atila rey de los hunos
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Puebla: la justicia al mejor postor
07 de Febrero de 2011
Por: Acento Veintiuno
Puebla, Pue.- La corrupción imperante en el Poder Judicial del estado de Puebla es calificada por diferentes organismos defensores de derechos humanos como alarmante, y ha sido vista como una posible causa de riesgo delictivo y social. Sobre todo porque cobró auge en los últimos días del mandato de Mario Plutarco Marín, al conceder toda clase de libertinaje judicial que permitió la excarcelación de decenas de peligrosos homicidas, secuestradores, ladrones de autos y mercancías, por todo el territorio de la entidad.
Esto es producto de la complicidad de jueces y magistrados que han olvidado la encomienda constitucional asumida, para reducirla a un simple “beneficio familiar”, que como botín del sexenio, dejó en estado de indefensión a millones de ciudadanos que ahora deberán cuidarse de peligrosos delincuentes quienes en lugar de purgar una condena, pagaron con moneda fraccionaria su liberación.
Enero 2011. Miembro de la delincuencia organizada obtiene libertad anticipada
José Antonio Mora Zamudio, sujeto a proceso por diversas causas penales y recluido en el reclusorio de Tehuacán, Puebla, salió libre en enero; contra él existen averiguaciones previas y juicios pendientes por delitos graves, ello aunado a que pertenecía a una peligrosa banda de robo a transporte de carga y venta de enervantes.
Ese peligroso delincuente fue excarcelado por “buena conducta” a las cuatro de la mañana, justamente a escasos 12 días de que los funcionarios del sexenio anterior dejaran el cargo.
Los procesos 172/2001 y 243/2002 radicados en Tehuacán y en la capital de Puebla, dan cuenta de la peligrosidad de Mora Zamudio, que en su carrera delictiva incluye homicidios y asaltos vinculados con grupos de la delincuencia organizada radicados en los distritos de Tecamachalco, Tehuacán, Palmar de Bravo, Tecali de Herrera y la ciudad de Puebla.
Por ello, el propio director del CERESO de Tehuacán, se trasladó a la capital del estado para advertir que existían procesos pendientes en contra de Mora Zamudio; sin embargo, la orden fue contundente: “Dejarlo en libertad en plena madrugada para no levantar sospechas y que nadie se percatara. El Tribunal ya estaba de acuerdo”.
Diciembre del 2010. Homicida en libertad
El pasado mes de diciembre Gabriel Salomón López, secretario de la Tercera Sala del Poder Judicial del estado, bajo la anuencia y mando del oscuro magistrado Fernando Humberto Rosales Bretón –a quien se le señala como brazo ejecutor o promotor de sentencias del expresidente del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Pacheco Pulido– utilizando un viejo truco de las temporadas vacacionales, dejó en libertad sin ningún argumento sólido a Humberto Ibarra Meza, peligroso homicida y exfuncionario público, quien con su arma de cargo asesinó al valet parking José Jesús Huitzil Suárez, el 8 de julio de 2006.
De acuerdo a la ley, el delito de homicidio calificado en el estado de Puebla prevé sentencias de hasta 50 años, pero esto no fue tomado en cuenta por los magistrados que integran la Tercera Sala en materia penal, Margarita Gayosso Ponce, Manuel Nicolás Ríos Torres y Fernando Humberto Rosales Bretón, quienes “extrañamente consideraron que lo deberían juzgar como un delito menor y poner en inmediata libertad al exfuncionario Ibarra Meza, con tan sólo cuatro años cinco meses de haber sido detenido, justamente a un mes de finalizar la administración de Mario Marín y en pleno periodo vacacional.
El fallo de los jueces pasó por alto lo acreditado en la causa penal donde se menciona que en el momento que Ibarra Meza privó de la vida a José Jesús Huitzil, se encontraba en funciones como subdirector de Tránsito del estado de Puebla, y que el arma de fuego con la que disparó, era oficial, proporcionada para defender precisamente a la sociedad.
La ciudadanía exigió abrir una amplia investigación al respecto y pidió cárcel para los involucrados.
Apabullante realidad
Puebla se encuentra en el penúltimo lugar nacional en impartición de justicia, derivado ello del libertinaje y enriquecimiento por parte de sus jueces y magistrados, que han hecho de este estado un lugar riesgoso para vivir.
Esto se ha convertido en marca característica o estigma para los poblanos, ya que su sistema de impartición de justicia, es producto del compadrazgo o vínculo sanguíneo que hace de la ley un “asunto de familia”.
A pesar de que la decadencia del sistema judicial poblano lleva varios lustros, su retroceso se acentuó a partir de que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, el abogado Guillermo Pacheco Pulido, personaje a quien se le atribuye la paternidad de todos los vicios y complicidades existente en esa materia, al menos así ha sido señalado por defensores de derechos humanos aun antes de la escandalosa detención de la periodistas Lydia Cacho Ribero.
Las complicidades que permiten la corrupción
El organigrama del Poder Judicial del estado y su Tribunal Superior de Justicia, refleja una estructura natural de compromisos e intereses que permiten una vorágine de corrupción y trafico de influencias, al existir valores entendidos en la mayor parte de salas y juzgados distribuidos en todo el territorio poblano.
Así lo denunció el exjuez civil y penal Enrique Romero Razo, quien destapó la cloaca de corrupción imperante en el sistema judicial poblano y literalmente la retrató públicamente, “osadía” que le costó el cese fulminante de sus funciones y ahora es perseguido por los mismos intereses que denunció.
Dentro del Poder Judicial del estado de Puebla, el magistrado Alfredo Mendoza García es conocido como uno de los legendarios manipuladores de sentencias y acuerdos entre jueces.
Mendoza García tiene por lo menos una decena de familiares cobrando en la nómina del TSJ, lo mismo hijos, sobrinos, amantes y nueras, engrosan las filas de trabajadores al servicio ciudadano, a pesar de que muchos de ellos carecen de la preparación y capacidad para desempeñar esos cargos. Sin embargo, el parentesco es la mejor carta de presentación para obtener el empleo.
De la misma forma la aún magistrada Elba Rojas Bruscheta colocó a seis consanguíneos; el magistrado Gerardo Villar Borja que en fechas recientes se ha manifestado para no permitir un Consejo de la Judicatura Estatal propuesto por el gobernador Rafael Moreno Valle, tiene cuatro de familiares en activo; y el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia mantiene a su nuera y un sobrino como secretarios de sala. El magistrado Álvaro David López Rubí incluyó a seis familiares como beneficiarios del sistema judicial; Saúl Acosta otros seis, y María de los Ángeles Juárez Hernández a tres.
Las propiedades no les coinciden
De acuerdo con los salarios tabulados en el Poder Judicial de Puebla, los magistrados tienen un ingreso con prestaciones y “bonos” cercano a los 85 mil pesos.
Por ello sorprende que la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández pudiera adquirir casas, terrenos y vehículos de lujo, que fueron exhibidas públicamente por un grupo ciudadano, pues ya en el 2006 efectuaron señalamientos directos de corrupción y enriquecimiento ilícito contra ella, en ese entonces visitadora de los Juzgados civiles y penales del Distrito judicial de Cholula, Puebla.
Ese grupo ciudadano presentó a la opinión pública evidencias de bienes que ascendían a varios millones de pesos, como la propiedad ubicada en el exclusivo fraccionamiento residencial La Vista Country Club, denominada Lote E porción 22, con una superficie de mil 800 metros cuadrados y con un valor de 12 millones de pesos, así como dos casas ubicadas en el fraccionamiento residencial Estrellas del Sur, con un valor superior a los ocho millones de pesos, además de autos y camionetas Porsche, Audi y Cadillac, que forman parte del “ajuar” familiar.
Los ciudadanos que denunciaron descubrieron el entramado de protección y complicidades de funcionarios judiciales, con un grupo de despojadores profesionales, quienes con el apoyo del juez Ruperto Treviño Musalem y Elier Martínez Ayuso lograron afectar a comunidades enteras bajo la protección de quien se suponía podría sancionarlos en ese entonces por ser su visitadora, la ahora magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.
Bienes inmuebles ubicados en la zona de Cholula, Puebla, que en la actualidad han sido comercializados por conducto de prestanombres, llevan hasta la servidora pública como cabeza de grupo y protectora del exjuez Ruperto Treviño Musalem, quien se encuentra prófugo de la justicia acusado de recibir un soborno probado de un millón 200 mil pesos.
Denuncia contra el juez noveno civil Ruperto Leonardo Treviño Musalem
El pasado 7 de abril del 2010 fue denunciado el juez noveno de lo civil de Puebla, Ruperto Leonardo Treviño Musalem por los delitos de cohecho y chantaje, después de ser señalado con pruebas contundentes en su contra, como la copia del depósito a la cuenta 1462143453 de BBVA Bancomer, que se encuentra a su nombre, por la cantidad de un millón 200 mil pesos, en una acción relativa al litigio que se libra desde hace varios años por mantener la directiva del club de futbol Puebla.
A pesar de la clara evidencia que vincula la ficha de depósito con la chequera de Francisco Bernat, quien es una de las partes en el juzgado que dirige Ruperto Treviño Musalem, y aunado al señalamiento directo que le efectuara un trabajador del propio club luego de haberle entregado la ficha de depósito en su domicilio ubicado en Boulevard Valsequillo número 8325 de la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, con lo cual se acredita el cohecho y tráfico de influencias, siendo aún juez, simplemente decidió pedir “una licencia temporal” en lo que pasaban al olvido los señalamiento en su contra.
De esa forma evadió una consignación penal de la denuncia presentada, tras considerarse “protegido” por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, al que tan “buenas cuentas ha entregado”.
Existen cientos de quejas y denuncias contra jueces, secretarios y magistrados… pero la justicia simplemente nunca llega.
El juez cuarto penal Alberto Miranda Guerra, y equivocaciones convenientes
En rueda de prensa el 6 de diciembre del 2010 los hermanos Juan y Daniel Reynoso Fabián denunciaron al juez cuarto penal de la ciudad de Puebla, Alberto Guerra Miranda por mantenerlos ilegalmente presos durante más de tres años, sólo para que después de ese tiempo lograran obtener su libertad al reconocer la autoridad su inocencia.
Bajo los supuestos cargos de robo calificado, el 14 de junio de 2007 fueron denunciados por su prima María de la Luz Méndez Fabián por el delito de robo calificado, quedando asentado en el proceso penal número 319/2007 radicado en el Juzgado cuarto penal de la ciudad de Puebla, derivado de un simple pleito familiar que causó encono entre los primos, motivo por el cual María de la Luz Méndez decidió denunciar.
No obstante las pruebas aportadas y la evidencia que demostraban la inocencia de los hermanos Reynoso Fabián, tuvieron que transcurrir más de tres años para obtener su libertad, sólo para recibir una disculpa verbal por las molestias causadas de parte del mismo juez cuarto penal que les robo tres años de su vida y propició que perdieran el empleo, además, influyó de manera directa en la desintegración de una familia completa.
La Cruz Roja denuncia tráfico de influencias de los jueces 3º y 9º civil
Los Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana protestaron el pasado 11 de enero por el trafico de influencias ejercido en contra de un compañero adscrito a la institución de beneficencia, derivado del accidente automovilístico que sufrió en la ambulancia que conducía el 27 de diciembre del 2010, en la 24 Sur y Avenida San Francisco, momentos en los cuales se dirigía a brindar atención de urgencia en la zona, teniendo el infortunio de chocar contra el auto del juez tercero civil, José Montiel Rodríguez.
Producto del percance automovilismo, los paramédicos tuvieron que ser internados en el hospital de la Cruz Roja, pero en calidad de detenidos, radicando la protesta en la estratosférica cantidad que les fijo el juez noveno civil por concepto de fianza, que asciende a 2.5 millones de pesos como reparación del daño.
Esa cantidad no correspondía en lo absoluto al valor del vehículo producto del percance y mucho menos a los ingresos de los paramédicos que prácticamente subsisten con el salario mínimo. El problema es derivado de que el percance fue contra un compañero del juez, y la fianza desproporcionada fue el correctivo para los servidores sociales.
Madre soltera es despojada de su patrimonio y perseguida por jueces de Cholula
La señora Alma Aurora Sánchez Cruz denunció a diferentes servidores públicos que se confabularon para despojarla 63 mil metros cuadrados, ubicados en lo que hoy es el fraccionamiento residencial Lomas de Angelópolis 1 y 2, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
Exponiendo que por motivo de un litigo civil, en donde exigía la devolución de sus tierras a los despojadores Rafael, Alejandro y Gabriel y de apellidos Posada Coeto, quienes son los socios del grupo inmobiliario denominado PROYECTA, se vio amenazada de muerte y con varias órdenes de aprehensión libradas en su contra, como la que se desprende del proceso penal 153/2006 radicado en Cholula, Puebla, y las averiguaciones previas 572/2007, 573/2007, 574/2007, 575/2007, 49420/08, 49620/08, señalando sobornos y trafico de influencias en su agravio cometidos por jueces civiles y penales del distrito judicial de Cholula, Puebla.
La escalada de persecución la obligó a permanecer escondida desde hace varios años, para evitar agresiones físicas contra ella y su único hijo. Ella ha enviado cartas públicas a diferentes instancias locales y federales sin recibir respuesta, considerando las atrocidades cometidas en su contra derivadas de la vinculación de negocios existente entre la familia Posada Coeto y el exgobernador Mario Plutarco Marín Torres.
Queja presentada en contra del juez de Oriental Puebla, Carlos Barrientos Merino por mantener detenida a la persona equivocada, al confundirla por uno de sus apellidos
El 9 de diciembre del 2010 el abogado Miguel Ángel de Lara y Díaz con cédula profesional 242474, hizo pública una denuncia en contra del juez de Oriental Puebla, Carlos Barrientos Merino, por actos de ilegalidad cometidos en contra de Daniel Guzmán González, que por una “equivocación” lo mantienen privado de su libertad.
El abogado narra en su denuncia pública que el 19 DE FEBRERO DE 2009, el señor ANDRÉS GARCÍA SÁNCHEZ presentó denuncia por el delito de FRAUDE, justificando que los hechos se habían cometido el 9 DE ENERO DEL 2007, haciéndose notoria la prescripción para presentar la denuncia, de acuerdo al artículo 133 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que señala ese delito como de los que prescriben a los dos años.
El 17 de noviembre del 2010 el juez CARLOS BARRIENTOS MERINO libra orden de aprehensión en contra de una persona que responde al nombre de Daniel Guzmán Hernández.
El 1 de diciembre del 2010 la policía ministerial del estado dio un supuesto cumplimiento a la orden de aprehensión 2681 de fecha 17 de noviembre del 2010, con la salvedad que en lugar de detener a Daniel Guzmán Hernández, aprehendieron con lujo de violencia, ingresando a su domicilio sin orden de cateo, a Daniel Guzmán González, persona que si bien es cierto tiene similitud de nombre, no corresponde a los mismos apellidos.
No obstante existir inconsistencia marcadas por el defensor de Daniel Guzmán González, al haber prescripción del delito, y equivocación de nombre y persona, el 7 de diciembre del 2010 le fue dictado auto de formal prisión con una fianza superior a los 125 mil pesos para poder demostrar en libertad la aberrante equivocación cometida en su contra.
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07 de Febrero de 2011
Por: Acento Veintiuno
Puebla, Pue.- La corrupción imperante en el Poder Judicial del estado de Puebla es calificada por diferentes organismos defensores de derechos humanos como alarmante, y ha sido vista como una posible causa de riesgo delictivo y social. Sobre todo porque cobró auge en los últimos días del mandato de Mario Plutarco Marín, al conceder toda clase de libertinaje judicial que permitió la excarcelación de decenas de peligrosos homicidas, secuestradores, ladrones de autos y mercancías, por todo el territorio de la entidad.
Esto es producto de la complicidad de jueces y magistrados que han olvidado la encomienda constitucional asumida, para reducirla a un simple “beneficio familiar”, que como botín del sexenio, dejó en estado de indefensión a millones de ciudadanos que ahora deberán cuidarse de peligrosos delincuentes quienes en lugar de purgar una condena, pagaron con moneda fraccionaria su liberación.
Enero 2011. Miembro de la delincuencia organizada obtiene libertad anticipada
José Antonio Mora Zamudio, sujeto a proceso por diversas causas penales y recluido en el reclusorio de Tehuacán, Puebla, salió libre en enero; contra él existen averiguaciones previas y juicios pendientes por delitos graves, ello aunado a que pertenecía a una peligrosa banda de robo a transporte de carga y venta de enervantes.
Ese peligroso delincuente fue excarcelado por “buena conducta” a las cuatro de la mañana, justamente a escasos 12 días de que los funcionarios del sexenio anterior dejaran el cargo.
Los procesos 172/2001 y 243/2002 radicados en Tehuacán y en la capital de Puebla, dan cuenta de la peligrosidad de Mora Zamudio, que en su carrera delictiva incluye homicidios y asaltos vinculados con grupos de la delincuencia organizada radicados en los distritos de Tecamachalco, Tehuacán, Palmar de Bravo, Tecali de Herrera y la ciudad de Puebla.
Por ello, el propio director del CERESO de Tehuacán, se trasladó a la capital del estado para advertir que existían procesos pendientes en contra de Mora Zamudio; sin embargo, la orden fue contundente: “Dejarlo en libertad en plena madrugada para no levantar sospechas y que nadie se percatara. El Tribunal ya estaba de acuerdo”.
Diciembre del 2010. Homicida en libertad
El pasado mes de diciembre Gabriel Salomón López, secretario de la Tercera Sala del Poder Judicial del estado, bajo la anuencia y mando del oscuro magistrado Fernando Humberto Rosales Bretón –a quien se le señala como brazo ejecutor o promotor de sentencias del expresidente del Tribunal Superior de Justicia Guillermo Pacheco Pulido– utilizando un viejo truco de las temporadas vacacionales, dejó en libertad sin ningún argumento sólido a Humberto Ibarra Meza, peligroso homicida y exfuncionario público, quien con su arma de cargo asesinó al valet parking José Jesús Huitzil Suárez, el 8 de julio de 2006.
De acuerdo a la ley, el delito de homicidio calificado en el estado de Puebla prevé sentencias de hasta 50 años, pero esto no fue tomado en cuenta por los magistrados que integran la Tercera Sala en materia penal, Margarita Gayosso Ponce, Manuel Nicolás Ríos Torres y Fernando Humberto Rosales Bretón, quienes “extrañamente consideraron que lo deberían juzgar como un delito menor y poner en inmediata libertad al exfuncionario Ibarra Meza, con tan sólo cuatro años cinco meses de haber sido detenido, justamente a un mes de finalizar la administración de Mario Marín y en pleno periodo vacacional.
El fallo de los jueces pasó por alto lo acreditado en la causa penal donde se menciona que en el momento que Ibarra Meza privó de la vida a José Jesús Huitzil, se encontraba en funciones como subdirector de Tránsito del estado de Puebla, y que el arma de fuego con la que disparó, era oficial, proporcionada para defender precisamente a la sociedad.
La ciudadanía exigió abrir una amplia investigación al respecto y pidió cárcel para los involucrados.
Apabullante realidad
Puebla se encuentra en el penúltimo lugar nacional en impartición de justicia, derivado ello del libertinaje y enriquecimiento por parte de sus jueces y magistrados, que han hecho de este estado un lugar riesgoso para vivir.
Esto se ha convertido en marca característica o estigma para los poblanos, ya que su sistema de impartición de justicia, es producto del compadrazgo o vínculo sanguíneo que hace de la ley un “asunto de familia”.
A pesar de que la decadencia del sistema judicial poblano lleva varios lustros, su retroceso se acentuó a partir de que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, el abogado Guillermo Pacheco Pulido, personaje a quien se le atribuye la paternidad de todos los vicios y complicidades existente en esa materia, al menos así ha sido señalado por defensores de derechos humanos aun antes de la escandalosa detención de la periodistas Lydia Cacho Ribero.
Las complicidades que permiten la corrupción
El organigrama del Poder Judicial del estado y su Tribunal Superior de Justicia, refleja una estructura natural de compromisos e intereses que permiten una vorágine de corrupción y trafico de influencias, al existir valores entendidos en la mayor parte de salas y juzgados distribuidos en todo el territorio poblano.
Así lo denunció el exjuez civil y penal Enrique Romero Razo, quien destapó la cloaca de corrupción imperante en el sistema judicial poblano y literalmente la retrató públicamente, “osadía” que le costó el cese fulminante de sus funciones y ahora es perseguido por los mismos intereses que denunció.
Dentro del Poder Judicial del estado de Puebla, el magistrado Alfredo Mendoza García es conocido como uno de los legendarios manipuladores de sentencias y acuerdos entre jueces.
Mendoza García tiene por lo menos una decena de familiares cobrando en la nómina del TSJ, lo mismo hijos, sobrinos, amantes y nueras, engrosan las filas de trabajadores al servicio ciudadano, a pesar de que muchos de ellos carecen de la preparación y capacidad para desempeñar esos cargos. Sin embargo, el parentesco es la mejor carta de presentación para obtener el empleo.
De la misma forma la aún magistrada Elba Rojas Bruscheta colocó a seis consanguíneos; el magistrado Gerardo Villar Borja que en fechas recientes se ha manifestado para no permitir un Consejo de la Judicatura Estatal propuesto por el gobernador Rafael Moreno Valle, tiene cuatro de familiares en activo; y el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia mantiene a su nuera y un sobrino como secretarios de sala. El magistrado Álvaro David López Rubí incluyó a seis familiares como beneficiarios del sistema judicial; Saúl Acosta otros seis, y María de los Ángeles Juárez Hernández a tres.
Las propiedades no les coinciden
De acuerdo con los salarios tabulados en el Poder Judicial de Puebla, los magistrados tienen un ingreso con prestaciones y “bonos” cercano a los 85 mil pesos.
Por ello sorprende que la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández pudiera adquirir casas, terrenos y vehículos de lujo, que fueron exhibidas públicamente por un grupo ciudadano, pues ya en el 2006 efectuaron señalamientos directos de corrupción y enriquecimiento ilícito contra ella, en ese entonces visitadora de los Juzgados civiles y penales del Distrito judicial de Cholula, Puebla.
Ese grupo ciudadano presentó a la opinión pública evidencias de bienes que ascendían a varios millones de pesos, como la propiedad ubicada en el exclusivo fraccionamiento residencial La Vista Country Club, denominada Lote E porción 22, con una superficie de mil 800 metros cuadrados y con un valor de 12 millones de pesos, así como dos casas ubicadas en el fraccionamiento residencial Estrellas del Sur, con un valor superior a los ocho millones de pesos, además de autos y camionetas Porsche, Audi y Cadillac, que forman parte del “ajuar” familiar.
Los ciudadanos que denunciaron descubrieron el entramado de protección y complicidades de funcionarios judiciales, con un grupo de despojadores profesionales, quienes con el apoyo del juez Ruperto Treviño Musalem y Elier Martínez Ayuso lograron afectar a comunidades enteras bajo la protección de quien se suponía podría sancionarlos en ese entonces por ser su visitadora, la ahora magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.
Bienes inmuebles ubicados en la zona de Cholula, Puebla, que en la actualidad han sido comercializados por conducto de prestanombres, llevan hasta la servidora pública como cabeza de grupo y protectora del exjuez Ruperto Treviño Musalem, quien se encuentra prófugo de la justicia acusado de recibir un soborno probado de un millón 200 mil pesos.
Denuncia contra el juez noveno civil Ruperto Leonardo Treviño Musalem
El pasado 7 de abril del 2010 fue denunciado el juez noveno de lo civil de Puebla, Ruperto Leonardo Treviño Musalem por los delitos de cohecho y chantaje, después de ser señalado con pruebas contundentes en su contra, como la copia del depósito a la cuenta 1462143453 de BBVA Bancomer, que se encuentra a su nombre, por la cantidad de un millón 200 mil pesos, en una acción relativa al litigio que se libra desde hace varios años por mantener la directiva del club de futbol Puebla.
A pesar de la clara evidencia que vincula la ficha de depósito con la chequera de Francisco Bernat, quien es una de las partes en el juzgado que dirige Ruperto Treviño Musalem, y aunado al señalamiento directo que le efectuara un trabajador del propio club luego de haberle entregado la ficha de depósito en su domicilio ubicado en Boulevard Valsequillo número 8325 de la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, con lo cual se acredita el cohecho y tráfico de influencias, siendo aún juez, simplemente decidió pedir “una licencia temporal” en lo que pasaban al olvido los señalamiento en su contra.
De esa forma evadió una consignación penal de la denuncia presentada, tras considerarse “protegido” por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, al que tan “buenas cuentas ha entregado”.
Existen cientos de quejas y denuncias contra jueces, secretarios y magistrados… pero la justicia simplemente nunca llega.
El juez cuarto penal Alberto Miranda Guerra, y equivocaciones convenientes
En rueda de prensa el 6 de diciembre del 2010 los hermanos Juan y Daniel Reynoso Fabián denunciaron al juez cuarto penal de la ciudad de Puebla, Alberto Guerra Miranda por mantenerlos ilegalmente presos durante más de tres años, sólo para que después de ese tiempo lograran obtener su libertad al reconocer la autoridad su inocencia.
Bajo los supuestos cargos de robo calificado, el 14 de junio de 2007 fueron denunciados por su prima María de la Luz Méndez Fabián por el delito de robo calificado, quedando asentado en el proceso penal número 319/2007 radicado en el Juzgado cuarto penal de la ciudad de Puebla, derivado de un simple pleito familiar que causó encono entre los primos, motivo por el cual María de la Luz Méndez decidió denunciar.
No obstante las pruebas aportadas y la evidencia que demostraban la inocencia de los hermanos Reynoso Fabián, tuvieron que transcurrir más de tres años para obtener su libertad, sólo para recibir una disculpa verbal por las molestias causadas de parte del mismo juez cuarto penal que les robo tres años de su vida y propició que perdieran el empleo, además, influyó de manera directa en la desintegración de una familia completa.
La Cruz Roja denuncia tráfico de influencias de los jueces 3º y 9º civil
Los Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana protestaron el pasado 11 de enero por el trafico de influencias ejercido en contra de un compañero adscrito a la institución de beneficencia, derivado del accidente automovilístico que sufrió en la ambulancia que conducía el 27 de diciembre del 2010, en la 24 Sur y Avenida San Francisco, momentos en los cuales se dirigía a brindar atención de urgencia en la zona, teniendo el infortunio de chocar contra el auto del juez tercero civil, José Montiel Rodríguez.
Producto del percance automovilismo, los paramédicos tuvieron que ser internados en el hospital de la Cruz Roja, pero en calidad de detenidos, radicando la protesta en la estratosférica cantidad que les fijo el juez noveno civil por concepto de fianza, que asciende a 2.5 millones de pesos como reparación del daño.
Esa cantidad no correspondía en lo absoluto al valor del vehículo producto del percance y mucho menos a los ingresos de los paramédicos que prácticamente subsisten con el salario mínimo. El problema es derivado de que el percance fue contra un compañero del juez, y la fianza desproporcionada fue el correctivo para los servidores sociales.
Madre soltera es despojada de su patrimonio y perseguida por jueces de Cholula
La señora Alma Aurora Sánchez Cruz denunció a diferentes servidores públicos que se confabularon para despojarla 63 mil metros cuadrados, ubicados en lo que hoy es el fraccionamiento residencial Lomas de Angelópolis 1 y 2, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
Exponiendo que por motivo de un litigo civil, en donde exigía la devolución de sus tierras a los despojadores Rafael, Alejandro y Gabriel y de apellidos Posada Coeto, quienes son los socios del grupo inmobiliario denominado PROYECTA, se vio amenazada de muerte y con varias órdenes de aprehensión libradas en su contra, como la que se desprende del proceso penal 153/2006 radicado en Cholula, Puebla, y las averiguaciones previas 572/2007, 573/2007, 574/2007, 575/2007, 49420/08, 49620/08, señalando sobornos y trafico de influencias en su agravio cometidos por jueces civiles y penales del distrito judicial de Cholula, Puebla.
La escalada de persecución la obligó a permanecer escondida desde hace varios años, para evitar agresiones físicas contra ella y su único hijo. Ella ha enviado cartas públicas a diferentes instancias locales y federales sin recibir respuesta, considerando las atrocidades cometidas en su contra derivadas de la vinculación de negocios existente entre la familia Posada Coeto y el exgobernador Mario Plutarco Marín Torres.
Queja presentada en contra del juez de Oriental Puebla, Carlos Barrientos Merino por mantener detenida a la persona equivocada, al confundirla por uno de sus apellidos
El 9 de diciembre del 2010 el abogado Miguel Ángel de Lara y Díaz con cédula profesional 242474, hizo pública una denuncia en contra del juez de Oriental Puebla, Carlos Barrientos Merino, por actos de ilegalidad cometidos en contra de Daniel Guzmán González, que por una “equivocación” lo mantienen privado de su libertad.
El abogado narra en su denuncia pública que el 19 DE FEBRERO DE 2009, el señor ANDRÉS GARCÍA SÁNCHEZ presentó denuncia por el delito de FRAUDE, justificando que los hechos se habían cometido el 9 DE ENERO DEL 2007, haciéndose notoria la prescripción para presentar la denuncia, de acuerdo al artículo 133 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que señala ese delito como de los que prescriben a los dos años.
El 17 de noviembre del 2010 el juez CARLOS BARRIENTOS MERINO libra orden de aprehensión en contra de una persona que responde al nombre de Daniel Guzmán Hernández.
El 1 de diciembre del 2010 la policía ministerial del estado dio un supuesto cumplimiento a la orden de aprehensión 2681 de fecha 17 de noviembre del 2010, con la salvedad que en lugar de detener a Daniel Guzmán Hernández, aprehendieron con lujo de violencia, ingresando a su domicilio sin orden de cateo, a Daniel Guzmán González, persona que si bien es cierto tiene similitud de nombre, no corresponde a los mismos apellidos.
No obstante existir inconsistencia marcadas por el defensor de Daniel Guzmán González, al haber prescripción del delito, y equivocación de nombre y persona, el 7 de diciembre del 2010 le fue dictado auto de formal prisión con una fianza superior a los 125 mil pesos para poder demostrar en libertad la aberrante equivocación cometida en su contra.
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