Es muy serio que pocos se atrevan a señalar un problema que puede poner en jaque la estabilidad macroeconómica y la tranquilidad social en menos de un sexenio.

Pascal Beltrán del Río
Excélsior en línea
3 de Junio del 2012.


La elección presidencial está a sólo cuatro semanas y las tres principales fuerzas políticas se alistan para la hora de la verdad. Sin embargo, ninguna de ellas parece tener entre sus prioridades las exigencias del día después, y mucho menos lo que se requerirá para enfrentarlas.

Al margen de cuál de las encuestas conocidas recientemente refleja con mayor precisión la intención de voto de los ciudadanos hay una cosa clara: el próximo Presidente de México tomará posesión en un ambiente crispado, con la mayoría del electorado en su contra y, peor aún, con muy poca voluntad de cooperación por parte de los partidos que resulten derrotados.

El 2 de julio, México amanecerá con Presidente electo, pero sus problemas seguirán siendo los mismos: una persistente inseguridad en sus calles, un insuficiente crecimiento económico, una escasa generación de empleos y, algo de lo que poco se habla, una crisis rampante de su sistema pensionario.

Pese a algunos esfuerzos de contención y reordenamiento aplicados en los últimos tres lustros, los pasivos de las pensiones públicas están creciendo en forma alarmante respecto de las capacidades fiscales del Estado.

El riesgo es que esta presión sobre las finanzas del país explote en el próximo periodo de gobierno, lo que conduciría a un incumplimiento en el pago de las pensiones y una grave crisis social y política.

No hay mejor ejemplo de la actitud contumaz de la clase política mexicana frente a los problemas que apremian a México que su desidia frente a este tema.

Hace unos días platiqué con Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, quien, a partir de su experiencia en el servicio público y gracias a su tenacidad como investigador, ha elaborado un inquietante diagnóstico sobre el estado de las pensiones en México. Para él no existe la menor duda de que el país se encuentra sobre una “bomba de tiempo” que estallará en muy poco tiempo, a menos de que se dé un “pacto político” para desactivarla.

Autor de Pensiones en México: la próxima crisis, un libro que aparecerá próximamente con el sello de Siglo XXI Editores, Vázquez Colmenares desmenuza una situación que ninguno de los candidatos presidenciales se ha atrevido a abordar con franqueza en la presente campaña.

Es muy sencillo: En México había tres millones de pensionados en 2006. Cuatro años después, el número había crecido a 4.1 millones. A este ritmo, los pensionados se duplicarán cada nueve años.

Estos ex trabajadores son atendidos por 105 diferentes sistemas, de los cuales apenas cinco o seis están totalmente fondeados. La cifra no incluye a más de 20 sistemas estatales de pensiones y un número desconocido de sistemas municipales, cuya opacidad no permite calcular la verdadera magnitud del problema.

Lo que sí sabemos —por las pesquisas de Vázquez Colmenares en la enredada contabilidad pública— es que los pasivos por pensiones en México podrían ascender a 104% del PIB de 2010. Si a ese monto sumamos la deuda pública (31% del PIB), el IPAB (cinco por ciento del PIB) y la ya famosa deuda de los estados (2.5% del PIB), tenemos, dice el investigador, “una presión fiscal tipo España, Italia o Grecia”.

Sólo por comparar, el peso oficialmente reconocido de las pensiones públicas en Grecia es de 113.2% del PIB (The New York Times, 3-XII-2010).

También sabemos que el gasto federal 2012 en seguridad social y déficit pensionarios (conocido como Ramo 19) tuvo una asignación, en el Presupuesto de Egresos, de 367 mil millones, con lo que se convierte en la tercera erogación del país. Su crecimiento es de 16% anual (cuatro veces el crecimiento del PIB en 2011) y llegará a un billón de pesos al final del próximo sexenio, cuando las pensiones consumirán uno de cada cinco pesos.

¿Cuánto representa actualmente el gasto en pensiones? Es cinco veces el presupuesto del Seguro Popular, nueve veces el gasto en policía de los tres niveles de gobierno y casi 12 veces el presupuesto de la UNAM.

Si no enfrentamos una mayor presión fiscal es porque se han realizado reformas en las pensiones del IMSS (1997), ISSSTE (2007) y la Comisión Federal de Electricidad (2008). Sin embargo, esos tres sistemas siguen cargando obligaciones que irán creciendo en los próximos años, conforme aumente el número de pensionados.

Tan sólo en el caso del IMSS, la estimación de gasto por la Ley 1973 (régimen previo al de las Afores) pasará de 117 mil millones de pesos en 2012 a casi 180 mil millones de pesos al finalizar el próximo sexenio.

Sin embargo, las reformas no han llegado a otros sistemas de pensiones, como el de Pemex, que sigue creciendo sin control. Entre 2006 y 2010, el número de pensionados de la paraestatal pasó de 76 mil a casi 89 mil (por cada uno de ellos sólo hay 1.3 trabajadores en activo), mientras que el gasto anual en pensiones pasó de nueve mil millones de pesos a 15 mil millones de pesos, en el mismo periodo, y el pasivo contingente, de 471 mil millones de pesos, a 661 mil millones de pesos.

Hasta ahí el problema de las obligaciones con los pensionados es grave pero conocido. Donde se vuelve opaco e incluso incalculable es en los estados.

Hace algunos días, la consultora Aregional y la calificadora Fitch Ratings lanzaron la alerta sobre las finanzas de diversos institutos estatales de pensiones, muchos de los cuales enfrentan una quiebra inminente, si no es que ya están en esa situación.

La enorme mayoría de los sistemas estatales no han sido reformados; se crearon en el contexto de realidades sociales, demográficas y económicas de hace 30 o 40 años que ya no son vigentes y han acumulado pasivos, producto de negociaciones hechas para salir al paso de las demandas de diferentes gremios, dejando todo a la buena de Dios.

El caso más evidente es el de Tlaxcala, un estado pequeño, con un número bajo de pensionados, donde la autoridad estatal tuvo que tomar la decisión, a fines de abril pasado, de reducir el monto de las pensiones ante la incapacidad de pagar la siguiente quincena, anuncio que ya ha sido enfrentado con la protesta social.

Y así como sucede en Tlaxcala, pronto podrían entrar en crisis los sistemas de pensiones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados, al no contar los gobiernos locales con fondos suficientes para cubrir sus obligaciones.

Otra dimensión del problema es que en 2021, cuando comiencen a retirarse los trabajadores que cotizan en las Afores (y no tienen derecho a optar por el régimen anterior), éstos se toparán con la noticia de que dicho sistema apenas les garantizará una pensión equivalente a 25% de su salario.

Peor aún la tendrán las personas que se desempeñan laboralmente en el sector informal de la economía, que no cuentan con cobertura alguna y muchas veces tampoco tienen capacidad de ahorrar para la vejez.

Está visto, como dice muy bien Vázquez Colmenares, que la seguridad social de México no ha reaccionado ante los formidables cambios demográficos que el país experimentó en la última parte del siglo XX. Fuera de las reformas mencionadas, nada se ha hecho para enfrentar el fantasma de la insolvencia.

Es muy serio que pocos se atrevan a señalar públicamente un problema que puede poner en jaque la estabilidad macroeconómica y la tranquilidad social en menos de un sexenio.

Ahí tiene usted a los tres principales candidatos a la Presidencia, quienes no sólo no abordan el tema con la seriedad que requiere sino que contribuyen a agravarlo mediante promesas como eliminar las cuotas obrero-patronales en el IMSS (Josefina Vázquez Mota), aumentar en mil pesos las pensiones existentes (Andrés Manuel López Obrador) y universalizar la seguridad social (Enrique Peña Nieto).

No tienen idea de lo que están prometiendo.

Por supuesto que todo mexicano merece una vejez tranquila, señores candidatos. Eso no está en duda. Pero, en su impulso por ganar la elección del 1 de julio a como dé lugar, están eludiendo el diagnóstico del problema de las pensiones (por ignorancia o irresponsabilidad), así como la única solución: un pacto político por la seguridad social, a fin de que responda a la nueva realidad del país.

Fuente


Comentario: ¿Alguna duda de que, cuando se ambiciona el poder, CUALQUIERA le dice al electorado LO QUE QUIEREN OIR? Lo de menos es la VIABILIDAD de la PROMESA. El chiste es, como bien decía Cayo Julio César hace ya la friolera de 21 siglos: "al pueblo... pan y circo".