El país está viviendo horas de pánico. Las maras, las más peligrosas pandillas de Centroamérica, lanzaron una amenaza pública de muerte en contra de empresarios del transporte público.

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Quemas y tiroteos de autobuses, ataque con granada a un retén policial, asesinatos, transporte paralizado y comercios cerrados por miedo, cárceles en rebeldía: a más de 18 años del final de la guerra civil que la estremeció de 1980 a 1992.
Las maras Salvatrucha y 18, que son las más peligrosas pandillas de Centroamérica, lanzaron desde el lunes pasado una amenaza pública de muerte en contra de empresarios del transporte público y negocios privados para exigir que el gobierno del presidente Mauricio Funes derogue una Ley de Proscripción de Pandillas o 'antimaras' y exigieron abrir una negociación con el Ejecutivo para debatir temas como el hacinamiento carcelario.
"El que no obedece está sentenciado a muerte", explicó el salvadoreño Catalino Miranda, empresario transportista.
En un desafío a las alertas pandilleras, otras firmas optaron por sacar sus vehículos a suministrar el servicio, bajo la protección militar y policial.
La iniciativa privada afirmó que la crisis ha provocado pérdidas multimillonarias, por cierre de negocios, suspensión del transporte y otros.
La amenaza marera obligó a las Fuerza Armadas a ordenar el despliegue callejero de otros 2.000 soldados, para que se unan a los 3.500 efectivos militares que desde hace varios meses se unieron a las unidades policiales a cumplir labores de seguridad pública, en un reforzamiento de la vigilancia nacional sobre el país.
La seguridad militar y policial también fue reforzada de emergencia en los cinco penales salvadoreños, ya que gran número de mareros reclusos se declaró en rebeldía.
"Están queriendo asustar a la población civil, queriendo hacer ver que (las maras) tienen fuerza", alertó el ministro de Defensa, David Munguía. "Pero la fuerza la tiene el Gobierno a través de sus instituciones", advirtió.
Munguía rechazó negociar con las maras y alegó que "un gobierno democrático como el nuestro elegido legítimamente no puede negociar con organizaciones criminales".
Las maras o pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras ganaron fuerza en California con miles de jóvenes centroamericanos que emigraron con sus padres a Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980 para huir de las guerras y conflictos del istmo.
Tras ser deportados en el decenio de 1990, fueron marginados en sus países y buscaron la explosión social en las maras que existían en la zona y muchos murieron, por lo que los actuales mareros evolucionaron de su estructura original, pero mantienen nexos en suelo estadunidense.
En una nación que pasó de 3.179 homicidios en el 2008, a 4.365 en el 2009 y que, como uno de los más violentos de América, podría llegar a cifras mayores de asesinatos en el 2010, las maras o pandillas juveniles están aliadas a mafias del crimen organizado, que les encarga misiones de sicariato y 'narcomenudeo', y mantienen atemorizado al país.
Fuentes oficiales han aducido que la amenaza mortal lanzada por las maras -algunas en hojas volantes distribuidas en muchas partes de suelo salvadoreño- es una reacción al cerco policial tendido por los aparatos de seguridad pública.
"Lo que está sucediendo no solo se deriva de la Ley Antipandillas, sino que es resultado de un problema estructural que no se ha resuelto por mucho tiempo", afirmó el empresario Jorge Daboub, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador, al confirmar que las pérdidas son cuantiosas.
"No nos dejemos amedrentar", exhortó el sindicalista Mariano Reyes, del Consejo Económico y Social. "Debemos ser fuertes, insistió.


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