Y México sigue dando cátedra de cómo manifestar su descontento ante el napoleónico chaparro.
Impulsores de la demada contra Calderón se ponen a disposición de la PGR
MÉXICO, D.F. (apro).- Unas 200 personas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para ponerse a disposición de las autoridades, en respuesta a la amenaza del presidente Felipe Calderón de proceder penalmente en contra de los 23 mil ciudadanos que promovieron una denuncia en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Durante la concentración, juristas, académicos y activistas coincidieron, a través de un pronunciamiento público, que el amago de Calderón de proceder legalmente contra los impulsores de la demanda en la CPI, viola la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
El documento público, firmado por el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez; el exminitro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el investigador y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia; y el historiador Lorenzo Meyer, entre otros, fue leído ante el grupo de aproximadamente 200 personas que se presentaron a las puertas del Procuraduría General de la República (PGR) para que la dependencia procediera contra ellos.
La concentración fue convocada luego de que el domingo por la noche la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que consideró la denuncia como una sarta de “imputaciones falsas y calumniosas”, “infundadas e improcedentes”; y dejó en claro que el Ejecutivo “explora todas las alternativas para proceder legalmente” en contra los promotores de la demanda.
Este comunicado fue agregado a la demanda por el abogado Netzaí Saldoval, redactor de la misma.
Los manifestantes leyeron un pronunciamiento en el que dejaron en claro su “preocupación” por las expresiones de la Presidencia de actuar contra los 23 mil mexicanos que solicitan que el fiscal de la CPI “investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México”.
Los firmantes sostienen que con sus señalamientos, el gobierno de Calderón viola la Constitución mexicana y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, además de que podrían “afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país”.
Destacaron que la procedencia o no de la demanda es responsabilidad exclusiva de la CPI, y agregaron que “hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones en su contra”.
A los 40 minutos de que inició la protesta, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, se acercó al contingente acompañado de unos ocho guardaespaldas para “invitar” a los manifestantes a “formar una comisión” para que declararan lo que quisieran, porque como se estaban conduciendo en ese momento no era “la forma correcta”.
Amílcar Sandoval Ballesteros, quien en ese momento hablaba por el micrófono, preguntó al funcionario si Calderón ya había interpuesto alguna querella en contra de los firmantes de la demanda que, de existir, estaban dispuestos a comparecer. “Somos ciudadanos con nombre y apellido, en pleno ejercicio de nuestros derechos, no estamos al servicio de nadie ni tenemos intereses ocultos”, aclaró.
El funcionario negó la existencia de alguna denuncia interpuesta por Calderón contra ellos, por lo que Sandoval conminó a Ramos a permitir la realización de la protesta pacífica.
John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defendió el derecho de los mexicanos a cuestionar la estrategia de combate al narcotráfico seguida por Felipe Calderón, así como de acudir a instancias internacionales, como la CPI, a la que México le ha reconocido competencia.
“Javier Sicilia le apostó a la buena voluntad, se reunió dos veces con Calderón, le dio regalos, y comprobó que Felipe Calderón no tiene buena voluntad; la UNAM hizo un análisis pormenorizado de la situación de violencia que vive el país, hizo una propuesta muy detallada encaminada a transformar la estrategia, hasta el rector José Narro se entrevistó con Felipe Calderón, y lo que se vio es que la inteligencia no le convence, la inteligencia no es lo suyo, por ello recurrimos a la CPI, defendemos nuestro derecho a disentir, y de exigir rendición de cuentas de manera pacífica”, dijo Ackerman.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) informó que después del comunicado de Presidencia, miles de personas más se adhirieron a la denuncia contra Calderón, y consideró que “lo que no es viable jurídicamente” es una posible demanda por daño moral, que es lo que podría hacer Calderón contra los denunciantes, “porque iría contra la libertad de expresión”.
Rocío Culebro, también del IMDHD, agregó que los 470 casos documentados en la demanda “no son más que asuntos ya conocidos y difundidos por organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras, la reacción de Calderón fue desproporcionada, porque no es la primera vez que ejercemos nuestro derecho a acudir a instancias internacionales en busca de justicia, y la prueba es que hay cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto no tienen respuesta”.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró “grave, que el gobierno esté pensando en actuar legalmente contra quienes recurren a instancias legales internacionales para denunciar la impunidad. “Nos dejaría en completa indefensión, porque si recurrimos a organismos como la Comisión Interamericana o a la CPI es precisamente porque aquí no hay justicia”, agregó.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se sumó a la preocupación de juristas y académicos por la reacción de la Presidencia, por lo que recordó que desde 2005 México forma parte del Estatuto de Roma, instrumento que “autoriza a toda persona y organismos civiles a presentar información al fiscal cuando se considere que en el país se han cometido crímenes de competencia de la CPI”.
