Ricardo Luévano
Artículo 19
Agosto 4, 2017

El gobierno federal se ha gastado en 6 años de publicidad oficial el presupuesto equivalente a la compra de todos los medicamentos que requiere el Sector Salud en el país durante un año.


Habría que tomar un analgésico por cada spot televisivo en los que el gobierno hace referencia a una súper carretera terminada, al amor que le debemos a la patria o a los compromisos cumplidos y firmados ante notario público. El descrédito de las instituciones frente al ciudadano contrasta con estas promociones y, para mantenerlas en nuestro televisor durante seis años, se han gastado el presupuesto equivalente a la compra de todos los medicamentos que requiere el Sector Salud en el país durante un año.

Se dice con escarnio que hay más espectaculares del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunciando su libro que lectores que pasen de la página dos, o que la cara de Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, es más conocida en la Ciudad de México por sus mensajes en paradas de camión que en el bonito Palenque. La promoción de los gobernadores por medio de la comunicación social es inconstitucional y hace uso de recursos aprobados con fines informativos, educativos o de orientación social: de ninguna forma puede tolerarse su uso como plataforma electoral.

La comunicación social no está asociada a los gastos en los procesos electorales que fiscaliza el INE o se obtienen de privados, ya que en las elecciones esos montos pueden ser utilizados por los partidos políticos durante las precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos e incluyen la propaganda electoral, la publicidad (no oficial), la realización de eventos públicos, anuncios o la producción de mensajes para radio y televisión, etc.

El legislativo federal, desde 2007, dejó muy claro en el artículo 134 de la Constitución Mexicana que la propaganda que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso, la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

La comunicación social o publicidad oficial -conocida así por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- tiene principios convencionales que señalan que ésta debe regularse con leyes especiales, claras y precisas, objetivos legítimos, criterios en la distribución de la pauta informativa, una planificación adecuada de la distribución de los recursos, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, un control externo de la asignación publicitaria y un enfoque que aporte al pluralismo informativo.

En junio de 2012, Enrique Peña Nieto se comprometió -en una columna publicada en diversos medios de comunicación– a regular este gasto, pero no ha sido así. El Estado mexicano, según los datos ofrecidos por la Secretaría de la Función Pública [ i], se ha gastado en las partidas 33605, 36101, 36201 y 336201 [ii] -asociadas al gasto de Comunicación Social y Publicidad Oficial-, un total de $43,574,435,738.63 [iii].

Para tratar de entender la magnitud del gasto es preciso señalar que, en el año 2016, el gobierno ofertó la compra consolidada de medicamentos para el IMSS, el ISSSTE y las entidades públicas de salud por un monto de $44,952,000,000 [iv]. No obstante la crisis que enfrenta el sistema de salud mexicano y la inminente necesidad de recursos para mantenerlo a flote, nuestro gobierno ha optado por invertir una cantidad casi idéntica al monto antes señalado para promover su propia imagen por medio de la radio, los spots publicitarios, numerosos espectaculares, camiones, entre otras muchas cosas. Es indignante porque esa suma no se incluye –insisto- dentro del gasto asignado para la promoción de candidatos en el marco de las campañas electorales.

La publicidad oficial, históricamente, no ha probado su eficacia para cumplir con los objetivos para los que fue pensada; tampoco se cuenta con hallazgos que sustenten que la información que se comunica a través de los mensajes elaborados con este presupuesto contenga insumos útiles para un mejor ejercicio de la ciudadanía. La mayoría de anuncios pagados como publicidad oficial en este país no se distinguen, ni en forma ni en fondo, de aquellos pensados con fines proselitistas.

La publicidad oficial también funciona como censura indirecta hacía los medios, porque todos esos millones son recibidos por los emporios nacionales y estatales que se encargan de construir opinión pública. Como reza el dicho ¿quién muerde la mano de quien le da de comer? Los veinte medios que más dinero han recibido en los últimos seis años son:




Esos veinte medios, en conjunto, suman el poderoso monto de $23,494,810,498.27: casi la mitad del total por los seis años. Podría parecer una obviedad el destino de los recursos, pero hay que considerar que el monto restante de $20,079,625,240.36 está dividido entre otros 3,553 medios. Menos del 1 % de este universo mediático ha recibido todo el recurso para publicidad oficial del país en estos últimos seis años.

El gasto en materia de Publicidad Oficial del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas es ejercido sin control alguno. La transparencia sobre los montos, el tipo de contratación y las empresas contratadas es apenas la punta del iceberg. Es trascendental conocer los criterios por medio de los cuales se otorga la pauta oficial, las campañas publicitarias y el impacto que tienen en la percepción de la ciudadanía. Como se señaló en el informe anual de Artículo 19, “Libertades en resistencia”, el ejercicio de la libertad de expresión en México está sujeto a tres condiciones: la plata, el plomo y la impunidad.


Fuente


[ i] COMSOC desde el 18 de enero de 2011 hasta el 29 de diciembre del 2019 (porque se paga por adelantado).

[ii] 33605: Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de difusión, en medios impresos y/o complementarios, de información, incluyendo aquellas que se realicen en cumplimiento de disposiciones jurídicas, como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, padrones de beneficiarios, reglas de operación, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos, distinta de las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social, las cuales se deberán registrar en la partida que corresponda del concepto 3600 servicios de comunicación social y publicidad. 36101: Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 36201: Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios. 336201: Se desconoce a qué partida hace referencia, pero se han pagado 4203 facturas de ese rubro.

[iii] Ese monto corresponde a los dos últimos años del sexenio de Felipe Calderón y los últimos (incluido el primer cuatrimestre de 2017) de Enrique Peña Nieto.

[iv] La compra consolidada de medicamentos en el sector salud para el año 2014 fue de 43,306 millones de pesos. Para el año 2015 fue de 49,156 millones de pesos. Para 2016 fue de 44,952 millones de pesos y para el 2017 de 50,000 millones de pesos. Fuente: “Arranca licitación de medicamentos por $50,000 millones” de María del Pilar Martínez, en periódico “El Financiero. En línea: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/13/arranca-licitacion-medicamentos-50000-millones

[v] Suma de los montos deflactados al 2017 desde el 2011.