Culpas fabricadas Jorge Carrasco Araizaga y Anne Marie Mergier Periodistas franceses investigaron el proceso seguido contra Florence Cassez, presa por secuestro, y encontraron que todo el caso "fue armado" por las autoridades mexicanas. A cuatro años de su detención, su defensa anuncia que acusará a Genaro García Luna en París por fabricación de pruebas y el gobierno de Nicolas Sarkozy no descarta demandar a la administración de Felipe Calderón ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. París/México.- Alain Devalpo no descansa. Desde la publicación, el pasado 12 de noviembre, de Penas mexicanas, Florence Cassez, Jacinta, Ignacio y los otros, libro escrito en colaboración con Anne Vigna, el reportero es muy solicitado en medios de comunicación galos: corre de una entrevista a otra y participa en programas de radio y televisión sobre su compatriota encarcelada en el penal femenil de Tepepan. Penas mexicanas volvió a colocar a Florence Cassez bajo los reflectores justo cuatro años después de que agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), al mando del ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, escenificaran su detención ante las cámaras de Televisa y TV Azteca el 9 de diciembre de 2005. El libro dio un nuevo impulso a la campaña francesa a favor de Cassez e impuso un tono distinto a los reportajes dedicados a su caso y a las manifestaciones de solidaridad en su país. Se acabó el chovinismo exacerbado que desataron, sucesivamente, el segundo fallo de la justicia mexicana que en marzo pasado la condenó a 60 años de cárcel por secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y el cambio brusco del presidente Felipe Calderón, quien en junio se opuso a su traslado a un penal francés, pese a su compromiso inicial por escrito con su homólogo Nicolas Sarkozy, en el marco del Convenio de Estrasburgo. Ahora el enfoque del caso que envenena las relaciones diplomáticas franco-mexicanas es mucho más serio y reflexivo. La investigación periodística de Devalpo y Vigna no es una hagiografía de Cassez. Sus autores sólo aluden a conversaciones que tuvieron con ella. Es, más bien, un análisis minucioso del expediente judicial que puede convertirse en la principal prueba de demandas internacionales contra el Estado mexicano. "Dedicamos meses a ese trabajo. Fue arduo, pero descubrimos testimonios contradictorios, pistas de investigación y testigos deliberadamente ignorados por las autoridades judiciales; elementos que permiten pensar que la AFI presionó a los testigos. Nos dimos cuenta de que ciertos documentos habían desaparecido, entre otros la grabación completa –sin montaje– de la 'detención en vivo' de Cassez e Israel Vallarta. Al cabo de los meses llegamos a la certeza de que ella no había cometido los delitos por los que fue condenada", asegura Devalpo a la corresponsal de Proceso en París. Devalpo y Vigna son dos periodistas independientes que colaboran con diversos medios de comunicación galos: los diarios Le Figaro, La Croix, Libération, las radioemisoras France Culture y Radio France Internationale, y prensa electrónica como Rue 89, entre otros. Devalpo radica en París y reportea a menudo en América Latina y Asia. Desde hace tres años trabaja sobre el caso de Cassez. Junto con Jacques Yves Tapon, reportero de La Voix du Nord, fue el primer periodista galo en seguir de cerca este asunto. Vigna radica en México desde hace seis años, donde ha hecho su carrera periodística como colaboradora en Le Figaro, Le Monde Diplomatique, el semanario Marianne, la televisora cultural Arte y la radio RTL. En entrevista, da cuenta de la desproporción entre el volumen del expediente y la parte que directamente concierne a Cassez, así como de los elementos que le llevan a asegurar que no hay pruebas sólidas contra la encarcelada. "El expediente es como de 10 mil hojas, pero sólo unas 20 le conciernen a Florence directamente. No hay pruebas de su implicación. Lo que sobresale en todos los volúmenes son las contradicciones en las declaraciones de las víctimas y las omisiones en la investigación." En su libro, los reporteros enmarcan el proceso de Florence Cassez en el contexto político y judicial de México, razón por la que incluyen los casos del dirigente Ignacio del Valle, de San Salvador Atenco, y de la indígena ñhañhú Jacinta Francisco Marcial. "Son casos con muchas similitudes. Además de haber ocurrido en 2006, en los tres hubo montajes mediáticos, fabricación de pruebas y el uso de la figura del secuestro", explica Vigna. Como en el de Cassez, detallan las inconsistencias de los procesos judiciales de los presos de Atenco –en especial el de Ignacio del Valle– detenidos en el Operativo Rescate lanzado en ese poblado de Texcoco en mayo de 2006. También, el de la indígena de Querétaro, detenida en agosto de ese año en el tianguis de Santiago Mextitlán, acusada de haber secuestrado, junto con otras dos mujeres del pueblo, a seis policías armados de la AFI. Condenada a 20 años de cárcel, el 16 de septiembre pasado fue liberada gracias a la presión nacional e internacional, con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. "Nos pareció muy importante explicar al público francés que el caso de Cassez dista de ser único. No es un error judicial. Es una manipulación. Es una 'deriva' peligrosa del sistema judicial y policiaco mexicano. ONG nacionales e internacionales llevan años denunciando estas desviaciones. Hay centenares de casos como el suyo en México", dice Devalpo. Pruebas amañadas En el caso de la francesa, los periodistas examinan con lupa los testimonios de Cristina Ríos Valladares, su hijo Cristian Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde, secuestrados en 2005 por una banda que la AFI identificó como Los Zodiacos. "Fue con sus testimonios y sin la mínima prueba material que se condenó a Cassez a 60 años de cárcel", asevera Devalpo. Precisa: "La madre y su hijo hicieron tres declaraciones distintas. "El 9 de diciembre, día de la recreación de su liberación ante las cámaras de televisión, Cristian ni siquiera aludió a Cassez; mientras que Cristina afirmó no reconocerla ni identificar su voz. "En febrero, cambiaron su versión radicalmente. Cristian habló el día 14 de manos delicadas y blancas que lo tocaron mientras se le tomaba una muestra de sangre y su madre afirmó, categórica, al día siguiente, que reconocía la voz de Florence. El 7 de junio, Cristian aseguró que reconocía su voz, mientras que Cristina dijo que la acusada era quien le daba de comer durante el secuestro." Según explica el periodista, las primeras declaraciones fueron hechas el mismo día en que se recreó la liberación de los rehenes. Las segundas se dieron por videoconferencia desde Estados Unidos, donde Cristina, su esposo y su hijo radican por razones de seguridad. Insiste Devalpo: "En el expediente judicial encontramos copias de registro de entradas y salidas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). "Son documentos muy interesantes. El 8 de febrero –tres días después de que Cassez pusiera en ridículo a García Luna en el programa televisivo Punto de Partida de la periodista Denise Maerker, al denunciar telefónicamente y en vivo la puesta en escena de su detención por agentes de la AFI– Cristina Ríos estuvo en la SIEDO para agregar nuevos elementos a la primera declaración de su hijo: fue cuando habló de las manos blancas y delicadas… "El 10 de febrero, cuando García Luna convocó una rueda de prensa en la que reconoció que la AFI había detenido a Cassez e Israel Vallarta el 8 de diciembre y que había reconstruido los hechos el día siguiente para la televisión, Cristina Ríos, su esposo y su hijo estuvieron tres veces en la SIEDO. Cristian, que tenía entonces 11 años, pasó cuatro horas a solas con un funcionario de la institución. A la medianoche, la familia seguía en la SIEDO. Luego salió para Estados Unidos. "El 14 y el 15 de febrero, Cristina y su hijo involucraron directamente a Cassez en su secuestro, en declaraciones oficiales hechas por videoconferencia desde Estados Unidos. Un juez digno de ese nombre hubiera debido indagar lo que pasó el 8 y sobre todo el 10 de febrero de 2006 en la SIEDO. Pero no hubo investigación alguna". Peor aún –exclama Frank Berton, abogado francés de Cassez consultado por la reportera–, "no se levantó ningún acta de las entrevistas de los testigos con los funcionarios de la SIEDO. Eso es totalmente ilegal y nos induce a pensar que estos últimos ejercieron fuertes presiones sobre Ríos Valladares y su hijo". El testimonio de Ezequiel Elizalde también deja más que perplejos a los autores de Penas mexicanas. "Es el único testigo que reconoció formalmente a Florence Cassez como su secuestradora el mismo día de su 'liberacion'", el 9 de diciembre de 2005, recalca Devalpo. Elizalde lleva cuatro años exhibiendo una cicatriz en el auricular izquierdo, supuestamente causada por una anestesia y explicando que en la noche del 8 de diciembre Cassez se aprestaba a cortarle un dedo. Pero ese día, ella ya estaba detenida por agentes de la AFI que la escondían mientras finalizaban la puesta en escena de su detención. Además, en el expediente judicial existe un certificado médico oficial que revela que tal cicatriz es en realidad una mancha que Elizalde tiene desde su nacimiento. "Por qué el juez nunca tomo en cuenta esas aberraciones", se pregunta el periodista. Ezequiel Elizalde tenía 21 años y administraba el billar de su padre en Chalco, Estado de México, cuando fue secuestrado el 4 de octubre de 2005. Hoy vive en Texas con su esposa, su hija de 4 años y su madre. Dice que estudia criminología. El pasado 19 de noviembre, el prestigiado programa televisivo de periodismo de investigación Envoyé Special (Enviado especial), del canal estatal France 2, presentó un largo reportaje sobre el Caso Cassez. El periodista Gilles Jacquier visitó a Elizalde en una ciudad texana que no identificó. El joven insistió en hacerle recorrer "su" universidad y enfatizó que su mayor sueño era integrar una unidad especial de la policía antisecuestro. Sin embargo, fue incapaz de usar una computadora en la biblioteca de la universidad y no pudo hablar en forma coherente de su programa de estudios. El reportero descubrió que Elizalde nunca había estado inscrito en la universidad y que había conseguido asilo político en Estados Unidos a pedido del gobierno mexicano. Perturbado, Jacquier no pudo dejar de comunicar sus dudas a los televidentes galos: "¿Por qué nos mintió Elizalde? ¿Cómo se gana la vida? ¿Es un testigo protegido de la policía?". Elizalde ha declarado cosas distintas a la justicia, a la prensa mexicana y a la prensa francesa. "Ahora vive en Estados Unidos y dice que importa coches, pero a nosotros nos dijo varias veces que el Estado mexicano lo está apoyando, pero no dice de manera clara cómo está viviendo", dice Vigna, quien también viajó a Texas para entrevistarlo. El lugar de detención de los rehenes es otro de los elementos que plantea serias interrogantes a los autores de Penas mexicanas y a Frank Berton. "Los tres dicen que fueron detenidos en dos lugares distintos", resume Devalpo. Los tres reconocieron de inmediato su primer lugar de secuestro, cuando la policía los llevó a visitarlo. Se trata de una casa ubicada en el número 54 de la avenida Xochimilco, donde vivían la hermana de Israel Vallarta, Lupita y su compañero, Alejandro Mejilla Guevara, quien desde entonces se esfumó. Por increíble que parezca, los investigadores nunca interrogaron a Lupita Vallarta, a pesar de que la policía realizó una pesquisa en su casa, el 28 de diciembre de 2005, durante la cual encontró numerosos indicios que involucran a Mejilla Guevara con los secuestradores. En cambio, en mayo de 2009 detuvieron a uno de los hermanos de Lupita e Israel Vallarta y a sus dos hijos. Frank Berton es categórico: "Lupita Vallarta es un personaje clave en esa historia. Es inverosímil que jamás nadie la hubiera interrogado". Prosigue Devalpo: "La unanimidad de los testigos se acaba cuando se trata de describir su segundo lugar de secuestro: la casita del rancho de Las Chinitas, donde se llevó a cabo el operativo filmado de la AFI. Cristina Ríos afirma que el traslado de un lugar a otro duró dos horas, su hijo habla de 20 minutos y Ezequiel Elizalde, de 40 minutos. Ríos asegura que se la pasaba viendo televisión para matar el tiempo, pero está comprobado que no había electricidad en ese lugar exiguo, que medía seis metros de largo y tres de ancho. La lista de las incoherencias es larguísima. Ninguno de los secuestrados puede decir cuánto tiempo pasaron en ese segundo lugar. Y sus descripciones son vagas, confusas y contradictorias". Gilles Jacquier entrevistó a Alma, la dueña de un restaurante modesto ubicado cerca de Las Chinitas. Alma y su esposo, Ángel, fueron convocados varias veces como testigos en las audiencias del juicio de Cassez. La pareja tenía la llave del rancho y de la famosa casita-cárcel. Alma asegura que el lunes 5 de diciembre, tres días antes de la verdadera detención de Cassez e Israel Vallarta, Ángel –quien hacía trabajos de mantenimiento en el rancho– guardó sus herramientas en ese lugar. Todo estaba normal. "¿Por qué nunca se tomaron en cuenta los testimonios de Ángel y Alma?", preguntan Jacquier, los autores de Penas mexicanas y Frank Berton. El abogado va más lejos: "La AFI asegura que llevaba tiempo vigilando Las Chinitas. ¿Dónde están las actas de esa vigilancia? En México, como en cualquier estado de derecho que se respete, se levantan actas de todos los operativos de vigilancia y éstas deben estar en el expediente judicial de los acusados. ¿Por qué no aparecen en el expediente de mi clienta? Seguramente los agentes de la AFI tomaron fotos de quiénes entraban y salían del rancho. ¿Dónde están estas fotos? ¿Por qué los investigadores nunca pidieron esos documentos capitales?". Demandas Mientras más se analiza el expediente, más dudas se tienen sobre el hecho de que los rehenes hubieran estado secuestrados en Las Chinitas. Hay demasiados elementos extravagantes para creer esa versión oficial, sostiene Devalpo. Los autores juntan numerosos elementos que cuestionan dicha versión. En una de sus declaraciones, Cristian Ramírez Ríos aseguró que uno de los secuestradores tenía la misma voz de un primo suyo. Esa afirmación da pie a Devalpo y Vigna para sugerir nuevas pistas de investigación sobre la identidad real de los secuestradores. La lectura del expediente de Cassez revela la existencia de dos hermanos, Antonio y Marco Antonio Rueda Cacho, quienes estuvieron en contacto con todos los secuestrados. Entre ellos, Valeria Cheja Tinajero, secuestrada el 31 de agosto de 2005 y liberada el 5 de septiembre siguiente, después de que sus padres pagaran un rescate de 180 mil pesos. Valeria identificó a Israel Vallarta como su secuestrador. "¿Por qué los investigadores nunca tomaron en serio la pista de los hermanos Rueda Cacho?", preguntan los autores de Penas mexicanas. El libro es resultado de un trabajo conjunto, precisa Vigna. "Además de Devalpo, el trabajo de leer el expediente y de ver a mucha gente lo hice con tres corresponsales franceses establecidos en México: Emmanuelle Steels, de Libération, Leonor Mahieux, de Radio Europe 1, y Patrice Gouy, de Radio France. "Nuestros medios nos pidieron investigar y decidimos hacerlo juntos porque sabíamos que era un trabajo muy largo. Intercambiamos información porque es un caso complicado, además de que Devalpo comenzó a trabajar el tema desde 2006", precisa. Con todos esos elementos, Frank Berton adelanta: "Pedí la traducción integral del expediente de Cassez", confía a la reportera. "Eso me permitió juntar elementos de suma gravedad que llevan a mi clienta a tomar varias iniciativas judiciales. La primera se dará a principios de enero. Es una demanda contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino (coordinador de inteligencia para la Prevención, de la SSP) ante el procurador general de París, Jean Claude Marin. "Mi base jurídica es sólida: fabricación de pruebas contra una ciudadana francesa radicada en el extranjero. En ese caso específico, el único magistrado habilitado para recibir mi demanda es el procurador general de París". Fuentes cercanas al procurador estiman que éste podría prestar una atención particular a la demanda. Fue quien encabezó la delegación francesa de la Comisión Binacional que intentó encontrar una solución al espinoso problema del traslado de Cassez a una cárcel francesa. Dos veces sus homólogos mexicanos le anunciaron una respuesta positiva que él se apuró en anunciar a Sarkozy, pero las dos veces las autoridades mexicanas hicieron lo contrario. Berton dice también que Cassez se prepara para apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Mexico y presentar su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Precisa: "El hecho de que la justicia mexicana reconoció que Israel Vallarta había sido torturado durante su primer interrogatorio el 8 de diciembre de 2005 nos da una base jurídica para denunciar una investigación policiaco-judicial y un juicio que violan todos los derechos de Florence Cassez". Al igual que el periodista Gilles Jacquier en el programa Enviado especial, Berton explica que el Palacio del Eliseo, sede del gobierno francés, estudia la posibilidad de demandar al gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso. Interrogado al respecto por la reportera, uno de los voceros del Eliseo contestó textualmente por correo electrónico: Cette hypothèse n'est pas envisagée pour l'heure par les autorités françaises (Esa hipótesis no está tomada en consideración por ahora por las autoridades francesas). En el muy cuidadoso lenguaje diplomático, cada palabra tiene su peso y la expresión pour l'heure (por ahora) tiene el suyo. El Eliseo cuidó no descartar esa eventualidad. El caso Cassez dista de estar concluido.
Caso Cassez: pour l'heure
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Vi las entrevistas a las victimas y sus afirmaciones sobre la culpabilidad de la Francesita no deja lugar a dudas, para establecer la culpabilidad o inocencia de una persona estan los Jueces y Tribunales, y conforme a las leyes de nuestro país ella recibio un juicio donde tuvo la oportunidad de defenderse ella por sus propios medios que son bastantes, su familia es muy influyente en Francia por eso se anda metiendo su presidente, aquí fue condenada por un juez de primera instancia, confirmada su sentencia por un magistrado en apelación, y por un juez federal que le nego el amparo, en mi opinión debe cumplir su condena, las victimas no tuvieron la más miníma oportunidad y vaya que fueron crueles con ellos, lo peor es la impunidad, y creo que al menos en este caso no la hubo.
