebido de cuotas a empleados de la Secretaría de Salud presuntamente para favorecer la campaña de Alejandro López Caballero, estamos hablando ya de delincuencia...
Por Pegazo / Dossier Politico
Dia de publicación: 2012-03-27
Primero, el desacato del gobernador Guillermo Padrés; luego, el despojo de terrenos del procurador Carlos Navarro; después, el “Romerogate” del secretario de Gobierno y ahora la balacera suscitada por dos funcionarios del Nuevo Sonora que fueron dejados en libertad por órdenes del encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Si a lo anterior le agregamos el uso indiscriminado de recursos públicos, de oficinas gubernamentales y personal para fortalecer las campañas de panistas en Sonora, estamos hablando que los sonorenses mantenemos a un nido de malvivientes juveniles que se aprovechan de su cargo para cometer sus tropelías.
Y si además le sumamos el proteccionismo que practica la Contraloría General del Estado a médicos y funcionarios del Isssteson por la muerte de la joven Claire Denisse y el cobro indebido de cuotas a empleados de la Secretaría de Salud presuntamente para favorecer la campaña de Alejandro López Caballero, estamos hablando ya de un grupo de delincuencia.
El desacato
Como usted recordará el diputado Faustino Félix Chávez aseguró que el gobernador Guillermo Padrés Elías violenta el Estado de Derecho e interpreta a modo la resolución judicial para justificar el desacato en el que incurrió con relación al Acueducto; mientras, Alberto Vizcarra dice que el Gobierno engaña a los sonorenses utilizando a El Imparcial.
En un comunicado de prensa, Félix Chávez detalló que son dos procesos judiciales los que enfrenta el Gobierno del Estado en torno al Acueducto Independencia y en uno quedó establecido en el desacato en que incurrió la autoridad.
“Son dos expedientes, el 865/10 del Módulo de Riego 4P4 y el 1021/10 del módulo 16 del Distrito de Riego 041, pero el jurídico del Gobierno trata de aparentar que ya resolvió todo”, aseguró.
El legislador afirmó que desde el Ejecutivo estatal se empeñan en confundir al enviar señales equivocadas a la sociedad y difundir noticias engañosas; dijo que la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Quinto Circuito, donde exime al Ejecutivo de incurrir en desacato, no afecta el fondo del proceso 1021/10, donde existe una suspensión que igualmente se tiene que cumplir y detener la obra.
“En el 865/10, ya es cosa juzgada el hecho de que el Gobierno del Estado incurrió en desacato. Tanto en el Juzgado Octavo de Distrito, como en el tribunal colegiado en Hermosillo, así lo resolvieron. Esto no puede cambiarse con nada. Además ya hay una suspensión definitiva que debe respetarse”, aclaró.
Faustino Félix advirtió que la situación legal del acueducto no cambia, el proceso sigue su curso, pero el Director Jurídico del Gobierno, Carlos Espinoza, intenta aparentar que ya se resolvieron los tribunales a su favor, lo cual es falso.
“Si revisamos como le ha ido al Jurídico estatal en ambos procesos, veremos que su porcentaje de bateo es muy pobre, pues han sido más las resoluciones en contra que a favor… eso refleja que el Estado de Derecho se ha violentado en Sonora”, concluyó.
Mientras, en una entrevista con Fernando Gutiérrez de Dossier Político, el integrante de la organización opositora al Acueducto Independencia, Movimiento por el Agua de el Sur del Estado, Alberto Vizcarra, acusó al gobernador Guillermo Padrés de encabezar un despliegue mediático para encubrir el acto de desacato de una autoridad judicial que le ordenó suspender las obras de construcción de la obra, como actualmente se encuentran.
El dirigente social de Ciudad Obregón consideró que el Gobierno del Estado y sus funcionarios están engañando a los sonorenses al pretender hacer ver como legal la construcción del acueducto.
“Cuando existe un ordenamiento por parte del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ratificando el fallo de la Juez VIII de Distrito con sede en Ciudad Obregón, quien ordenó el uso de la fuerza pública para paralizar las obras del acueducto”, manifestó.
Vizcarra explicó que los argumentos del Gobierno del Estado para fingir la validez de la construcción de la obra hidráulica se fundamenta en un juicio de amparo de los dos que existen sobre la ilegalidad de la obra y donde el principal, derivó en un ordenamiento judicial para paralizar los trabajos, del cual, el Gobierno del Estado no informa a los sonorenses.
Acusó al Gobernador de estar confabulado con el diario El Imparcial para mal informar a los sonorenses y exhibir sólo una parte de los juicios de amparo, uno de ellos, adverso a las intenciones del Gobierno de proseguir con la obra hidráulica.
Por la mañana, la operación mediática del Gobierno del Estado inició con las declaraciones del secretario de Gobierno, Roberto Romero y el gobernador Padrés, quienes elevaron las campanas asegurando a los medios de comunicación que estaban felices de la resolución del Tribunal Colegiado de Quinto Circuito.
Pero sólo es una parte de uno de los dos procesos contra el Estado.
“Nunca dijimos que este Gobierno sería fácil, al llegar aquí no implicaba que habíamos triunfado, sino que el interés tiene pies, se mueve y a veces ese mismo interés al cual vencimos en las elecciones del 2009, ese mismo interés se sique moviendo desde sus tribunas, desde sus posiciones y desde ahí ataca el interés de la gente”, dijo Romero.
En tanto, Padrés Elías declaraba que “el tiempo nos va dando la razón de que estamos haciendo una obra en beneficio de los sonorenses apegada a derecho y obviamente cuando uno rompe esquemas, cuando uno quiere hacer las cosas en grande, siempre vamos a encontrar resistencia y habrá diferencia de opiniones, pero lo vamos a ir demostrando conforme vaya pasando el tiempo...
Vamos a ir enfrentando cualquier diferencia en los tribunales y lo vamos a ir demostrando”.
Una vez más, utilizando a El Imparcial, el gobernador Padrés vuelve a engañar a los sonorenses con tal de fortalecer su pirámide de mentiras y caprichos en su proyecto sexenal por excelencia: El Acueducto Independencia.
El despojo
La revista Proceso publicó que Carlos Alberto Navarro Sugich, quien desde el pasado 25 de enero encabeza la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, enfrenta una serie de acusaciones y demandas penales por abuso de autoridad, portación de arma prohibida, asociación delictuosa, usurpación de funciones, despojo, invasión a propiedad privada, amenazas e intimidaciones.
Este alud de denuncias contra el funcionario datan del tiempo en que se desempeñaba como subprocurador de Control de Procesos de esa dependencia (desde enero de 2010 hasta su actual promoción); fueron interpuestas por José Francisco Figueroa Mercado y Guadalupe Butrón Quiroz y dieron lugar a las averiguaciones previas 113/2011 y 108/2011, respectivamente.
Ambas personas sostienen que Navarro Sugich se valía de su cargo para que sus amigos se apropiaran de terrenos particulares.
“El 26 de julio de 2011 –relata Figueroa Mercado– me enteré por uno de mis hijos que en una fracción de mi predio estaban varias personas. Al llegar vi que el cerco que delimita mi propiedad estaba trozado y que dentro se encontraban unas 10 personas. Entre ellas estaba Carlos Ortiz, El Perico, así como agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y Carlos Alberto Navarro Sugich, quien en ese momento se identificó como agente del Ministerio Público.
“Me dijo que venía a ayudar a Ortiz para que tomara posesión de su predio. Le manifesté que yo era el propietario y le mostré los papeles a mi nombre. Me dijo que no servían. Le pedí que me mostrara los suyos. Respondió que no tenía que enseñarme nada, que se iba a meter y que debía retirarme de ahí porque ellos eran la autoridad, que traían órdenes del procurador general de justicia y que no dudaría en usar su arma y disparar si nos oponíamos, ya que este tipo de acciones eran políticas de Estado. Nos retiramos por temor a que nos privara de la vida.”
Puntualiza: “Ahora sé que Navarro Sugich no es agente del Ministerio Público, sino subprocurador de Control de Procesos en la procuraduría estatal. Quiero precisar que él daba las órdenes a las personas que iban armadas y vestidas de civil, así como al que mandó que de inmediato se procediera al cercado de una fracción de mi predio, del cual fui despojado desde ese momento. Además, esas personas ya habían introducido vehículos, algunos cargados con materiales”.
Figueroa, de 62 años, comenta que siempre estuvo acompañado de su hijo Manuel, de su abogado Jesús Acuña Alcántar y de Israel García Gaxiola, encargado de resguardar el predio.
“En poco tiempo terminaron de instalar un cerco nuevo sobre la fracción invadida de mi predio. Dicho cerco fue construido con malla ciclónica y postes de fierro clavados en concreto. También colocaron una puerta a la cual le pusieron candado y cadena. Ahí montaron un letrero que dice: ‘Propiedad Privada RPP 510060045 Corporativo Ortiz’. Al mismo tiempo metieron carros con pantallas de publicidad, cajas de tráileres y una caja grande de lámina, como para almacenar herramientas.”
De acuerdo con documentación integrada en el expediente, Figueroa es propietario del predio denominado Unidad Ganadera la Esperanza, ubicado en el kilómetro nueve del Bulevar García Morales. El uso de la finca, de 66.51.74 hectáreas, está dividido en cuatro fracciones: dos destinadas a cultivos; una con la casa particular, talleres, pozo, hortalizas y locales comerciales, y una más en la que hay canchas de futbol; 2 mil 554 metros cuadrados de esta última corresponden a la parte supuestamente invadida por Navarro Sugich.
En su declaración ante el Ministerio Público del pasado 4 de noviembre, Alejandro Samaniego López, el agente de la PEI que apoyó al entonces subprocurador durante la invasión de la propiedad, reconoce:
“Ese día, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, recibí por radio la orden de comunicarme a la base. De mi celular hablé con Gilberto Leyva Leyva, encargado de la base operativa, quien me indicó que me trasladara inmediatamente al predio ya que Carlos Navarro, subprocurador de Procesos, solicitaba apoyo y que me llevara a mis elementos del sector norte y que me enviaría a otros del operativo norte.”
El agente refiere que cuando llegó al predio se le acercó Navarro Sugich: “Me dijo que él había pedido el apoyo, que resguardáramos la integridad de las personas que se encontraban en el predio. Asentí y él se volvió a meter al terreno de donde había salido. Más tarde notifiqué al operador de la base que todo estaba en orden y que no creía necesario que llegaran más unidades de la PEI en apoyo”.
Más atropellos
La otra denunciante, Guadalupe Butrón Quiroz, sostiene que el 14 de septiembre último un grupo de personas, presuntamente bajo las órdenes del subprocurador Navarro Sugich, intentó despojarla de un predio de 28.7 hectáreas conocido como El Rosario.
En entrevista con la reportera asegura que ese día, a las 8:30 de la mañana, realizaba un recorrido en su predio acompañada de su esposo, Benjamín Lagarda Burgos, cuando llegaron tres retroexcavadoras y varios vehículos.
“El señor Ramón Alejandro Noriega Villaescusa, El Chanate, dijo que iba a sacarme de mi propiedad a como diera lugar. Estaba escoltado por 20 guardias de seguridad privada de la empresa Argus. A los operadores de las retroexcavadoras les ordenó que rompieran el cerco de púas y trozaran los postes en la parte que colinda con la calle Israel. Una vez dentro mandó que una de las máquinas derribara una barda de bloques de unos 100 metros de largo y 1.5 metros de altura”, dice.
Agrega que subió a una de las retroexcavadoras y logró bajar al operador para evitar que continuara con la demolición:
“Al percatarse de ello, Noriega le dijo al operador que me atropellara y que bajo ninguna circunstancia permitiera que yo bloqueara el paso; mientras tanto, el operador de otra máquina en menos de 30 minutos tiró la barda.”
Butrón Quiroz afirma que tiene pruebas de estos hechos en una videograbación. Comenta que incluso solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de sus familiares y llamó a un notario público para que diera fe de lo ocurrido.
“El mayor de mis hijos, Leonardo, es abogado y le hablé por teléfono para decirle lo que estaba sucediendo. Me pidió que lo comunicara con Noriega, quien le dijo que no le importaba que lo denunciáramos por daños y despojo, ya que contaba con el apoyo del subprocurador de Control de Procesos, Carlos Alberto Navarro Sugich, de quien recibió instrucciones de introducirse a mi predio.”
Leonardo Lagarda Butrón refiere: “Colgué con Alejandro Noriega y a los 12 minutos recibí una llamada a mi teléfono-radio Nextel. Provenía del número 62*231299*3, también de Nextel. Era el subprocurador Navarro Sugich, quien me dijo textualmente: ‘Mantente al margen. No te metas a defender a tu mamá ni a tu papá. Si te presentas en el predio para evitar la invasión te voy a chingar. Más vale que te mantengas al margen; de lo contrario, atente a las consecuencias. Ramón Alejandro Noriega y María Emilia Noriega Romandía son mis amigos y socios’.
“Le contesté que no era posible que me pidiera eso, que se trataba de mi madre y de su predio. Me respondió: ‘Vas a aprender a respetarme. Te advierto que no te aparezcas por el terreno; si lo haces, elementos de la PEI que envié te van a chingar’. Al terminar la llamada, me comuniqué telefónicamente con varios amigos y les pedí que acudieran en ayuda de mi madre.”
Lagarda Butrón dice que solicitó ayuda a Leopoldo Moreno Valenzuela, director general de la Defensoría de Oficio del estado de Sonora.
“Le dije: ‘¡No me vas a creer lo que está pasando!’ Me contestó que estaba enterado de lo que sucedía en el predio de mi madre, ya que minutos antes recibió una llamada de Navarro Sugich, quien de manera tajante y amenazadora le prohibió intervenir a favor de mi madre. Indignado, le espeté: ‘Cómo es posible que un subprocurador, abusando de su posición en nuestro estado, se valga de la misma para cometer delitos o prestar ayuda para que se perpetren’.”
Guadalupe Butrón comenta que al predio llegaron policías municipales, quienes reconvinieron a Ramón Alejandro Noriega y le dijeron que los actos que estaba realizando constituían un delito de despojo y daños en propiedad ajena.
“Sin embargo, en apoyo de Noriega, llegaron dos agentes de la PEI –a bordo de dos patrullas; una, la 1075–, quienes trataron de auxiliarlo para despojarme. El agente Alejandro Samaniego López entró al predio y trató de intimidar a mi esposo: Le mostró fotos de mis hijos y le comentó que ya los tenía fichados”, relata.
En su declaración testimonial, Noriega Villaescusa niega las imputaciones de Butrón y asegura que él no se presentó en el predio con 20 elementos de seguridad privada.
Contrario a las afirmaciones de Noriega, en una parte de su declaración Benjamín Morales Sánchez, agente de la PEI que llegó al predio a bordo de la patrulla 1079, señala: “Al ver una foto de Ramón Alejandro Noriega confirmé que es la persona que acompañada por un grupo de personas intentaba meterse al terreno”.
La demanda de amparo 1495/2011, interpuesta el 19 de diciembre de 2011 por Leonardo Lagarda Butrón ante el Juzgado Décimo de Distrito de Sonora, contiene una solicitud de juicio político en contra del ahora procurador Carlos Alberto Navarro Sugich, puesto que los actos reclamados –usurpación de funciones e intimidación– repercuten en los intereses públicos fundamentales. Así lo establecen, afirma el abogado, los artículos 7 y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En dicha solicitud que Lagarda Butrón hace al Congreso local dice que Navarro Sugich incurrió en el delito de intimidación previsto en el título séptimo, artículo 189, del capítulo IX, el cual establece: “Se impondrán de seis meses a nueve años de prisión, de 10 a 250 días de salario mínimo de multa y destitución, en su caso… al servidor público que por sí, o por medio de terceros, inhiba o intimide, por medio de la violencia física o moral, a cualquier persona para evitar que ésta, o alguien con ella relacionada, formule una denuncia”.
A las demandas que acumula Navarro Sugich se suma un juicio que en noviembre de 2010 entabló Lagarda Butrón en su contra. En su alegato el abogado afirma que en su calidad de subprocurador de Control de Procesos, Navarro Sugich designó a Oswaldo Ordorica Hodgers director general de Control de Procesos, quien, afirma, no acreditó los exámenes de control de confianza ni fue registrado y certificado en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Detalla que el nombramiento para este puesto sólo puede otorgarlo el gobernador Guillermo Padrés Elías, mediante propuesta del procurador de Justicia, cargo que en ese entonces ocupaba Abel Murrieta Gutiérrez. Al hacerlo de manera autónoma, dice, Navarro Sugich violó el artículo 8 fracción V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado; el artículo 6, fracción XVII del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE, y el artículo 201 fracción V del Código Penal estatal que tipifica como conducta ilícita la designación de funcionarios sin cumplir con los requisitos normativos.
Con base en el artículo 139, fracción III, nombrar director a una persona que no se haya certificado ni registrado conlleva sanciones de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de salario mínimo de multa.
Cuando, el 3 de febrero, varios reporteros locales le preguntaron al gobernador Guillermo Padrés qué opinaba de las denuncias que pesan sobre el procurador, únicamente respondió: “Son situaciones que él tiene que contestar, que lo aclare ya sea en forma personal, como ciudadano o como procurador, si así lo amerita y si él lo ve pertinente”.
Antes, el pasado 25 de enero, al anunciar que Navarro Sugich sería el nuevo procurador de Justicia estatal, Padrés lo llenó de elogios: “Cuenta con el perfil, conocimiento y experiencia para desempeñar el cargo, por lo que será la propuesta que enviaré al Congreso del estado para ser ratificado como procurador general de Justicia del estado”.
En varias ocasiones –el 17 y el 22 de febrero, así como el 1 de marzo– Proceso trató de comunicarse telefónicamente con el procurador Carlos Alberto Navarro Sugich para conocer su postura respecto de las denuncias en su contra, pero no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió cuando la reportera intentó hablar con él por medio de su secretaria, Iris Barrios, y por medio de José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien respondió que la agenda de Navarro estaba “saturada”.
El Romerogate
Otra publicación expone que el presidente Felipe Calderón y el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, estuvieron detrás de una operación electoral para favorecer a Ernesto Cordero en la contienda interna para elegir candidato a la Presidencia de la República. La maniobra fue orquestada en Sonora, donde el gobernador Guillermo Padrés Elías ordenó el despliegue de operadores a 22 estados.
El resultado fue, en palabras del propio Padrés, que Cordero creció de 6% de las preferencias en julio pasado a 38% de la votación en los comicios del domingo 5.
“Yo sé lo que costó… los resultados contundentes que retumbaron a la Ciudad de México, desde Baja California hasta Yucatán. Yo sé lo que costó. No soy ajeno, y lo platicábamos en aquella reunión (el 3 de enero); no soy ajeno a lo que tuvimos que hacer para obtener ese resultado”, dijo el mandatario sonorense el martes 7, reunido con su gente.
Alrededor de 250 operadores electorales, entre ellos alcaldes, diputados, funcionarios federales y estatales, e incluso la dirigencia del PAN en el estado, fueron convocados a esa reunión con el gobernador para explicar por qué le apostó a Ernesto Cordero e informarles que, ya demostrada su capacidad de convocatoria electoral, la aspirante presidencial Josefina Vázquez Mota le pidió su apoyo.
La cita fue a las 6:30 de la tarde en la Casa de Gobierno de Sonora, ubicada en la colonia Pitic, la más exclusiva de Hermosillo. Tras una espera de dos horas, el mandatario estatal y su equipo cercano salieron a comentar el “esfuerzo realizado” y a encomiar el liderazgo de Padrés, quien agradeció que hubieran resistido “la ola” de apoyo a Vázquez Mota:
“Yo lo sé. Sé que tuvo que haber mucho convencimiento, pedirles de favor apoyar y fortalecer (a los operadores sonorenses) un compromiso con nuestro presidente de la República y de partido. Fue difícil, pero en política y en la vida, la lealtad, el compromiso y la palabra es (sic) sumamente importante, y yo aquí les pedí de favor: ayúdenme a que Sonora cumpla su compromiso.
“Quiero decirles que el esfuerzo que ustedes hicieron nos llevaron (sic) mucho más allá… No se imaginan lo que se siente, y se los quiero transmitir, que nos haya hablado la máxima autoridad y por mi conducto mandarles decir: gracias, amigos, por su esfuerzo, lealtad y compromiso, por una misión cumplida. Se siente bien bonito podérselos decir.”
La reunión se celebró a puerta cerrada, pero panistas asistentes proporcionaron a Proceso la grabación de lo que ahí se dijo, como los pormenores de la operación electoral y la insistencia de Padrés en ensalzar su liderazgo:
“Quiero decirles también que ese liderazgo (el del gobernador) y lo que hicimos vale mucho. Así como (la “máxima autoridad”) nos agradecieron lo que hicimos, inmediatamente nos comunicamos para felicitar a Josefina (…) Josefina me pidió que les diera el mensaje de agradecimiento y me dijo: los necesito cerca, ayúdenme, formen parte de mi equipo.
“(Lo hizo) consciente del trabajo que se hizo aquí, pero también en los 22 estados de la República… que no hicimos más que trabajar con orden, con estrategia, con lealtad, sudar la camiseta y pedir a los panistas que sacaran la casta y defendieran los resultados, y que demostramos que de ocho puntos, ella me lo hacía ver y me lo reconocía, repuntamos a casi 40; que de las últimas encuestas que marcaban cuando mucho 16 puntos, la operación política y el trabajo que sabemos hacer nosotros, lo catapultamos de 16 a 32%.”
Enseguida el gobernador sonorense anunció que ya se había puesto de acuerdo con Vázquez Mota, quien el miércoles 15 visitaría Sonora, donde le organizarían el acto de apoyo más grande que los panistas hayan realizado en la entidad.
Operación F-XXI
En la reunión del martes 7, los colaboradores del gobernador sonorense dieron cuenta de la operación F-XXI (Fuerza XXI), que han desplegado en varios estados para los comicios constitucionales.
La maniobra toma su nombre de la estrategia creada por Padrés para las elecciones de julio de 2009, cuando obtuvo la gubernatura, y que consiste en la creación de una estructura en los 21 distritos de Sonora, donde operan directamente varios servidores públicos.
Ya han sido denunciadas varias F-XXI, aunque cambian de nombre según el número de distritos locales. Por ejemplo, en Sinaloa se llamó F-XXIV y sirvió de apoyo al hoy gobernador Mario López Valdez en 2010; en Baja California Sur, en 2011, se llamó F-XVI y fue fundamental en la elección de Marcos Covarrubias como gobernador.
F-XVI fue la misma clave que se utilizó en Coahuila, donde los sonorenses operaron en la elección de julio pasado, aunque no lograron la victoria. Sobre esos comicios Proceso dio a conocer en su número 1808 una conversación entre el coordinador de campaña del PAN, Luis Fernando Salazar, y el subsecretario de Hacienda sonorense, Gerardo Encinas Urquídez, en la que acordaron el envío de propaganda electoral de Sonora a Coahuila.
En la reunión del martes 7 en la Casa de Gobierno de Sonora, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, mencionó que esos operadores habían participado en elecciones de otros estados, sin precisar cuáles. No obstante, en Sinaloa, Baja California Sur y Coahuila se ha identificado en varios medios de comunicación a Adrián Espinoza Espinoza como el líder de operadores.
Entre los principales colaboradores de Espinoza están Lisseth López y Dalia Valencia, además del panista Héctor León Mendoza y el coordinador de Imagen del gobierno estatal, Javier Alcaraz (Columna Sobre Papel, 12 de febrero de 2011, en Hermosillo, y Zócalo Saltillo, 1 de julio de 2011).
Adrián Espinoza, secretario general del PAN sonorense, fue quien más datos aportó sobre los F-XXI en la reunión del martes 7. Explicó que el gobernador lo había enviado a apoyar a Cordero.
“Ustedes saben que un servidor se fue a la Ciudad de México en julio, a petición, por supuesto, del gobernador del estado, para ser responsable en primer lugar de todo el tema central de Ernesto Cordero y de todo un grupo de compañeros sonorenses para el Distrito Federal.
“A nosotros nos pidió el gobernador que viniéramos a atender nuestro rancho, nuestro territorio acá en Sonora, pero se quedó al frente de esa coordinación a nivel nacional mi buen amigo Paco Bueno, y los chavos que estuvieron en 22 estados de la República”, dijo. Después aclaró que sólo había 18 operadores presentes, pues más de 100 estaban por regresar.
De acuerdo con el directorio oficial en línea, Francisco Bueno es director general de Bebidas Alcohólicas del gobierno estatal. Participó en la precampaña de Cordero desde agosto.
Espinoza continuó repartiendo agradecimientos y destacó que la elección interna del PAN había demostrado la fuerza de su unidad:
“En Sonora todos ganamos en esta elección, porque demostramos que cuando sabemos estar unidos y sabemos ser un gran bloque… ya lo decíamos aquí hace como un mes, el 3 de enero: somos una gran muralla y que no pasa nada por Sonora”, dijo en alusión al equipo de Vázquez Mota.
Finalmente arengó a los presentes con lo que llamó “un canto de guerra”, retomando la famosa expresión de La Pasionaria en la Guerra Civil española, ante el asedio de Madrid:
“¡No pasarán!”, se desgañitaba Espinoza sin que nadie lo siguiera, hasta que después de varios intentos logró que algunos presentes corearan. Y prosiguió: “No pasarán, somos un gran bloque, una gran muralla, y lo demostramos este domingo. Las próximas elecciones, les digo, haremos presidenta a Josefina Vázquez Mota”.
El estilo Sonora
Las intervenciones en la Casa de Gobierno iniciaron con el jefe de la Oficina del Ejecutivo, John Swanson; siguió Juan Valencia, dirigente estatal del PAN; luego, el secretario de gobierno, Roberto Romero López, y finalmente Espinoza, quien hizo el preámbulo de Padrés.
Swanson hizo un recuento de notas en diarios nacionales que informaron del resultado obtenido por Cordero en Sonora, apoyado por el gobernador. De los siete estados que ganó Cordero, Sonora fue el tercero que más votos le aportó: 14 mil 790. Es decir que le ganó por 7 mil 379 a Vázquez Mota, que obtuvo 7 mil 411.
En su turno, Juan Valencia también destacó la fuerza del equipo que opera fuera del estado y mantiene una relación permanente con el gobierno de Padrés:
“El partido está unido aquí en Sonora, no solamente con los panistas, está unido con su gobierno también, con su gobierno estatal y municipales, y así vamos a seguir porque es la única manera de seguir cosechando frutos. Así unidos ganamos en lo que viene.”
Tocó el turno a Roberto Romero López, el secretario de Gobierno cuya voz fue expuesta en el portal de videos YouTube el 23 de enero cuando amenazó a empleados gubernamentales con despedirlos si no apoyaban a Cordero. Aunque en declaraciones posteriores trató de deslindarse, en esta ocasión bromeó al respecto:
“Ya pueden prender las grabadoras –inició Romero López, arrancando las carcajadas de los panistas–. Yo no sé por qué Adrián (Espinoza, quien por lo visto fue el que organizó la reunión) me pidió que hablara de la relación, que contara la cercanía del gobierno en el partido… No sé por qué se te ocurrió, pero bueno: ¿quién soy yo para negarme?”. Más carcajadas.
Y se justificó: “A mí me deja muy claro, esto que pasó, que es necesario tomar algunos riesgos para sacar las cosas adelante y que no debemos caer en la agenda que nos quiera imponer el de enfrente, y que, para empezar, ya no son los de enfrente, son los de atrás”.
Romero subrayó que el PAN de su estado tiene “grandes valores”, como el agradecimiento y la lealtad, y que es muy diferente al PAN nacional. De hecho, anticipó un asunto que Swanson y el propio Padrés abordaron: a todos los presentes les va a ir bien con empleos y candidaturas. E insistió:
“Muchos de los aquí presentes son gobernantes y a veces esa situación nos paraliza, se nos olvida que dentro del marco legal vigente existe la plena posibilidad de que salgamos a defender nuestro liderazgo por lo que creemos, que salgamos afuera, a la calle, a dar la cara por lo que la dábamos antes, que no estábamos donde estamos hoy.
“Y con más razón lo vamos a hacer ahora: por supuesto que la plataforma de todo esto es el buen ejercicio de gobierno y quieren que lo ocultemos. ¡No, chingao! Vamos a ir a presumirlo, salgan a la calle, ejerzan su liderazgo en comunidades y ámbitos de acción, no se detengan, la ley lo permite, no se dejen engañar, es una obligación. Y aquellos que son candidatos, y que mañana van a ser gobierno, que tampoco se les olvide ese compromiso que tenemos todos como mexicanos, sonorenses y panistas.”
El siguiente discurso fue de Espinoza, quien agradeció, entre otros, al diputado federal Enrique Torres, coordinador de la campaña de Cordero en Sonora; a Javier Dagnino, el responsable del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y primo de la esposa de Padrés, Iveth Dagnino.
“Muchas gracias también a una fuerza que estuvo trabajando mucho y le dimos una de las tareas más difíciles: golpear a la gente que estaba de aquel lado (el de Vázquez Mota): a Javier Dagnino, El Pipo. Gracias Javier, pónganse de pie, levanten la mano los que lo acompañaron de cerca”, pidió.
También pidió aplausos para los alcaldes, así como los diputados federales y locales presentes en la reunión. Su lista seguía y seguía:
“Hubo otra fuerza que nos acompañó. Luis Felipe Romero y la gente de Oportunidades –decía pidiendo aplausos–, también a la gente que nos apoyó de CreSer (inaudible) y a Celia López”… De acuerdo con su sitio electrónico, “CreSer es el programa rector para el combate a la pobreza extrema” del gobierno estatal.
Tocó el turno a Padrés. “Ustedes saben que escoger al más fuerte, irse con la ola, es lo más sencillo del mundo, pero marcar el territorio y mandar este mensaje a todo el mapa… y en ese mensaje hay muchas cosas implícitas que hay que contar”, comenzó.
Para él, el resultado del domingo 5 dejó claro que su equipo puede aportar muchos votos en procesos electorales como el presidencial: “Demostramos que en Sonora lo que se tiene que hacer para contar con nuestro apoyo es platicarlo, buscarnos, invitarnos, convencernos de que es por el objetivo y el bien superior, no el personal, colectivo, que nos va ir bien a todos y no nomás a unos cuantos”.
Su noción personal del “bien superior” se aclara cuando solicita el apoyo en bloque para Vázquez Mota: “Les quiero pedir de nuevo su lealtad, su compromiso, que cerremos filas, que mantengamos esa unidad que tenemos y nos ha dado tanto, para sacar adelante lo mejor posible nuestros procesos y que sigamos en la vía de los acuerdos, que en esa vía a todos nos va a ir bien.
“Muchos de los aquí presentes tendrán duda: ¿qué sigue conmigo? Les aseguro que les va a ir bien y lo vamos a ir viendo uno por uno, porque de eso se trata: de cuidarnos los unos a los otros, de que a todos, no nomás a uno o dos o unos cuantos, les vaya bien, sino a todos.”
Y por si hubiera dudas Padrés enfatiza: “Les pido que cuidemos esa fortaleza y liderazgo, y que saquemos la casta, el valor y llevemos este mensaje. Así como les pedí apoyar a Cordero, quiero pedirles que me apoyen, que me sigan para lograr el sueño dorado del PAN y llevar a Josefina a la Presidencia de la República”.
La balacera
Durante el pasado fin de semana circularon por las redes sociales de Facebook y Twitter versiones sobre la presunta detención del Director de Atención Política de la oficina de del Gobernador Guillermo Padres Elías, , y un funcionario de la Secretaría de Educación y Cultura, de nombre Felipe López, a quienes la policía municipal habría arrestado por detonar al menos un arma de fuego, escandalizar en la vía pública y oponerse a la detención.
De acuerdo al sitio informativo elportaldelagente.com, los funcionarios habrían sido puestos bajo arresto durante la mañana del pasado viernes 23 de marzo, en un operativo a cargo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en atención a un reporte ciudadano que advertía de personas escandalizando y realizando detonaciones con arma de fuego en vía pública.
Los hechos se suscitaron por fuera de unos departamentos ubicados sobre la calle Jorge Valdez, entre Escobedo y General Yáñez, de la colonia Jesús García, de Hermosillo, según informa el sitio web referido, acompañando el despacho de una fotografía del momento en que fueron sometidos los presuntos delincuentes.
Sin embargo, durante el fin de semana la Dirección de Seguridad Pública Municipal no había emitido ningún comunicado sobre el particular ni daba cuenta de algún parte policiaco sobre el particular.
De acuerdo al portaldelagente.com, los sospechosos de activar un arma de fuego y escandalizar en vía pública habrían sido remitidos a los separos de la policía municipal de la zona centro, pero dejados en libertad de inmediato.
Por su parte, el gobierno del Estado, hasta la noche del pasado domingo, no había desmentido los hechos que desde el sábado circularon por las redes sociales, acompañados con imágenes del momento del arresto, donde incluso, se anunciaba que ponto circularía un video sobre el operativo policiaco.
De acuerdo a la información extraoficial, uno de los detenidos, el de nombre Oswaldo Contreras Córdova, es abogado de profesión y actualmente presta sus servicios en la Dirección de Atención Política de la oficina del ejecutivo estatal, que encabeza actualmente John Swanson, pero que anteriormente ocupo Erasmo Terán.
El Licenciado Oswaldo Córdova Santacruz trabajó para la firma Bringas Cañez y Asociados en el año 2005, su práctica se enfoca principalmente al litigio laboral y propiedad intelectual.
También trabajo de 1999 al año 2002 en una prestigiosa firma local especializada en esa área, del año 2003 a Octubre del año 2005 fungió como Actuario del Tribunal contencioso Administrativo; en Diciembre del año 2005 se unió a Bringas Cañez y Asociados, involucrándose adicionalmente en litigios Civiles y Comerciales.
Posteriormente, fue llamado a trabajar en la oficina del ejecutivo estatal, cuando Terán Balaguer fungía como titular, y cuyo hijo es socio del despacho de abogados donde laboró Córdova Santacruz.
Claire Dennise
Como un paso más en el proceso para lograr la justicia para su hija Claire Denisse Hernández Murrieta, calificaron sus familiares la suspensión de un médico y una enfermera que participaron en la mala atención en el padecimiento de dengue hemorrágico de la joven de 26 años y le causó la muerte la mañana del 17 de noviembre de 2010.
A casi 17 meses de haber interpuesto una denuncia por negligencia médica ante el Ministerio Público del Fuero Común, por daño moral, exigiendo la separación de su cargo del personal responsable de la atención de la joven cuando ingresó y el día que falleció e incluso, que paguen con cárcel de encontrarlos responsables de su muerte, la Contraloría Estatal determinó la suspensión indefinida de un médico y enfermera señalados como responsables de la muerte de la joven hermosillense.
“La Contraloría tomó ya una determinación de realizar una suspensión al médico y a la enfermera que estuvieron atendiendo a la pariente que es Denisse Hernández, ellos tomaron esa determinación en base a analizar cómo se debe de proceder en caso de un padecimiento así", dio a conocer la directora de ISSSTESON, Teresa Lizárraga Figueroa.
A su vez, hizo énfasis en que la Contraloría llevó a cabo esta determinación, en base a que se analizó como se debe de proceder en un caso como el que la joven presentaba, y que se mantendrán atentos y respetuosos de las decisiones de Contraloría sobre este caso.
Al respecto, el señor Sergio Hernández Cázares, padre de Claire Denisse, señaló que la Licenciada Teresa Lizárraga se estaba "colgando" la medalla respecto a que dicha suspensión que se aplicó al médico general Orlando Alatorre Sánchez y la enfermera general, Adriana Lizeth Salcido Nava, el pasado 20 de marzo, fue gracias a la investigación que llevó a cabo en el hospital.
"La licenciada está colgándose la medalla de que por la investigación que está haciendo se consignó a un médico y enfermera, pero esto fue porque nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. En lugar de andar analizando debería ponerse a sancionar, ya sabe la licenciada Teresa Lizárraga que los suspendidos están implicados, ahora lo que debería hacer es resolver el caso ", sostuvo.
Agregó que la suspensión de un médico y una enfermera por su responsabilidad en la muerte de Claire Denisse, es otro paso más en el proceso de lograr la justicia para su hija, aunque aclaró, "esto no exime a los demás de sus responsabilidades".
La directora del Isssteson, Teresa Lizárraga, informó que la Contraloría General del Estado solicitó al Instituto suspender de sus actividades a un médico y una enfermera señalados como responsables de la muerte de la joven hermosillense Claire Denisse Hernández Murrieta.
El pasado fin de semana la titular de la dependencia dio a conocer que “la Contraloría tomó ya una determinación de realizar una suspensión al médico y a la enfermera que estuvieron atendiendo a la pariente que es Denisse Hernández, ellos tomaron esa determinación en base a analizar cómo se debe de proceder en caso de un padecimiento así”.
El pasado 16 de noviembre a las 09:32 de la mañana, Claire Denisse, acudió a consulta con el doctor Manuel Cobos Flores, de Medicina General, Cédula Profesional 473831 RSSA: 48314, acompañada de su hermano Sergio, ya que presentaba vómito, diarrea y pequeñas manchas rojizas en la piel.
El especialista que la atendió, descartó que se tratara de dengue los síntomas que manifestó y le diagnosticó “Amigdalitis Aguda”, le recetó Amoxicilina 500mg, Nimesulide 100mg y Difenidol 25mg para sus malestares y la regresó a su casa, dándole incapacidad por un día solamente.
Alrededor de las 20 horas, del mismo día, Claire Denise es llevada nuevamente al hospital ya que no mostraba mejoría, siendo ingresada en urgencias, donde presentó dificultad respiratoria y se determinó que padecía dengue
A la 01:00 de la mañana la suben a piso en el área de Medicina para Mujeres, cama 182, donde por horas se quejó de un fuerte dolor en el pecho y en ambas piernas, sin embargo, no había médico de guardia en piso, solo enfermeras (os), quienes le suministraron varios medicamento.
Alrededor de las ocho de la mañana del día 17 de noviembre, la joven fallece debido a que su salud empeoró por los medicamentos suministrados horas antes.
Esa misma tarde, Dora Patricia Campa, prima de la joven, acude a la CEDH a interponer la queja por negligencia médica contra ISSSTESON, dando facultad al Primer Visitador Aldo René Saracco Morales, intervenga en el problema.
Según el certificado de defunción entregado por el ISSSTESON, la causa de muerte de Claire Denise, fue por edema agudo pulmonar, insuficiencia cardiaca aguda e isquemia cardiaca, el día17 de noviembre a las 08:00 horas, sin embargo, la autopsia que se le realizó, arrojó que la joven tenía líquido en cerebro, corazón y pulmones.
La Familia Hernández Murrieta, interpuso una denuncia por negligencia médica ante el Ministerio Público del Fuero Común, por daño moral, exigiendo la separación de su cargo del personal responsable de la atención de la joven cuando ingresó y el día que falleció e incluso, que paguen con cárcel de encontrarlos responsables de su muerte.
La CEDH, determina faltar únicamente el dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico para emitir una recomendación al hospital "Doctor Ignacio Chávez" del ISSSTESON por negligencia médica y evitar que se repita el lamentable suceso en un futuro.
Como se informa en una nota de Dossier Político, el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON, Lic. Raúl Enrique Romero Denogean respondió por oficio el requerimiento de información que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los días 22 y 26 de noviembre, sobre el fallecimiento de Claire Denisse Hernández, quien murió en el ISSSTESON por causas aún no plenamente aclaradas.
En su solicitud la CEDH le informó al ISSSTESON que actuaba de oficio “como consecuencia de ciertas notas periodísticas, en las que se refieren a presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal médico y autoridades administrativas del hospital del ISSSTESON, Ignacio Chávez”.
En su respuesta a la CEDH, el director jurídico del ISSTESON solicita “a éste organismo dejar sin credibilidad las manifestaciones periodísticas, en virtud de que dichas notas reflejan un tono especulativo y subjetivo sobre el caso que nos ocupa y a efecto de proporcionar seguridad y certidumbre jurídica del trato que se le brindó oportunamente a Claire Denisse”.
En torno al lamentable fallecimiento de Claire Denisse, ha sido Dossier Político el medio de información que dio mayor seguimiento informativo al respecto, publicando varias declaraciones de sus padres, quienes se quejaron del trato que recibió Claire en las ocasiones en que acudió al ISSSTESON.
Asimismo, fueron sus padres, con todo el derecho natural y legítimo que les asiste, quienes exigieron a las autoridades una clarificación de las causas de la repentina muerte de su hija y fueron ellos, también, quienes solicitaron a las autoridades competentes la realización de una autopsia.
Los resultados de la autopsia son conocidos por la opinión pública debido a que los padres la dieron a conocer.
Como medio informativo con compromiso social, queremos subrayar y dejar perfectamente claro a la opinión pública y a las autoridades del ISSSTESON que la razón de ser de Dossier Político es informar lo más verazmente que podamos en cada momento.
Por ello, publicamos las declaraciones desesperadas de los padres de Claire Denisse pidiendo un esclarecimiento de las causas de la muerte de su hija.
Todos estaremos de acuerdo en que les asiste la razón y el más sagrado derecho a hacerlo.
Al informar de este lamentable caso, que conmocionó a muchos sonorenses, Dossier Político no emitió un juicio de valor en contra de nadie, sino que se dedicó a informar de aquello que estaba a nuestra disposición en ese momento.
Las autoridades del ISSSTESON respondieron cuando la exigencia de los padres llegó a sus oídos a través de un medio informativo como Dossier Político.
Por ello, defendemos el indeclinable derecho a informar lo más verazmente posible en un momento dado y, al mismo tiempo, a dar voz pública a quienes no la tienen.
También garantizamos el derecho de réplica para toda aquella, persona o institución, que considere que lo publicado en Dossier Político no es verdad, no es precisa o no es objetiva.
Eso también es informar. Sin información, sin medios informativos veraces, serios, objetivos y sin un real compromiso con la comunidad, la sociedad caminaría a ciegas.
Por ello estamos convencidos de que en el caso de Claire Denisse cumplimos con nuestra razón de ser y que es informar, gracias a ello, se ha podido avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.
Los médicos
Para rendir su declaración sobre la averiguación previa 1625/2010 en torno a la muerte por negligencia de Claire Denisse Hernández Murrieta en el hospital Ignacio Chávez, el pasado 17 de noviembre, acudieron a comparecer “en calidad de indiciados” los doctores: Víctor Manuel Cobos Flores, Florencio Villanueva Rosales y Víctor Granados Enríquez.
Los tres doctores acudieron a la Agencia del Ministerio Público del Sector V, a comparecer en diversas horas el 14 de diciembre acompañados de sus abogados, entre ellos, el licenciado Ricardo Izcoatl Oceguera Navarro, mismo que por su conducto, el ISSSTESON buscó a los familiares de Claire Denisse para llegar a una especie de acuerdo.
Sin embargo, los padres de la joven se retiraron decepcionados del hospital, pues “lo único” que ISSSTESON ofreció, fue darles una explicación de lo sucedido, además de ofrecerles terapia de familia para superar su pérdida.
El pasado 08 de diciembre, autoridades del ISSSTESON enviaron el expediente clínico de Claire Denisse al Ministerio Público, siendo el mismo que con anterioridad fue enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde únicamente se anexó un examen del Laboratorio Estatal de Salud, en donde se concluye que Claire Denisse salió positivo al dengue, confirmando así, que su deceso se debió a esa enfermedad.
Cabe aclarar que dichos estudios de laboratorio, son de fecha 22 de noviembre, cuando la joven murió el día 17 del mismo mes, un día después de haber ingresado por síntomas de la enfermedad.
Los tres especialistas del nosocomio citados para dar su versión de lo ocurrido el día en que Claire Denisse ingresó y el día que falleció, se negaron a rendir declaración, apegándose al Artículo 20 Constitucional, que establece “Me Reservo” el derecho de declarar.
El Ministerio Público, Lic. Ignacio García Zataráin, formuló las siguientes preguntas a los médicos; la primera: ¿Se pone a la vista del declarante un legajo de 44 fojas útiles consistente en el expediente clínico de Claire Denisse Hernández Murrieta con número de expediente 9425001 a fin de que el declarante manifieste si identifica si aparece su rúbrica puesta en el mismo?
Al respecto, el doctor Florencio Villanueva Rosales, respondió: “Sí, en la foja marcada con el número 10 y 11 allí esta mi rubrica porque esas son mis notas médicas”.
Segunda pregunta: ¿Que diga el declarante que especialidad tiene como médico? Florencio Villanueva, responde: especialista en urgencias médico quirúrgico.
Tercera pregunta: ¿En base al expediente clínico de Claire Denisse Hernández Murrieta, que diga si es de su conocimiento y sabía que día y a qué hora ingreso al Hospital Chávez? A lo cual Florencio Villanueva, responde: “El día exacto, no lo sé”.
En tanto los médicos Enrique Victorio Granados y Víctor Manuel Cobos Flores, se reservaron el derecho a declarar.
Se hace mención que continuarán los citatorios para que el personal médico que estuvo presente o que tuvo algún tipo de contacto con la joven de 26 años, el día que falleció, acudan a rendir su declaración de los hechos en los próximos días.
La denuncia
Un listado del personal médico que labora en ISSSTESON, servicios que realizan, normas, técnicas y procedimientos bajo los cuales se rige el Instituto, entre otros documentos que permitan normar su criterio en torno a acreditar el delito de Homicidio en Comisión por Omisión y el delito de responsabilidad médica o lo que resulte, solicitaron los padres de Claire Denise a las autoridades en un término no mayor a cinco días.
Familiares de la joven que el día 17 de noviembre de 2010, falleció a causa de dengue de tipo hemorrágico en el Hospital Ignacio Chávez, acudieron el pasado 28 de enero a la Agencia del Ministerio Público a ampliar su denuncia en torno a la investigación que se abrió contra el Instituto por la muerte de la joven de 26 años, al parecer por negligencia médica.
Sergio Hernández Cázares, solicitó a las autoridades anexar al expediente ciertas pruebas documentales para acreditar adecuadamente el delito de Homicidio en Comisión por Omisión y el delito de responsabilidad médica, técnica o lo que resulte, los cuales deberán ser presentados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en un término no mayor a cinco días.
Pruebas documentales solicitadas 1.- Una lista detallada de la plantilla de médicos y enfermeras que prestan sus servicios a ISSSTESON, indicando su fecha de ingreso, horario de trabajo, especialidad en caso de tenerla, título legalmente expedido y autorizado y número de cédula profesional, así como el número de su registro ante la Secretaria de Salud y por lo cual deberá estar respaldada con los documentos comprobatorios respectivos.
2.-Una descripción pormenorizada de las actividades o funciones de cada una de las personas que conforman dicha plantilla de médicos y enfermeras que prestan sus servicios en ese Instituto, la cual deberá estar respaldada con los documentos comprobatorios respectivos
3.- Copias certificadas de cada uno de los contratos de prestación de servicios profesionales que el Instituto ha celebrado o tiene celebrado con la plantilla de médicos y enfermeras.
4.- Nombre y cargo de cada uno de los integrantes del Consejo Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos de dicho Instituto, la cual deberá ser respaldada con los documentos comprobatorios respectivos
5-Copia debidamente certificada del Reglamento de Servicios Médicos de ese Instituto.
6.- Nombre del Coordinador médico para caso de estudios especiales de ISSSTESON.
7.- Copia debidamente certificada de la normatividad que regula la conformación y manejo del banco de datos o archivo clínico que tiene conformado ese Instituto, la rendición de informes pormenorizados mensual del diagnostico y estado de salud que guardan los pacientes.
8.- Copia debidamente certificada de las normas, técnicas y procedimientos aplicables en el campo de la profesión médica bajo las cuales se rige ISSSTESON.
9.- Copia debidamente certificada de todos y cada uno de los protocolos de atención medica para atención en caso dengue o de cualquier problema epidemiológico y aquél protocolo de atención médica que se debe observar para la atención medica en los servicios de urgencias.
Así como el protocolo que de igual manera debe observarse para la atención medica en medicina interna y que aplica este instituto, debiendo por consiguiente manifestar, bajo protesta de decir verdad, que son esos los que se encuentran autorizados para aplicar en dichos casos.
La CAM
Luego de 10 meses y 13 días de lucha, llegó la justicia para Claire Denisse Hernández Murrieta, tras determinar la Comisión de Arbitraje Médico (CAM), que la joven murió a causa de la "mala práctica" en la atención que le proporcionó el personal del hospital "Ignacio Chávez", del ISSSTESON el 17 de noviembre de 2010, cuando ingresó por síntomas de dengue hemorrágico.
Dossier Político fue el primer medio que dio a conocer la negligencia cometida por personal del ISSSTESON en prejuicio de Claire Denisse y el único que estuvo al pendiente de los acontecimientos del caso, en busca de justicia y que lo sucedido a esta joven no vuelva a suceder.
En entrevista con Sergio Hernández Cázares, padre de la joven de 26 años, informó que luego de varios meses de lucha por fin llegó la justicia al determinar el CAM que su hija falleció debido a la mala atención que brindó personal del nosocomio la noche del 16 de noviembre pasado, cuando ingresó al área de urgencias por dengue hemorrágico, cuando horas antes, médicos le diagnosticaron "faringitis".
El titular de la Comisión de Arbitraje Médico, Rubén Vásquez Xibillé, determinó que los médicos Arturo Obregón y José Orlando de la Torre Sánchez, NO se ajustaron a lo que marca la "lex artis" en cuanto al manejo de un paciente con Dengue Grave o Shock por Dengue Hemorrágico, es decir, no efectuaron adecuadamente el protocolo.
Aunque no dictamina si es negligencia, impericia o error, se pronuncia en relación a una "mala práctica" del personal, y será la autoridades quienes definan el procedimiento a seguir.
El padre de la joven, señaló que el lunes pasado fueron citados por autoridades de ISSSTESON para conciliar, pero no contaron con la presencia de la principal responsable del Instituto- y quien debería haber dado la cara por su personal-, la directora general Teresa Lizárraga Figueroa, únicamente estuvieron presentes algunos médicos y enfermeras, no llegándose a ningún acuerdo.
Por ello, los padres de la víctima, por medio del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector V, encargado del caso, solicitaron que el próximo siete de octubre, se lleve a cabo una reunión entre médicos, enfermeras (os) y ofendidos para llegar a buen acuerdo y que este presente la directora Teresa Lizárraga, en caso contrario, seguirán adelante hasta llegar a las últimas consecuencias.
El señor Hernández asegura que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitirá, en breve, una recomendación a Teresa Lizárraga para iniciar con otra etapa de denuncias contra los médicos responsables de la muerte de Claire Dennise.
El SESSS
Desde diciembre del 2010, el Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud en Sonora (SESSS) denunció que el secretario de Salud, Bernardo Campillo, interfiere en las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría del Estado en el caso de los 100 “aviadores” de la Secretaría de Salud del Estado, acción que favorece a intereses de algunos funcionarios que cobran sin trabajar.
A través de un comunicado, el doctor Carlos Manuel González Méndez, Secretario General del SESSS, asegura que presentaron la queja sobre las irregularidades el pasado 14 de diciembre, pero hasta el momento la Contraloría del Estado no ha entregado avance alguno de las investigaciones.
El día 08 de febrero del presente año la contraloría se comprometió a entregar un informe de los avances por escrito, pero acudiendo a dicha cita se convino hacer una ampliación a la demanda.
González Méndez dijo que se trata de más de 100 personas que gozan de permisos para ausentarse, solicitados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 43, agrupación que no cuenta con registro ni toma de nota, que otorga legalidad a las directivas de organizaciones sindicales.
El dirigente del SESSS destacó que hasta el momento la Contraloría no ha emitido dictamen alguno donde informe sobre los avances de las investigaciones respecto a la existencia de 108 personas que siguen cobrando un sueldo sin trabajar.
“Principalmente, estas personas solicitaron permisos para no presentarse a trabajar con goce de sueldo, bajo la excusa de que están
Y apenas llevan 2 años.... que más faltará?
Fuente: Dossier Político http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=110177&relacion=&tipo=Principal1&categoria=550
