• Mañana toma posesión Gabino Cué, de la coalición PAN, PRD, PT y Convergencia

El Financiero en línea
Oaxaca, 30 de noviembre.- Tras 80 años de gobiernos del PRI en el estado, las cifras en materia de educación, economía, seguridad y pobreza, entre otros rubros, son poco alentadoras para la administración que culmina mañana y la que inicia.

En tanto, los grupos sociales y políticos se dividen a favor y en contra del próximo gobernante, Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

Con 3.5 millones de habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca culmina uno de los sexenios más polémicos de su historia con 48 de los municipios más pobres del país.

Asimismo, un millón 337 mil 597 oaxaqueños viven en pobreza alimentaria, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es decir, poco más del 38 por ciento del total de la población.

A pesar que uno de los programas nodales del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz reportó en su último informe, la alfabetización de 347 mil 131 personas de 480 mil que no sabían leer ni escribir en 2005, Cipriano Flores, titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, reconoció que 236 mil oaxaqueños nunca serán alfabetizados.

Lo anterior, dado que hablan la lengua indígena o porque presentan alguna discapacidad mental, visual o auditiva.

En procuración de Justicia, la administración saliente cierra con 13 asesinatos considerados de alto impacto sin resolver, dentro de los que se encuentran las muertes de varios líderes sociales en la Costa, el Istmo, la Cuenca del Papaloapan y los Valles Centrales, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

A esta lista, se suman las ejecuciones de dos jefes policiales, señalados en 2006 de cometer una serie de violaciones en contra de militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), otro de los temas pendientes que según la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), deja el gobierno ulisista.

En ese sentido, diversas organizaciones sociales reportaron alrededor de 200 asesinatos de luchadores sociales e indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos; más de 600 detenciones, la gran mayoría ligada al conflicto político-social de 2006, así como nueve desapariciones forzadas, entre otras cifras.

Por ello, Ruiz Ortiz ha sido causa de nueve juicios políticos en su contra, dos de los cuales siguen abiertos, además de las mil 258 medidas cautelares a periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y luchadores sociales, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ruiz Ortiz es el único gobernador del país en haber sido acusado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de violación a los derechos humanos durante el conflicto social de 2006, que encabezó la APPO, y en voz del propio gobernador del estado, su gobierno ha sido uno de los más vigilados por la Auditoría Superior de la Federación.

En materia de economía, el gobierno concluye con uno de los cinco presupuestos más altos del país, pero con una deuda pública que ascendió de 800 millones de pesos en 2004, a poco más de seis mil millones de pesos en 2010, según cifras proporcionadas por Benjamín Robles Montoya, encargado de la Oficina de Transición de Gabino Cué.

No obstante, Ruiz Ortiz defiende la solidez de las finanzas públicas al reportar en su último Informe de Gobierno, una herencia en infraestructura por poco más de ocho mil millones de pesos y una deuda que de acuerdo a éste, sólo asciende a poco más de 1.4 millones de pesos.

"Esperaremos al juicio ciudadano", declaró el mandatario previo a su mensaje con motivo de su último informe de gobierno, mismo que logró concluir, según sus palabras, "pese a sedicentes libertadores".

No obstante, el terreno económico no es lo más complicado para el gobernante que entrará en funciones mañana.

Lo anterior, dado el escepticismo con que diversas organizaciones ven a Cué Monteagudo por pasar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace más de una década, y su vínculo con otros políticos, como el ex gobernador Diódoro Carrasco y el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

"Durante el proceso electoral hicimos lo que nos correspondía para que el proceso no se complicara, nos mantuvimos al margen, pero eso ya pasó, así que mantendremos la misma posición de demanda, porque los pendientes son muchos", advirtió Gustavo López, ex concejal de la APPO y actual integrante del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR).

Para López, el triunfo de Cué está lejos de considerarse una transición a la democracia, dado que considera que sólo se logró "reciclar viejas formas", además de "coronar a la burguesía" en el poder.

Por ello, organizaciones como esta, así como otras que integran la APPO, dentro de las que se encuentra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguran que mantendrán sus acciones de demanda al gobierno estatal.

En ese sentido, el magisterio democrático tiene prevista ya una movilización para el próximo 1 de diciembre, mediante la cual demandarán castigo a los responsables de los 25 asesinatos ocurridos durante 2006, así como por todos los actos de represión, que afirman, se han vivido desde aquel año.

En tanto, el gobierno entrante emanado de una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, se debate por mantener la unidad que los llevó al triunfo, así como por hacer cumplir la plataforma de gobierno sustentada hoy en seis ejes:

Transición democrática, gobernabilidad y participación ciudadana; desarrollo económico, competitividad y empleo; seguridad y justicia; gestión y políticas públicas; pueblos indígenas; y desarrollo social y humano sustentable.