El Gobierno del Chile hace caso omiso a la huelga de hambre iniciada hace 44 días por un grupo de presos políticos mapuches, quienes son juzgados por una Ley Antiterrorista, creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que les abre procesos judiciales por la vía civil y militar, es decir que serán juzgados dos veces; esta ley prevé además la aplicación preventiva hasta por dos años y les niega a los abogados defensores acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto.
El 1 de diciembre de 1977 se puede establecer como la fecha de incio del conflicto entre los Mapuche y el Gobierno, cuando fueron incendiados tres camiones cargados con madera provenientes de un terreno en litigio entre una empresa Forestal Arauco y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche apelaba a sus derechos ancestrales para la recuperación del territorio explotado por la forestal; desde entonces la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista 18.314, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur de Chile, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas. En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.
Durante los enfrentamientos han perdidola vida o han resultado heridos en su mayoría, jóvenes integrantes del movimiento Mapuche, lo casos más destacados son los del asesinato del estudiante Mapuche Edmundo Lemus (de 17 años) que recibió una bala disparada por las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras participaba en una movilización pacífica de recuperación de tierras efectuada en el Fundo Santa Elisa de propiedad de la forestal Mininco, en las proximidades de Angol. El 3 de enero de 2008, murió el joven activista Matías Catrileo (22 años), a causa de una herida de bala disparada por la Policía y el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio (24 años), acontecido en agosto del año pasado, tras el desalojo policial de un fundo agrícola en Angol.
La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.
Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio.
Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico.
La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades.
A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.
En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno, la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.
Las justas y legitimas demandas que los presos poíticos Mapuche en huelga de hambre plantean a la autoridad son:
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
:eolo::eolo::eolo:
FUENTE
El 1 de diciembre de 1977 se puede establecer como la fecha de incio del conflicto entre los Mapuche y el Gobierno, cuando fueron incendiados tres camiones cargados con madera provenientes de un terreno en litigio entre una empresa Forestal Arauco y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche apelaba a sus derechos ancestrales para la recuperación del territorio explotado por la forestal; desde entonces la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista 18.314, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur de Chile, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas. En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.
Durante los enfrentamientos han perdidola vida o han resultado heridos en su mayoría, jóvenes integrantes del movimiento Mapuche, lo casos más destacados son los del asesinato del estudiante Mapuche Edmundo Lemus (de 17 años) que recibió una bala disparada por las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras participaba en una movilización pacífica de recuperación de tierras efectuada en el Fundo Santa Elisa de propiedad de la forestal Mininco, en las proximidades de Angol. El 3 de enero de 2008, murió el joven activista Matías Catrileo (22 años), a causa de una herida de bala disparada por la Policía y el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio (24 años), acontecido en agosto del año pasado, tras el desalojo policial de un fundo agrícola en Angol.
La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.
Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio.
Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico.
La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades.
A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.
En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno, la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.
Las justas y legitimas demandas que los presos poíticos Mapuche en huelga de hambre plantean a la autoridad son:
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
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