Por Denise Dresser


“Habló demasiado”, es el mensaje colocado encima de un cuerpo sin cabeza. “Para que aprendan a respetar”, dice el letrero pegado a un torso sin brazos. “Te lo merecías”, dice la nota dejada al lado de un hombre torturado. En las plazas y en las calles y en los lotes baldíos y ante las puertas de un cuartel del Ejército.

En Apatzingán y en Zitácuaro y en Morelia y en Tierra Caliente.
Muestras de la caligrafía del crimen, ejemplos de la sintaxis del silenciamiento, señales del surgimiento de un estado paralelo en Michoacán y microcosmos de lo que también ocurre en otros lugares de la república. Esos sitios donde no gobierna el Gobierno, sino “La Familia”; donde no se aplica la ley, sino la regla de “plata o plomo”; donde antes que hablarle a un policía en busca de protección, la ciudadanía prefiere que un cártel la provea.

Ante ello, la futilidad de una guerra mal librada contra un Estado paralelo, descrita de manera magistral en el artículo reciente de William Finnegan en The New Yorker.
Historia tras historia de secuestros, extorsiones, torturas, asesinatos, robos, corrupción, desempleo, y el simple temor de salir a las calle.
Historia tras historia de lo que significa vivir en un municipio asediado, en un estado capturado, bajo el mando de una fuerza paralela a la del Gobierno que se ha convertido —como dice un maestro de Zitácuaro— en “segunda ley”.
A pesar de los 50 mil soldados en las carreteras. A pesar de los 20 mil policías federales en las calles. A pesar de los 23 mil muertos debido a la narcoviolencia en los últimos tres años. Sindicatos criminales como “La Familia” crecen y controlan, deciden y se diversifican. Si alguien necesita cobrar una deuda, recurre a ellos. Si alguien necesita protección, se la pide a ellos.
Gracias a los “soldados” que ha logrado formar, a los jóvenes que ha podido reclutar, a la base social que ha logrado forjar. Los campesinos que antes cultivaban melones y ahora siembran mariguana.

Los ejidatarios que antes exportaban sorgo y ahora transportan cocaína. Los trabajadores que antes emigraban a Estados Unidos en busca de movilidad social y ahora saben que un cártel la asegurará. Los Ni Ni’s que ni estudian ni trabajan y llenan las filas de un ejército que les paga muy bien. “La Familia” no sólo ofrece empleo a quienes lo necesitan. También construye escuelas, organiza fiestas, cobra impuestos, disciplina adolescentes, y regala canchas de basquetbol. Se erige en árbitro de la paz social. Cultiva lealtades y echa raíces. Para sus miles de beneficiarios, la cruzada de Felipe Calderón no es una salvación sino una agresión.
Según Fernando Gómez Mont, la anuencia social ante los cárteles es producto del “Síndrome Estocolmo”: la tendencia de los torturados a sentir empatía con sus torturadores, la propensión de los secuestrados a sentir simpatía por sus secuestradores. Pero quizás la aquiescencia refleja algo más profundo y más difícil de encarar. La transición democrática acaba con la “Pax Mafiosa” que el PRI había pactado con el crimen organizado. La democracia entraña el fin de viejos acuerdos y el principio de nuevas rivalidades entre grupos que el poder central ya no es capaz de controlar. Y por ello surge un vacío que los cárteles pueden llenar ante la impotencia y la incapacidad del Gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. El crimen organizado comienza a suplir las deficiencias del Estado. Cuando la población no cree en la policía o en las cortes, los criminales juegan ese papel.
Cuando el Estado no puede ofrecer seguridad o empleo o cobertura médica o rutas para el ascenso social o bienes públicos, los cárteles empiezan a hacerlo. Como les explica una michoacana y madre soltera a Finnegan: “Tengo un número al que hablo.
Si tengo un problema, si alguien me está amenazando, si alguien está tratando de robar mi carro, sólo les llamo y mandan a un policía. La policía trabaja para ellos (los narcos)”. Fernando Gómez Mont argumenta que los criminales están perdidendo “cobertura institucional”, cuando ya han logrado poner a las instituciones a su servicio.

Es precisamente por ello que 59 por ciento de los mexicanos —según una encuesta reciente— no cree que Felipe Calderón vaya ganando la guerra que hace tres años declaró.

Ganarla requeriría, como lo ha subrayado Edgardo Buscaglia del ITAM, una guerra menos centrada en la aprehensión de los cabecillas y más en la incautación de sus bienes. Requeriría una guerra menos enfocada a matar capos y más a mermar sus finanzas.

Requeriría no sólo el combate militar, sino también una estrategia financiera para confiscar cuentas y combatir frontalmente la corrupción en las cortes y en las presidencias municipales y en las gubernaturas y en cada pasillo del poder. Si no, por cada criminal aprehendido, habrá un criminal liberado. Por cada líder extraditado, habrá otro que lo reemplace. Por cada narcotraficante capturado, habrá otro entre los millones de desempleados en el país que lo sustituirá. Y México continuará siendo un lugar donde si no entregas la plata, alguien te dispara el plomo.

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