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Bovino de la familia
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Jenaro Villamil
proceso.com.mx
6 Enero 2017
Antenas de telecomunicaciones. Foto: Marco Antonio Cruz
El gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a ser objeto de acusaciones de corrupción a raíz de una testificación jurada que realizó en diciembre último un directivo de la firma Deloitte Consulting en una corte de Estados Unidos. Esta empresa señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de haber incurrido en irregularidades en la licitación de la Red Compartida, concurso en el que resultó ganador el Consorcio Altán. Más aún, el directivo compareciente asegura que en 2015 un funcionario de la SCT le hizo la propuesta “ilegal” de prestarse para favorecer a una sola compañía. A su vez, la dependencia mexicana se apresta a responder ante los tribunales…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por si no le faltaran escándalos y acusaciones de corrupción y prácticas ilegales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pasado 20 de diciembre un alto directivo de la consultora estadunidense Deloitte declaró ante una corte de Virginia que la licitación de la Red Compartida, el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones del gobierno mexicano, está manchada por el interés de adjudicarle desde el principio a una sola empresa este plan de asociación público-privada que representará una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.
Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que en 2015 la SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Ese año Haan recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para que “ayudara” a que la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande (CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio Altán, y se evitara el concurso internacional.
El documento de más de 80 cuartillas con el interrogatorio completo de Brett Haan, distribuido por la empresa Rivada Networks, revela también que el 99% del proyecto que elaboró Deloitte es coincidente con la propuesta del grupo ganador, el Consorcio Altán. Asimismo, indica que tanto en el caso de CVG como en el de Consorcio Altán había fuertes inversiones privadas de capital chino que representaban “problemas de seguridad nacional”, dada la naturaleza del ambicioso proyecto de armar una red de telecomunicaciones mayorista que cubra el 85% del territorio mexicano.
En una de las partes medulares del interrogatorio, Haan citó un encuentro con Richard Keith, quien participó como consultor independiente de Deloitte en la elaboración del plan de negocios de la Red Compartida y después trabajó con Bank of America como asesor de esta institución para evaluar la propuesta de Consorcio Altán.
Keith detectó que la propuesta ganadora de Consorcio Altán y el plan de negocios que elaboró Deloitte para la SCT “sólo tenían un 1% de diferencia”. Haan declaró que esta afirmación se la hizo durante una cena en el restaurante Fiola Mare, de la ciudad de Washington.
Haan recordó también que en el mismo 2015, antes de que se lanzaran las bases de licitación de la Red Compartida, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en presencia de Mario Góngora, quien fue director general en la dependencia. Aseguró que en esa reunión Aspe coincidió en la necesidad de ir por una oferta internacional con varias propuestas.
“Después de este encuentro, no en presencia de Aspe, Mario Góngora me dijo que ellos querían seleccionar sólo a CVG”, afirmó Haan ante el juez, y añadió que Góngora le hizo otra propuesta para que simulara asesorar a McKinsey y Bain con errores claros para descalificarlos. “Le refuté que esto era ilegal. Él sólo se encogió de hombros”, indicó.
SCT prepara un litigio internacional
Las revelaciones del directivo de Deloitte contenidas en esta declaración jurada ante una corte de Virginia provocaron una airada reacción de la SCT. A través de un comunicado de prensa emitido el mismo 20 de diciembre, la dependencia dirigida por Gerardo Ruiz Esparza anunció que iniciará acciones legales en contra del consorcio perdedor, Rivada Networks, y en contra de su directivo Declan Ganley, quienes han denunciado públicamente que la licitación de la Red Compartida estuvo plagada de irregularidades y de presuntas prácticas ilegales.
Según su comunicado, la SCT ya contrató al despacho estadunidense de Jones Day para reclamar los daños ocasionados por los señalamientos de Rivada Networks y de Ganley. La dependencia argumentó que después de que esta empresa fue descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de pesos de garantía, emprendió una campaña para justificar su incumplimiento.
“Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, puntualizó la SCT y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden desprestigiar” a México y a su gobierno.
Paradójicamente, la SCT no negó ni el contrato con Deloitte por 5.2 millones de dólares ni que Mario Góngora hubiera trabajado como funcionario bajo las órdenes de Mónica Aspe. Sólo aclaró que éste “dejó de trabajar desde 2015” para la SCT y, “por lo tanto, en el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna” en el proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes.
La SCT admitió haber firmado un contrato con Deloitte, pero argumentó que éste concluyó un año antes de la licitación y la secretaría “no utilizó ningún plan de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar las propuestas participantes”.
Hasta ahora, la SCT no ha explicado entonces por qué pagó 5.2 millones de dólares a Deloitte si no utilizó su documento. Tampoco ha dado acceso al documento original de la consultoría de Deloitte para contrastarlo con el plan de negocios del Consorcio Altán.
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6 Enero 2017
Antenas de telecomunicaciones. Foto: Marco Antonio Cruz
El gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a ser objeto de acusaciones de corrupción a raíz de una testificación jurada que realizó en diciembre último un directivo de la firma Deloitte Consulting en una corte de Estados Unidos. Esta empresa señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de haber incurrido en irregularidades en la licitación de la Red Compartida, concurso en el que resultó ganador el Consorcio Altán. Más aún, el directivo compareciente asegura que en 2015 un funcionario de la SCT le hizo la propuesta “ilegal” de prestarse para favorecer a una sola compañía. A su vez, la dependencia mexicana se apresta a responder ante los tribunales…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por si no le faltaran escándalos y acusaciones de corrupción y prácticas ilegales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pasado 20 de diciembre un alto directivo de la consultora estadunidense Deloitte declaró ante una corte de Virginia que la licitación de la Red Compartida, el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones del gobierno mexicano, está manchada por el interés de adjudicarle desde el principio a una sola empresa este plan de asociación público-privada que representará una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.
Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que en 2015 la SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Ese año Haan recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para que “ayudara” a que la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande (CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio Altán, y se evitara el concurso internacional.
El documento de más de 80 cuartillas con el interrogatorio completo de Brett Haan, distribuido por la empresa Rivada Networks, revela también que el 99% del proyecto que elaboró Deloitte es coincidente con la propuesta del grupo ganador, el Consorcio Altán. Asimismo, indica que tanto en el caso de CVG como en el de Consorcio Altán había fuertes inversiones privadas de capital chino que representaban “problemas de seguridad nacional”, dada la naturaleza del ambicioso proyecto de armar una red de telecomunicaciones mayorista que cubra el 85% del territorio mexicano.
En una de las partes medulares del interrogatorio, Haan citó un encuentro con Richard Keith, quien participó como consultor independiente de Deloitte en la elaboración del plan de negocios de la Red Compartida y después trabajó con Bank of America como asesor de esta institución para evaluar la propuesta de Consorcio Altán.
Keith detectó que la propuesta ganadora de Consorcio Altán y el plan de negocios que elaboró Deloitte para la SCT “sólo tenían un 1% de diferencia”. Haan declaró que esta afirmación se la hizo durante una cena en el restaurante Fiola Mare, de la ciudad de Washington.
Haan recordó también que en el mismo 2015, antes de que se lanzaran las bases de licitación de la Red Compartida, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en presencia de Mario Góngora, quien fue director general en la dependencia. Aseguró que en esa reunión Aspe coincidió en la necesidad de ir por una oferta internacional con varias propuestas.
“Después de este encuentro, no en presencia de Aspe, Mario Góngora me dijo que ellos querían seleccionar sólo a CVG”, afirmó Haan ante el juez, y añadió que Góngora le hizo otra propuesta para que simulara asesorar a McKinsey y Bain con errores claros para descalificarlos. “Le refuté que esto era ilegal. Él sólo se encogió de hombros”, indicó.
SCT prepara un litigio internacional
Las revelaciones del directivo de Deloitte contenidas en esta declaración jurada ante una corte de Virginia provocaron una airada reacción de la SCT. A través de un comunicado de prensa emitido el mismo 20 de diciembre, la dependencia dirigida por Gerardo Ruiz Esparza anunció que iniciará acciones legales en contra del consorcio perdedor, Rivada Networks, y en contra de su directivo Declan Ganley, quienes han denunciado públicamente que la licitación de la Red Compartida estuvo plagada de irregularidades y de presuntas prácticas ilegales.
Según su comunicado, la SCT ya contrató al despacho estadunidense de Jones Day para reclamar los daños ocasionados por los señalamientos de Rivada Networks y de Ganley. La dependencia argumentó que después de que esta empresa fue descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de pesos de garantía, emprendió una campaña para justificar su incumplimiento.
“Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, puntualizó la SCT y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden desprestigiar” a México y a su gobierno.
Paradójicamente, la SCT no negó ni el contrato con Deloitte por 5.2 millones de dólares ni que Mario Góngora hubiera trabajado como funcionario bajo las órdenes de Mónica Aspe. Sólo aclaró que éste “dejó de trabajar desde 2015” para la SCT y, “por lo tanto, en el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna” en el proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes.
La SCT admitió haber firmado un contrato con Deloitte, pero argumentó que éste concluyó un año antes de la licitación y la secretaría “no utilizó ningún plan de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar las propuestas participantes”.
Hasta ahora, la SCT no ha explicado entonces por qué pagó 5.2 millones de dólares a Deloitte si no utilizó su documento. Tampoco ha dado acceso al documento original de la consultoría de Deloitte para contrastarlo con el plan de negocios del Consorcio Altán.
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