Hallan debilidades en proyecto del ministro Zaldívar
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo.- El derecho fundamental de las víctimas a tener justicia se eliminará si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, de otorgar el amparo y la libertad inmediata a Florence Cassez, por las violaciones a los derechos humanos que la francesa sufrió durante su captura, de acuerdo con Samuel González, consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada y catedrático de la UNAM.
En el foro organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Florence Cassez: la prueba y el debido proceso, cuatro juristas de Chile, Colombia y México concluyeron que las violaciones que las autoridades cometieron en el caso de Cassez son insuficientes para borrar todo un proceso penal que determina la culpabilidad de la detenida.
Entre los asistentes estuvo la señora Miranda de Wallace, que desde la primera fila miraba y escuchaba atenta a los ponentes. En la primera oportunidad que le dieron para expresar su opinión sobre el proyecto de Zaldívar de inmediato exigió justicia al máximo tribunal.
“(El ministro) está tratando de anular que hubo un secuestro y eso es lo grave, que la suprema casa de justicia pueda tener la intención de anular un juicio e invalidar al propio Poder Judicial, porque él mismo ya la declaró (a Cassez) culpable en tres ocasiones y eso no hay que olvidarlo.
“Las víctimas queremos justicia, es a lo menos que tenemos derecho”, dijo la representante de Alto al Secuestro.
En el foro, además se señalaron varias inconsistencias en el proyecto del ministro Zaldívar: la primera es que habla de violaciones fundamentales a los derechos humanos de la francesa, cuando se refiere al montaje televisivo que armaron las autoridades y a la falta de notificación, asistencia y contacto por parte de su consulado.
Sin embargo, a nivel internacional una violación fundamental a los derechos humanos sólo sucede cuando hay una tortura.
“Todo lo demás son derechos relativos. Los derechos que se le violaron a Cassez son relativos. En la Constitución Mexicana dice que las pruebas sólo se anularán si fueran obtenidas violando los derechos fundamentales (es decir, a través de tortura).
“(En el caso de la francesa) hay negociaciones que están en grabaciones, voces registradas, hay el pago de los rescates, existen las vejaciones a las víctimas.
“También los secuestrados reconocen su voz. Existe el lugar, existe un teléfono a nombre de una persona, ahí hay llamadas al extranjero.
“Tampoco hay duda de la relación del secuestrador con la señora, la reconoce hasta el propio presidente Sarkozy. Todo mundo reconoce esos hechos”, argumentó Samuel González.
La segunda crítica al proyecto del ministro es que desestime toda una investigación de meses, por las 36 horas que las autoridades retuvieron a la francesa antes de presentarla al Ministerio Público.
No puedes llegar a las conclusiones que llega el ministro Zaldívar, porque hay un forzamiento de los datos. “Te dice que empieza donde no empieza, en el montaje, cuando en realidad comienzan en el secuestro (que duró cinco meses)”, explicó González.
También los juristas cuestionaron que dentro del proyecto no estén integrados los testimonios de las víctimas.
“La única vez que las toca es para desestimarlas, nunca para ponderar sus derechos, se olvidó por completo de las víctimas”, reclamó Wallace.
En Colombia, hubo un caso similar al de la francesa Florence Cassez, cuando liberaron del secuestro a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancurt. Algunos guerrilleros intentaron poner un amparo por denunciar que sufrieron agresión física por parte de las autoridades, platicó a Excélsior, otro de los ponentes, Jairo Acosta, abogado colombiano.
Argumentos
Exponen el riesgo en desacreditar confesiones:
“Yo nada más me imagino, que si la corte decide que si un video tomado de esa manera, afecta todo el debido proceso y se anulan todas la demás pruebas, entonces qué va a pasar con delincuentes que confiesan ante las cámaras que asesinaron a más de 60 gentes. Dirán que hubo un proceso corruptor y por eso todos tienen derecho de quedar libres de inmediato. Es muy grave dejar este precedente”, concluyó Elías Huerta, presidente nacional de Doctores en Derecho.
El Ejecutivo expone su tesis a ministros
El consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, se reunieron ayer en privado con ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación.
La reunión tuvo como objetivo exponer la posición del gobierno federal respecto del caso Florence Cassez, que se analizará el próximo 21 de marzo, y defender la sentencia de 60 años de prisión que se le impuso a la francesa por el delito de secuestro.
Los funcionarios federales expusieron sus argumentos en contra del proyecto del ministro Arturo Zaldívar que propone la liberación inmediata de Cassez Crepin.
Esto, debido a vicios en el procedimiento, como un montaje de la Agencia Federal de Investigación para mostrar la detención de la ciudadana francesa y el líder de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiacos, Israel Vallarta.
Los integrantes de la Primera Sala han recibido tanto a los defensores de Florence Cassez, como a las víctimas de secuestro, quienes han expuesto sus puntos de vista respecto del proyecto que puso a consideración Zaldívar Lelo de Larrea, y este viernes el gobierno federal explicó sus argumentos en contra de esta propuesta.
El próximo miércoles Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero discutirán este caso.
El pasado 8 de marzom, el ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar propuso otorgarle el amparo y ordenar la inmediata y absoluta libertad a Florence Cassez, ciudadana francesa acusada y sentenciada por secuestro.
Zaldívar Lelo de Larrea argumentó en su proyecto que, al ser Cassez Crepin extranjera, se violó su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, también fueron violentadas sus garantías de ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y la presunción de inocencia.
Indicó que Florence no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, sino que fue llevada al Rancho Las Chinitas a fin de que participara en un “montaje preparado por las autoridades que la detuvieron”.
Sostuvo que no encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en que Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la AFI.
Fuente:
Nota en excelsior