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A fin de cuentas, bajo la débil excusa del impedimento jurídico para solicitar la cadena nacional y así transmitir el debate de los presidenciables, el Instituto Federal Electoral demostró una vez más que se encuentra a remota distancia de ser la autoridad idónea para sacar adelante el proceso electoral en un marco de transparencia, legitimidad, equidad y paz, aunque, por cierto, la pacificación no es tarea de una sola instancia cuando de elecciones se trata.
Uno de los elementos más tristemente llamativos esta vez es la lucha del IFE contra las televisoras, empresas que están ratificando lo que ya se sabía: su desdén por el interés nacional, junto con la participación en política sólo cuando así convenga a sus muy particulares objetivos.
Parece reiterativo seguir señalando el penoso papel de las autoridades electorales en un país donde debe fomentarse la cultura política; sin embargo, tendrán que soportar el embate de los medios si no corrigen esta mala actuación inicial, porque esto apenas comienza y ya están dando abundante material para crítica.
Si sólo fuera la cuestión del debate, con todo y esa incapacidad para someter o negociar con las principales televisoras, se podría ser más optimista respecto a su actuación como árbitro electoral, pero están también las inconformidades por el "spoteaje", el poco interés de la gente por ser funcionarios de casilla, dudas sobre la confidencialidad del padrón electoral -versiones aseguran que se vende este padrón en quince mil pesos en Tepito- y reparto indiscriminado de despensas y otros "elementos de persuasión" entre segmentos sociales tan pobres, que con ese incentivo cederán su voto a quien sea.
Tiene que vigilar también muy estrechamente que sean respetados los tiempos de fin de campañas, cuando ciertos candidatos quieren seguir promocionándose por "abajo del agua". O sea, muchos asuntos que atender y poca confianza ciudadana en que realmente lo harán.
En cuanto a las televisoras, Televisa no dejará de transmitir su programación habitual dominguera y dispuso el canal 5 para pasar el debate, mientras que TV Azteca de plano negó sus tres canales, el 7, 13 y 40.
No se trata de imponer a la audiencia el debate de quienes aspiran a la presidencia, porque tal disposición es sólo propia de regímenes autoritarios, sino de obligar a estas empresas a ofrecer el programa como opción para la teleaudiencia, lo cual no ocurrirá.
Así las cosas, el debate programado para este domingo a las ocho de la noche no estará disponible para la mayoría de los mexicanos, quienes son acaparados en un 70 por ciento por los canales 2 y 13, de Televisa y TV Azteca respectivamente.
Mientras esto ocurre en nuestro país, en Francia, a cuatro días de la segunda ronda de elecciones, seis canales de televisión se encadenaron para dar paso al debate por la presidencia, con duración de tres horas, e incluso las principales emisoras radiofónicas se unieron a la transmisión.
Allá el criterio dominante fue el muy alto interés de que los franceses razonen su voto en favor de quien será su próximo mandatario; aquí, parece que el objetivo fue evitar mostrar las debilidades de los cuatro que aspiran a gobernar México.
Son los poderes fácticos actuando sin tapujos, sin que nadie se los impida. Y pensar en aquella satanización hacia Andrés Manuel López Obrador cuando soltó la frase de "al diablo con las instituciones", en referencia a estas mismas autoridades electorales y a otras. La realidad es que pocas de ellas se conducen de acuerdo con las actuales necesidades de los mexicanos y el Instituto Federal Electoral es una de las más cuestionadas, a pesar de su gran infraestructura y presupuesto. A partir de su creación tras los comicios de 1988, el IFE se ha quedado atrás y hoy no se puede asegurar que represente la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, lo cual es una pena a estas alturas de tan intensa lucha por ganar espacios democráticos en México.
Uno de los elementos más tristemente llamativos esta vez es la lucha del IFE contra las televisoras, empresas que están ratificando lo que ya se sabía: su desdén por el interés nacional, junto con la participación en política sólo cuando así convenga a sus muy particulares objetivos.
Parece reiterativo seguir señalando el penoso papel de las autoridades electorales en un país donde debe fomentarse la cultura política; sin embargo, tendrán que soportar el embate de los medios si no corrigen esta mala actuación inicial, porque esto apenas comienza y ya están dando abundante material para crítica.
Si sólo fuera la cuestión del debate, con todo y esa incapacidad para someter o negociar con las principales televisoras, se podría ser más optimista respecto a su actuación como árbitro electoral, pero están también las inconformidades por el "spoteaje", el poco interés de la gente por ser funcionarios de casilla, dudas sobre la confidencialidad del padrón electoral -versiones aseguran que se vende este padrón en quince mil pesos en Tepito- y reparto indiscriminado de despensas y otros "elementos de persuasión" entre segmentos sociales tan pobres, que con ese incentivo cederán su voto a quien sea.
Tiene que vigilar también muy estrechamente que sean respetados los tiempos de fin de campañas, cuando ciertos candidatos quieren seguir promocionándose por "abajo del agua". O sea, muchos asuntos que atender y poca confianza ciudadana en que realmente lo harán.
En cuanto a las televisoras, Televisa no dejará de transmitir su programación habitual dominguera y dispuso el canal 5 para pasar el debate, mientras que TV Azteca de plano negó sus tres canales, el 7, 13 y 40.
No se trata de imponer a la audiencia el debate de quienes aspiran a la presidencia, porque tal disposición es sólo propia de regímenes autoritarios, sino de obligar a estas empresas a ofrecer el programa como opción para la teleaudiencia, lo cual no ocurrirá.
Así las cosas, el debate programado para este domingo a las ocho de la noche no estará disponible para la mayoría de los mexicanos, quienes son acaparados en un 70 por ciento por los canales 2 y 13, de Televisa y TV Azteca respectivamente.
Mientras esto ocurre en nuestro país, en Francia, a cuatro días de la segunda ronda de elecciones, seis canales de televisión se encadenaron para dar paso al debate por la presidencia, con duración de tres horas, e incluso las principales emisoras radiofónicas se unieron a la transmisión.
Allá el criterio dominante fue el muy alto interés de que los franceses razonen su voto en favor de quien será su próximo mandatario; aquí, parece que el objetivo fue evitar mostrar las debilidades de los cuatro que aspiran a gobernar México.
Son los poderes fácticos actuando sin tapujos, sin que nadie se los impida. Y pensar en aquella satanización hacia Andrés Manuel López Obrador cuando soltó la frase de "al diablo con las instituciones", en referencia a estas mismas autoridades electorales y a otras. La realidad es que pocas de ellas se conducen de acuerdo con las actuales necesidades de los mexicanos y el Instituto Federal Electoral es una de las más cuestionadas, a pesar de su gran infraestructura y presupuesto. A partir de su creación tras los comicios de 1988, el IFE se ha quedado atrás y hoy no se puede asegurar que represente la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, lo cual es una pena a estas alturas de tan intensa lucha por ganar espacios democráticos en México.
