pearlnew
Bovino Milenario
- Desde
- 14 Ene 2010
- Mensajes
- 1.489
- Tema Autor
- #1
Pues creo que ya era hora de aceptar una reforma como esta,haber si no hay mucho "presuntos culpables",ojala salga algo bueno de esta ley en fin les dejo la nota...
La Cámara de Diputados aprobó con 309 votos a favor, reformas a la Ley antisecuestro, que establece cadena perpetua para los secuestradores que priven de la vida a su víctima durante la realización de ese acto criminal.
La sentencia será de 40 años de cárcel y la pena tendrá una sanción de 10 mil a 12 mil días multa a los autores o partícipes del secuestro en esas condiciones, señala el dictamen aprobado.
La Cámara baja aprobó una amplia reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la que se incorporará la prisión vitalicia, equivalente a la cadena perpetua.
En uno de los aspectos aprobados, se señala una pena de 35 años de la prisión vitalicia, y de 6 mil a 9 mil días de multa cuando se ejerzan “actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima de secuestro”.
De igual forma, la sanción corresponderá en el caso de que la víctima fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad o por enfermedad previa que no hubiera sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.
La diputada federal del PRD, Enoé Uranga, afirmó en que la reforma “cumplirá los ofrecimientos de campaña que hace el Partido Verde (PVEM), para un sector de la población que ha manifestado estar de acuerdo con la pena de muerte de los secuestradores”.
Los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas y Enrique Ibarra, afirmaron que se trata de una reforma que privilegia el odio y la venganza, e ignora los preceptos de rehabilitación social.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, del PRI, resumió que el dictamen aprobado concilia la persecución del delito del secuestro en un trabajo conjunto entre las autoridades federales y estatales.
Aseguró que en el dictamen se definen los conceptos como los tipos penales, las sanciones penales, la injerencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la precisión de que el Fondo de Apoyo a las Víctimas para las víctimas del delito de secuestro, la supresión del secuestro exprés, porque el secuestro, dijo el diputado, es o no lo es.
“De tal forma que el debate de fondo que se dio en la subcomisión es que más que expedir una Ley General que estableciere el monopolio de la Procuraduría General de la República en el combate al delito de secuestro se estableciera una Ley General que distribuyera las competencias que obligará a las autoridades federales y a la PGR y a las estatales a combatir de forma coordinada y uniforme al delito del secuestro”, detalló.
La ley en materia de secuestro busca establecer el tipo penal, sus modalidades, agravantes, atenuantes, sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a víctimas y ofendidos, la distribución de competencias entre órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del secuestro y formas de coordinación para la consecución de ese objeto, señala el dictamen.
FUENTE
La Cámara de Diputados aprobó con 309 votos a favor, reformas a la Ley antisecuestro, que establece cadena perpetua para los secuestradores que priven de la vida a su víctima durante la realización de ese acto criminal.
La sentencia será de 40 años de cárcel y la pena tendrá una sanción de 10 mil a 12 mil días multa a los autores o partícipes del secuestro en esas condiciones, señala el dictamen aprobado.
La Cámara baja aprobó una amplia reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la que se incorporará la prisión vitalicia, equivalente a la cadena perpetua.
En uno de los aspectos aprobados, se señala una pena de 35 años de la prisión vitalicia, y de 6 mil a 9 mil días de multa cuando se ejerzan “actos de tortura o violencia sexual en contra de la víctima de secuestro”.
De igual forma, la sanción corresponderá en el caso de que la víctima fallezca durante o después de su cautiverio por cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad o por enfermedad previa que no hubiera sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.
La diputada federal del PRD, Enoé Uranga, afirmó en que la reforma “cumplirá los ofrecimientos de campaña que hace el Partido Verde (PVEM), para un sector de la población que ha manifestado estar de acuerdo con la pena de muerte de los secuestradores”.
Los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas y Enrique Ibarra, afirmaron que se trata de una reforma que privilegia el odio y la venganza, e ignora los preceptos de rehabilitación social.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, del PRI, resumió que el dictamen aprobado concilia la persecución del delito del secuestro en un trabajo conjunto entre las autoridades federales y estatales.
Aseguró que en el dictamen se definen los conceptos como los tipos penales, las sanciones penales, la injerencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la precisión de que el Fondo de Apoyo a las Víctimas para las víctimas del delito de secuestro, la supresión del secuestro exprés, porque el secuestro, dijo el diputado, es o no lo es.
“De tal forma que el debate de fondo que se dio en la subcomisión es que más que expedir una Ley General que estableciere el monopolio de la Procuraduría General de la República en el combate al delito de secuestro se estableciera una Ley General que distribuyera las competencias que obligará a las autoridades federales y a la PGR y a las estatales a combatir de forma coordinada y uniforme al delito del secuestro”, detalló.
La ley en materia de secuestro busca establecer el tipo penal, sus modalidades, agravantes, atenuantes, sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a víctimas y ofendidos, la distribución de competencias entre órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del secuestro y formas de coordinación para la consecución de ese objeto, señala el dictamen.
FUENTE