La guerra en contra del narcotráfico está perdida de antemano. No se trata sólo de la absurda y tonta estrategia contra de delincuencia organizada que desató Felipe Calderón como una maniobra para buscar la legitimidad política que no ganó en las urnas. Esta batalla la ha perdido Calderón de cabo a rabo como lo dejan ver diversas encuestas. Una de ellas indica que más de la mitad de los mexicanos estaría de acuerdo en establecer un acuerdo con los narcos a fin de terminar la violencia.

La guerra contra el narcotráfico está perdida no sólo por eso, sino también porque la impunidad que impera en el país no es una deficiencia o falta de maduración de la democracia mexicana, sino un componente esencial para que funcione el sistema político que legitima el orden capitalista imperante.

Las cifras indican que la impunidad es la regla y no excepción en México. En los tres primeros años del gobierno de Calderón, se detuvo a 226,667 personas relacionadas con el narcotráfico, pero únicamente 4 por ciento fue sentenciado por dicho delito; el resto o eran inocentes o se procesaron de manera indebida (Público, 19 enero 2011).

Si de verdad la clase política quisiera terminar con la impunidad, empezarían por ellos mismos. ¿No ha habido secretarios de estado y presidentes que protegen y por lo tanto son socios del negocio del narcotráfico?

Pero en el fondo, la guerra contra el narcotráfico no está perdida sólo por la corrupción intrínseca de la clase política.

Hay que buscar la explicación en otro lado. La guerra contra el narcotráfico está perdida porque la emergencia de esta actividad está más bien relacionada con la crisis del Estado mexicano y de su clase política que ha sido incapaz en las últimas tres décadas de responder a las demandas y necesidades de la sociedad mexicana. Hay un desfase abismal y creciente entre lo que dicen los políticos, los partidos y las instituciones en sus discursos y lo que vemos en la realidad.

Los políticos hablan de democracia, de empleos, de oportunidades, de justicia, de desarrollo y de progreso.

El proyecto de vida que ofreció el desarrollismo mexicano, el ascenso social para aquellas familias de padres trabajadores que enviaban a sus hijos a la escuela, está destrozado y es un fracaso.

En lugar del sueño del ascenso social, las clases dirigentes han creado un país más injusto y desigual.

El horizonte de vida que se impone para la mayoría de los mexicanos implica, a lo más, incorporarse al mercado laboral como fuerza de trabajo asalariada, con ingresos cada vez más reducidos, con menos prestaciones sociales y con más años de trabajo para aspirar al llegar a la tercera edad a recibir una mísera jubilación.

En el campo, las familias enfrentan cada vez más situaciones de despojo y aumento desmesurado de las cargas de trabajo para salir adelante.

El cuadro para millones de jóvenes mexicanos es desolador: bajo la envoltura de desarrollo y progreso se les pide que se metan durante los próximos 35 años ocho horas diarias a una fábrica para ganar salarios de miseria.

En conjunto, el proyecto de “desarrollo y progreso” de las clases gobernantes mexicanas se reduce a más despojo y más explotación. A cambio, quieren que sigamos enriqueciendo a un puñado de familias de empresarios, que toleremos los excesos de políticos y todavía que sigamos legitimando su sistema yendo a votar cada tres años.

Esto es lo que ofrece el proyecto capitalista para México, es el mismo proyecto que con matices ofreció antes el priismo autoritario y ahora ofrecen los gobiernos de alternancia del PRI, PAN y PRD.

¿Quién quiere ese futuro para ellos y sus hijos? Cada vez menos personas. Por eso las salidas que los de arriba llaman informales se multiplican por todo el país. La economía callejera, la piratería, el abstencionismo, la falta de participación en partidos, e incluso el ingreso a las actividades delictivas, no son como creen muchos académicos y activistas progresistas, respuestas apáticas e inconscientes. Son otro tipo de respuestas que deben ser leídas desde abajo para darles su lugar. Junto a las salidas informales se van construyendo, además, relaciones de solidaridad y reciprocidad que van haciendo fisuras al capitalismo mexicano.

En suma, la lucha contra delincuencia organizada está perdida de antemano porque el proyecto capitalista está en crisis y es incapaz siquiera de ofrecer una ilusión de progreso o mejoría a la mayoría de los mexicanos.

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