El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) subrayó que los indígenas continúan siendo segregados por su origen étnico, color de piel, diferencias culturales, forma de vestir o de hablar.

En entrevista, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, agregó que existen obligaciones legales en relación con los pueblos indígenas cuyo cumplimiento no debe postergarse.

Consideró que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a celebrarse el 21 de marzo, es una oportunidad para reconocer que hoy en día los pueblos indígenas atraviesan un fenómeno de discriminación múltiple en México.

Se trata, dijo, de un tema poco visible y por ende no se asume la gravedad de los efectos que tiene la discriminación racial para las personas indígenas.

Recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó ese día a nivel mundial en razón de que el 21 de marzo de 1960, en la comunidad de Sharpeville, Sudáfrica, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del Apartheid.

Bucio Mújica expuso que fenómenos sociales como la migración, pobreza, exclusión, marginación social y la discriminación por género agravan la situación de racismo o xenofobia contra las personas y grupos sociales como migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros.

Destacó que el reconocimiento al derecho de la no discriminación por origen étnico está signado en varios instrumentos normativos, comenzando por el Artículo primero constitucional, y se han creado instituciones y políticas públicas que atienden a los pueblos originarios.

Sin embargo, destacó, la distinción negativa por color, linaje u origen nacional está aún presente en la sociedad y se traduce en la negación de derechos.

Bucio Mújica señaló que de acuerdo con la más reciente medición de la pobreza multidimensional del Coneval, casi 40 por ciento de la población indígena está en ese nivel y el 36 en pobreza moderada.

En materia de acceso a la justicia, añadió, los miembros de comunidades indígenas se encuentran en situación de desventaja y vulnerabilidad frente al resto de la población, entre otras causas, por no hablar o entender el castellano y no contar con un intérprete en su lengua materna.

Citó como ejemplo el caso de las mujeres de la etnia ñha-ñhú Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de prisión, y cuyo expediente ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad en su conjunto y a las instituciones públicas a ser conscientes de los efectos que la discriminación racial tiene en México y que afecta mayormente a pueblos y comunidades indígenas y a los migrantes latinoamericanos.

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