Carlos Acosta Córdoba
13 Marzo, 2018

De no resolverse los diferendos que en las últimas semanas enfrentan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el INE acerca de los tiempos y procedimientos en los cuales se darán a conocer los resultados de los comicios presidenciales del próximo 1 de julio, existe el riesgo de que se repita un conflicto poselectoral como los de 1988 y 2016. El instituto propuso un conteo alternativo para que el electorado conozca cifras que dibujen las tendencias el mismo día de la jornada, pero el Partido Verde impugnó la propuesta y el problema regresó al tribunal.


Instituto Nacional Electoral. Foto: Octavio Gómez


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El riesgo de que se repitan las desastrosas experiencias poselectorales de 1988 y de 2006 sigue latente.

En su sesión del 28 de febrero pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), después de haber acatado la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que le vetaba cambios en el Reglamento de Elecciones que propuso el instituto para poder ofrecer a la sociedad información de los resultados de la contienda presidencial la misma noche del día de las elecciones–, planteó una alternativa para que no se presentara un vacío informativo la noche de la elección, en el entendido de que un problema como éste podría traducirse en confrontaciones político-electorales, confusión, sospecha de fraude y enojo generalizado de la población, como sucedió en aquellos años.

Pero una vez presentada la propuesta alternativa del Consejo General del INE, el Partido Verde la impugnó ante el TEPJF, que aún no resuelve al respecto, por lo que está en el aire cómo se van a contar los votos el próximo 1 de julio.

De entrada, hay que remontarse a las experiencias previas para dimensionar el riesgo que existe de no tener los resultados electorales, por lo menos de la Presidencia, a más tardar a las 11 de la noche del mismo día de los comicios.

En las elecciones de julio de 1988 presuntamente “se cayó” el sistema de cómputo, no hubo información oficial el día de la jornada electoral; ni un dato duro, cierto, que confirmara el “triunfo” de Carlos Salinas de Gortari (sobre Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra), que fue anunciado tres días después de la fecha de las elecciones, frente a la fundada sospecha de que hubo fraude electoral.

En el segundo caso –en los comicios de 2006–, casi a la medianoche del día de la votación, la autoridad electoral no se arriesgó a definir un ganador, pues argumentó que con el conteo rápido no era posible determinar “con claridad” la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda presidencial (entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa; Roberto Madrazo, del PRI, ni pintó).

Toda la noche y la madrugada fueron de pasmo nacional, incertidumbre, confusión, ira popular. Hasta la mañana siguiente se dio a conocer el triunfo del panista, con una diferencia mínima. Y lo que siguió…

Una historia similar a esas podría ocurrir en las elecciones del 1 de julio próximo.

La casilla única

La reforma electoral de 2014 introdujo la figura de “casilla única”, que por primera vez aplicará en una elección por la Presidencia de la República. Antes, la práctica era tener dos casillas, así fuera en el mismo sitio –una casa, una escuela, un deportivo o cualquier otro inmueble–: una para las elecciones federales y otra para las locales. Ahora ambas se concentrarán en una sola casilla.

–¿Cuál fue el criterio de los legisladores para hacer este cambio? –se le pregunta al consejero Ciro Murayama.

–Evitar que desde los ámbitos locales se tuviera incidencia en la conformación de las mesas directivas de casilla; que el mismo procedimiento que había seguido el IFE ahora se aplicara a todas las casillas, aunque se tratara de una elección local; es producto de la desconfianza hacia las autoridades electorales locales.

Y si a eso se añade que ésta será la elección más grande y compleja de la historia del país, pues la casilla única es todo un reto para la autoridad electoral.

A escala federal se elegirá un presidente de la República, 300 diputados de mayoría relativa (los otros 200 son de representación proporcional o plurinominales, designados por los partidos o coaliciones) y 128 senadores.

A nivel local, 30 entidades renovarán sus congresos y sus presidencias municipales. Además, en ocho estados habrá elección de gobernador, y en la Ciudad de México, de jefe de gobierno.

Tan sólo en la capital del país, además del jefe de gobierno se elegirán 33 diputados de mayoría relativa (un tanto igual son de representación proporcional), 160 concejales y 16 alcaldías o presidencias municipales.

Eso quiere decir, por ejemplo, que en la Ciudad de México las casillas a donde acudirán los votantes tendrán siete urnas: 1) presidente de la República; 2) diputado federal; 3) senador; 4) jefe de gobierno capitalino; 5) diputado local; 6) alcalde (antes jefe delegacional o delegado), y 7) concejal.

Y así, por el estilo, en las demás entidades, salvo en las que no haya elecciones locales, como Baja California y Nayarit, que sólo tendrán tres urnas en sus casillas: una para presidente, otra para diputado federal y una más para senador.

Entonces, la gran cantidad de votos a contar iba a generar un gran problema con los tiempos de entrega de resultados tanto para el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que con el procedimiento habitual de escrutinio y cómputo haría imposible dar resultados de la elección presidencial a las 11 de la noche.

Cálculos de los propios consejeros electorales apuntan que con el procedimiento habitual se estaría dando la información del conteo rápido de la contienda presidencial entre las dos y tres de la mañana, o más si hay algún imprevisto.

Para zanjar esa situación, ese vacío de información –que, ya lo sabemos, genera incertidumbre, sospechas de fraude, confusión, irritación popular–, el INE decidió hacer unos cambios al Reglamento de Elecciones.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, los explicó así el 22 de febrero pasado, en conferencia de prensa:

“Las modificaciones buscaban esencialmente dos cosas: La primera, que antes de iniciar el escrutinio y cómputo simultáneo se revisara la totalidad de las urnas para detectar boletas mal depositadas y colocarlas en las urnas de la elección correcta.

“La segunda, que se llenaran las actas de escrutinio y cómputo de presidente de la República y gobernadores, antes de continuar con el escrutinio y cómputo del resto de las elecciones.

“Con estas modificaciones, se esperaba transmitir el contenido de las actas de la elección presidencial al PREP y al Comité Técnico de los Conteos Rápidos y así adelantar el procesamiento estadístico para tener alrededor de las 11 de la noche la estimación de los rangos de votación que obtendrían los contendientes a la Presidencia de la República y a las gubernaturas en disputa.”

Enseguida, los representantes de Movimiento Ciudadano, Morena y el PAN ante el INE acudieron al TEPJF a inconformarse e impugnar las modificaciones al Reglamento de Elecciones del INE.

Sus “argumentos”: que el INE intentaba un “sospechoso” doble escrutinio; que quería abrir dos veces las urnas, “lo cual es una carga no prevista en la ley que pone en riesgo la secrecía del voto, además de que tal medida no es objetiva, idónea, necesaria y proporcional para otorgar certeza al escrutinio y cómputo en casilla”.

También señalaron “que la revisión preliminar de boletas no tiene el objeto definido de sólo separar boletas por color y tipo de elección sin conocer el sentido del voto, aunado a que no existen mecanismos de seguridad para dicha actividad, pues no se han realizado pruebas de viabilidad y funcionalidad”.

En conclusión, el tribunal les aceptó todo; a Morena inclusive que las figuras –ideadas por el INE– de supervisores y capacitadores asistentes-electorales locales contratados por los Oples (Organismos Públicos Locales, distintos a los designados por los consejos distritales) transgredían el principio de reserva de ley y jerarquía normativa de conformidad con lo previsto en el artículo 303, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Aceptó el tribunal que Morena tiene razón al señalar “que hay inseguridad jurídica y falta de certeza respecto a los límites de la actuación de estas nuevas figuras, aunado a que la rendición de sus informes la hacen ante los Oples y no al INE, por ende, aluden a que no se cumplió el procedimiento para delegar facultades de los consejos distritales del INE”.

Esas, y muchas otras, fueron las cosas que alegaron los partidos y que aceptó el tribunal, por lo cual decidió revocar las modificaciones al acuerdo del Consejo General del INE que cambiaba el Reglamento de Elecciones.

Lo que logró el TEPJF con su sentencia revocatoria fue unificar, pero en su contra, a todos los consejeros electorales, quienes, desde distintas vías –radio, televisión, prensa escrita, redes sociales y aun en sus sesiones de Consejo General– lo increparon por su insensibilidad, su conocimiento parcial de la historia electoral del país –sobre todo de los procesos más conflictivos, como los de 1988 y 2006– y su incapacidad para reconocer las consecuencias graves de no dar información oficial a tiempo, en especial de la contienda presidencial.

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