Fausto Alzati Araiza



Todo hace prever que antes de que termine la semana Enrique Peña Nieto recibirá del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la constancia de mayoría y será declarado, de manera legal e inapelable, Presidente Constitucional Electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2012–2018. La Comisión calificadora de la elección presidencial del TEPJF informó en un comunicado que ya entregó a los magistrados electorales la versión final del proyecto de sentencia del juicio de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial. El documento, formulado por Flavio Galván Rivera, Salvador Nava Gomar y Constancio Carrasco Daza, además de los otros magistrados, será votado el jueves.

De acuerdo con el proyecto de sentencia, Enrique Peña Nieto no violó el tope de gasto de campaña ni adquirió tiempo en televisión de forma indebida. Tampoco utilizó encuestas a favor para posicionarlo, así como tampoco existió compra y coacción del voto. También se rechazó el recurso del PAN contra la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) que consideró infundada su queja por la colocación de espectaculares de Peña Nieto en lugares prohibidos. Los magistrados ratificaron la exoneración que hizo el IFE ante las acusaciones de propaganda encubierta del candidato priista en Televisa y otros medios de comunicación. Una vez desahogado el último juicio de inconformidad relacionado con estos comicios, el paso siguiente sería la emisión y aprobación del dictamen relativo a la declaración de validez de la elección presidencial.

En consecuencia, y pésele a quien le pese, como resultado de un proceso electoral legalmente inobjetable, a la luz de todas las evidencias, Enrique Peña Nieto quedará firmemente constituido en Presidente Electo, el Presidente bien electo, legal y legítimamente electo; democrática, pero firmemente investido con el poder constitucional y con la confianza de la mayoría de los mexicanos para encabezar una nueva etapa de esperanza, prosperidad y bienestar para toda la nación.

Por el bien de México, así debemos asumirlo todos, dejando atrás inútiles protestas que ya resultan extemporáneas y carentes de sentido político ante la claridad y la contundencia del triunfo legal y legítimo del candidato de la Coalición Compromiso por México. El primero en asumirlo así, sin ningún sentimiento de ilegitimidad ni concesión alguna ante quienes insistan en argumentarla, debe ser el propio Enrique Peña Nieto.

No significa esto que adopte un talante autoritario. Nada más ajeno a su personalidad y al proyecto político de quien asume los compromisos contenidos en su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”. Admito que subsisten discordantes voces paleozoicas, y es innegable que en el ejercicio prolongado del poder los gobiernos emanados del PRI se hayan manchado con lamentables episodios de represión. Pero un examen objetivo del récord histórico pone de manifiesto a un PRI que como norma ha preferido “la fuerza de la política a la política de la fuerza”, en expresión de Reyes Heroles.

Y viendo hacia adelante, no queda claro en qué pueda fundarse la presunción de que Enrique Peña Nieto vaya a ser un gobernante autoritario. Toda su carrera política la construyó triunfando en procesos democráticos. La incuestionable legalidad y legitimidad del triunfo de Enrique Peña Nieto significa que la presidencia democrática que se ha comprometido a ejercer parte de la firmeza sustentada en el apoyo mayoritario, y desde ahí se abre al diálogo con todas las fuerzas políticas y opiniones, aún las más adversas, para construir una gobernabilidad fundada en la pluralidad, como claramente lo han mandado los electores. La fuerza política de Enrique Peña Nieto está fincada en un tenaz esfuerzo democrático. Sabe que tiene el apoyo de la mayoría y no quiere gobernar un país dividido.

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