Intolerancia y autoritarismo
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Felipe Calderón inicia su último año en el poder Ejecutivo amenazando a, al menos, 23 mil mexicanos. El periodo electoral –que culminará con la elección de un nuevo presidente de la República en julio de 2012– se le empieza a dificultar al inquilino de Los Pinos. La respuesta de la Presidencia a la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que el panista sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad exhibe a un gobierno autoritario e intolerante, consideran abogados, académicos, políticos y defensores de derechos humanos. Los especialistas en derecho señalan, además, que no hay elementos jurídicos para que proceda la “amenaza” de la administración federal de actuar legalmente en contra de los denunciantes.
La expresión de que el gobierno federal explora la posibilidad de proceder legalmente en contra de quienes solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la situación de violencia que existe en México es calificada como desmesurada, intimidatoria y autoritaria por académicos, juristas, políticos y defensores de derechos humanos.
La petición, hecha por un grupo de abogados y respaldada por alrededor de 23 mil personas, documenta los crímenes y violaciones a derechos humanos que, en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, han cometido tanto los grupos del crimen organizado como miembros de las Fuerzas Armadas.
La intención es que la Corte abra una investigación y, en caso de que acredite que se han perpetrado violaciones al derecho internacional humanitario, juzgue a los responsables. De acuerdo con la propuesta, que fue entregada el pasado 25 de noviembre a la CPI, éstos serían Felipe Calderón Hinojosa, sus secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, y los líderes de los cárteles del narcotráfico, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
A tan sólo dos días de que la solicitud fuera presentada, la Presidencia de la República respondió calificándola de “imputaciones falsas y calumniosas” que “afectan terriblemente el buen nombre de México”.
Pero no sólo eso: la réplica presidencial manifiesta que el gobierno federal “explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [las imputaciones] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Los juristas Diego Valadés, Perla Gómez Gallardo y Raúl Carrancá y Rivas coinciden en que se trata de una amenaza que carece de sustento, pues no se puede acusar a alguien por ejercer un derecho ciudadano.
El propósito del mensaje es más bien intimidatorio, a decir de Gómez Gallardo, y busca amedrentar a quienes ejercen su derecho a presentar una demanda ante una instancia judicial.
Para el jurista Diego Valadés, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un mensaje represor y que exhibe “una actitud intolerante y amenazante” de quien lo suscribe, es decir, del gobierno federal.
Apreciaciones similares son expresadas por defensores de derechos humanos, académicos y políticos, quienes concuerdan en que la respuesta del gobierno federal constituye una acción desmedida.
Asimismo, es común la opinión de que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a buscar justicia ante tribunales internacionales cuando el país no la garantiza.
Intimidación, un “mal signo”
Para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del gobierno calderonista fue intolerante y autoritaria.
Mediante un comunicado, el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, señala que “es absoluta, total y plenamente criticable la reacción desmedida de Felipe Calderón; le salió de lo más profundo la vena intolerante que caracteriza a los gobiernos de derecha”.
La secretaria general del partido del sol azteca, Dolores Padierna Luna, coincide con el dirigente al considerar que la respuesta fue “de nivel dictatorial”, así como “una clara muestra de autoritarismo”.
En el mismo tenor se expresa el diputado Armando Ríos Píter, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados.
Para Ríos Píter, el mensaje presidencial “deja clara la visión autoritaria de este gobierno y la cerrazón que ha tenido ante las críticas de una política de seguridad pública que ha sido considerada como ilegítima”.
La legisladora Enoé Margarita Uranga, quien funge como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expresa que tanto la Cámara como la Comisión de la que forma parte, deberían tener un señalamiento ante esta respuesta, considerando que son parte de los denunciados.
Uranga califica el mensaje presidencial como “declaraciones de un dictadorcillo, que desde el inicio se ha esmerado en debilitar la democracia”.
El politólogo Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, considera que la respuesta de la Presidencia es una “acción antidemocrática del gobierno” que pretende castigar un derecho de la ciudadanía.
El investigador arguye que el gobierno tenía que dar una respuesta a la acción emprendida ante la CPI, pero que ésta debía servirle para fijar su postura al respecto y no para penalizar dicha acción.
En lugar de ello, el mensaje que ha mandado al condenar a quienes hicieron la propuesta es que no está dispuesto a enfrentar o someterse al dictamen de un organismo jurídico, estima.
Para Raúl Trejo Delarbre, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el mensaje presidencial es una expresión “de torpeza, quizá de berrinche y de intolerancia que no son propios de un gobierno que quiera ser respetable ante el resto de la sociedad”.
El académico percibe en la respuesta de Calderón un abuso de poder, de su capacidad propagandística y de su potencial para actuar legalmente y usar la fuerza del Estado en contra de quienes tienen apreciaciones distintas.
Aunque califica de “desmesurada, inoportuna e ineficaz” la petición llevada ante la CPI, Trejo Delarbre considera que la respuesta del Ejecutivo federal fue igualmente desmedida e inadecuada y que constituye un precedente “preocupante”.
Ernesto Villanueva, investigador del IIJ y especialista en derecho a la información, sostiene que la reacción del gobierno da un mensaje contrario a la libertad de expresión y expresa no sólo la intolerancia de Calderón, sino “una falta de liderazgo, de visión de Estado y muestra cada vez más a una persona con talentos reducidos”.
Para Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el tono intimidatorio con que respondió el gobierno federal es un “mal signo”, pues podría llevar a un recrudecimiento del clima adverso que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.
“Todos los defensores de derechos humanos, sus organizaciones y los periodistas nos sentimos amenazados”, expresa.
El derecho de los ciudadanos y el de Calderón
Gerardo Sauri, relator para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincide en que el mensaje del gobierno tiene una naturaleza intimidatoria y agresiva.
Sauri subraya que el gobierno hizo una descalificación anticipada sobre la petición llevada a la CPI, lo que podría mermar la confianza de los ciudadanos en el uso de tales recursos de defensa de los derechos humanos.
Pero más que el debilitamiento de la confianza en esos instrumentos, lo que preocupa a los juristas Gómez Gallardo, Carrancá y Rivas y Valadés es que se inhiba el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho a demandar.
Al respecto, el senador Ricardo Monreal defiende el derecho de cualquier mexicano de acudir jurisdiccionalmente ante tribunales internacionales cuando consideren que la justicia es denegada en el país.
Una postura similar es expresada por Francisco Ramírez Acuña, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
Ramírez Acuña expresa que no se puede negar el derecho de los ciudadanos a presentar una demanda, “aunque en un momento dado el juzgador acredite que no lo tiene”.
El panista se dice en desacuerdo con la respuesta de la Presidencia, a la que valora como “un error de comunicación”. Y sostiene que, para acreditarse, el gobierno mexicano tendría que hacer su defensa ante la CPI, “pero no podemos coartar el derecho a ningún ciudadano mexicano de manifestar sus deseos o buscar ejercer algún derecho”.
Aunque el líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas, también se pronuncia a favor de que los ciudadanos ejerzan su derecho a demandar, dice que Calderón tiene el mismo derecho a defenderse.
“Y no es criticable ni al presidente de la República ni a los que denunciaron porque están ejerciendo sus derechos”, esgrime.
La legisladora panista Rosi Orozco, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, también muestra su apoyo a Calderón y expresa sus dudas de que la Corte atraiga el caso, pues “aquí no hay genocidios ni delitos de lesa humanidad ni un asunto en que las cortes de México no estén dispuestas a actuar”, asegura.
Pero a pesar del recelo de la diputada, el 29 de noviembre pasado, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, informó que estudiará la denuncia recibida en su oficina contra Calderón, de acuerdo con la agencia de noticias Efe.
En una comunicación poco usual, Ocampo confirmó a Efe que había recibido la denuncia del caso de México y explicó que la recepción de las quejas comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes denunciados están dentro de la jurisdicción de la CPI.
“Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, dijo el fiscal a la agencia noticiosa.
Amenaza sin sustento
Perla Gómez Gallardo, Raúl Carrancá y Rivas y Diego Valadés hacen una afirmación común: no hay ningún delito que se le pueda imputar a quienes llevaron la petición ante la CPI.
Carrancá y Rivas, experto constitucionalista, explica que a los denunciantes no se les puede acusar de calumniadores, dado que lo único que hicieron fue presentar un hecho ante una autoridad internacional.
“Decir que una demanda es calumniosa me parece la cosa más absurda y equivocada. Entonces sería calumniosa toda denuncia que yo presente ante la autoridad, simplemente porque al denunciado no le gusta”, ironiza.
La abogada Gómez Gallardo recuerda, además, que el delito de calumnia fue eliminado del Código Penal Federal. El 29 de noviembre pasado, el Senado de la República también anuló los delitos de calumnia y difamación de la Ley de Imprenta.
La también académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana subraya que demandar es un derecho básico de una sociedad democrática, independientemente de si la autoridad que juzgue le dé la razón o no a quien demanda.
“El problema está en la actitud que asume [el gobierno] de pretender amedrentar o inhibir a quienes se atrevieron a hacer esta denuncia”, expone.
Valadés agrega que “un gobierno nunca tiene fundamento legal ni constitucional para amenazar a ningún ciudadano en el ejercicio de su libertad”.
Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, reconoce que no habría elementos para emprender acciones penales en contra de quienes presentaron la petición a la CPI. No descarta, sin embargo, que éstas se pudieran hacer por la vía civil.
El funcionario es enfático en señalar que la respuesta del gobierno federal no afirma que se hayan emprendido acciones legales en contra de los denunciantes o se pretenda hacerlo. Recuerda que el texto de la Presidencia sólo dice que “el gobierno federal explora todas las alternativas”.
Tal expresión constituye una “torpeza política”, a decir de Raúl Trejo Delarbre.
De acuerdo con el académico e investigador en temas de ciencias sociales, de esta forma el gobierno sólo hizo una amenaza, en lugar de llevarla a cabo. Con ello, se puso al mismo nivel de los ciudadanos para abusar de su poder frente a ellos.
Gómez Gallardo también critica que el gobierno federal responda con una amenaza a los ciudadanos en lugar de contestar a las acusaciones en los canales que tiene para ello.
“Ahora lo importante será que el gobierno nos diga exactamente qué tipo de acción en contra de quien denuncia existe en México. Lo mínimo que esperamos en el corto plazo es que nos diga a qué son acreedores aquéllos que se atreven a disentir de una política pública”, expresa.
Valadés expone que el gobierno sólo podría castigar de facto a los denunciantes, pues legalmente no hay un sustento para su amago.
“No hay una sola facultad en la legislación o en la Constitución que permita que un gobierno amenace públicamente a 23 mil personas con proceder en su contra”, sentencia.
El jurista conjetura que el mensaje presidencial no se traducirá en hechos concretos, lo que, en su opinión, dejará al gobierno “en un doble ridículo”: por amenazar y por no haber podido cumplir con su amenaza.
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