La ley fue sugerida por el Gobierno federal como una medida para combatir este delito que ha crecido en los últimos años.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (ley Antisecuestro) fue aprobada por la cámara baja con 353 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro en contra.
Ahora, será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la norma quedaron descartadas la pena de muerte y la cadena perpetua como lo propusieron, en el primer caso, algunos sectores de la sociedad, y, en el segundo, el presidente Felipe Calderón.
Esta ley, aprobada en abril pasado por el Senado de México, dice que el llamado secuestro exprés se castigará con una pena de 20 a 40 años de prisión, y de 25 a 45 años en caso de que participen servidores públicos.
Cuando la víctima sea sometida a mutilación, el delito será castigado con penas de 25 a 45, y de 40 a 70 años si es asesinado el secuestrado.
El Ministerio Público actuará de oficio en todos los casos de secuestro y este delito no prescribirá. También establece la reparación del daño a víctimas y ofendidos.
En una sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando, refirió que en los últimos cinco años el secuestro en México se incrementó en un 317 por ciento, periodo que coincide con una espiral de la violencia desatada por el crimen organizado.
El diputado por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) señaló que de acuerdo a un informe que realiza el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, tan solo de 2007 a 2009 ocurrieron 236 casos de secuestro, en los que fueron plagiadas 294 personas.
Expuso que este delito afecta a los comerciantes en un 27,8 por ciento, 21 por ciento a estudiantes, el 16 por ciento a empleados y un 14,5 por ciento a empresarios.
La ley obliga a las fiscalías estatales a crear y operar unidades especiales para el secuestro, las cuales contarán con ministerios públicos, policías y funcionarios especializados en la materia.
Además, se establece un plazo de 180 días para conformar el fondo para la atención y para la prevención, sanción, persecución y castigo de los secuestradores.
El diputado Humberto Benítez Treviño, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que, para la creación del Fondo Nacional para Atención a Víctimas del Secuestro, la Comisión de Presupuesto de esta institución bicameral asignó de forma inicial 98,7 millones de pesos (8 millones de dólares).
"El verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente, no es la sociedad (...) por eso se justifican las penas altas que marca la Ley, estableciendo hasta 70 años cuando se priva de la vida a la persona secuestrada", dijo el legislador.
Representantes de organizaciones civiles, como la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí, se congratularon por la medida del Legislativo.
Según datos de Alto al Secuestro, en 2009 fueron denunciados en México unos 1.300 casos de secuestro, cifra que supuso un aumento de un 15% en relación a 2008
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (ley Antisecuestro) fue aprobada por la cámara baja con 353 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro en contra.
Ahora, será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la norma quedaron descartadas la pena de muerte y la cadena perpetua como lo propusieron, en el primer caso, algunos sectores de la sociedad, y, en el segundo, el presidente Felipe Calderón.
Esta ley, aprobada en abril pasado por el Senado de México, dice que el llamado secuestro exprés se castigará con una pena de 20 a 40 años de prisión, y de 25 a 45 años en caso de que participen servidores públicos.
Cuando la víctima sea sometida a mutilación, el delito será castigado con penas de 25 a 45, y de 40 a 70 años si es asesinado el secuestrado.
El Ministerio Público actuará de oficio en todos los casos de secuestro y este delito no prescribirá. También establece la reparación del daño a víctimas y ofendidos.
En una sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando, refirió que en los últimos cinco años el secuestro en México se incrementó en un 317 por ciento, periodo que coincide con una espiral de la violencia desatada por el crimen organizado.
El diputado por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) señaló que de acuerdo a un informe que realiza el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, tan solo de 2007 a 2009 ocurrieron 236 casos de secuestro, en los que fueron plagiadas 294 personas.
Expuso que este delito afecta a los comerciantes en un 27,8 por ciento, 21 por ciento a estudiantes, el 16 por ciento a empleados y un 14,5 por ciento a empresarios.
La ley obliga a las fiscalías estatales a crear y operar unidades especiales para el secuestro, las cuales contarán con ministerios públicos, policías y funcionarios especializados en la materia.
Además, se establece un plazo de 180 días para conformar el fondo para la atención y para la prevención, sanción, persecución y castigo de los secuestradores.
El diputado Humberto Benítez Treviño, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que, para la creación del Fondo Nacional para Atención a Víctimas del Secuestro, la Comisión de Presupuesto de esta institución bicameral asignó de forma inicial 98,7 millones de pesos (8 millones de dólares).
"El verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente, no es la sociedad (...) por eso se justifican las penas altas que marca la Ley, estableciendo hasta 70 años cuando se priva de la vida a la persona secuestrada", dijo el legislador.
Representantes de organizaciones civiles, como la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí, se congratularon por la medida del Legislativo.
Según datos de Alto al Secuestro, en 2009 fueron denunciados en México unos 1.300 casos de secuestro, cifra que supuso un aumento de un 15% en relación a 2008
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