Redacción
14/08/2018

La PGR obtuvo de manera ilegal la información financiera para inculpar a La Maestra, lo que viola el secreto bancario.


REUTERS/LUIS ECHEVERRIA
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es acusado de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.


La justicia mexicana dejó en libertad a Elba Esther Gordillo porque la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de manera ilegal la información financiera con la que pretendía demostrar el desvío de mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así lo revela el expediente 156/2018 del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, en el cual se apunta que el magistrado Miguel Ángel Aguilar López señaló que la mayor parte de las pruebas obtenidas contra La Maestra son ilícitas y no debían ser tomadas en consideración como parte del expediente.

El argumento es que el Ministerio Público debe solicitar a un juez su autorización para obtener información bancaria sobre las personas que son investigadas.

Asimismo, el magistrado Aguilar López señaló que la PGR tampoco logró acreditar que La Maestra encabezara una red delincuencial. El SNTE no reconoció los desvíos ni presentó algún tipo de denuncia penal por esos hechos, y el juez afirmó que dicha agrupación gremial, de la cual Gordillo Morales era lideresa, está conformada legalmente y para fines ilícitos.

Por lo anterior, Marco Antonio del Toro, abogado de la expresidenta del SNTE, promovió una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), según quedó asentado en la sentencia del magistrado, un expediente de 243 páginas que se filtró en internet.

Una de las consideraciones de la PGR para acusar a Elba Esther Gordillo de lavado de dinero fue la solicitud que hizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener información sobre delitos fiscales, enriquecimiento ilegal u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con El Universal, esta estrategia podría ser aplicada en casos como los de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte; y de Sonora, Guillermo Padrés; así como el de Odebrecht porque fue violado el secreto bancario.


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