Golpe a LFC: recuento de daños


A
12 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y la posterior extinción de esa entidad pública por vía de un decreto presidencial todavía cuestionado –por más que su constitucionalidad haya sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo no menos polémico–, el gobierno federal ha sido incapaz de revertir los agravios cometidos por esa medida contra los derechos laborales, la libertad sindical y la propiedad pública. Adicionalmente, y a contrapelo del cálculo original del grupo gobernante, la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el suministro en las entidades en que operaba LFC ha contribuido a exacerbar la percepción del decretazo mencionado como una acción injusta, improcedente y nociva para la viabilidad de la zona centro del país.
El tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE: en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad ha colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes –inundaciones por pérdida de capacidad de bombeo y drenaje; mayores atascos de tránsito; fallas en el transporte colectivo y deterioro de la seguridad pública– y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.
Aunque la empresa encabezada por Alfredo Elías Ayub no ha hecho públicos los datos oficiales sobre la calidad del servicio eléctrico en la zona centro del país, ésta se puede ponderar con base en la inconformidad ciudadana hacia el trabajo de la entidad paraestatal. Significativamente, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 9 mil expedientes en contra de la CFE entre octubre de 2009 y septiembre de este año –casi 3 mil más respecto del mismo periodo entre 2008 y 2009– y las quejas diarias de usuarios ascendieron a 25 durante los últimos 12 meses, contra las 17 que se recibieron un año antes de la extinción de LFC.

Hasta ahora, los intentos gubernamentales por culpar al SME de acciones de sabotaje en instalaciones de LFC han carecido de las pruebas correspondientes y han chocado con el comportamiento pacífico y ejemplar de ese sindicato y de su entorno social de apoyo. Es mucho más claro el vínculo entre el deterioro en el servicio eléctrico y la incapacidad del personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para remplazar a LFC y sus trabajadores en una tarea que de suyo se había vuelto complicada: y es que, en efecto, LFC acusaba un severo deterioro desde antes de su extinción, pero éste se debía a la determinación oficial de propiciar la obsolescencia de ese organismo y de negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración.
Por lo demás, el año transcurrido también ha significado una derrota para los planes gubernamentales de desactivar un movimiento integrado actualmente por 16 mil 300 trabajadores electricistas, que ha resistido a campañas de desprestigio y a la hostilidad gubernamental y que hoy cuenta con vigencia y con una demostrada capacidad organizativa. En la circunstancia presente, el desastroso desempeño de la CFE en la zona operada por LFC, las condiciones de inseguridad en que opera el personal subcontratado por el organismo paraestatal y las afectaciones que ello ha supuesto para millones de usuarios en el último año tendrían que ser motivos suficientes para que el gobierno federal atienda las demandas de otorgamiento de la toma de nota a la dirigencia del SME y la recontratación colectiva de sus integrantes bajo la figura de patrón sustituto. Tales reivindicaciones no sólo tienen viabilidad jurídica, dado que no fueron atacadas por el referido fallo del máximo tribunal: ante la precariedad que enfrenta el corazón político y económico de la nación, la reinstalación, en sus puestos de trabajo, de electricistas con probada capacidad y experiencia se presenta como una medida de obvia sensatez y necesidad.

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Aniversario del sabadazo en luz y fuerza
Mantienen viva la resistencia más de 16 mil electricistas
Pendientes de cumplir, acuerdos tomados en la mesa de negociación de alto nivel realizada en Bucareli
Mañana, nueva jornada de protesta sindical

Asamblea del SME en el Palacio de los Deportes, el miércoles pasadoFoto Víctor Camacho

Policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en Marina Nacional la noche del 10 de octubre del año pasadoFoto Alfredo Domínguez

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 2
Cuando el gobierno federal emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre de 2009, calculaba que bastarían unas cuantas semanas para vencer cualquier oposición, pero un año después, 36 por ciento de la plantilla original de 44 mil trabajadores se resiste a quedarse sin empleo en el sector eléctrico y no ha aceptado la liquidación.
Al mismo tiempo, en la administración calderonista hay dos posiciones en pugna: la Secretaría del Trabajo insiste en que la extinción es cosa juzgada, mientras en Gobernación sigue abierta una mesa de negociaciones en busca de alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto laboral.
También continúa en disputa la zona de influencia que tenía LFC, con un mercado que equivalen a 25 por ciento del total de venta de energía eléctrica en todo el país. Luz y Fuerza atendía a más de 22 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal y 132 municipios de entidades vecinas: 82 en el estado de México, 45 en Hidalgo, dos en Morelos, y tres en Puebla, con una facturación anual de alrededor de 55 mil millones de pesos .
La impugnación del decreto presidencial llevó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a un litigio que se resolvió en julio pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la medida.
El Ejecutivo argumentó que para 2009 las transferencias de recursos públicos a LFC serían de 41 mil 945 millones de pesos y que de continuar el mismo comportamiento esta cifra podría llegar a 300 mil millones al final del sexenio. Agregó que el pasivo laboral era de 240 mil millones.
El SME refutó la intensa campaña publicitaria del gobierno y aseveró que los costos se incrementaron por el aumento desmedido del precio de la energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Del aspecto laboral, documentó que la administración calderonista infló las cifras 133 por ciento porque ese indicador se ubicaba en 102 mil 990 millones de pesos.
Sin embargo, la sentencia de la SCJN dejó abierta la posibilidad de que los trabajadores reclamen su reinstalación, con base en lo cual siguen su curso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas, con el argumento de que la CFE es el patrón sustituto.
El mismo día del decreto, la Secretaría de Energía envió al director de la CFE el oficio 300.250/2009 para poner inmediatamente a disposición de esta paraestatal todos los bienes de LFC con el fin de que se asegure la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica.
Al SME no le ha faltado determinación para mantener vivo su movimiento.
Una huelga de hambre colectiva, de casi cien días, hizo posible la instalación de una mesa de negociaciones en Gobernación. El gremio promueve un proyecto de ley para la creación de una empresa que sustituya a LFC en la zona central del país.
Los electricistas han encabezado gigantescas movilizaciones, acompañados de organizaciones sindicales y sociales; recurrieron a formas extremas de protesta como –además de las huelgas de hambre– la extracción de sangre (para hacer pintas). Han hecho visitas a la casa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, bloqueos de calles y avenidas, mítines, demandas internacionales, promoción de amparos de usuarios, boteos, actos políticos, foros, recolección de firmas, entre muchas otras acciones cotidianas para exigir su reinstalación.

La extinción
Los planes gubernamentales para desaparecer LFC se fraguaron durante meses, al tiempo en que era evidente la fractura en el SME, por un conflicto electoral.
En 2009, este sindicato –entonces a punto de cumplir 95 años de existencia– se dividió por la rivalidad entre dos fracciones: una encabezada por Martín Esparza y otra por Alejandro Muñoz, ex tesorero del gremio.
Ese proceso, que dio como ganador a Esparza apenas con un margen de 300 votos, fue impugnado, lo que dio pie a la Secretaría del Trabajo a negar la toma de nota para ese dirigente y su comité.
Mientras el SME estaba inmerso en su conflicto interno, el gobierno preparaba con sigilo la toma de instalaciones de LFC con el apoyo de cientos de elementos de las fuerzas federales.
El sábado 10 de octubre, después de las nueve de la noche, empezaron a sacar por la fuerza a los trabajadores que estaban de turno y, de inmediato, personal de la CFE tomó el mando del cerebro de operación de la red eléctrica. Esa fecha fue considerada ideal para hacer el operativo –calificado de sabadazo–, ya que la atención masiva estaba puesta en el pase de la selección nacional de futbol al Mundial de Sudáfrica.
Luego de que se difundieron las primeras imágenes de la entrada de la fuerza pública a instalaciones de LFC, los trabajadores se trasladaron a la sede del SME. El cruce de Antonio Caso e Insurgentes, donde está el edificio sindical, fue abarrotado por cientos de hombres y mujeres que llegaron consternados, desorientados, asustados e incrédulos.
Encerrados adentro, los dirigentes trataban de salir del shock para decidir si enfrentaban a los uniformados o seguían la vía jurídica y de las movilizaciones. Optaron por lo segundo. Incluso hubo un fugaz acercamiento entre los grupos de Esparza y Muñoz, supuestamente para luchar juntos contra el decreto. La intención duró poco.
El antagonismo de los dirigentes terminó de fracturar al SME, con acusaciones mutuas de corrupción en perjuicio de las arcas sindicales. Los trabajadores en resistencia señalan a Muñoz como ariete del secretario Lozano para debilitar al sindicato.
Doce meses después, esta lucha no ha concluido. Faltan definiciones legales respecto a la existencia misma del SME (requieren el reconocimiento oficial a sus dirigentes para tener recursos y representación jurídica). Además siguen pendientes las resoluciones a las demandas de reinstalación y los resultados de la mesa de negociación de alto nivel en Bucareli, hacia la posible creación de una empresa que dé el servicio de energía eléctrica donde operó LFC.
Por lo pronto, integrantes del grupo de 16 mil 300 trabajadores que insisten en que no aceptarán la liquidación estarán nuevamente este lunes en las calles al frente de otra jornada de protesta.

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Aniversario del sabadazo en luz y fuerza
El joven indígena fue enganchado por contratistas; para la empresa y la STPS no existe

Agustín podaba árboles para la CFE; ahora está mutilado y desprotegido

Vista panorámica del mitin que el Sindicato Mexicano de Electricistas y organizaciones independientes realizaron en el Zócalo capitalino para repudiar el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro anunciado por Felipe Calderón. La imagen corresponde al 15 de octubre de 2009Foto Francisco Olvera

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 4
En julio pasado, Agustín Salinas Pérez, de 21 años, procedente de un pueblo indígena del norte de Puebla, llegó a Ixtapaluca, estado de México, para buscar empleo. Enseguida, su tía lo puso en contacto con una señora que le dijo que había trabajo en el Distrito Federal podando árboles, cuyas ramas obstaculizan el cableado de energía eléctrica.
La paga era de mil pesos a la semana, con horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a sábado, no sin antes advertir que la raya le sería entregada en efectivo y que no tendría prestaciones ni Seguro Social. Ante la necesidad de enviar algo de dinero a su familia, Agustín aceptó.
Menos de tres semanas después, trepado en un árbol, recibió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones en las extremidades inferiores y en los genitales.
El jefe de la cuadrilla llamó a los bomberos, quienes se negaron a bajar al joven accidentado. Como pudo, el coordinador de estos trabajos de poda lo bajó, ayudado de unas cuerdas, y lo llevó al hospital Rubén Leñero, en donde ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces.
Ante la severidad de las lesiones, primero le amputaron tres dedos y en la semana que concluye debieron retirarle la mitad del pie. El diagnóstico es reservado; los médicos han informado a los familiares que Agustín podría perder toda la extremidad. Este diario cuenta con fotografías del caso pero decidió no publicarlas no sólo por la crudeza de las mismas sino por respeto al joven y a sus familiares.
Sin embargo, quienes contrataron al joven no se hacen responsables de mayor cosa; se limitan a decir que le seguirán pagando el salario hasta diciembre y que los de recursos humanos de la empresa ya no se quieren hacer responsables de los gastos de hospitalización ni de las medicinas. Obviamente, tampoco gestionan la inscripción del joven al Seguro Social y, en cambio, amenazan a los afectados de que si meten demanda, ya no les vamos a dar ni un solo centavo.

La situación se complica porque Agustín fue enganchado por gestores de la empresa contratista que le hace trabajos de poda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una cadena de irregularidades en la que se ocultan datos y los responsables no dan la cara.
Sólo con la investigación de una defensora de derechos humanos se pudo conocer del caso, parte de una estadística soterrada de accidentes laborales en las que el trabajador, ahora mutilado y todavía en el hospital, queda totalmente desprotegido. Agustín forma parte de la estadística que las autoridades del sector eléctrico y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ocultan y, aun más, aseguran que no existe.
La activista y los familiares consultados por La Jornada señalan que en el entramado de gestores que transportan a los trabajadores eventuales a donde hay chamba para el sector eléctrico, afirman que el muchacho fue reclutado por una señora que identifican como Rosa Vázquez, quien a su vez es o fue esposa de un tal Fidencio Márquez, quien según el jefe de la cuadrilla tiene el contrato con la empresa Inova Eléctrica, prestadora de servicios para la CFE.
Luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la poda fue una de las áreas que se entregaron a contratistas e incluso es una actividad que el gobierno federal prometió darla, en adjudicación directa, a ex trabajadores del organismo que integraron empresas para pasar de empleados de base, con prestaciones y seguridad social, a simples proveedores del sector eléctrico.

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Aniversario del sabadazo en luz y fuerza
Carecen contratistas de preparación e infraestructura

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 3
La CFE delegó tareas sustanciales para el suministro de energía eléctrica en la zona central del país a contratistas que no cuentan con la preparación ni la infraestructura necesaria para hacerlo.
Esa decisión ha tenido como consecuencia graves perjuicios a la propia red, a los usuarios y, en especial, provoca accidentes de los propios trabajadores subcontratados, quienes no cuentan con la capacitación, el equipo ni la seguridad social para cumplir con las tareas encomendadas.
Un documental del canal Seis de Julio, titulado ¿Vivir mejor?, da cuenta de la serie de apagones ocurridos por caídas del servicio. Detalla los problemas registrados en estaciones y subestaciones, los estallidos de instalaciones subterráneas, sobre todo en el centro del Distrito Federal, e incluso posee imágenes de los trabajadores accidentados y de otros que han muerto.
Con un simple recorrido se puede comprobar que los empleados se desplazan en camionetas destartaladas: vehículos que no tienen ni escaleras para trepar a los postes, por lo que para subir a ellos improvisan con cuerdas amarradas a la cintura.

La capacitación necesaria para un trabajador que maneja línea viva debe apegarse a múltiples parámetros de seguridad. El riesgo es tan alto que en la extinta LFC este personal se jubilaba a los 27.6 años de antigüedad, casi tres años antes que uno de labores ordinarias.
Sin embargo, echar mano de contratistas no ha significado reducción de costos.
La CFE pactó de octubre de 2009 a marzo de 2010 al menos 505 contratos con empresas privadas, por más de mil millones de pesos, de acuerdo con reportes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Los contratos se han otorgado sin licitación; la subdirección de generación, dependiente de la dirección de operación de la CFE, celebró ocho contratos por 5 millones 100 mil pesos.
La subdirección de distribución ha pactado 468 contratos con empresas privadas por un monto total de 903 millones de pesos.
En tanto, la subdirección de transmisión ha suscrito 29 contratos por un importe de 86 millones 491 mil pesos, e incluso uno de ellos por 214 mil 833 euros.

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