11 de marzo, 2013
Pacto por México
Iniciativa constitucional de reforma a las telecomunicaciones

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal y los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, por su digno conducto sometemos ante esa Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el marco del Pacto por México, acompañan la presente iniciativa los Presidentes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
El 2 de diciembre de 2012, se firmó el Pacto por México como un acuerdo político que tiene por objeto concretar las acciones y reformas que requiere nuestro país. En dicho acuerdo se coincidió en la necesidad de legislar en las materias de radiodifusión, telecomunicaciones, a fin de garantizar su función social y modernizar al Estado y la sociedad, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, así como para fortalecer las facultades de la autoridad en materia de competencia económica. Por ello, dentro del numeral 2, “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, se asumieron los compromisos siguientes:
2.1. Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos.
Se intensificará la competencia económica en todos los sectores de la economía, especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. Ello es fundamental ya que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Para profundizar la competencia económica de México, se instrumentará una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dote de fuerza y permanencia. Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones:
• Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC).
Se dotará a la CFC de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos, así se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley. (Compromiso 37)
• Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38)
2.2. Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial.
En el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida. Para ello, se tomarán las siguientes medidas:
• Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.
Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos. (Compromiso 39)
• Reforzar autonomía de la COFETEL.
Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula. (Compromiso 40)
• Desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones.
Se garantizará el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado. (Compromiso 41)
• Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos.
Se creará una instancia específicamente responsable de la agenda digital que deberá encargarse de garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos, fomentará la Inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico, e instrumentará la estrategia de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. (Compromiso 42)

• Competencia en radio y televisión.
Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radiodifundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentracionesde varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para
asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión. (Compromiso 43)
• Competencia en telefonía y servicios de datos.
Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre.
Se reordenará la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley que contemple, entre otros, los principios antes enunciados. (Compromiso 44)
• Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.
La adopción de las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberá ser simultánea. (Compromiso 45).
La presente iniciativa responde a los compromisos señalados y constituye una suma de esfuerzos entre el Ejecutivo Federal, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de un proyecto inédito, acorde con la importancia y trascendencia de su contenido, que conjunta la visión de las principales fuerzas políticas del país y el Gobierno Federal, y que parte de la apremiante necesidad de lograr reformas que proyecten a México hacia un futuro más próspero, en beneficio de los mexicanos.

Introducción
Las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones se han convertido en un instrumento básico de las democracias. Representan un elemento fundamental de participación social y de desarrollo económico. Esto es así porque favorecen las libertades de expresión y difusión, el acceso a la información y potencializan el crecimiento económico, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la cultura, entre otros aspectos.
En el presente siglo la prosperidad de las naciones reside en su capacidad de insertarse exitosamente en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En tal contexto, es evidente que un desarrollo competitivo de las telecomunicaciones y la radiodifusión constituye el principal habilitador de esta nueva prosperidad. Además, fortalece el combate contra la desigualdad y la exclusión y constituye la herramienta esencial para hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a información veraz, plural y oportuna, así como como a recibirla y difundirla.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
El acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cumplen un doble propósito. Por una parte, son actividades de la mayor importancia para el desarrollo económico de cualquier país y, al mismo tiempo, son los instrumentos que hacen realidad los derechos fundamentales de las personas. Este segundo aspecto es el punto central de la presente iniciativa.
En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se proponen en el presente instrumento, tienen el propósito principal de beneficiar a todos los mexicanos. Primero, con el fin de hacer realidad el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, lo que necesariamente se traducirá en mejores servicios públicos; segundo, con objeto de establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que dará lugar a un funcionamiento eficiente de los mercados y, en consecuencia, a que un mayor número de usuarios acceda a ellos en mejores términos de calidad y precio.

En suma, la presente iniciativa tiene como eje central el beneficio de los mexicanos y recoge primordialmente las aspiraciones de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para ello, es indispensable establecer las condiciones de desarrollo de la industria, de manera que permita cerrar brechas económicas y sociales de diversa naturaleza.
En efecto, el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión está por debajo del potencial real de competitividad de México. Existen brechas ineludibles por cerrar: i) la brecha en el desarrollo competitivo de un mercado hasta ahora concentrado, la cual se expresa en tasas de crecimiento y penetración de los servicios por debajo de los que requiere una economía dinámica e incluyente; ii) la brecha de acceso a la infraestructura de banda ancha, que se expresa en un inadecuado despliegue de redes avanzadas por todo el territorio nacional, en beneficio, no sólo de la población urbana de mayores recursos, sino también de los numerosos mexicanos que viven en comunidades remotas y de menores ingresos, y iii) la brecha de apropiación, que se expresa como el analfabetismo digital del siglo XXI, para lo cual es necesario la acción oportuna y focalizada del Estado, a fin de potenciar las capacidades digitales de los más vulnerables.
De cara al reto fundamental de cerrar estas brechas, en beneficio de una economía más competitiva e incluyente, es necesario reenfocar la capacidad institucional del Estado mexicano para impulsar, de manera integral, un sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión regido por criterios de competencia efectiva, regulación eficiente, efectividad de los actos que expresan la rectoría del Estado en el sector e inclusión social digital.
El papel que desempeñan las tecnologías de la información y de la comunicación es esencial, ya que tienen impactos directos en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, tales como la relación del gobierno con la sociedad, los servicios educativos, de salud, el tráfico comercial de mercancías, las empresas y prácticamente todos los sectores productivos dependen esencialmente de la información y las comunicaciones. La rapidez con la que suceden los cambios tecnológicos permite que los países puedan alcanzar niveles más elevados de desarrollo, por lo que una sociedad moderna no puede prescindir de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión de categoría mundial.
Lo anterior obliga a que los países cuenten con infraestructura de alta capacidad que responda al crecimiento exponencial de la demanda de ancho de banda, inducido por la evolución acelerada de las aplicaciones que operan mediante dispositivos personales cada vez más inteligentes, lo cual cobra cada vez mayor trascendencia para los usuarios. De este modo, la actualización de la infraestructura de banda ancha es un factor habilitador indispensable, no solamente para la expansión del sector global de las tecnologías de la información y la comunicación, sino para la competitividad de cualquier país.

La penetración de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida, internet y banda ancha tuvo un dinamismo positivo durante los últimos años, lo que permitió que más usuarios tuvieran acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, esto ha sido insuficiente para colocar a México en una posición favorable en el contexto internacional.
De acuerdo con información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) hasta el mes de diciembre de 2012 las líneas telefónicas fijas en el país ascendieron a 20.1 millones, manteniéndose prácticamente sin cambio en los últimos cinco años; ello, debido principalmente al incremento de la preferencia por las líneas telefónicas móviles. La flexibilidad de los planes tarifarios de la telefonía móvil y la extensión de su cobertura, propició el incremento acelerado de este servicio.
Al comparar a México con otros países se observa que mientras en 2012 se registraron 86 suscripciones móviles por cada 100 habitantes, el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 109. Por su
parte, la penetración de telefonía fija se ubicó entre las más bajas de los países de dicha organización internacional, incluso por debajo de países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Chile.
Los servicios de banda ancha en el país se ofrecen principalmente utilizando redes fijas y móviles, las cuales se encuentran limitadas en cuanto a cobertura y penetración, principalmente en las zonas urbanas y rurales de escasos recursos, lo que constituye un factor adicional que inhibe el crecimiento de la penetración de la banda ancha en México.

México registra las tasas de crecimiento en banda ancha más altas entre los países miembros de la OCDE, sin embargo, los niveles de penetración siguen siendo muy bajos. En 2012, la penetración de la banda ancha fija alámbrica de México fue de 11.4 suscripciones por cada 100 habitantes, menos de la mitad del promedio observado entre los países miembros, mientras que la penetración de banda ancha móvil fue 83 por ciento menor.
Adicionalmente, la creciente demanda del comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de video sobre demanda, entre otros, requieren poner especial énfasis en el fomento del despliegue de infraestructura de banda ancha robusta y de alta capacidad.
Una de las principales razones que sustentan la presente iniciativa es lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, ya que las tecnologías de la información y la comunicación representan una herramienta que facilita el acceso de los mexicanos en la sociedad de la información y el conocimiento, con sus consecuentes beneficios en el incremento de la producción, el emprendimiento y la inclusión social, reduciendo la brecha digital.

Las telecomunicaciones en México demuestran grandes debilidades en infraestructura instalada de banda ancha para la totalidad de la población, así como un rezago en la alfabetización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto genera un impacto desfavorable para el crecimiento de la economía mexicana.
Por otra parte, aunque con antecedentes y con características distintas, la situación que observamos en el mercado de telecomunicaciones no es distinta a la que viven nuestros medios de comunicación radiodifundidos, que si bien han logrado una cobertura casi universal, lo han hecho también mostrando preocupantes índices de concentración.
Los activos del Estado deben considerarse como un importante mecanismo para impulsar la cobertura y el acceso universal a la televisión radiodifundida. En este sentido, el espectro radioeléctrico, su valor, la forma de adjudicarse y explotarse, requiere una revisión a fondo. Algunas medidas que deben tomarse para mejorar el nivel de competencia en el mercado se relacionan con poner a disposición del mismo una mayor cantidad de espectro, para permitir la entrada de nuevos competidores, y darle un uso más eficiente.
En televisión abierta, se pueden licitar, en la actualidad, hasta dos grupos de estaciones de televisión, que en conjunto permitirían cubrir hasta 98 por ciento de la población del país, lo que garantiza una escala suficiente para promover la competencia en este sector.
Adicionalmente, la presente iniciativa busca en particular que los servicios de radiodifusión se traduzcan en un beneficio concreto de cultura para toda la población y contribuya de manera activa a preservar la pluralidad y fomentar los valores de identidad nacional y, en general, los previstos en el artículo 3o. de la Constitución. Asimismo, pretende promover la formación educativa y cívica y procurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz de los acontecimientos nacionales e internacionales y fomentar la expresión de la diversidad de ideas y opiniones.
Por todo lo expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar la libertad de expresión y de difusión, y el derecho a la información, así como el derecho de acceso efectivo y de calidad a las tecnologías de la información y la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general.

Finalmente, la iniciativa prevé una serie de acciones específicas para la reordenación de los mercados en estas materias en el corto plazo, tales como medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregación de redes, obligaciones específicas respecto del ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en la televisión restringida, regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una red troncal que mejore las condiciones de acceso a las telecomunicaciones, entre otras.
1. Reconocimiento del derecho al libre acceso a la información y derecho a la libertad de difusión.
La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho con dos dimensiones: una individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y una colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada.
Teniendo en cuenta esta doble dimensión, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Para las personas es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como el derecho a difundir las propias creencias o informaciones.
La jurisprudencia interamericana también ha enfatizado que un determinado acto de expresión implica simultáneamente las dos dimensiones, por lo cual, una limitación del derecho a la libertad de expresión afecta tanto el derecho de quien quiere difundir una idea o una información como el derecho de los miembros de la sociedad a conocer esa idea o información.
Adicionalmente, el derecho a la información y a recibir la mayor cantidad de opiniones o de informaciones diversas, exige un esfuerzo especial para lograr el acceso en condiciones de igualdad y sin discriminaciones de ningún tipo al debate público. Esto supone condiciones especiales de inclusión que permiten el ejercicio efectivo de este derecho para todos los sectores sociales.
Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención, tanto por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos como por la doctrina y la jurisprudencia internacional.

Según ha interpretado la Corte Interamericana, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprende la obligación positiva del Estado de permitir a los ciudadanos acceder a la información que está en su poder. En este sentido, el principio 2 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana, y que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información.
Por otra parte, el numeral 4 de la Declaración de Principios señala que el acceso a la información es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizarlo.
El derecho a la información es por su propia naturaleza un derecho subjetivo, entendiendo como tal una situación de poder que le garantiza al individuo el acceso a una información que, por serle útil y beneficiosa, constituye para él un bien jurídico. Como tal derecho subjetivo, el derecho a la información es un derecho individual y público, ya que comporta la intervención del Estado para tutelarlo. En segundo lugar, el derecho a la información tiene como objeto que la persona obtenga una información adecuada a sus necesidadesde participación y conocimiento, información que debe cumplir con una condición ineludible: ser veraz. Y, en tercer lugar, el derecho a la información es de titularidad universal, pertenece sin exclusión a todas las personas.
El 20 de julio de 2007 se publicó la reforma al artículo 6o. de la Constitución que incorporó el derecho de acceso a la información, con el propósito de que toda persona cuente con los elementos mínimos y adecuados en materia de información pública para que se pueda evaluar el desempeño de la acción gubernamental.
El avance progresivo en el derecho a la libertad de expresión y de difusión, exige la actualización de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución. Estos derechos no sólo abarcan la obligación del Estado para garantizar el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales, sino que se hace imprescindible garantizar el acceso a la información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Con tal propósito, se plantea la adición de dos párrafos, el segundo y el tercero, al artículo 6o. de la Constitución, con objeto de regular en un apartado A el derecho a la información pública y la protección de datos personales, y establecer en un apartado B, las disposiciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que, entre otros aspectos, tienen por objeto garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, y que son medios trascendentales para el ejercicio de los derechos referidos.

Como consecuencia de este reconcimiento expreso, se propone la adecuación del artículo 7o. de la Constitución, que garantiza actualmente la libertad de imprenta como medio para el ejercicio de la libertad de difusión. En tal sentido, la iniciativa que se somete a la consideración del órgano Constituyente, propone reformar el primer párrafo de este artículo a efecto de establecer la inviolabilidad de la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. De igual forma, se prevé que no se podrá restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Con el mismo propósito, se reforma el párrafo segundo del artículo 7o. de la Constitución para determinar que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tendrá más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución. A este respecto, se integran en un solo artículo las limitantes que en el texto vigente de la Constitución se encuentran planteadas en forma distinta en los artículos 6o. y 7o., sin que exista alguna justificación para ello, ya que la libertad de difusión forma parte de la libertad de expresión, por lo que se propone la reforma al primer párrafo del artículo 6o. para incluir los ataques a la vida privada, actualmente contemplada como una limitación a la libertad de imprenta en el artículo 7o.
2. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado en diversos documentos la relevancia de las tecnologías de la información para nuestra sociedad y la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas. Bajo esta concepción, las tecnologías de la información no sólo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o el entretenimiento, sino que también son el punto de partida para la generación del desarrollo económico y social.
La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, celebrada en Ginebra en 2003, establece como un desafío para las naciones aprovechar el potencial de las tecnologías de la información para promover los objetivos de desarrollo, en particular, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la equidad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sustentable y en general, asegurar la
cooperación entre las naciones. El documento también expresa la relevancia de estas tecnologías para generar crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de todos.

Bajo esa perspectiva, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidades adoptó la resolución A/HRC/20/L.13 del 29 de junio de 2012 sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet. La relevancia de este documento radica en que reconoce en lenguaje de derechos humanos una serie de derechos de acceso y empleo del internet para todas las personas. Adicionalmente, se exhorta a los Estados para que promuevan y faciliten el acceso a internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.
Las condiciones de las nuevas tecnologías han obligado a una reformulación del contenido tradicional de las libertades de expresión y de difusión. Hoy se considera que la garantía de estas libertades no sólo implica el deber de abstención del Estado de interferir en su acceso o contenidos, sino que se extiende a su obligación de evitar que estos derechos sean limitados por terceros y promover las condiciones necesarias para el goce efectivo de los mismos. Conviene recordar a este respecto que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, señaló claramente que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación atentan contra las libertades de expresión e información. En consecuencia es una obligación de los Estados tomar todas las acciones necesarias para evitar las concentraciones que de hecho o de derecho limiten o impidan el acceso más amplio posible a estas tecnologías. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que las asignaciones de radio y televisión deben considerar derechos democráticos que garanticen “una verdadera igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos” (OEA, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009).
Existen diversos precedentes internacionales que reconocen el derecho al acceso a las tecnologías de la información y a la banda ancha, ya sea a nivel constitucional, como es el caso de Grecia; establecido en leyes generales, como en Finlandia, Perú, España, y Estonia, o por jurisprudencia, como ocurre en Francia y Costa Rica, por citar algunos ejemplos.
Por su parte, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet (OEA) del 1 de junio de 2011 se estableció que los Estados “tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la función social que entraña el acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión ([J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 986). De acuerdo con nuestro Máximo Tribunal, la función social de dichos servicios reside en su reconocimiento como instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales. En esta medida, el acceso efectivo a las tecnologías de la información y a la banda ancha, se reconoce como una pieza clave en el desarrollo de una política de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, indispensable para la construcción en nuestro país de una sociedad de derechos y libertades, tal y como lo prevé el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución.
De esta manera, la universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones permitirá que de manera pública, abierta y no discriminatoria todas las personas tengan acceso a la sociedad de la información y el conocimiento en igual forma y medida, con una visión inclusiva, contribuyendo con ello al fortalecimiento de una sociedad de derechos y libertades basada en la igualdad.
Bajo ese contexto y tomando en cuenta las anteriores consideraciones, resulta necesario que nuestra Constitución contenga normas que expresamente garanticen el acceso a las tecnologías de la información, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha; para tal efecto, se propone la adición de un tercer párrafo al artículo 6o. y se precisa que el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Con esta reforma, además de poner al país a la vanguardia en perspectiva comparada, el acceso masivo a la banda ancha y a las tecnologías de la información se configura como una prioridad en la agenda nacional y como un principio rector en la actuación del Estado, con miras a la plena inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento, con las consecuentes repercusiones positivas en el desarrollo nacional que ello habrá de
generar.
Esta reforma atiende el compromiso 39 del Pacto por México, relativo al derecho de acceso a la banda ancha.
a) Sociedad de la información y el conocimiento.
Una sociedad de la información es aquélla en que las tecnologías que facilitan la creación, distribución y uso de la información, juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los programas de desarrollo de los países industrializados y el término ha tenido una connotación más bien política que teórica, pues a menudo se presenta como una aspiración estratégica que permitiría superar el estancamiento social.

La sociedad de la información no está limitada a internet, aunque éste ha desempeñado un papel muy importante como un medio que facilita el acceso e intercambio de información y datos.
De acuerdo con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, Suiza, 2003), la sociedad de la información debe estar centrada en la persona, ser integradora y estar orientada al desarrollo; una sociedad en la que todas las personas puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las comunidades puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Dicha sociedad de la información se logra, según la experiencia de algunos países de la OCDE, mediante el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática (hardware y software), las telecomunicaciones (televisión y radio) y la optoelectrónica.
El desarrollo de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación impone a nuestro país el reto de garantizar el acceso universal de las personas a la sociedad de la información y el conocimiento, lo que se pretende incorporar como un mandato al Estado en el artículo 6o. constitucional.
b) Radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos.
El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta del Estado, activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público.
Atendiendo a la función social que desempeñan los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones como instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales, la presente iniciativa plantea que sean reconocidos como servicios públicos.
Para tal efecto, en el apartado B que se adiciona al artículo 6o. se establece que las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
De igual forma, se propone que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, por lo que el Estado deberá garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad, y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.

Lo anterior fortalecerá, desde la Constitución, la actividad reguladora del Estado en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, con perspectiva de crecimiento económico y competitividad en el marco de una sociedad de derechos y libertades.
En este mismo sentido y con el objeto de asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, se establece en el apartado B que se propone incorporar al artículo 6o., el mandato para que la Ley establezca un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro.
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Además, dicho organismo público contará con un Consejo Ciudadano que asegurará su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
Con el objeto de que los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión cumplan con los objetivos planteados en esta reforma, se prevén en el artículo Décimo transitorio las condiciones mínimas que deben regir su funcionamiento, tales como independencia editorial, garantías de participación ciudadana y transparencia, entre otros.
3. Creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos constitucionales autónomos
Actualmente, la figura que la legislación emplea para la mayoría de los órganos que regulan la actividad económica (telecomunicaciones, competencia, banca, energía, etc.) es la de órganos administrativos desconcentrados, los cuales se encuentran jerárquicamente subordinados a las secretarías de Estado a las que estén adscritos.
La relevancia y trascendencia de la actividad reguladora en las materias de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, hacen conveniente que cuenten con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones, sujetos a criterios eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro interés. Al respecto, la OCDE ha considerado importante que los Estados cuenten con organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el mercado.

La experiencia comparada confirma la tendencia a dotar de autonomía a estos órganos, tal es el caso, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos de América, España, Francia, Reino Unido, Alemania y Australia, cuyos órganos reguladores en materia de telecomunicaciones cuentan con autonomía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2007 (Registro No. 172456) se pronunció sobre las notas distintivas de estos órganos:
• Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes.
• Se establecen en los textos constitucionales, dotándolos de independencia para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requiere autonomía de los poderes tradicionales.
• La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues atienden necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general.
Aunado a las características referidas por nuestro Máximo Tribunal, la doctrina ha coincidido en que las características de estos órganos son las siguientes:
• Inmediatez.- Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
• Paridad de rango.- Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, es decir relaciones de igual a igual, siendo órganos supremos en el ejercicio de sus facultades.
• Autonomía.- Poseen autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.
• Inmunidad.- Los titulares de estos órganos sólo pueden ser removidos por causas de responsabilidad.
• Esencialidad.- Sus funciones son imprescindibles para el funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho.
• Dirección Política.- Participan en la dirección política del Estado, pues emiten actos materialmente ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales que contribuyen a la toma de decisiones.
Para promover la competencia y generar las condiciones que permitan hacer efectivos los derechos contenidos en la Constitución y los que se proponen adicionar con esta reforma, la rectoría económica del Estado en el desarrollo nacional debe traducirse también en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos colegiados encargados de la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones, así como en materia competencia económica.
Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto.
Esta medida atiende a los compromisos 37 y 40 del Pacto por México, relativos al fortalecimiento y autonomía de los órganos reguladores.
a) Integración de los órganos
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado presidente, quienes deberán cumplir, entre otros requisitos, con el de haberse destacado en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda.
Con la intención de garantizar la autonomía constitucional de ambos órganos, la presente iniciativa establece un sistema de nombramientos novedoso en nuestro orden jurídico para este tipo de órganos, en el que no sólo intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como sucede tradicionalmente, sino que se propone la intervención de los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, creado recientemente mediante la reforma constitucional en materia educativa, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes integrarán un Comité de Evaluación, al que corresponderá emitir una convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de conocimientos en la materia, para cuya formulación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior.
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo Federal una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas, y el Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes al candidato que propondrá para su ratificación al Senado, mismo que deberá resolver por el voto de las dos terceras partes, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, éste someterá una nueva propuesta. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

En congruencia con este mecanismo de designación, se propone reformar el artículo 78 de la Constitución para suprimir la facultad de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
A efecto de garantizar la conformación escalonada de las juntas de gobierno de ambos órganos, en el régimen transitorio se prevé que los nombramientos de los primeros comisionados concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los comisionados presidentes concluirán su encargo el último día de febrero del 2022.
Finalmente, conscientes de que en un Estado democrático de derecho, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos reguladores no puede concebirse al margen de la previsión de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, se considera necesario establecer las bases constitucionales para que los titulares de los órganos presenten anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, un informe de actividades; al efecto, comparecerán ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.
Asimismo, con el objeto de garantizar la imparcialidad en sus funciones, se prevé que la ley sancionará los casos en que los comisionados establezcan contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros comisionados y como parte de los procedimientos respectivos.
b) Facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica

Con la finalidad de fortalecer las atribuciones y resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, se establece expresamente que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre las que se encuentran las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

c) Facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones
En el mismo sentido, se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Destaca la reforma propuesta a los artículos 27 y 28 de la Constitución a efecto de conferir al Instituto la facultad de otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para la vigilancia y protección de la libre competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, se propone adicionar en el artículo 28 de la Constitución las facultades que permitan al Instituto Federal de Telecomunicaciones ejercer las acciones necesarias para evitar prácticas desleales o monopólicas, así como establecer medidas correctivas respecto de los operadores que tengan poder sustancial en el mercado.
Para ello, el Instituto será la autoridad en materia de competencia económica para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y, por ende, quedará facultado para emitir regulación asimétrica respecto de los agentes económicos de dichos sectores, la cual podrá ser particular o de carácter general para todos los operadores con poder sustancial en un mercado. Asimismo, es necesario permitir al Instituto que al emitir regulación asimétrica, tome todas las medidas necesarias, conforme a las mejores prácticas internacionales, para controlar el poder de mercado de los agentes económicos.
Así, la presente iniciativa propone facultar a nivel constitucional al Instituto para: a) regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; b) imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y c) ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el
cumplimiento de estos límites.
En consistencia con las atribuciones que se otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se establecen las bases a las que deberá ajustarse el régimen de concesiones. Las adiciones propuestas tienen por objeto asegurar que en el otorgamiento de concesiones se atienda al fin de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad y convergencia, y optimizando el uso del espectro radioeléctrico.

El régimen de concesiones debe estar basado en una política de competencia efectiva que permita alcanzar en el mediano plazo una cobertura universal así como las mejores condiciones posibles de calidad y precio en los productos y servicios. Se entiende así que la competencia en el sector constituye un instrumento central para asegurar el acceso a las tecnologías de la información y además, en su caso, permite al Estado corregir las fallas de mercado.
En concreto, se propone lo siguiente:
• Las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones podrán ser para uso comercial, público, social y privado y se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución.
• Serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa.
• En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico.
• La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.
• La ley deberá establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, social y privado.
• La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes,
siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el propio Instituto.
Todas estas facultades están dirigidas a garantizar los derechos previstos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución y a fortalecer la competencia y libre concurrencia, de manera que, en última instancia, se ofrezcan al público productos y servicios de calidad y a precios accesibles y, así, se facilite y procure que todos los mexicanos puedan integrarse a la sociedad de la información y el conocimiento. En suma, las facultades del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde la Constitución misma, son un instrumento para hacer efectivos los derechos fundamentales referidos.

Con este nuevo régimen, se atienden los compromisos 43 y 44 del Pacto por México, relativos a los límites a las concentraciones de mercados y a la concentración de medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, así como en materia de competencia efectiva, eliminación de barreras de entrada para otros operadores, y tratamiento asimétrico en el uso de redes y determinación de tarifas.
4. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones
Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico.
El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable.
En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que “Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible”.
El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las
decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad.

En los países miembros de la OCDE, las decisiones de regulación importantes están sujetas a revisión judicial, pero es prácticamente insólito que sus efectos se suspendan de manera sistemática. Los litigios en el sector en nuestro país, han significado enormes retrasos en la implementación de una sana regulación y particularmente han tenido un impacto negativo en materia de competencia.
La regulación a operadores dominantes ha tenido resultados muy positivos en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, el órgano regulador ordenó a British Telecom la separación funcional entre su mercado al usuario final y el mercado mayorista, lo que permitió el ingreso de nuevos competidores y una reducción significativa de precios. En Estados Unidos se ordenó la división de la compañía telefónica dominante en varias empresas separadas, como remedio al monopolio que representaba, lo que también tuvo un impacto positivo en el servicio que reciben los usuarios finales.



En contraste, desde agosto de 1997, la Comisión Federal de Competencia emitió una declaratoria de dominancia respecto de un concesionario en los mercados de telefonía local, interconexión, larga distancia nacional, larga distancia internacional y transporte interurbano de datos (Resolución AD-41-97 del 4 de diciembre de 1997). La resolución de la Comisión fue anulada en tribunales federales en tres ocasiones (Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, expedientes 721/2000, 493/2003, 473/2006). El resultado final fue la anulación de la declaratoria, para iniciar nuevamente el proceso en 2007, mismo que terminó con cinco nuevas declaratorias de dominancia (Resoluciones DC-002-2007, DC-003-2007, DC-004-2007, DC-005-2007), que a la fecha no han podido ejecutarse debido a que se encuentran impugnadas.
Otro ejemplo es la impugnación de las resoluciones de interconexión para el periodo 2005-2010. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) resolvió en septiembre de 2006 (Resolución P/EXT/310806/63) las tarifas de interconexión relacionadas con tres concesionarios. Asimismo, en enero de 2008, resolvió el desacuerdo entre dos de ellos (Resolución P/090108/14). En ambos casos, las empresas impugnaron en juicio de amparo las resoluciones de la COFETEL, mismas que hasta hace unos días fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las resoluciones de la autoridad reguladora fueron emitidas hace seis y cuatro años, respectivamente, y el periodo que resolvió la COFETEL para estas tarifas concluyó hace
más de dos años, de donde se demuestran claramente los efectos negativos de la falta de efectividad de las resoluciones de los órganos reguladores.
En el mismo sentido, en el sector de la radiodifusión se han presentado múltiples litigios en contra de actos y resoluciones de la COFETEL relacionados con la transición a la televisión digital terrestre.

Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios.
Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad.
Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, a juzgados y tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.
Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas.

5. Facultades del Congreso
Finalmente, mediante la reforma al artículo 73, fracción XVII, se dota al Congreso de la Unión de facultades expresas para dictar leyes en materia de tecnologías de la información y comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.
Por otra parte, es preciso señalar que el derecho de acceso a información veraz, plural y oportuna, como se establece en esta propuesta de reforma constitucional, requiere que la legislación secundaria, que en su oportunidad emita el Congreso de la Unión, asegure el llamado ‘derecho de las audiencias’, que incluye, entre otros, el de acceder a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión de información imparcial, objetiva y oportuna; igualmente, se conciben como parte de estos derechos, los de contenidos de sano esparcimiento, ecología audiovisual y la no discriminación, por citar algunos.
Las audiencias masivas de los medios de comunicación en muchas ocasiones no son consideradas como sujetos activos e interactivos con éstos, sino como un índice cuantitativo de comercialización. Bajo este esquema, las personas se reducen a una simple operación mercadológica, como puntos de rating.
Es por ello que la reforma constitucional prevé aspectos como la prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa (artículo 6o. constitucional), el deber del Congreso de la Unión de regular el derecho de réplica (artículo Tercero transitorio, fracción IV) y de prohibir la difusión de publicidad engañosa o subrepticia (artículo Tercero transitorio, fracción V), y que la programación dirigida a la
población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud (artículo Décimo Primero transitorio). Se trata de medidas cuyo desarrollo corresponderá al Congreso de la Unión para avanzar en un esquema de regulación que asegure los derechos de las audiencias.
6. Legislación secundaria
Se prevé que el Congreso de la Unión deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme a lo dispuesto en el Decreto, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, así como legislar en materias directamente relacionadas con la reforma, como regular el derecho de réplica; determinar criterios para que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones otorgue autorizaciones para el acceso a la multiprogramación; crear un Consejo Consultivo de dicho Instituto que funja como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o.
constitucionales, entre otras medidas, así como establecer tipos penales que castiguen severamente las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; esto último previsto en el compromiso 37 del Pacto por México.

7. Convergencia
Toda vez que actualmente existen concesiones con objetos que permiten la prestación de servicios diversos, y que es necesario asegurar condiciones de competencia en todos los ámbitos, se prevé en el artículo Segundo transitorio que las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos se apliquen en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Con esto se atiende el compromiso 45 del Pacto por México.
Asimismo, con el objeto de lograr la convergencia en los servicios en beneficio de los usuarios y maximizar el aprovechamiento de los recursos, se prevé en el artículo Cuarto transitorio que el Congreso de la Unión deberá emitir dentro del mismo plazo, un solo ordenamiento que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, de tal manera que se da cumplimiento al compromiso 44 del Pacto por México.
Uno de los grandes ejes de la reforma es promover la competencia en este sector, aprovechar al máximo el espectro radioeléctrico y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, de forma que se traduzcan en beneficios para la sociedad. Es por ello que se prevé que la legislación que expida el Congreso de la Unión en esta materia establezca un régimen de concesiones únicas que permita a los concesionarios prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En el mismo sentido, se faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a autorizar a los actuales concesionarios a prestar servicios adicionales, aún sin cambio en la legislación, cuando verifique que cumplan con todos los requisitos previstos en este Decreto para tal efecto, que aseguran mejores condiciones de competencia. Por ello, se prevé que respecto de los concesionarios que hayan sido determinados por el Instituto como agentes económicos preponderantes, sólo podrán obtener las autorizaciones respectivas si cumplen con las medidas que en atención a ello se les hayan impuesto.
8. Inversión extranjera
La Ley de Inversión Extranjera prevé que los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable, se encuentran actualmente reservados de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Por su parte, tratándose de sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones la inversión extranjera podrá participar hasta en un 49 por ciento, en tanto que se requiere resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49 por ciento en la telefonía celular.
Al respecto, es necesario fomentar esquemas de inversión en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, que se traduzcan en una mejor oferta de servicios y mejores precios, por lo que la iniciativa prevé en el artículo Quinto transitorio, que desde la entrada en vigor de la reforma se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión.
9. Televisión Digital Terrestre
Por otra parte, la liberación de la banda de 700 MHz se ve favorecida con la transición a la televisión digital terrestre (TDT), que permite hacer un mejor uso del espectro radioeléctrico. Con la televisión analógica se tiende a desperdiciar más del 75 por ciento de capacidad del espectro disponible y solo es posible ofrecer un canal de programación. En cambio, cuando ese mismo canal de transmisión se opera digitalmente es factible ofrecer varios canales de programación o multiprogramación, siendo por lo tanto uno de los beneficios que otorga la TDT.
Uno de los retos para acelerar la transición a la TDT es la penetración de los receptores digitales en el país. En este contexto, existe una gran asimetría entre las distintas entidades federativas, ya que por ejemplo, en estados como Chiapas apenas el 4.4 por ciento de los hogares disponen de receptores digitales, mientras que en el Distrito Federal casi 30 por ciento de los hogares ya dispone de ellos.
Al respecto, es importante que el Estado pueda crear las condiciones para asegurar el acceso a los decodificadores digitales, con la finalidad de que los hogares y comercios no vean interrumpido el servicio de televisión abierta. Por ello, se prevé en el artículo Quinto transitorio que la transición digital terrestre deberá culminar el 31 de diciembre de 2015 y los Poderes de la Unión están obligados a promover la implementación de equipos receptores y decodificadores, así como los recursos presupuestarios necesarios para estos efectos.
10. Medidas a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones
• Must carry y must offer
Los avances tecnológicos y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones han hecho posible que cada vez más mexicanos tengan acceso a servicios de televisión restringida, los que se prestan a través de las redes de los concesionarios y mediante el uso de dispositivos o terminales por parte de los suscriptores. Por tratarse de servicios de telecomunicaciones, por los que se cobra una contraprestación, queda al arbitrio de los concesionarios la determinación de los contenidos que ofrece, lo que no siempre incluye los contenidos de la televisión abierta, en ocasiones por los costos que representa. No obstante, la opción de contar con servicios de televisión restringida no debe ser un obstáculo para que los suscriptores reciban la señal de televisión abierta a la que tienen derecho y que cumple una función social.
Por ello, una de las medidas que prevé la iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía, es el deber de los concesionarios de televisión restringida de incluir dentro de su programación la señal radiodifundida, lo que se conoce internacionalmente como must carry. Ahora bien, esta obligación que se impone a los concesionarios sólo es posible cumplirla en la medida de que los concesionarios de radiodifusión, titulares de los derechos sobre los contenidos que transmiten al público, permitan su retransmisión a los concesionarios de televisión restringida, por lo que también se prevé en la iniciativa esta obligación, lo que se conoce como must offer.
Por lo anterior, se incorporan en el artículo Octavo transitorio las figuras de must carry y must offer de las señales radiodifundidas, de manera gratuita, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones. No obstante, tratándose de concesionarios declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes, éstos no se beneficiarán de la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita, por lo que deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la
retransmisión y, en caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. Asimismo, cuando el Instituto declare que existen condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, no aplicará la regla de gratuidad y los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos.
Con estas medidas se atiende a lo previsto en el compromiso 43 del Pacto por México.
• Licitación de dos cadenas de televisión abierta
Con el objeto de que contemos con una mayor oferta de contenidos en televisión abierta, se prevé como una de las acciones inmediatas a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que una vez constituido, deberá publicar en un plazo no mayor a 120 días naturales, las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional. Esta medida atiende al compromiso 43 del Pacto por México.

• Medidas inmediatas para favorecer la competencia
Como se ha mencionado, es necesario generar condiciones de competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, a efecto de mejorar la oferta de dichos servicios, su calidad y los precios a los usuarios. Dichas medidas no deben esperar más.
Por ello, con el objeto de avanzar en este sentido, se propone en el artículo Octavo transitorio de la iniciativa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de su integración, determine la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e imponga las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Para ello, se prevé un criterio objetivo en razón de la participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, por lo que se considerará como agente económico preponderante, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Con el mismo fin, se prevé que el Instituto establezca las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telefonía, televisión restringida e internet fijos, de manera que los concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la
red local pertenecientes a dicho agente. Esta medida será aplicable también a los concesionarios con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.
Estas medidas implican la acción inmediata del Instituto, a afecto de que los beneficios planteados con la reforma comiencen a materializarse en el corto plazo, en beneficio de los usuarios.
11. Red Troncal
La infraestructura es un factor crítico para el desarrollo económico, social y humano.
Actualmente, el bienestar social depende crecientemente del grado de desarrollo de su infraestructura de telecomunicaciones. Como en diversos países del mundo, la industria de las telecomunicaciones en México es uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía; sin embargo, la infraestructura es aún insuficiente.