jarochilandio
Bovino de la familia
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19 de abril de 2017
Rosa Ramírez Tolentino lleva siete años recolectando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, Adan de la Cruz, quien está en prisión acusado de secuestro. Según su abogado de la Cruz –que no habla español– no tuvo un traductor cuando lo procesaron. CEPIADET
Por Lilia Saúl y Olga Rosario Avendaño para Animal Político y Univisión
Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.
Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.
Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.
Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría , sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar. El abogado prefiere omitir su identidad ante el temor a perder su trabajo por ser un funcionario federal.
Adán Cruz Gallegos, un indígena de Oaxaca, lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o inocente de dos delitos de secuestro.
Un certificado médico en el expediente del caso señala que fue golpeado durante los primeros días que estuvo detenido.
En enero de este año la defensa de Adán presentó varios documentos para probar su inocencia. Una es la declaración del gerente de un hotel en Champotón, Campeche, quien aseguró que el día que Amira Sánchez fue secuestrada, Adán de la Cruz estaba alojado ahí, lejos de donde ocurrió el crimen. La carta es parte del expediente penal 98-2010 del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.
Pero también existe una carta de la empresa para la cuál laboraba de la Cruz, según la cuál, el 13 de octubre de 2009 el hombre estaba trabajando en Seybaplaya, Campeche, una ciudad ubicada a 768 kilómetros de distancia de Juchitán, donde ocurrió el secuestro.
Algo similar pasa con el secuestro de Julio Rasgado. El expediente judicial de Cruz –entonces empleado de la empresa Nabor Drilling Perforaciones– contiene documentos oficiales del Servicio Marítimo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los cuales se acredita que el 21 de julio de 2009, Adán de la Cruz Gallegos abordó la plataforma (petrolera) Alkal Delta (Akal G-R), en la ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo 28 días.
Esto, dice su abogado, demuestra que el acusado no estaba en Juchitán el día que secuestraron a Rasgado.
El juez que lleva el caso, Anastacio Ochoa Pacheco, asegura que la Ley penal impide que una persona acusada de secuestro y delincuencia organizada –como es el caso de Adán– enfrente su proceso fuera de prisión. El juez explica que la Constitución mexicana establece un plazo máximo de un año en prisión preventiva, salvo cuando el imputado requiera mayor tiempo para defenderse.
“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es díficil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, dice el juez para justificar, en parte, la larga estadía de Adán en la prisión.
El juez Ochoa dice que, hasta que no se evacúen todas las pruebas ofrecidas, de una y otra parte, y se realicen las pruebas periciales pendientes, no podrá dictar una sentencia.
La esposa de Adán, Rosa Ramírez Tolentino, recuerda que cuando detuvieron a su marido estaban saliendo del templo después de bautizar a su hija. “Íbamos a hacer fiesta, los invitados estaban esperándonos, pero ya no llegamos, porque a él se lo llevaron”, dijo.
Esta fotografía que aparece en el expediente de Adán de la Cruz fue tomada minutos antes de su detención, el 14 de octubre de 2009, cuando salía de bautizar a su hija menor en Juchitán de Zaragoza. Desde entonces de la Cruz está preso. CEPIADET
Siete años tiene Rosa en un ir y venir para conseguir las pruebas necesarias que probarían que su esposo no participó en los secuestros por los que se le acusan. Actualmente el caso está en un Tribunal de Apelación.
Según cuenta, los abogados privados que contrató le pidieron dinero y no hicieron nada por su marido. Y tuvo tres defensores públicos que tampoco pudieron avanzar.
Si es culpable o no, eso solo lo puede decidir el juez. Pero lo cierto es que, al igual que Adán de la Cruz, en México hay unos 8,000 indígenas –la mayoría no habla español– encarcelados, a la espera de una sentencia. Y podrían pasar años antes de que su situación se resuelva, porque en muchos casos, la carga de trabajo es grande en la Defensoría Pública, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden.
El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas. Pero en México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes.
En México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.
Es decir, por cada 600,000 habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal de oficio.
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