PERE RUSIÑOL - MADRID - 24/08/2009 08:00
Los directivos de Shell decidieron hace un par de meses pagar 11 millones de euros por la muerte de nueve activistas ogonis que en 1995 protestaban por la actividad de la compañía petrolera en el Delta del Níger. Shell proclamó su inocencia y pagó para evitar el juicio.
También este año, Pfzizer ha abonado 55 millones por la muerte de 11 niños en Nigeria en un supuesto experimento para probar un medicamento. La farmacéutica lo niega, pero al pagar evitó el juicio.
La amenaza de un tribunal internacional persigue siempre a políticos y militares por mucho que estén dispuestos a pagar indemnizaciones, pero hasta ahora no afectaba a los ejecutivos. Sin embargo, el debate para incluirles ya está lanzado: dos relatores de la ONU el finlandés Martin Scheinin, para derechos humanos, y el austriaco Manfred Nowak, para la tortura han redactado sendas propuestas articuladas para crear una Corte Mundial que juzgue también a las multinacionales.
Es la primera vez que se redacta un proyecto así por parte de expertos de Naciones Unidos y se ha hecho por partida doble. Los documentos responden a un encargo de la llamada Iniciativa Suiza, dirigida por la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, con el objetivo de fijar los objetivos más apremiantes en este campo.
El proyecto de Scheinin
El proyecto de Scheinin consta de 63 artículos y está precedido de 22 preguntas para explicar la necesidad de crear esta nueva institución.
"Hace mucho que la sociedad civil pide un proyecto así y es muy importante que proceda de Naciones Unidas", explica Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y autor de la monumental 1.000 páginas Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa.
"Es muy importante que un proyecto así proceda de Naciones Unidas"
La posición oficial de la ONU es mucho más cauta, pero los documentos de Scheinin y Nowak reabren el debate en la institución. La postura oficial remite a Global Compact, unos principios a los que se adhieren voluntariamente las empresas con la promesa de respetarlos, sin ninguna fiscalización. Hay 6.000 compañías anotadas, incluyendo muchas que están en la lista negra de las ONG.
"Nuestra vía es la voluntaria y, sin ser perfecta, ha funcionado porque las empresas han ido entendiendo que les conviene respetar unos principios", opina Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, la marca aquí de Global Compact.
Jesús Carrion, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya, se muestra en cambio muy crítico con los códigos voluntarios porque "en la práctica permiten a las empresas evitar la auténtica fiscalización".
"Necesitamos códigos internacionales vinculantes y un tribunal que pueda juzgar los incumplimientos", sostiene Carrion, que considera que las propuestas de Sheinin y Nowak "abren un camino".
Gonzalo Boyé, abogado que lleva causas de jurisdicción universal sobre Gaza y Guantánamo, considera que un tribunal que juzgue también a empesas es el "paso lógico" tras los avances ya conseguidos.
http://www.publico.es/internacional/245888/onu/plantea/tribunal/juzgar/multinacionales
