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Bovino de la familia
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El derribo del Castillo en Xochicuautla, la afrenta contra habitantes expuesta ante la ONU
Francesc Messeguer (@ElMesseguer)
Animal Político
septiembre 7 2016
Habitantes de Xochicuautla expusieron a un Grupo de la ONU que la demolición de una casa conocida como “el Castillo” fue un acto de intimidación, para que avanzara la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, de una filial de Grupo Higa.
El 11 de abril de 2016, cuando los hermanos Dulce y José García regresaron de la escuela, su casa ya no estaba.
Había sido derribada por maquinaria pesada, mientras su padre, el doctor Armando García Salazar —acompañado de varios vecinos de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla— observó, al resguardo de cientos de granaderos, cómo en cuestión de dos horas demolieron el patrimonio de su familia, un inmueble que tardaron más de 10 años en construir, y que era un símbolo de resistencia para su pueblo.
“Siempre de camino me fijaba en mi casa. Se veía desde lejos porque la casa era grande. La conocían todos como “El Castillo”, ya que tenía esa forma.
Esta casa no solamente era de nosotros, sino también de todos los que venían a apoyarnos en esta lucha. Era para compartirla, para cualquier evento o junta.Los colectivos que venían hacer actividades, las llevaban a cabo aquí”, cuenta Dulce García, hija de Armando, en entrevista con Animal Político.
Unas horas antes de la destrucción de la casa, representantes del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), acompañados de 600 policías estatales (según la organización defensora de derechos humanos Cencos), así como de miembros de la constructora Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., llegaron al lugar para “notificarle” al Dr. García la demolición de su casa, sin entregarle un documento con su nombre que acreditara la acción.
Ese fue el último día en el que Armando García Salazar se desempeñó como delegado de localidad, cargo que ocupó desde 2013, donde también buscó defender Xochicuautla de la construcción de la autopista.
“Ese día iba a entregar la delegación y alguien llegó y me dijo: ‘sabes qué, regrésate porque en tu casa ya están los granaderos’”, narra el médico.
Lo único que le mostraron al Dr. García fue una copia del decreto presidencial publicado el 9 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se acredita la expropiación de varias hectáreas de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, que se impulsa en el Estado de México desde 2007, —cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el estado— y es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V (Autovan), una empresa filial de Grupo Higa, en un área natural protegida por el gobierno mexicano desde los años 80.
De acuerdo con la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada.
A pesar de que el decreto expropiatorio menciona que llevó a cabo dicho ejercicio durante el mes de junio de este año, los habitantes de Xochicuautla aseguran que nunca se les consultó abiertamente y que hasta la fecha no saben quién participó en la reunión.
“De la expropiación no estábamos enterados. A nosotros nos llegó el aviso un 9 de julio de 2015, cuando salió en el Diario Oficial de la Federación. Pero un aviso de que ya estaba en proceso de expropiación, no. Porque las autoridades hicieron todo por debajo del agua. Yo como delegado nunca supe de las reuniones que tuvieron para llenar todos los requisitos de la expropiación”, explica Armando García sobre cómo se enteró de que estaba en peligro de perder el terreno en el que se encontraba su casa.
Como Armando se negó a recibir la supuesta notificación el 11 de abril, las máquinas arrancaron y empezaron a tumbar la casa que él y su familia habitaron por apenas seis meses.
“Fue sin aviso, no nos dieron tiempo de sacar nuestras cosas. Todas nuestras pertenencias se quedaron bajo los escombros. No nada más es mi documentación, es la de toda mi familia. O sea, no tenemos nada. Y eso es lo triste, que te sacan de tu casa, prácticamente como si fueras un delincuente”, explica en entrevista con Animal Político.
La destrucción de la casa de la familia García es uno de los últimos capítulos del conflicto en la región, aunque no ha sido el único caso.
Por lo menos otras cinco viviendas han sido demolidas bajo los mismos argumentos, sólo que en el caso de “El Castillo” se trataba de un punto representativo.
Se trata de hechos que fueron expuestos al grupo de relatores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, con los que se reunieron el pasado domingo para exponer la lucha social y legal que han encabezado para evitar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
En la reunión con los relatores de la ONU, informaron que la destrucción de estas casas se dio a pesar de que en febrero de 2016 el Juzgado Quinto de Distrito con sede en la ciudad de Toluca otorgó una orden judicial (suspensión definitiva de amparo), para detener la construcción de la autopista, en tanto el juez resuelve el fondo del asunto. La suspensión fue solicitada por los pobladores a través de abogados defensores de los derechos humanos.
Bajo el argumento de que hay poca claridad sobre la ubicación de las tierras donde debía de suspenderse la construcción de la obra, los encargados de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan continuaron su curso, sin acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que señalan que la construcción de la carretera debe estar detenida.
Aun con esa restricción la casa de Armando García fue derribada ese día, hecho que ha sido denunciado por los habitantes de Xochicuautla como un intento por intimidar a la comunidad y a la resistencia que han presentado durante los años.
(CONTINÚA...)
Francesc Messeguer (@ElMesseguer)
Animal Político
septiembre 7 2016
Habitantes de Xochicuautla expusieron a un Grupo de la ONU que la demolición de una casa conocida como “el Castillo” fue un acto de intimidación, para que avanzara la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, de una filial de Grupo Higa.
El 11 de abril de 2016, cuando los hermanos Dulce y José García regresaron de la escuela, su casa ya no estaba.
Había sido derribada por maquinaria pesada, mientras su padre, el doctor Armando García Salazar —acompañado de varios vecinos de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla— observó, al resguardo de cientos de granaderos, cómo en cuestión de dos horas demolieron el patrimonio de su familia, un inmueble que tardaron más de 10 años en construir, y que era un símbolo de resistencia para su pueblo.
“Siempre de camino me fijaba en mi casa. Se veía desde lejos porque la casa era grande. La conocían todos como “El Castillo”, ya que tenía esa forma.
Esta casa no solamente era de nosotros, sino también de todos los que venían a apoyarnos en esta lucha. Era para compartirla, para cualquier evento o junta.Los colectivos que venían hacer actividades, las llevaban a cabo aquí”, cuenta Dulce García, hija de Armando, en entrevista con Animal Político.
Unas horas antes de la destrucción de la casa, representantes del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), acompañados de 600 policías estatales (según la organización defensora de derechos humanos Cencos), así como de miembros de la constructora Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., llegaron al lugar para “notificarle” al Dr. García la demolición de su casa, sin entregarle un documento con su nombre que acreditara la acción.
Ese fue el último día en el que Armando García Salazar se desempeñó como delegado de localidad, cargo que ocupó desde 2013, donde también buscó defender Xochicuautla de la construcción de la autopista.
“Ese día iba a entregar la delegación y alguien llegó y me dijo: ‘sabes qué, regrésate porque en tu casa ya están los granaderos’”, narra el médico.
Lo único que le mostraron al Dr. García fue una copia del decreto presidencial publicado el 9 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se acredita la expropiación de varias hectáreas de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, que se impulsa en el Estado de México desde 2007, —cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el estado— y es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V (Autovan), una empresa filial de Grupo Higa, en un área natural protegida por el gobierno mexicano desde los años 80.
De acuerdo con la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada.
A pesar de que el decreto expropiatorio menciona que llevó a cabo dicho ejercicio durante el mes de junio de este año, los habitantes de Xochicuautla aseguran que nunca se les consultó abiertamente y que hasta la fecha no saben quién participó en la reunión.
“De la expropiación no estábamos enterados. A nosotros nos llegó el aviso un 9 de julio de 2015, cuando salió en el Diario Oficial de la Federación. Pero un aviso de que ya estaba en proceso de expropiación, no. Porque las autoridades hicieron todo por debajo del agua. Yo como delegado nunca supe de las reuniones que tuvieron para llenar todos los requisitos de la expropiación”, explica Armando García sobre cómo se enteró de que estaba en peligro de perder el terreno en el que se encontraba su casa.
Como Armando se negó a recibir la supuesta notificación el 11 de abril, las máquinas arrancaron y empezaron a tumbar la casa que él y su familia habitaron por apenas seis meses.
“Fue sin aviso, no nos dieron tiempo de sacar nuestras cosas. Todas nuestras pertenencias se quedaron bajo los escombros. No nada más es mi documentación, es la de toda mi familia. O sea, no tenemos nada. Y eso es lo triste, que te sacan de tu casa, prácticamente como si fueras un delincuente”, explica en entrevista con Animal Político.
La destrucción de la casa de la familia García es uno de los últimos capítulos del conflicto en la región, aunque no ha sido el único caso.
Por lo menos otras cinco viviendas han sido demolidas bajo los mismos argumentos, sólo que en el caso de “El Castillo” se trataba de un punto representativo.
Se trata de hechos que fueron expuestos al grupo de relatores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, con los que se reunieron el pasado domingo para exponer la lucha social y legal que han encabezado para evitar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
En la reunión con los relatores de la ONU, informaron que la destrucción de estas casas se dio a pesar de que en febrero de 2016 el Juzgado Quinto de Distrito con sede en la ciudad de Toluca otorgó una orden judicial (suspensión definitiva de amparo), para detener la construcción de la autopista, en tanto el juez resuelve el fondo del asunto. La suspensión fue solicitada por los pobladores a través de abogados defensores de los derechos humanos.
Bajo el argumento de que hay poca claridad sobre la ubicación de las tierras donde debía de suspenderse la construcción de la obra, los encargados de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan continuaron su curso, sin acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que señalan que la construcción de la carretera debe estar detenida.
Aun con esa restricción la casa de Armando García fue derribada ese día, hecho que ha sido denunciado por los habitantes de Xochicuautla como un intento por intimidar a la comunidad y a la resistencia que han presentado durante los años.
(CONTINÚA...)