Confirma CNDH participación del Estado en desapariciones forzadas

[Joker]

Y el gobierno de Calderón insiste en que respeta los derechos humanos de todas las personas, aún cuando el resto de las instituciones nacionales e internacionales señalan que existen secuestros y robos (además de la corrupción) por parte de funcionarios públicos. Con esta información la CNDH confirma la participación del Estado en las desapariciones, así que Genaro García Luna... puedes irte al diablo.


Confirma CNDH participación del Estado en desapariciones forzadas

MÉXICO, D.F. (Apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se sumó al señalamiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU respecto a la participación de representantes del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas, considerado como delito de lesa humanidad.

En declaraciones a la prensa luego de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe anual de actividades de la CNDH, Plascencia informó además que la secretaría de Seguridad Pública federal se negó a aceptar una recomendación del organismo respecto a desaparición forzada en la localidad Ejido, del municipio Buenaventura, en Chihuahua.

Se trata de “un caso grave” en el que hay participación de servidores públicos, declaró en alusión a los efectivos que dependen del sdecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ante “la desaparición forzada, la privación de la vida o la tortura” en la que participan funcionarios del Estado “no existe justificación para una negativa a aceptar” las recomendaciones de la CNDH, precisó.

El Grupo especial de la ONU señaló en Ginebra, con base en información “concreta, detallada y verosímil” que el Estado mexicano y no sólo los grupos de delincuencia organizada participan en las desapariciones forzadas en México.

En su informe, Plascencia indicó que durante el año pasado el organismo abrió 182 expedientes relacionados con personas reportadas como desaparecidas.

En otro señalamiento a la dependencia a cargo de García Luna, indicó que tanto el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social y la Policía Federal figuran entre las diez dependencias con mayores quejas por violaciones a los derechos humanos.

Durante 2001, hubo mil 676 quejas por violaciones cometidas por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, encargada de los penales federales; en tanto que se abrieron mil 150 contra la Policía Federal. De esa manera, la SSP federal se convierte en la dependencia más señalada como violatoriia de derechos humanos, incluso por encima de la secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto al descontrol de las prisiones en el país, indicó que en casi la mitad de los 430 penales del país prácticamente se encuentran bajo autogobierno “por falta de controles administrativos”.

El reciente decomiso de un arsenal en el penal de Ciudad Juárez es un reflejo de ese autogobierno, consideró.

 

[Kareem Abdel]

Curioso que sólo encuentro la "nota" en dos medios... y ambos son izquierdistas... no lo encuentro en otro que no sea "Proceso" o alguna página pro-AMLO... peeeero bueno.


Buena información, ahora falta ver qué tipo de medidas se tomarán ante éstas acusaciones... ya a algunos les estará sudando la mano por haber escrito aquéllos informes...

 

[Joker]

Curioso que sólo encuentro la "nota" en dos medios... y ambos son izquierdistas... no lo encuentro en otro que no sea "Proceso" o alguna página pro-AMLO... peeeero bueno.

Y cuál sería el problema con esto? Necesita aparecer en el Reforma para que sea creíble o qué? La declaración es del encargado de la CNDH, en todo caso, lo que te debería de importar son sus comentarios, no el medio en el que aparecen. Vaya manera más absurda de desestimar la información.

 

[Unforgiven]

Un argumento mas que apoya que estaban en lo correcto los que firmaron la denuncia contra Calderón en la Haya.

 

[Joker]

Por cierto, ésta no es de Felipe, pero si es de Fox... nótese que lo reconocen porque fueron obligados por la CIDH, esas instituciones que dicen sirven para proteger a los delincuentes, como en este caso, por ejemplo (sarcasmo). Y solo les llevó 10 años reconocer el problema.


Estado reconoce responsabilidad en caso de violación de indígena

Poiré agregó que hay la plena disposición por cumplir las recomendaciones, poniendo especial atención a la reparación de los daños

El acto forma parte de una de las resoluciones de la CIDH en torno al abuso sexual contra Inés Fernández, tras diez años de la búsqueda de justicia y sanción contra los responsables

AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO (06/MAR/2012).- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la violación a la indígena me´phaa Inés Fernández Ortega por parte de militares, ocurrido en la localidad Barranca Tecoani en el año 2002.

Con la presencia de la procuradora general de la República, Marisela Morales; del gobernador Angel Aguirre Rivero, así como de la representación de la CNDH y de organismos internacionales, Fernández Ortega recibió las disculpas por parte del Estado mexicano.

El acto de reconocimiento forma parte de una de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la violación sexual contra la indígena tlapaneca, tras diez años de la búsqueda de justicia y sanción contra los responsables.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) agregó que hay la plena disposición del Estado mexicano por cumplir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniendo especial atención a la reparación de los daños.

Poiré Romero señaló que hace diez años la mujer indígena no sólo fue objeto de violación a su integridad personal, sino también de la protección judicial, incluso la atención a la salud, sólo por el hecho de ser indígena.

Reconoció la incansable lucha emprendida por la indígena tlapaneca del municipio de Acatepec, región de La Montaña, para conseguir justicia; "enfrentó muchos obstáculos, el silencio, el miedo, la revictimización, la injusticia y la discriminación", sostuvo.

Por todo ello, dijo, "le ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas de hace diez años en los que resultaron violentados sus derechos humanos, mi compromiso es no escatimar esfuerzo alguno para dar cumplimiento cabal a cada uno de los resolutivos de esta sentencia".

Como parte de la reparación del daño, se seguirá impulsando la creación de las instancias para sancionar a los responsables de hechos de violación a los derechos humanos. Este caso, afirmó, será desahogado en el fuero ordinario y no militar, como en su momento se pretendía hacer.

Poiré también garantizó que se habrá de aplicar la sanción y castigo a las instancias locales como federales, quienes incurrieron en omisiones en atender la denuncia en su momento de Fernández Ortega, entre ellos el Ministerio Público local, autoridad de Salud y otros.

El gobierno mexicano ofreció a la mujer indígena becas educativas para sus hijos, hasta la conclusión de sus estudios superiores y accesos a los servicios de salud.

Como parte de la respuesta, el funcionario federal firmó un convenio para la construcción de un centro comunitario para la mujer en Ayutla de los Libres.

En su intervención, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, dijo que las víctimas de la violencia criminal son prioridad del presidente Felipe Calderón y el caso de Fernández tendrá especial atención para que se esclarezca y sancione a los responsables.

Añadió que el caso será atendido especialmente por la Fiscalía Especial de Atención a Víctimas del Delito, y este asunto "es el primero e importante prueba para combatir la impunidad, y para mejorar las condiciones, se reforman las normas jurídicas".

Por su parte, el gobernador Aguirre Rivero aseguró que contribuirá para que los resolutivos de la CIDH se cumplan a cabalidad y expresó su disposición por evitar que actos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir en Guerrero.

 

[ericmr]

nomas 10 años les tomo reconocer esto,,, wow,, son efectivos [sarcasmo]

 

[eoz]

¿Y de esto a quién le echarán la culpa los panistas?

 

[Joker]

Al PRI, como siempre.

 

[Joker]

Aun cuando no fue algo que sucediera durante el gobierno de Felipe Calderón y que ya pasaron 10 años de ese suceso, el gobierno del peloncito se niega a respetar los derechos humanos, aun cuando ni siquiera fue durante s

Ofrece el Estado disculpa 'light' a Inés Fernández, víctima de abuso militar

La indígena fue violada hace diez años por soldados; éstos no fueron mencionados en el acto oficial.

Ayutla de los Libres, Gro. Tenía 24 años cuando tres soldados del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Guerrero, agredieron sexualmente a Inés Fernández Ortega en la cocina de su casa, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla. Hoy, con sus 34 años, curtida ya no sólo en la lucha social de su organización sino en las grandes ligas del derecho internacional, aún monolingüe –sólo habla me’phaa (tlapaneco)–, pudo escuchar de boca del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en representación del presidente Felipe Calderón:

“A usted, a su esposo Prisciliano Sierra y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, les ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos”. Fue la única frase en el discurso de Poiré en la que no la tuteó. Nunca mencionó a los militares. Jamás aludió que el “lamentable hecho” fue un ataque sexual.

La respiración de Inés Fernández se agitó; estrujó un pañuelo que tenía en la mano. Aguantaba.

Como lo había expresado antes en su discurso Abel Barrera, de Tlachinollan: “Inés, señora que vale mucho, sólo tu corazón sabe lo que esta disculpa significa”. Y había aludido al revés de la moneda del Estado, que hoy se mostraba contrito y generoso, pero que durante 10 años “te llamaron mujer mentirosa y dudaron de tu palabra”.

Momentos antes, Inés Fernández había estado de pie frente al micrófono sin dar tregua a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que se habían dado cita en los portales del ayuntamiento de Ayutla de los Libres para dar cumplimiento a uno de los 16 resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre del 2010 había declarado culpable al Estado mexicano por las violaciones de Inés y Valentina Rosendo, en hechos separados, por elementos del Ejército.

“Escúchenme todos, hombres, mujeres y niños: los del gobierno, aunque te digan que están de tu lado, no van a cumplir, no les hagan caso”.

Instantes antes de recibir una disculpa por parte del Estado mexicano, Inés Fernández volvió a sentir el latigazo de la discriminación racial. ¿Cómo pretendía esta mujer morena, con la cola de caballo despeinada y sandalias de hule, subir al estrado donde se estrechaban ya las manos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; la procuradora general, Marisela Morales, y el gobernador, Angel Aguirre? Los militares de guayabera blanca y armas mal disimuladas le cerraron el paso. Nadie les advirtió que ella era la pieza central en el acto público que se celebraba en los portales del palacio municipal.

Por eso cuando le tocó hacer uso del micrófono estaba indignada. Y ese coraje dictó sus palabras:

El gobernador Ángel Aguirre, político con tablas, sólo sonreía como si estuviera recibiendo flores cuando Inés le echaba en cara desatenciones e incumplimientos: “Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres. Y no sólo contra mí sino contra otras personas”. Y seguía: “El gobernador, aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a otro lado, porque aquí no me atendieron. Que hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer”.

Y enumeraba los hechos de una agresión que continúa; los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el robo de sus cosechas, las órdenes de los sucesivos presidentes municipales de no entregar recursos a Barranca Tecuani o a Barranca Bejuco, mientras Inés y Valentina Rosendo, víctima de hechos similares, no desistieran de sus denuncias penales.

“El gobierno no nos deja organizar. Los soldados siguen sin dejarnos mover libremente en nuestras comunidades. Siempre andan cerca, de civil, no necesariamente uniformados. En este momento se encuentran entre nosotros”.

Fortunato Prisciliano Sierra, su marido, que nunca dejó de apoyarla pese al estigma que suele caer sobre las mujeres violadas, y Abel Barrera, líder de la organización Tlachinollan, que siempre sostuvo su lucha por la justicia, la miraban henchidos de orgullo. Rompiendo el ánimo solemne y protocolario que las autoridades quisieron imponer, desde la sillería estallaban los aplausos y el apoyo de delegaciones que llegaron a presenciar el momento: campesinos de Atoyac, de Xochistlahuaca, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reclamando justicia por los dos compañeros asesinados en diciembre, opositores a la presa de La Parota.

En el extremo del estrado, el único representante de las fuerzas armadas, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa, general Rafael Cázares Anaya, no pronunció palabra ni cruzó saludo alguno con la víctima que era objeto de desagravio. De hecho, en ninguno de los discursos de los funcionarios –la procuradora Marisela Morales, Poiré y el gobernador Aguirre– se mencionó que los perpetradores de la agresión sexual fueron integrantes de la institución castrense.

Poiré, incómodo, no encontraba dónde poner las manos. La procuradora exhibía el semblante maquillado e impávido que la caracteriza. El alcalde de Ayutla, Armando García Rendón, pedía auxilio con la mirada cuando la señora Fernández ilustraba la negligencia y las promesas incumplidas, recordando su compromiso de hace tres años de poner alumbrado público en la comunidad de Inés. Barranca Tecuani sigue a oscuras, sin maestros en las escuelas, sin caminos pavimentados, sin casas con piso.

La agraviada no respondió con algún gesto de reconocimiento a las palabras de Poiré, que tampoco supo imprimir emoción a su discurso:

“Muy estimada Inés Fernández, hace una década fuiste víctima del ataque de un desleal (en realidad fueron tres los agresores, ya identificados, de quienes se tienen retratos hablados pero no las muestras de ADN porque el Ministerio Público local, en el curso de la investigación penal, las destruyó). Quiero decirte que tienes razón, no entiendo tu lengua, pero sí entiendo tu lucha. No te pido que hoy confíes, porque apenas se van cumpliendo los compromisos. Pero si seguimos caminando juntos verás que iremos avanzando”.

No hubo el tradicional abrazo. Inés no lo concedió.

A su vez, Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, amiga y traductora de Inés, ofreció el contexto histórico de la lucha popular y la represión en esta región de la Costa Chica, desde la masacre de El Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998, la esterilización forzada de medio centenar de hombres de estos pueblos, el secuestro y asesinato de los líderes Manuel Ponce y Raúl Lucas, detenciones ilegales y otras violaciones no denunciadas, “porque los militares ven a la mujer como un botín de guerra”.

“Esta disculpa pública a Inés –concluyó Obtulia– es una victoria del pueblo organizado”.

 

[dannyatm]

Cual disculpa, yo solo vi otra mentada de madre a la señora Inés y peor en su cara, pero no le hicieron mella en su dignidad, eso fue lo mejor. Ahí tienen su disculpa háganla bola y métansela por donde les quepa, mendigos panistas remedos de priistas.

 

[Joker]

Touché!

En la nota del post 9 se explica a detalle en qué consistió el remedo de disculpa.