"Compre su Saiga AK-47... fabricada en la planta Izhmash, en Rusia. ¡Puede ser suya por sólo 369 dólares (4 mil 797 pesos)!", dice el anuncio de la tienda Atlantic Guns en internet.
Con sólo entrar a una armería en línea, dar click en la opción de compra, ingresar los datos de una tarjeta de crédito, como si se tratara de un par de zapatos, el armamento será enviado por mensajería a cualquier parte de Estados Unidos, excepto California. Todo el proceso dura menos de una semana.
También se pueden adquirir las fabricadas en Europa del Este -aunque está prohibida su importación en la Ley de Control de Armas de 1968 de ese país, que sólo admite la entrada de armas deportivas- yendo a una de las 55 mil tiendas de ese tipo o en alguna de las 220 ferias de octubre que se organizan en territorio estadunidense.
Esa facilidad de compra es usada por los cárteles mexicanos, a través de intermediarios -jóvenes norteamericanos, sin antecedentes penales- para abastecerse de armamento. En tanto, en México 26 mil personas han muerto durante la violencia desatada por la delincuencia organizada en lo que va del sexenio, y se ha registrado que 90% de las armas empleadas por el hampa fueron compradas en Estados Unidos.
Pero, ¿qué hacen en EU los rifles de asalto AK-47 de manufactura rusa, rumana y búlgara, si su importación a esa nación es ilegal?
Simple: los fabricantes europeos les hacen cambios externos para cumplir con los lineamientos de apariencia de un "arma deportiva" que sí puede entrar a ese país, "mientras la administración del presidente Barack Obama hace mutis", dijo en entrevista Tom Díaz, investigador del Centro de Políticas sobre Violencia (VPC, por sus siglas en inglés).
La cuestión, en manos de la Casa Blanca
"Es cuestión de que Obama haga una llamada al Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y dé la orden de aplicar la Ley de 1968 para detener la importación de AK-47, AR-15 y FN 5.7 (llamada matapolicías), muchas de ellas fabricadas en el extranjero.
"Situación que no requiere la intervención del Congreso, porque se trata de una acción administrativa que está en manos del presidente", expuso Díaz, cuyo argumento fue avalado por Jonathan Lowry, abogado de la Campaña Brady, y Kristen Rand, también del VPC.
De acuerdo con los especialistas de la Campaña Brady y del VPC, si la Casa Blanca aplicara la Ley de 1968, "sería más difícil que estas armas llegaran a México, porque no son deportivas, eso se puede hacer mañana mismo".
Armas y elecciones
Los expertos en trasiego de armas señalan que el presidente Obama no ha obligado a la ATF a aplicar la ley de 1968, que sólo permite la importación de armas deportivas, por miedo a sufrir una derrota electoral el próximo 2 de noviembre, cuando se renueven las dos cámaras.
Y es que en 1994, el presidente Clinton culpó de su derrota electoral a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que había lanzado una campaña de desprestigio contra la Casa Blanca por haber impulsado una ley -que estuvo vigente hasta 2004- que restringía la venta y uso de armas de asalto sin importar dónde fueran fabricadas. Desde entonces, el temor a una derrota política por reglamentar la compra de armas está arraigada entre los demócratas, dijo a Excélsior la legisladora de ese partido Carolyn McCarthy.
Compra hormiga de armas se beneficia de la ley en EU
En territorio estadunidense, en la frontera con México, hay 6 mil tiendas de armas. En esos escaparates los rifles de asalto están a la disposición de cualquiera, y la facilidad con que son vendidos, sin importar la cantidad solicitada, permite a los cárteles mexicanos abastecerse en su lucha por el control de plazas, a través de la compra hormiga que realizan jóvenes norteamericanos, sin antecedentes penales.
Para muestra, un botón: el 3 de mayo de 2008, en Phoenix, Arizona, Pedro A., ciudadano estadunidense, entró a la tienda Cave Creek Lock and Gun. Observó las decenas de metralletas desplegadas en las paredes y en las vitrinas de la tienda y de pronto le pidió al encargado que le mostrara una AK-47 IZMASH, marca Saiga, de manufactura rusa.
Después de revisarla, esta persona le dijo: “Me llevo dos de estas”. Pedro A. llenó el formato 4473 del Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), donde aseguró que la compra era para él.
El empleado de la tienda hizo la llamada usual a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Del otro lado del teléfono, un funcionario revisó la base de datos y le dijo al empleado de Cave Creek Lock and Gun que Pedro A. no tenía antecedentes penales ni problemas mentales, por lo que podía comprar las dos metralletas.
Durante un año, Pedro A. y otras nueve personas adquirieron 115 rifles de asalto y, en 51 días, las pasaron a México, casi todas por el puerto de Douglas, Texas, sin que ningún agente aduanal estadunidense o mexicano los detuviera.
No obtuvieron el armamento para su uso personal, como aseguraron todos al firmar los formatos 4473 de la ATF, ni las compraron para proteger a sus hogares o para ir a cazar patos, actividades permitidas por el gobierno estadunidense.
Esas personas se hicieron de los rifles de grueso calibre para enviárselos a los cárteles mexicanos. Pedro A. y los demás los pasaban de dos en dos, en automóvil y a veces… hasta caminando, así consta en el expediente del caso 4:09-cr-00185-CKJ-HCE, que llevó en 2009 una corte de distrito de Arizona.
Sin riesgo a detención
Además de las metralletas de manufactura rusa, rumana o búlgara, los compradores hormiga tienen a su disposición una gama amplia de armas de asalto hechas en Estados Unidos. La cantidad que deciden llevarse tampoco es un problema:
El 20 de mayo de ese año, decidido a continuar con el shopping, Juan B. —colega de Pedro A.— llegó a la tienda Mad Dawg Global, en Phoenix, observó el escaparate y, de pronto, detuvo la mirada en una de las armas que más usan los cárteles de la droga, un rifle AR-15, marca Olympic Arms, calibre .223
-¿Le puedo ayudar en algo? -le preguntó el encargado de la tienda, con voz amable.
-Me llevo ocho metralletas- respondió Juan B.
“Muy bien”, dijo el encargado que hizo el chequeo con el FBI, que también le aseguró que Juan B. estaba limpio, y tras el pago en efectivo, el comprador salió de allí con sus ocho metralletas AR-15.
En EU “no hay leyes federales que restrinjan el número de armas de asalto que una persona puede comprar”, explicó a Excélsior Kristen Rand, investigadora del Centro de Políticas sobre Violencia (VPC, por sus siglas en inglés).
Dos días después de que Juan B. compró sus ocho metralletas AR-15 —y quien de acuerdo al FBI no tenía antecedentes penales-, salió tranquilamente caminando por la puerta de entrada de Douglas, Texas, con dos de las ocho que obtuvo en la armería. Las llevaba en la mochila. Así consta en el expediente 4:09-cr-00185-CKJ-HCE.
Ni el agente aduanal del lado estadunidense, ni el del lado mexicano lo detuvieron. Pero, incluso, si el agente norteamericano hubiera descubierto el interior de la mochila, no habría seguridad de que lo hubieran detenido:
“Si un agente de la Policía de Aduanas y Frontera (CBP, por sus siglas en inglés) descubre que una persona trae armas y no tiene un permiso federal para pasarlas, la interroga.
“Si éste responde que no sabía que pasar armas a México sin permiso era un delito, el agente no le puede hacer nada, así lo señala la ley en este país. Sólo le puede requisar las armas, pero tiene que dejar a la persona libre”, así lo explicó Colby Woodman, autor del estudio Tráfico de armas de Estados Unidos a México, del Woodrow Wilson Center.
El investigador expuso en entrevista que a raíz de esa situación, los agentes de la CBP han tenido que desarrollar formas más elaboradas para interrogar a los presuntos traficantes de armas, para evitar un “no” como respuesta, cuando les preguntan si saben que transportarlas a México es un delito federal.
Decomiso descubre ruta de tráfico
Otro día de compras: el 17 de junio de 2008, Pedro A. entró a la tienda MDGM, en Phoenix, Arizona. Ese día llevaba el encargo de traer rifles calibre .223, marca DPMS, modelo A3 Lite y de una vez compró seis.
Un mes más tarde, uno de sus colegas adquirió tres pistolas marca Colt, calibre .38, en la tienda Advantage Pawn, y a los dos días las pasó a México... una vez más lo hizo por el puente de Douglas, Texas.
Así, de enero a diciembre de 2008 ese grupo de compradores traficó a México 115 armas sin que ningún agente de la frontera se diera cuenta de ello.
Las autoridades estadunidenses y mexicanas cayeron en la cuenta de lo que estaba sucediendo después de que México informó que el 7 de junio de 2008 un rifle de asalto AK-47, marca Saiga, número de serie HO7100980, había sido requisada en Agua Prieta, Sonora.
Usando el programa E-Trace, en Estados Unidos, descubrieron que se trataba de la AK-47 que había comprado el 23 de febrero de ese mismo año Pedro A. en la tienda Cave Creek Lock and Gun, en Phoenix, Arizona.
Después del juicio, el estado de Arizona sentenció a los compradores hormiga. A Pedro A. lo castigaron sólo con 50 meses de prisión, a Juan B., con 46 meses de cárcel y al resto del grupo le dieron entre 14 y 30 meses de reclusión, todos ellos fueron relacionados con el cártel de Sinaloa.
La tienda MDGM le vendió a este grupo de personas 31 armas, la tienda Rangemaster, 16 y Advantage Pawn, 13. Las autoridades investigaron sobre si las tiendas habían colaborado con los sentenciados, pero no pudieron demostrar nada.
“Nos hemos dado cuenta, viendo algunos de los casos de tráfico de armas, que hay un claro patrón de tiendas de armas que le están vendiendo a personas que, para cualquier individuo sensato es evidente que son traficantes: gente que llega a una tienda y quiere comprar 15 ó 20 metralletas Bushmaster, que pagan en efectivo y vienen con un “amigo” que es el que llena el formato federal 4473, porque muy seguramente el traficante de armas tiene antecedentes penales y no podría pasar el chequeo telefónico con el FBI”, detalló en entrevista Rand.
La compra de AK-47, AR-15 y Barret 50 es legal en todo Estados Unidos, menos en California. Mientras tanto, en México, en los últimos tres años se han incautado 66 mil armas que entraron por la frontera norte.
Punta de fusil: reclutar compradores
Los jóvenes que los narcotraficantes reclutan para comprar armas en pequeñas cantidades son sólo parte de una amplia estructura. También están los transportistas que pasan las armas hacia México, así como las personas que se dedican exclusivamente a darle a los muchachos el dinero para hacerse de las armas y los que sólo se dedican a reclutar a compradores hormiga.
“Carter’s Country es una tienda que ha vendido muchas armas a traficantes que están comprando para los cárteles en México”, dijo, y destacó que esa cadena de tiendas en Houston, Texas, ha sido investigada por vender a criminales estadunidenses pistolas o fusiles que después fueron empleados en asesinatos.
Ante la pregunta de qué han hecho las autoridades de Texas con esta tienda, Lowry respondió: “Hasta donde sabemos, nada. Han juzgado a traficantes y han emitido sentencias contra varios, pero es indignante que la ATF no haya hecho nada respecto de estas tiendas que están ganando cientos de miles de dólares al venderle a traficantes, que a su vez le venden a cárteles”.
Lowry destacó que legalmente son tantas las pruebas que tienen que presentar los agentes de la ATF para demostrar que una tienda colabora con traficantes, que es casi imposible quitarle su licencia a una de ellas.
Con sólo entrar a una armería en línea, dar click en la opción de compra, ingresar los datos de una tarjeta de crédito, como si se tratara de un par de zapatos, el armamento será enviado por mensajería a cualquier parte de Estados Unidos, excepto California. Todo el proceso dura menos de una semana.
También se pueden adquirir las fabricadas en Europa del Este -aunque está prohibida su importación en la Ley de Control de Armas de 1968 de ese país, que sólo admite la entrada de armas deportivas- yendo a una de las 55 mil tiendas de ese tipo o en alguna de las 220 ferias de octubre que se organizan en territorio estadunidense.
Esa facilidad de compra es usada por los cárteles mexicanos, a través de intermediarios -jóvenes norteamericanos, sin antecedentes penales- para abastecerse de armamento. En tanto, en México 26 mil personas han muerto durante la violencia desatada por la delincuencia organizada en lo que va del sexenio, y se ha registrado que 90% de las armas empleadas por el hampa fueron compradas en Estados Unidos.
Pero, ¿qué hacen en EU los rifles de asalto AK-47 de manufactura rusa, rumana y búlgara, si su importación a esa nación es ilegal?
Simple: los fabricantes europeos les hacen cambios externos para cumplir con los lineamientos de apariencia de un "arma deportiva" que sí puede entrar a ese país, "mientras la administración del presidente Barack Obama hace mutis", dijo en entrevista Tom Díaz, investigador del Centro de Políticas sobre Violencia (VPC, por sus siglas en inglés).
La cuestión, en manos de la Casa Blanca
"Es cuestión de que Obama haga una llamada al Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y dé la orden de aplicar la Ley de 1968 para detener la importación de AK-47, AR-15 y FN 5.7 (llamada matapolicías), muchas de ellas fabricadas en el extranjero.
"Situación que no requiere la intervención del Congreso, porque se trata de una acción administrativa que está en manos del presidente", expuso Díaz, cuyo argumento fue avalado por Jonathan Lowry, abogado de la Campaña Brady, y Kristen Rand, también del VPC.
De acuerdo con los especialistas de la Campaña Brady y del VPC, si la Casa Blanca aplicara la Ley de 1968, "sería más difícil que estas armas llegaran a México, porque no son deportivas, eso se puede hacer mañana mismo".
Armas y elecciones
Los expertos en trasiego de armas señalan que el presidente Obama no ha obligado a la ATF a aplicar la ley de 1968, que sólo permite la importación de armas deportivas, por miedo a sufrir una derrota electoral el próximo 2 de noviembre, cuando se renueven las dos cámaras.
Y es que en 1994, el presidente Clinton culpó de su derrota electoral a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que había lanzado una campaña de desprestigio contra la Casa Blanca por haber impulsado una ley -que estuvo vigente hasta 2004- que restringía la venta y uso de armas de asalto sin importar dónde fueran fabricadas. Desde entonces, el temor a una derrota política por reglamentar la compra de armas está arraigada entre los demócratas, dijo a Excélsior la legisladora de ese partido Carolyn McCarthy.
Compra hormiga de armas se beneficia de la ley en EU
En territorio estadunidense, en la frontera con México, hay 6 mil tiendas de armas. En esos escaparates los rifles de asalto están a la disposición de cualquiera, y la facilidad con que son vendidos, sin importar la cantidad solicitada, permite a los cárteles mexicanos abastecerse en su lucha por el control de plazas, a través de la compra hormiga que realizan jóvenes norteamericanos, sin antecedentes penales.
Para muestra, un botón: el 3 de mayo de 2008, en Phoenix, Arizona, Pedro A., ciudadano estadunidense, entró a la tienda Cave Creek Lock and Gun. Observó las decenas de metralletas desplegadas en las paredes y en las vitrinas de la tienda y de pronto le pidió al encargado que le mostrara una AK-47 IZMASH, marca Saiga, de manufactura rusa.
Después de revisarla, esta persona le dijo: “Me llevo dos de estas”. Pedro A. llenó el formato 4473 del Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), donde aseguró que la compra era para él.
El empleado de la tienda hizo la llamada usual a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Del otro lado del teléfono, un funcionario revisó la base de datos y le dijo al empleado de Cave Creek Lock and Gun que Pedro A. no tenía antecedentes penales ni problemas mentales, por lo que podía comprar las dos metralletas.
Durante un año, Pedro A. y otras nueve personas adquirieron 115 rifles de asalto y, en 51 días, las pasaron a México, casi todas por el puerto de Douglas, Texas, sin que ningún agente aduanal estadunidense o mexicano los detuviera.
No obtuvieron el armamento para su uso personal, como aseguraron todos al firmar los formatos 4473 de la ATF, ni las compraron para proteger a sus hogares o para ir a cazar patos, actividades permitidas por el gobierno estadunidense.
Esas personas se hicieron de los rifles de grueso calibre para enviárselos a los cárteles mexicanos. Pedro A. y los demás los pasaban de dos en dos, en automóvil y a veces… hasta caminando, así consta en el expediente del caso 4:09-cr-00185-CKJ-HCE, que llevó en 2009 una corte de distrito de Arizona.
Sin riesgo a detención
Además de las metralletas de manufactura rusa, rumana o búlgara, los compradores hormiga tienen a su disposición una gama amplia de armas de asalto hechas en Estados Unidos. La cantidad que deciden llevarse tampoco es un problema:
El 20 de mayo de ese año, decidido a continuar con el shopping, Juan B. —colega de Pedro A.— llegó a la tienda Mad Dawg Global, en Phoenix, observó el escaparate y, de pronto, detuvo la mirada en una de las armas que más usan los cárteles de la droga, un rifle AR-15, marca Olympic Arms, calibre .223
-¿Le puedo ayudar en algo? -le preguntó el encargado de la tienda, con voz amable.
-Me llevo ocho metralletas- respondió Juan B.
“Muy bien”, dijo el encargado que hizo el chequeo con el FBI, que también le aseguró que Juan B. estaba limpio, y tras el pago en efectivo, el comprador salió de allí con sus ocho metralletas AR-15.
En EU “no hay leyes federales que restrinjan el número de armas de asalto que una persona puede comprar”, explicó a Excélsior Kristen Rand, investigadora del Centro de Políticas sobre Violencia (VPC, por sus siglas en inglés).
Dos días después de que Juan B. compró sus ocho metralletas AR-15 —y quien de acuerdo al FBI no tenía antecedentes penales-, salió tranquilamente caminando por la puerta de entrada de Douglas, Texas, con dos de las ocho que obtuvo en la armería. Las llevaba en la mochila. Así consta en el expediente 4:09-cr-00185-CKJ-HCE.
Ni el agente aduanal del lado estadunidense, ni el del lado mexicano lo detuvieron. Pero, incluso, si el agente norteamericano hubiera descubierto el interior de la mochila, no habría seguridad de que lo hubieran detenido:
“Si un agente de la Policía de Aduanas y Frontera (CBP, por sus siglas en inglés) descubre que una persona trae armas y no tiene un permiso federal para pasarlas, la interroga.
“Si éste responde que no sabía que pasar armas a México sin permiso era un delito, el agente no le puede hacer nada, así lo señala la ley en este país. Sólo le puede requisar las armas, pero tiene que dejar a la persona libre”, así lo explicó Colby Woodman, autor del estudio Tráfico de armas de Estados Unidos a México, del Woodrow Wilson Center.
El investigador expuso en entrevista que a raíz de esa situación, los agentes de la CBP han tenido que desarrollar formas más elaboradas para interrogar a los presuntos traficantes de armas, para evitar un “no” como respuesta, cuando les preguntan si saben que transportarlas a México es un delito federal.
Decomiso descubre ruta de tráfico
Otro día de compras: el 17 de junio de 2008, Pedro A. entró a la tienda MDGM, en Phoenix, Arizona. Ese día llevaba el encargo de traer rifles calibre .223, marca DPMS, modelo A3 Lite y de una vez compró seis.
Un mes más tarde, uno de sus colegas adquirió tres pistolas marca Colt, calibre .38, en la tienda Advantage Pawn, y a los dos días las pasó a México... una vez más lo hizo por el puente de Douglas, Texas.
Así, de enero a diciembre de 2008 ese grupo de compradores traficó a México 115 armas sin que ningún agente de la frontera se diera cuenta de ello.
Las autoridades estadunidenses y mexicanas cayeron en la cuenta de lo que estaba sucediendo después de que México informó que el 7 de junio de 2008 un rifle de asalto AK-47, marca Saiga, número de serie HO7100980, había sido requisada en Agua Prieta, Sonora.
Usando el programa E-Trace, en Estados Unidos, descubrieron que se trataba de la AK-47 que había comprado el 23 de febrero de ese mismo año Pedro A. en la tienda Cave Creek Lock and Gun, en Phoenix, Arizona.
Después del juicio, el estado de Arizona sentenció a los compradores hormiga. A Pedro A. lo castigaron sólo con 50 meses de prisión, a Juan B., con 46 meses de cárcel y al resto del grupo le dieron entre 14 y 30 meses de reclusión, todos ellos fueron relacionados con el cártel de Sinaloa.
La tienda MDGM le vendió a este grupo de personas 31 armas, la tienda Rangemaster, 16 y Advantage Pawn, 13. Las autoridades investigaron sobre si las tiendas habían colaborado con los sentenciados, pero no pudieron demostrar nada.
“Nos hemos dado cuenta, viendo algunos de los casos de tráfico de armas, que hay un claro patrón de tiendas de armas que le están vendiendo a personas que, para cualquier individuo sensato es evidente que son traficantes: gente que llega a una tienda y quiere comprar 15 ó 20 metralletas Bushmaster, que pagan en efectivo y vienen con un “amigo” que es el que llena el formato federal 4473, porque muy seguramente el traficante de armas tiene antecedentes penales y no podría pasar el chequeo telefónico con el FBI”, detalló en entrevista Rand.
La compra de AK-47, AR-15 y Barret 50 es legal en todo Estados Unidos, menos en California. Mientras tanto, en México, en los últimos tres años se han incautado 66 mil armas que entraron por la frontera norte.
Punta de fusil: reclutar compradores
Los jóvenes que los narcotraficantes reclutan para comprar armas en pequeñas cantidades son sólo parte de una amplia estructura. También están los transportistas que pasan las armas hacia México, así como las personas que se dedican exclusivamente a darle a los muchachos el dinero para hacerse de las armas y los que sólo se dedican a reclutar a compradores hormiga.
“Carter’s Country es una tienda que ha vendido muchas armas a traficantes que están comprando para los cárteles en México”, dijo, y destacó que esa cadena de tiendas en Houston, Texas, ha sido investigada por vender a criminales estadunidenses pistolas o fusiles que después fueron empleados en asesinatos.
Ante la pregunta de qué han hecho las autoridades de Texas con esta tienda, Lowry respondió: “Hasta donde sabemos, nada. Han juzgado a traficantes y han emitido sentencias contra varios, pero es indignante que la ATF no haya hecho nada respecto de estas tiendas que están ganando cientos de miles de dólares al venderle a traficantes, que a su vez le venden a cárteles”.
Lowry destacó que legalmente son tantas las pruebas que tienen que presentar los agentes de la ATF para demostrar que una tienda colabora con traficantes, que es casi imposible quitarle su licencia a una de ellas.
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