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Juan Luis García Hernández
agosto 11, 2017
El desplome en los niveles de aprobación ciudadana del Presidente Enrique Peña Nieto es el principal obstáculo para las aspiraciones de su partido en el 2018, coinciden académicos e integrantes de organizaciones civiles.
Sin embargo, afirman, más jinetes cabalgan en este escenario de apocalipsis priista: la impunidad rampante en el sexenio, que a su vez genera corrupción; las crecientes pobreza y desigualdad; el fracaso de la estrategia económica para lograr un crecimiento adecuado, y las constantes amenazas de Donald Trump sobre el país refuerzan las causas que provocaron la caída de la popularidad del Primer Mandatario, cuyo “Mover a México”, destacan, resultó un fracaso.
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Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto representa en este momento el principal obstáculo para las aspiraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones de 2018, coincidieron académicos, politólogos y representantes de la sociedad civil, quienes también coinciden en que otros de los jinetes del apocalipsis priista en este sexenio son la impunidad, que genera la enorme corrupción y violencia que se vive en el país; el fracaso económico y, por consiguiente el aumento de la pobreza y la desigualdad, además de las constantes y variadas amenazas de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, a quien la actual administración priista no ha podido responder con fortaleza.
En casi cinco años de la gestión del Presidente Peña Nieto, los escándalos de corrupción ligadas a funcionarios públicos, particularmente, han sido una constante. Pero fue en los primeros dos años de su administración cuando más dañaron su imagen, dijo Marco Antonio Arellano Toledo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Sin lugar a dudas uno de los grandes retos del PRI es plantear cómo distanciarse de este Gobierno, que a todas luces lo opaca y entorpece, pues no hay que dejar de mencionar que el Presidente es parte del mismo”, expuso Arellano Toledo.
Desde la perspectiva del politólogo, el PRI se encuentra en un impase de cara al 2018 en el que todavía no se ha decidido si respaldar a Peña Nieto o desmarcarse del Presidente. Las dudas podrían resolverse este fin de semana, cuando el PRI concluya su Asamblea Nacional para discutir la ruta electoral del próximo año.
Peña Nieto inició su gestión con el 54 por ciento de la aprobación popular, de acuerdo con la encuestadora Consulta Mitofsky, y hacia mayo de este año ya rondaba en 17 por ciento.
Pero, ¿qué factores llevaron a la debacle de la imagen presidencial?
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LA CORRUPCIÓN
Los escándalos de corrupción desbalancearon la aprobación con la que Peña Nieto contaba al inicio de su sexenio, coincidieron especialistas. Particularmente, coincidieron, su imagen quedo seriamente dañada tras el escándalo de la “casa blanca”, dado a conocer por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui en noviembre del 2014.
La propiedad valuada en alrededor de 7 millones de dólares [alrededor de 122 millones de pesos, al valor actual] estaba registrada a nombre de su esposa Angélica Rivera Hurtado, y su construcción fue realizada por Grupo Higa, uno de los principales contratistas del Gobierno federal, y del Gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto fue Gobernador de esa entidad.
“Y luego vino la fallida explicación de la Primera Dama, casi de regaño, sobre lo inexplicable de los bienes de la pareja presidencial, conforme a sus atribuciones salariales”, recordó Marco Antonio Fernández Martínez, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y también investigador asociado de la organización civil México Evalúa, un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental con el propósito de elevar la calidad de sus resultados y también señalar irregularidades.
Peña Nieto mismo nombró como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Virgilio Andrade Martínez, un funcionario con una amistad añeja con Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a realizar una investigación sobre el tema de la “casa blanca” y, como temían los expertos en transparencia y rendición de cuentas, se concluyó con la exoneración del Presidente y de su esposa, así como del propio Videgaray Caso, también ligado a la compra de una residencia a Grupo Higa en Malinalco, Estado de México.
“Aunque es difícil establecer qué porcentaje de la caída en la aprobación del Presidente depende de la corrupción, es posible señalar que la corrupción ha crecido en todas las encuestas como el principal problema del país. La sociedad mexicana cada vez tiene más claro que detrás de la baja calidad educativa, servicios públicos deficientes, desabasto de medicamentos e incluso violaciones a derechos humanos, la corrupción aparece como el problema de raíz”, destacó Eduardo Bohórquez, presidente de la organización civil Transparencia Mexicana.
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LA IMPUNIDAD
Sobre la impunidad, los especialistas consultados por este diario digital coincidieron en que los ejemplos sobran y, por desgracia, se presentan a diario en el país.
Sin embargo afirmaron que, a nivel nacional y particularmente en el plano internacional, la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue la que marcó este sexenio en términos de la debilidad del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos, un tema que se le reclama al Presidente Peña Nieto y al Gobierno federal priista en prácticamente todo el mundo.
En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se fraguó la desaparición de los 43 normalistas de la también llamanda Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Ese mismo 27 de septiembre, la noticia le dio la vuelta al mundo.
Pese a que los primeros señalamientos recayeron sobre las autoridades locales de los municipios de Iguala y Cocula, así como del entonces Gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero, el Presidente Enrique Peña Nieto fue señalado como responsable por los padres de los normalistas: primero, por su largo silencio evitando tocar el tema, que tuvo repercusión en el mundo entero, y luego por las probadas anomalías de la investigación.
“El Presidente se llevó el costo de este caso por la lenta actuación de las autoridades de justicia y por dar la impresión de que estuvo tratando de proteger implicados”, dijo Fernández Martínez.
En enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el también priista Jesús Murillo Karam, anunció la llamada “verdad histórica” en la que supuestamente los normalistas fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
De inmediato los padres rechazaron la versión, y más tarde la llegada del Grupo Internacional de Expertos Independientes desnudaría, con base a un peritaje, la imposibilidad de la versión, además de diversas anomalías en la investigación como supuesta siembra de evidencia y el sometimiento a tortura a los acusados, lo que renovó el escándalo internacional y también la tensión del Gobierno de México con organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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