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Las primeras polémicas y contradicciones de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México
Elia Baltazar
14 de julio de 2018
Antes de su asunción el próximo 1° de diciembre, ya enfrenta los primeros cuestionamientos públicos por algunos nombramientos en el área de seguridad y la falta de señales claras en la lucha contra la corrupción
Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, comienza a enfrentar cuestionamientos. (Reuters)
A dos semanas de su triunfo en las elecciones y aún sin llegar a la orilla donde comienza la transición formal de gobierno, al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo rodean aires de polémica.
Una destaca particularmente: su intención de ir a contracorriente de una de las más fuertes demandas de organizaciones civiles, que exigen una transformación profunda de la Procuraduría General de la República (PGR) para convertirla en una #FiscalíaqueSirva (etiqueta que ha servido para identificar al colectivo que impulsa esta demanda). Una independiente del Poder Ejecutivo, con un titular que no dependa de la propuesta presidencial y de la elección del Senado, y con garantías legales suficientes para combatir la corrupción y revertir la impunidad.
Tampoco despertó simpatías la inclusión a su equipo de Manuel Mondragón y Kalb, quien ha desempeñado cargos en áreas de seguridad federales y de la Ciudad de México.
Sobre este funcionario recayó la responsabilidad de la represión contra la protesta social que tuvo lugar el primero de diciembre de 2012, día en que Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente y a Mondragón y Kalb lo designaron secretario federal de Seguridad Pública.
El próximo presidente enfrenta sus primeras críticas por decisiones sobre todo relacionadas con seguridad.
Las críticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también agitaron las aguas del próximo presidente. En un comunicado emitido el 4 de julio y firmado por el comandante Moisés y el comandante Galeano (antes Marcos), llaman a la gente a "pintar caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros". En pocas palabras, mandarlos al carajo. Incluido el que encabezará López Obrador.
También han despertado polémica anuncios como la posible creación de una policía fronteriza y las acciones para la austeridad de su gobierno. Entre ellas, la descentralización de la administración pública federal, la reorganización de dependencias públicas, y la política de comunicación social, que prevé un fuerte recorte en el gasto de publicidad de gobierno y la concentración de difusión en una sola oficina.
El pleito por la fiscalía
El debate en torno de una reforma pendiente de concretar, que convertirá la PGR en fiscalía general, viene de tiempo atrás.
Las organizaciones civiles integradas en el colectivo #FiscalíaqueSirva exigen mecanismos para la designación de un fiscal general (ahora procurador) independiente del Presidente en turno, y sobre todo transformar a fondo la inoperante estructura del PGR para revertir la impunidad mediante un nuevo diseño institucional que le permita investigar el crimen y combatir la corrupción.
Organizaciones de la sociedad civil se han manifestado para impulsar la reforma de la PGR a fiscalía.
Estos cambios no son una ocurrencia. Hubo una reforma constitucional que ordenó convertir la PGR en fiscalía, pero permitía trasladar tal cual toda su estructura, y aun permitía "el pase automático" del procurador en turno a fiscal. Es decir, sólo cambiaba el nombre y ordenaba crear la figura de un fiscal anticorrupción.
Las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, exigieron reformar el artículo 102 de la Constitución mexicana para modificar de fondo todo el proceso de transformación de la PGR a fiscalía y los mecanismos para designar a sus titular, que están en manos del Presidente en turno y de la Cámara de Senadores.
Nada pudo concretarse y el tema quedó atrapado en la discusión política en el Congreso. Todos los partidos expresaban disposición a discutir los cambios, pero ninguno hizo nada por destrabarlos.
Ahora López Obrador hereda esta polémica. Su posición la expuso desde su campaña: no reformar el 102 constitucional y dejar las cosas como están. Es decir, transformar la PGR en fiscalía sólo de nombre, sin entrar al detalle de su operación y estructura –como exigen las organizaciones–, y proponer él mismo una terna para que el Senado elija de tres candidatos al primer fiscal del país, quien ocuparía el cargo por 9 años, así como al fiscal anticorrupción que se agrega a la estructura.
Desde enero, López Obrador dio a conocer el nombre de sus candidatos para titulares de la fiscalía. Eva Verónica de Gyves, magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Bernardo Bátiz, quien se desempeñó como procurador durante el gobierno de López Obrador en la capital del país, y Juan Luis González Alcántara.
Eva Verónica de Gyves además es esposa del también magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien fue abogado de López Obrador durante el proceso de desafuero que enfrentó como jefe de Gobierno en 2005. Juan Luis González Alcántara, a su vez, fue el abogado del exministro Genaro Góngora Pimentel –también cercano a al ahora próximo presidente–, durante un escándalo de pensión familiar.
Esta terna no es definitiva, pues la ley advierte que el Senado debe elegir primero a 10 candidatos que presentará al presidente. De estos elegirá tres, que deberán someterse a la votación de los senadores, y solo entonces designar al fiscal.
Para las organizaciones esta posición es inaceptable, pues consideran que no habrá cambio de fondo que garantice la independencia de la próxima fiscalía si la propuesta de su titular viene del propio presidente y aun del Congreso.
#FiscalíaqueSirva es el colectivo que integran 300 organizaciones que exigen cambios de fondo en la PGR.
Razones tienen. Hasta ahora los vínculos de los procuradores con el presidente y la clase política han impedido, por ejemplo, investigaciones satisfactorias en casos de corrupción, y la palabra de López Obrador no basta para garantizar la independencia.
López Obrador, por su parte, ha desacreditado a organizaciones civiles a las que llamó "fifís" y a las que acusó de intentar apoderarse sobre todo de la próxima fiscalía anticorrupción (que será parte de la estructura de la nueva fiscalía), pieza clave en su estrategia de combate a la corrupción.
Su posición la expresó recientemente en entrevista con la prensa. "Con todo respeto lo digo, cuando se postulan o se proponen de la sociedad civil, no en todos los casos –no estoy generalizando–, pero en muchos casos no son personas íntegras", dijo López Obrador.
Suavizó su posición, pero la demanda de las organizaciones sigue firme. Tanto que el equipo de transición de López Obrador tuvo que instalar una mesa de diálogo para buscar un acuerdo sobre el futuro de la fiscalía.
Comunicado de prensa que anunció el diálogo con el equipo de transición de López Obrador.
En un comunicado emitido por las 300 organizaciones que integran el colectivo #FiscalíaqueSirva, anotaron que "la transformación de la PGR en una nueva fiscalía requiere de disposición al diálogo entre diversos actores sociales y de gobierno. Ambas partes reconocieron la apertura y se comprometieron a mantener esta dinámica democrática".
La moneda sigue en el aire. López Obrador tiene a su favor un Congreso en el que su partido, Morena, es mayoría, lo que le permite de alguna manera controlar reformas a leyes y la Constitución. Pero las organizaciones no cederán. Ya llevan dos años en la pelea y seguramente no se darán por vencidas.
[CONTINUA EN LA SIGUIENTE ENTRADA]
Elia Baltazar
14 de julio de 2018
Antes de su asunción el próximo 1° de diciembre, ya enfrenta los primeros cuestionamientos públicos por algunos nombramientos en el área de seguridad y la falta de señales claras en la lucha contra la corrupción
Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, comienza a enfrentar cuestionamientos. (Reuters)
A dos semanas de su triunfo en las elecciones y aún sin llegar a la orilla donde comienza la transición formal de gobierno, al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo rodean aires de polémica.
Una destaca particularmente: su intención de ir a contracorriente de una de las más fuertes demandas de organizaciones civiles, que exigen una transformación profunda de la Procuraduría General de la República (PGR) para convertirla en una #FiscalíaqueSirva (etiqueta que ha servido para identificar al colectivo que impulsa esta demanda). Una independiente del Poder Ejecutivo, con un titular que no dependa de la propuesta presidencial y de la elección del Senado, y con garantías legales suficientes para combatir la corrupción y revertir la impunidad.
Tampoco despertó simpatías la inclusión a su equipo de Manuel Mondragón y Kalb, quien ha desempeñado cargos en áreas de seguridad federales y de la Ciudad de México.
Sobre este funcionario recayó la responsabilidad de la represión contra la protesta social que tuvo lugar el primero de diciembre de 2012, día en que Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente y a Mondragón y Kalb lo designaron secretario federal de Seguridad Pública.
El próximo presidente enfrenta sus primeras críticas por decisiones sobre todo relacionadas con seguridad.
Las críticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también agitaron las aguas del próximo presidente. En un comunicado emitido el 4 de julio y firmado por el comandante Moisés y el comandante Galeano (antes Marcos), llaman a la gente a "pintar caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros". En pocas palabras, mandarlos al carajo. Incluido el que encabezará López Obrador.
También han despertado polémica anuncios como la posible creación de una policía fronteriza y las acciones para la austeridad de su gobierno. Entre ellas, la descentralización de la administración pública federal, la reorganización de dependencias públicas, y la política de comunicación social, que prevé un fuerte recorte en el gasto de publicidad de gobierno y la concentración de difusión en una sola oficina.
El pleito por la fiscalía
El debate en torno de una reforma pendiente de concretar, que convertirá la PGR en fiscalía general, viene de tiempo atrás.
Las organizaciones civiles integradas en el colectivo #FiscalíaqueSirva exigen mecanismos para la designación de un fiscal general (ahora procurador) independiente del Presidente en turno, y sobre todo transformar a fondo la inoperante estructura del PGR para revertir la impunidad mediante un nuevo diseño institucional que le permita investigar el crimen y combatir la corrupción.
Organizaciones de la sociedad civil se han manifestado para impulsar la reforma de la PGR a fiscalía.
Estos cambios no son una ocurrencia. Hubo una reforma constitucional que ordenó convertir la PGR en fiscalía, pero permitía trasladar tal cual toda su estructura, y aun permitía "el pase automático" del procurador en turno a fiscal. Es decir, sólo cambiaba el nombre y ordenaba crear la figura de un fiscal anticorrupción.
Las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, exigieron reformar el artículo 102 de la Constitución mexicana para modificar de fondo todo el proceso de transformación de la PGR a fiscalía y los mecanismos para designar a sus titular, que están en manos del Presidente en turno y de la Cámara de Senadores.
Nada pudo concretarse y el tema quedó atrapado en la discusión política en el Congreso. Todos los partidos expresaban disposición a discutir los cambios, pero ninguno hizo nada por destrabarlos.
Ahora López Obrador hereda esta polémica. Su posición la expuso desde su campaña: no reformar el 102 constitucional y dejar las cosas como están. Es decir, transformar la PGR en fiscalía sólo de nombre, sin entrar al detalle de su operación y estructura –como exigen las organizaciones–, y proponer él mismo una terna para que el Senado elija de tres candidatos al primer fiscal del país, quien ocuparía el cargo por 9 años, así como al fiscal anticorrupción que se agrega a la estructura.
Desde enero, López Obrador dio a conocer el nombre de sus candidatos para titulares de la fiscalía. Eva Verónica de Gyves, magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Bernardo Bátiz, quien se desempeñó como procurador durante el gobierno de López Obrador en la capital del país, y Juan Luis González Alcántara.
Eva Verónica de Gyves además es esposa del también magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien fue abogado de López Obrador durante el proceso de desafuero que enfrentó como jefe de Gobierno en 2005. Juan Luis González Alcántara, a su vez, fue el abogado del exministro Genaro Góngora Pimentel –también cercano a al ahora próximo presidente–, durante un escándalo de pensión familiar.
Esta terna no es definitiva, pues la ley advierte que el Senado debe elegir primero a 10 candidatos que presentará al presidente. De estos elegirá tres, que deberán someterse a la votación de los senadores, y solo entonces designar al fiscal.
Para las organizaciones esta posición es inaceptable, pues consideran que no habrá cambio de fondo que garantice la independencia de la próxima fiscalía si la propuesta de su titular viene del propio presidente y aun del Congreso.
#FiscalíaqueSirva es el colectivo que integran 300 organizaciones que exigen cambios de fondo en la PGR.
Razones tienen. Hasta ahora los vínculos de los procuradores con el presidente y la clase política han impedido, por ejemplo, investigaciones satisfactorias en casos de corrupción, y la palabra de López Obrador no basta para garantizar la independencia.
López Obrador, por su parte, ha desacreditado a organizaciones civiles a las que llamó "fifís" y a las que acusó de intentar apoderarse sobre todo de la próxima fiscalía anticorrupción (que será parte de la estructura de la nueva fiscalía), pieza clave en su estrategia de combate a la corrupción.
Su posición la expresó recientemente en entrevista con la prensa. "Con todo respeto lo digo, cuando se postulan o se proponen de la sociedad civil, no en todos los casos –no estoy generalizando–, pero en muchos casos no son personas íntegras", dijo López Obrador.
Suavizó su posición, pero la demanda de las organizaciones sigue firme. Tanto que el equipo de transición de López Obrador tuvo que instalar una mesa de diálogo para buscar un acuerdo sobre el futuro de la fiscalía.
Comunicado de prensa que anunció el diálogo con el equipo de transición de López Obrador.
En un comunicado emitido por las 300 organizaciones que integran el colectivo #FiscalíaqueSirva, anotaron que "la transformación de la PGR en una nueva fiscalía requiere de disposición al diálogo entre diversos actores sociales y de gobierno. Ambas partes reconocieron la apertura y se comprometieron a mantener esta dinámica democrática".
La moneda sigue en el aire. López Obrador tiene a su favor un Congreso en el que su partido, Morena, es mayoría, lo que le permite de alguna manera controlar reformas a leyes y la Constitución. Pero las organizaciones no cederán. Ya llevan dos años en la pelea y seguramente no se darán por vencidas.
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