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Jesusa Cervantes - Proceso
(10-Oct-2010).- MÉXICO.- Tras cinco meses de trabajar en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, y tras haberla congelado en esa instancia, las Fuerzas Armadas introdujeron modificaciones al proyecto aprobado por los senadores: la propuesta de los militares los libraría de estar supeditados al poder civil y le restaría al Legislativo facultades en la lucha contra el crimen organizado.
Los cambios propuestos por el Ejército implican redefinir conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior y obligan al Ejecutivo a que declare la "zona de afectación". Esto último implicaría convertirlo en único responsable de las acciones que emprendan los militares, quienes ya no estarían bajo las órdenes de ninguna agrupación policiaca ni bajo la tutela de autoridades municipales o estatales, como lo establece la minuta original.
Además, el poder militar propone crear 18 unidades especiales para combatir el crimen organizado únicamente en zonas urbanas, y establece que necesita incorporar 9 mil soldados más a sus filas. Solicita una partida adicional de 10 mil millones de pesos para crear las nuevas plazas y comprar equipo especializado, como los detectores moleculares GT 200, utilizados para localizar explosivos, armas, drogas, personas y dinero.
También apresurará la fabricación y puesta en órbita de un satélite de comunicaciones mediante el cual se busca evitar que sean interceptados los mensajes entre las fuerzas que participan en el combate al crimen organizado. Para este fin el Gobierno federal pidió a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones ya fueron autorizados.
Un documento del que se tiene copia -elaborado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el priista Ardelio Vargas Fosado, y dos generales adscritos al área de Doctrina Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- da cuenta de los aspectos que los militares consideran como obstáculos para enfrentar los problemas de inseguridad y justificar su presencia en las calles; aspectos que se hallan plasmados en la minuta del Senado de la República.
Otro documento al que se tuvo acceso enuncia los 10 puntos básicos de la propuesta castrense para la Ley de Seguridad Nacional.
Las principales inconformidades de los militares quedan establecidas en un texto de 12 puntos, entre los que destaca el siguiente: "Se tiene que analizar el que el Senado se atribuya la facultad de revisar la legalidad de la declaratoria, lo que invade la competencia del Poder Judicial de la Federación, órgano de control constitucional". Con ello se refieren a la facultad que se atribuyó el Senado para decidir cuál es una "zona de afectación".
Para subsanar lo anterior las Fuerzas Armadas proponen, según el documento consultado, "eliminar la atribución adjudicada al Senado de revisar la legalidad de la declaratoria".
Otro punto que los militares ven como inconsistencia es que: "la minuta contiene un procedimiento inoperante en virtud de que difícilmente un Gobernador o Presidente Municipal aceptará o reconocerá su incapacidad por las consecuencias políticas, sociales, históricas y legales de haber sido omiso en garantizar la seguridad pública".
Los militares proponen: "modificar el señalamiento de que la Fuerza Armada permanente 'actúe' en auxilio de la autoridad peticionaria".
Legisladores priistas explican que esto significa que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a subordinarse a nadie, y mucho menos en los operativos, pues "muchas autoridades están metidas en el narco y sólo el Presidente de la República" les puede dar órdenes.
El Ejército propone "precisar la intervención de la Fuerza Armada permanente como coordinadora responsable en el supuesto de una amenaza a la seguridad nacional y como coadyuvante ante antagonismos clasificados como 'presión' o 'presión dominante'" y "señalar expresamente que las instancias de seguridad nacional, incluyendo a la Fuerza Armada permanente, estás facultadas para recabar información con fines de inteligencia".
Uno de los puntos que generó controversia en el Senado y que fue eliminado es el que atañe a los retenes. El Ejército retoma el asunto y pretende que éstos sean legales.
Anuncia Encinas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- La Ley de Seguridad Nacional será aprobada en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, una vez que concluya la discusión de la Ley de Ingresos, anunció el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, quien adelantó que la minuta enviada por el Senado sufrirá “amplias modificaciones” y definirá conceptos sobre el tema.
El legislador perredista afirmó que dicha ley está incluida dentro de las prioridades de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, Encinas anunció la realización del foro “México, seguridad nacional, relaciones civico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada”, del 18 al 20 de octubre, que tendrá como objetivo “enriquecer” la minuta de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Senado de la República y que se discute en comisiones de la Cámara de Diputados.
Asimismo, el perredista dijo que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a la cual él pertenece, dará su opinión sobre el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
Encinas adelantó que la minuta del Senado tendrá muchas modificaciones y se definirán conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad exterior; además de que se regulará la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Además, comentó, se regularán las acciones de inteligencia que hace el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de manera legal, pero que otros organismos también llevan a cabo sin estar facultados para ello.
La revista Proceso, en su edición 1771, actualmente en circulación, adelantó las propuestas que ha hecho el Ejército Mexicano, así como los trabajos de cabildeo entre los diputados federales. Entre las propuestas que ha planteado la Sedena destaca la posibilidad de que se le otorguen facultades para realizar labores de inteligencia.
Encinas dio a conocer que uno de los cambios que incluirá la minuta es la definición sobre el momento en que deben de intervenir las fuerzas armadas (Ejército, Fuezar Aérea y la Armada de México) para atender asuntos derivados de los problemas de seguridad pública, que se han convertido en problemas de seguridad interior y de seguridad nacional. “Hay que ver en qué momento un problema de seguridad pública deja de ser atendido por la autoridad civil para establecer la intervención de las fuerzas armadas”, agregó.
También, dijo el legislador perredista, con los cambios que se le harán a la minuta, se definirá qué mando estará al frente de los operativos para atender las “contingencias”.
Para enriquecer estas propuestas, durante el foro participarán especializados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Colegio de la Frontera Norte (Colef), así como la red de especialistas en seguridad pública y el Woodrow Wilson Center, con apoyo del Open Society Institute.
Encinas dijo que ahora que existen las figuras de arraigo, el allanamiento sin orden de aprehensión y la intervención telefónica, se ha desarrollado el espionaje de manera indiscriminada, por lo que se pretende regularizar esta actividad en la Ley de Seguridad Nacional.
Actualmente, la propuesta castrense ya ha sido incorporada a la minuta, así como las propuestas del PRI; falta que las cinco comisiones, Defensa Nacional, Gobernación, Seguridad Pública, Marina y Derechos Humanos, aprueben el dictamen final. La reunión de estas comisiones se ha suspendido en dos ocasiones y se espera que la próxima semana avalen el proyecto que será presentado ante el pleno.
:eolo:
Jesusa Cervantes - Proceso
(10-Oct-2010).- MÉXICO.- Tras cinco meses de trabajar en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, y tras haberla congelado en esa instancia, las Fuerzas Armadas introdujeron modificaciones al proyecto aprobado por los senadores: la propuesta de los militares los libraría de estar supeditados al poder civil y le restaría al Legislativo facultades en la lucha contra el crimen organizado.
Los cambios propuestos por el Ejército implican redefinir conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior y obligan al Ejecutivo a que declare la "zona de afectación". Esto último implicaría convertirlo en único responsable de las acciones que emprendan los militares, quienes ya no estarían bajo las órdenes de ninguna agrupación policiaca ni bajo la tutela de autoridades municipales o estatales, como lo establece la minuta original.
Además, el poder militar propone crear 18 unidades especiales para combatir el crimen organizado únicamente en zonas urbanas, y establece que necesita incorporar 9 mil soldados más a sus filas. Solicita una partida adicional de 10 mil millones de pesos para crear las nuevas plazas y comprar equipo especializado, como los detectores moleculares GT 200, utilizados para localizar explosivos, armas, drogas, personas y dinero.
También apresurará la fabricación y puesta en órbita de un satélite de comunicaciones mediante el cual se busca evitar que sean interceptados los mensajes entre las fuerzas que participan en el combate al crimen organizado. Para este fin el Gobierno federal pidió a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones ya fueron autorizados.
Un documento del que se tiene copia -elaborado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el priista Ardelio Vargas Fosado, y dos generales adscritos al área de Doctrina Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- da cuenta de los aspectos que los militares consideran como obstáculos para enfrentar los problemas de inseguridad y justificar su presencia en las calles; aspectos que se hallan plasmados en la minuta del Senado de la República.
Otro documento al que se tuvo acceso enuncia los 10 puntos básicos de la propuesta castrense para la Ley de Seguridad Nacional.
Las principales inconformidades de los militares quedan establecidas en un texto de 12 puntos, entre los que destaca el siguiente: "Se tiene que analizar el que el Senado se atribuya la facultad de revisar la legalidad de la declaratoria, lo que invade la competencia del Poder Judicial de la Federación, órgano de control constitucional". Con ello se refieren a la facultad que se atribuyó el Senado para decidir cuál es una "zona de afectación".
Para subsanar lo anterior las Fuerzas Armadas proponen, según el documento consultado, "eliminar la atribución adjudicada al Senado de revisar la legalidad de la declaratoria".
Otro punto que los militares ven como inconsistencia es que: "la minuta contiene un procedimiento inoperante en virtud de que difícilmente un Gobernador o Presidente Municipal aceptará o reconocerá su incapacidad por las consecuencias políticas, sociales, históricas y legales de haber sido omiso en garantizar la seguridad pública".
Los militares proponen: "modificar el señalamiento de que la Fuerza Armada permanente 'actúe' en auxilio de la autoridad peticionaria".
Legisladores priistas explican que esto significa que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a subordinarse a nadie, y mucho menos en los operativos, pues "muchas autoridades están metidas en el narco y sólo el Presidente de la República" les puede dar órdenes.
El Ejército propone "precisar la intervención de la Fuerza Armada permanente como coordinadora responsable en el supuesto de una amenaza a la seguridad nacional y como coadyuvante ante antagonismos clasificados como 'presión' o 'presión dominante'" y "señalar expresamente que las instancias de seguridad nacional, incluyendo a la Fuerza Armada permanente, estás facultadas para recabar información con fines de inteligencia".
Uno de los puntos que generó controversia en el Senado y que fue eliminado es el que atañe a los retenes. El Ejército retoma el asunto y pretende que éstos sean legales.
Código:
http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/152421Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- La Ley de Seguridad Nacional será aprobada en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, una vez que concluya la discusión de la Ley de Ingresos, anunció el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, quien adelantó que la minuta enviada por el Senado sufrirá “amplias modificaciones” y definirá conceptos sobre el tema.
El legislador perredista afirmó que dicha ley está incluida dentro de las prioridades de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, Encinas anunció la realización del foro “México, seguridad nacional, relaciones civico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada”, del 18 al 20 de octubre, que tendrá como objetivo “enriquecer” la minuta de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Senado de la República y que se discute en comisiones de la Cámara de Diputados.
Asimismo, el perredista dijo que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a la cual él pertenece, dará su opinión sobre el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
Encinas adelantó que la minuta del Senado tendrá muchas modificaciones y se definirán conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad exterior; además de que se regulará la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Además, comentó, se regularán las acciones de inteligencia que hace el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de manera legal, pero que otros organismos también llevan a cabo sin estar facultados para ello.
La revista Proceso, en su edición 1771, actualmente en circulación, adelantó las propuestas que ha hecho el Ejército Mexicano, así como los trabajos de cabildeo entre los diputados federales. Entre las propuestas que ha planteado la Sedena destaca la posibilidad de que se le otorguen facultades para realizar labores de inteligencia.
Encinas dio a conocer que uno de los cambios que incluirá la minuta es la definición sobre el momento en que deben de intervenir las fuerzas armadas (Ejército, Fuezar Aérea y la Armada de México) para atender asuntos derivados de los problemas de seguridad pública, que se han convertido en problemas de seguridad interior y de seguridad nacional. “Hay que ver en qué momento un problema de seguridad pública deja de ser atendido por la autoridad civil para establecer la intervención de las fuerzas armadas”, agregó.
También, dijo el legislador perredista, con los cambios que se le harán a la minuta, se definirá qué mando estará al frente de los operativos para atender las “contingencias”.
Para enriquecer estas propuestas, durante el foro participarán especializados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Colegio de la Frontera Norte (Colef), así como la red de especialistas en seguridad pública y el Woodrow Wilson Center, con apoyo del Open Society Institute.
Encinas dijo que ahora que existen las figuras de arraigo, el allanamiento sin orden de aprehensión y la intervención telefónica, se ha desarrollado el espionaje de manera indiscriminada, por lo que se pretende regularizar esta actividad en la Ley de Seguridad Nacional.
Actualmente, la propuesta castrense ya ha sido incorporada a la minuta, así como las propuestas del PRI; falta que las cinco comisiones, Defensa Nacional, Gobernación, Seguridad Pública, Marina y Derechos Humanos, aprueben el dictamen final. La reunión de estas comisiones se ha suspendido en dos ocasiones y se espera que la próxima semana avalen el proyecto que será presentado ante el pleno.
Código:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84455