La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya dio cuenta de la profunda corrupción que imperó e impera en esta gestión, el criminal despilfarro de los recursos de los contribuyentes, el desastre económico, político y social del panismo y la extrema derecha.

Las irregularidades señaladas inician desde la propia Presidencia de la República, por lo que los auditores consideraron pertinente revisar el gasto en comunicación social, de todo el gobierno federal, porque sostuvieron que resulta “excesivo e irregular” que en 2010 se erogó 6 mil 479 millones de pesos, casi el triple de lo autorizado por el Congreso de la Unión. Por eso, recomendó a la Cámara de Diputados regule las transmisiones gubernamentales de radio y televisión realizadas por Internet, sobre todo de cara a las restricciones durante las jornadas electorales. También pidió sanciones administrativas a funcionarios de las secretarías de Gobernación y Desarrollo Social por autorizar gastos en comunicación de manera desfasada y por contratar tiempos comerciales sin antes solicitar tiempos oficiales.

Aunque la punta del iceberg la constituyó ante los medios de comunicación el caso específico de la Estela de luz, en el que se encontraron “un cúmulo de observaciones” por lo que el auditor recomendó que no se realice el finiquito de esa obra hasta que la empresa Gutsa aclare todo lo relativo a las irregularidades reportadas. Los auditores encontraron que el pago adicional de 276 millones de peso para la construcción de ese megamonumento a la corrupción del actual sexenio no se justificaron porque se trata de conceptos duplicados. El organismo fiscalizador explicó que como la mayor parte de la entrega de recursos desde el fideicomiso que operaba Banjército y el fiduciario (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México) y de éste a la compañía, se realizaron en 2011, será hasta el próximo año cuando se determine el presunto daño patrimonial y si hay elementos para presentar denuncias penales.

También en la Secretaría de Gobernación se detectaron gastos irregulares para fiestas de empleados, como el Día de las Madres, por casi un millón de pesos. De no comprobarse fehacientemente las erogaciones, el erario podría recuperar 492.9 mil pesos, y además se podrían derivar procesos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos; en la Policía Federal no se encontró la documentación necesaria para aclarar el gasto de más de 6 millones de pesos, además de que funcionarios no comprobaron gastos por más de 373 millones de pesos. Entre esos se encuentra el gasto de 3 millones 424 mil 300 pesos, que la dependencia presuntamente pagó a 305 escoltas, que no fueron localizados en su base de datos, así como la erogación de 3 millones de pesos bajo el concepto de “gastos médicos” para el personal del Centro de Formación Policial de la PF y sedes alternas.

En cuanto al Instituto Federal Electoral (IFE) se observaron irregularices en la rendición de cuentas sobre el origen de los recursos del Fondo de Modernización Inmobiliaria, más conocido como “el cochinito”. El IFE no cumplió con la normatividad presupuestaria y no reintegró los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2010 por 348 millones de pesos. Por lo que se refiere al Congreso, la ASF reveló que el área administrativa del Senado de la República no aplica el reglamento al autorizar un alto porcentaje de justificaciones a los legisladores que faltan en día de sesión y no descuenta a los senadores sus inasistencias. La razón es que aunque parezca increíble en un órgano legislativo no hay un reglamento que defina cuánto se debe descontar a los senadores cada vez que no se presentan a las sesiones.

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