Por presiones internacionales, la SEDENA hace pública una parte de las violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido miembros del ejército. Lo interesante es ver como durante el gobierno del chaparrito, se han documentado un 65% de recomendaciones por parte de la CNDH. Para eso sí nos resultó muy bueno.

Sedena hace pública sólo una parte del total de abusos de militares

MÉXICO, D.F., 27 de julio (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió parcialmente su información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, y reafirmó que corresponde a los tribunales militares conocer de los casos en donde hay civiles involucrados.

Ante las presiones nacionales e internacionales sobre su opacidad, la Sedena incorporó este martes a su página de internet un micrositio titulado “Derechos Humanos”, en el que da a conocer el número de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por su personal desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón y hasta el pasado miércoles 14.

Sin embargo, omite el tipo de delitos por los que ha investigado a efectivos del Ejército que han sido acusados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de privación ilegal de la vida, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias, entre los señalamientos más graves.

En su apartado de “casos relevantes” en los que el Ejército ha sido acusado en tribunales internacionales, la Sedena menciona que hay tres en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) está por fallar, ante las denuncias hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano.

Entre ellos, refiere la denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, detenidos y torturados por el Ejército en 1999 y cuyo proceso penal fue manipulado en los juzgados militares.

La Sedena resalta también otras cinco denuncias contra el Ejército ante la CIDH. La información confirma que la llamada “guerra al narcotráfico” de Calderón ha incrementado significativamente las violaciones a las garantías fundamentales por parte del Ejército.

Desde que se creó la CNDH, el 6 de junio de 1990, y hasta el 14 de julio de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido 91 recomendaciones, de las cuales el 65% –un total de 59– han sido bajo el actual gobierno.

Como un dato a su favor, la dependencia dice que de las 4 mil 35 quejas presentadas por la población ante la CNDH, sólo 59 de ellas (1.46%) han derivado en recomendaciones del organismo.

De los 59 casos aceptados por la dependencia como violatorios, afirma que en 36 recomendaciones hay averiguaciones previas en integración; en siete, el ministerio público militar abrió causas penales, y en otras siete los casos ya fueron archivados, “pues no se ha encontrado responsabilidad alguna”.

En cuatro más no se abrió averiguación previa, sino procedimiento administrativo; en igual número, la averiguación previa concluyó la “no acreditación del delito”, y en una no se abrió averiguación previa porque “no hubo militares involucrados en los hechos”.

En ninguno de esos casos la Sedena precisa el tipo de delito por el que se abrieron los procesos penales o administrativos, los cargos del personal involucrado ni los casos en que participaron.

Sólo menciona que de ocho recomendaciones emitidas por la CNDH entre 2007 y 2009, únicamente hay un oficial y cuatro elementos de tropa a quienes se les sentenció en la justicia civil.

Se trata del llamado caso Castaños, en el que una veintena de militares fueron acusados de violar a 14 trabajadoras sexuales y bailarinas de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, en el municipio de Castaños, en Coahuila.

Sin precisar, añade que sólo hay cuatro militares (dos oficiales y dos de tropa) incluidos en una investigación previa en integración; 40 (dos jefes, siete oficiales y 31 de tropa) están procesados bajo la jurisdicción militar y otros siete (un jefe, un oficial y 5 de tropa) han sido sentenciados por tribunales castrenses.

La Sedena hace una defensa de la aplicación del fuero castrense en los casos en los que hay civiles afectados, a pesar de las recomendaciones hechas por organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos para que el Estado mexicano lo modifique con el propósito de que los tribunales militares dejen de conocer esos casos.

“El fuero de guerra no implica ningún trato preferencial”, “está inscrito en la Constitución” y tiene el propósito de preservar la disciplina al interior del Ejército, dice en el aparatado sobre jurisdicción militar.

En particular, sale en defensa del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que es el que le permite la atracción de los casos donde hay civiles afectados por las acciones de los miembros del Ejército.

“Con fecha 25 de julio de 2010, (La Sedena) creó en su página web un vínculo denominado Derechos Humanos, como una medida orientada a difundir de manera eficaz y transparente las acciones de la secretaría”, señaló en un comunicado.