La Crónica de Hoy
Opinión de
(José Contreras)
Fecha: 2013-08-30
Charros del PRI hacen de las suyas
Amparados en la cortina de humo en que se ha convertido el conflicto magisterial, senadores del PRI frenaron una reforma que buscaba un cambio en la relación nociva que existe entre el gobierno y los sindicatos de burócratas.
La reforma proponía derogar la disposición mediante la cual el gobierno les retiene las cuotas sindicales a los trabajadores y las entrega a los dirigentes sindicales.
Proponía además que el gobierno le dejara de pagar su sueldo a los trabajadores comisionados por los sindicatos.
Se trataba de una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 de la Constitución, presentada por el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón.
Las propuestas que contenían la iniciativa eran muy positivas, pues tendían a terminar, al menos en el ámbito de la burocracia, con una disposición legal que convierte a los trabajadores en esclavos de los dirigentes sindicales.
Los trabajadores no solo están obligados a pertenecer a determinado sindicato al servicio del Estado, sino a contribuir al enriquecimiento de sus dirigentes, mediante la retención por parte del patrón de una parte de su salario para ser entregada a los dirigentes.
El otro aspecto que tocaba la iniciativa era aún más delicado, pues tendía a terminar con esa práctica tan nociva para el interés nacional que consiste en que el gobierno paga los salarios –muchas veces estratosféricos— de las decenas de miles de empleados que no trabajan, pues están comisionados por los sindicatos.
Tan solo el SNTE, el sindicato de burócratas más numeroso de América Latina, tiene comisionados a cerca de 22 mil trabajadores, a los cuales la SEP paga aproximadamente tres mil millones de pesos al año.
Varios miles de los comisionados pertenecen, por cierto, a las secciones 18, 22 y 9 del SNTE, agrupados a su vez en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sí, los que tienen secuestrados a los habitantes del Distrito Federal desde hace tres semanas en protesta por una reforma educativa que les quitaría algunos de sus privilegios.
Otro sindicato, el de trabajadores del ISSSTE, tiene aproximadamente mil 400 comisionados, los cuales cobran de manera conjunta cerca de cuatro millones de pesos al mes sin trabajar.
El eterno dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, es senador del PRI.
Fue su partido el que el pasado miércoles por la noche hizo desbarrancar la reforma, durante una reunión de la Comisión del Trabajo del Senado.
Esta comisión fue integrada de manera mañosa. Tiene siete senadores, cuatro de los cuales son del PRI, con lo que este partido tiene asegurado el control de todas las decisiones que se tomen ahí.
Dos de estos cuatro senadores del PRI son juez y parte, pues son legisladores y al mismo tiempo son dirigentes de las dos principales centrales obreras corporativizadas en este partido.
Uno de ellos es Isaías González Cuevas, quien es secretario general de la CROC; el otro es Armando Neyra, secretario de Finanzas de la CTM.
Esta singular mayoría priista fue la que frenó, el pasado miércoles, esa reforma que estaba dirigida a terminar con determinadas prácticas que son nocivas para el interés nacional.
Los charros sindicales del PRI que forman parte del Senado contaron, dentro de la Comisión del Trabajo, con el apoyo de la senadora del PRD, Alejandra Barrales.
El voto de Barrales no inclinó la balanza a favor del PRI, que de todos modos tenía mayoría, y sí en cambio reveló la resistencia de los dirigentes sindicales del apartado A o del apartado B a perder sus privilegios.
Las nomenclaturas sindicales, después de todo, no tienen partido ni color.
Fuente
Opinión de
(José Contreras)
Fecha: 2013-08-30
Charros del PRI hacen de las suyas
Amparados en la cortina de humo en que se ha convertido el conflicto magisterial, senadores del PRI frenaron una reforma que buscaba un cambio en la relación nociva que existe entre el gobierno y los sindicatos de burócratas.
La reforma proponía derogar la disposición mediante la cual el gobierno les retiene las cuotas sindicales a los trabajadores y las entrega a los dirigentes sindicales.
Proponía además que el gobierno le dejara de pagar su sueldo a los trabajadores comisionados por los sindicatos.
Se trataba de una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 de la Constitución, presentada por el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón.
Las propuestas que contenían la iniciativa eran muy positivas, pues tendían a terminar, al menos en el ámbito de la burocracia, con una disposición legal que convierte a los trabajadores en esclavos de los dirigentes sindicales.
Los trabajadores no solo están obligados a pertenecer a determinado sindicato al servicio del Estado, sino a contribuir al enriquecimiento de sus dirigentes, mediante la retención por parte del patrón de una parte de su salario para ser entregada a los dirigentes.
El otro aspecto que tocaba la iniciativa era aún más delicado, pues tendía a terminar con esa práctica tan nociva para el interés nacional que consiste en que el gobierno paga los salarios –muchas veces estratosféricos— de las decenas de miles de empleados que no trabajan, pues están comisionados por los sindicatos.
Tan solo el SNTE, el sindicato de burócratas más numeroso de América Latina, tiene comisionados a cerca de 22 mil trabajadores, a los cuales la SEP paga aproximadamente tres mil millones de pesos al año.
Varios miles de los comisionados pertenecen, por cierto, a las secciones 18, 22 y 9 del SNTE, agrupados a su vez en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sí, los que tienen secuestrados a los habitantes del Distrito Federal desde hace tres semanas en protesta por una reforma educativa que les quitaría algunos de sus privilegios.
Otro sindicato, el de trabajadores del ISSSTE, tiene aproximadamente mil 400 comisionados, los cuales cobran de manera conjunta cerca de cuatro millones de pesos al mes sin trabajar.
El eterno dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, es senador del PRI.
Fue su partido el que el pasado miércoles por la noche hizo desbarrancar la reforma, durante una reunión de la Comisión del Trabajo del Senado.
Esta comisión fue integrada de manera mañosa. Tiene siete senadores, cuatro de los cuales son del PRI, con lo que este partido tiene asegurado el control de todas las decisiones que se tomen ahí.
Dos de estos cuatro senadores del PRI son juez y parte, pues son legisladores y al mismo tiempo son dirigentes de las dos principales centrales obreras corporativizadas en este partido.
Uno de ellos es Isaías González Cuevas, quien es secretario general de la CROC; el otro es Armando Neyra, secretario de Finanzas de la CTM.
Esta singular mayoría priista fue la que frenó, el pasado miércoles, esa reforma que estaba dirigida a terminar con determinadas prácticas que son nocivas para el interés nacional.
Los charros sindicales del PRI que forman parte del Senado contaron, dentro de la Comisión del Trabajo, con el apoyo de la senadora del PRD, Alejandra Barrales.
El voto de Barrales no inclinó la balanza a favor del PRI, que de todos modos tenía mayoría, y sí en cambio reveló la resistencia de los dirigentes sindicales del apartado A o del apartado B a perder sus privilegios.
Las nomenclaturas sindicales, después de todo, no tienen partido ni color.
Fuente
